Corrupción
Roban y extorsionan agentes de la FGE a negocio en Mexicali
Agentes de la Fiscalía General del Estado entraron sin una orden judicial a una llantera y al domicilio de los propietarios en Mexicali, robando dinero y diversos objetos de valor. A pesar de que nunca mostraron ni orden de cateo ni de detención, se llevaron a uno de los dueños del negocio, cuya privación ilegal de la libertad fue usada como método de presión para que “arreglaran” el problema a cambio de 150 mil pesos.
Reproducimos aquí la narración de la víctima, de quien se omite su identidad por razones de seguridad.
Este problema empezó la semana pasada. El jueves 11 de septiembre llegaron aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Llegaron y se metieron, ingresaron a la llantera y rápidamente se dejaron ir con las personas; no tanto con los clientes sino con los trabajadores que estaban ahí.
Eran aproximadamente unas 9 o 10 camionetas. Rodearon toda la calle y empezaron a pedirles a las personas que por favor no obstruyeran su labor. Preguntaron quienes trabajaban ahí, y cuando los trabajadores dijeron que ellos, les empezaron a esculcar los pantalones les quitaron el celular, la cartera, el dinero; todo lo que trajeran. A los clientes los empezaron a interrogar, que si quienes eran ellos.
Yo no estaba. Cuando llego me preguntan que si yo quién era. Les dije pues soy dueña le dije, soy la esposa del dueño. Me pidieron que me saliera porque todavía no terminaban el cateo. ¿Qué cateo? le dije, ¿puedo ver la orden? Y me dijo, no, no te voy a mostrar nada, ya se le mostró al dueño.
Entonces miré que venían muchísimos agentes. En la parte de atrás está nuestro domicilio pero no hay una barda que lo divida. Se metieron también ahí. Ingresaron al domicilio, esculcaron los cajones, se llevaron todo lo que pudieron de ahí. Sacaron de la casa a mi esposo, pero suponiendo que llevaran una orden, ese era otro domicilio.
Quebraron cosas, a él le quitaron el dinero que traía, el celular, la cartera y le preguntaron que si tenía broncas, que se lo iban a “llevar a dar una vuelta” para platicar con él. Jamás le enseñaron algún documento, solo le dijeron que esa intervención era por una llamada anónima que reportaba venta de metanfetaminas en ese lugar.
Entonces él dijo que no era cierto, pero se lo llevaron detenido. Yo lo que hice fue agarrar el teléfono, querer marcar rápidamente a los abogados, pero me rodearon como tres o cuatro agentes y me dijeron que guardara el celular. “No vayas a grabar, no le marques a nadie”, le instruyeron. ¿Para qué le marcas a un abogado?, ¿para qué gastas?, le dicen. “Vamos a hacer esto: no le marques a ningún abogado, vamos a arreglar las cosas”, me dice. “No la hagas más grande, podemos llegar a un acuerdo”, agrega el agente.
Le comentan que van a terminar “el cateo”, que van a cerrar el lugar, que se van a llevar a su esposo y que la esperan a partir de la 1:30 de la tarde en la oficina de narcomenudeo en la Calle Cuarta. Que el que me iba a recibir la iba a estar esperando, el fiscal Sánchez que con él me iba yo a arreglar.
¿No habrá ningún problema?, ¿no voy a ocupar abogado”, preguntó. Me dijeron que no. Yo no llegué a la hora que ellos me habían citado; a mí se me hizo tarde. Me empezaron a marcar a las 3:40 de la tarde y me preguntaron que si dónde estaba, que me estaban esperando para hablar conmigo.
Cuando llego me reciben tres agentes Supuestamente dos eran fiscales, uno era el fiscal Sánchez y el otro no me dijo su apellido, pero me dijo que también era fiscal. Me empezaron a enseñar un supuesto expediente y me dijeron “mira aquí tenemos el expediente de tu esposo. Nosotros tenemos casi tres meses en investigación”.
Empezaron a hojearlo, pero no me dejaban verlo. “Mira aquí traemos la orden de cateo”, dijo, pero cuando yo me agaché para poder ver, él cambió la hoja y me dice “aquí está la foto con las 10 bolsitas de metanfetafetamina”.
Le dije yo pero cómo, él no vende nada de eso, y lo que hizo el fiscal fue cerrar la carpeta y me dijo “mira, vamos a hacer esto: nosotros te podamos echar la mano, te podemos ayudar. Te voy a traer a tu esposo para que hables con él. Nosotros ya platicamos con él, hablen y después nosotros hablamos contigo”.
Me traen a mi esposo como dos minutos, lo paran a un lado, nunca nos dejaron solos, y me dijo que necesitaba que buscara a ciertas personas para ver si nos podían prestar dinero, ya que le estaban pidiendo 150 mil pesos, pero que había logrado dejarlo en 100 mil.
Ni siquiera nos dejan a conversar un poco; lo sacaron y viene el fiscal y se sienta y me dice “cómo la ve con lo que le dijo su esposo”. Le dije que iba a hacer lo que estuviera en mis manos, pero que me había atado de pies y manos porque me cerró el negocio que es su fuente de ingresos. Le dije “lo tienes a él aquí pero yo no conozco a nadie y yo no tengo dinero, yo no puedo hacer nada”. Entonces el fiscal me dijo “mira, es que esa es la única manera en la que yo te puedo echar la mano. Así te podemos ayudar para no pedir prisión preventiva y que él pueda salir. Una vez que salga volvemos a hacer otro arreglo para poder liberar el bien inmueble”, agregó el fiscal Sánchez.
Me citó para el día siguiente, el viernes y yo le dije ok está bien me dice entonces muévete me dijo para que el día de mañana viernes 12 de septiembre al mediodía.
Yo no me pude presentar, porque pues con qué cara iba a ir si no traía el dinero. Necesita cien mil pesos, pero después íbamos a negociar lo del inmueble, entonces era más dinero. Fui hasta que todos se habían ido, ya tarde y pedí ver a mi esposo. Me dijeron que no porque ya no estaba el fiscal. Le llevé comida, platiqué con uno de los de ahí, que me preguntó inmediatamente si llevaba el dinero.
Cuando le contesté que no, me citó para el día siguiente, sábado a las 8 de la mañana, “antes de que lo trasladen”, le comentó, para que yo pudiera hablar con el fiscal.
Fui a las 7:30 de la mañana para no ver al fiscal. Yo no quería verlo porque no tenía el dinero. Hizo un escrito para que lo lleváramos, para que lo me lo recibieran y mi esposo lo firmara para que quedara asentado que él lo representaría.
Cuando fui a entregar el documento me dicen que no me lo van a recibir, que no lo van a sellar. Que me tenía que esperar porque el fiscal Sánchez quería hablar conmigo. Me esperé a que llegara y le dije la verdad, que yo no tenía dinero ni manera de conseguirlo. Que si mi esposo estuviera libre fuera más fácil porque es él quien pudiera hacerlo. Le dije que yo estoy enferma y que tenía que estar en reposo.
Cuando llegó el fiscal Sánchez me pasó a su oficina y me dijo que él me podía echar la mano, pero también podía hundirlo. Que a él se le pagaba por encerrar gente. Que él se “comería” al abogado que tenía, que tenían que ser abogados penalistas pero que de todos modos él tenía todas las de ganar porque él era la autoridad.
Me pasó a su oficina, duramos hablando como una hora y media. Me quiso asustar y explicarme la situación de la mentanfetamina y el tiempo que le podían dar a mi esposo si él se quedaba en prisión. Me refirió que él podía quitar y poner lo que él quisiera en el expediente; que él podía agregarle cargos o quitarle cargos.
Le dije que mi esposo no vende nada, ¿usted cree que vamos a arriesgar nuestro patrimonio, vamos a arriesgar a nuestros hijos, a quienes trabajan ahí?, le dije que si no eran los narcotraficantes eran ellos a quienes había que pagarles.
Me dijo pues yo no sé me dijo si sean ellos sea nosotros dijo pero a nosotros recibimos una denuncia anónima, acudimos, encontramos algo y yo ya tengo a tu esposo. Que la única manera en la que yo me podía echar la mano es dejarlo libre para que consiguiera el dinero. Que algunos regresan y pagan y otros no.
“Aquí la diferencia es que ahorita yo ya tengo incautado el negocio. Si tú no regresas y no regresa a tu esposo yo voy a ir por ustedes voy a mandar por tu esposo. Incluso yo no les voy a liberar el lugar porque yo soy el que tiene la última palabra y yo puedo quedarme con el lugar el tiempo que yo quiera”, expresó el funcionario.
Entonces yo acepté y le dije que estaba bien. Me dijo que iba a trasladar a mi esposo al mediodía. ya cuando llega ya me pidió mi número personal, me pidió mi nombre completo, me dijo que me iba a llamar y me dijo que no iba a pedir prisión preventiva para que él pudiera salir. Que una vez él saliera, nosotros lo buscáramos y nos reportáramos con él para pagarle lo acordado.
A mí lo que me interesaba es que saliera mi esposo. Mas tarde me marcan por teléfono alrededor como de las 7 en la noche y me dicen que todo había salido como habíamos acordado, que no se había pedido la prisión preventiva. Que fuera al Cereso y que estuviera allá afuera que porque a partir de las 8 de la noche él podía salir.
Dijo que me esperaban el día miércoles que porque el fiscal no trabajaba el lunes 15 y martes 16 de septiembre. Cuando sale mi esposo me dice que no les vamos a dar nada porqué nos están extorsionando, que eso es ilegal y que no teníamos por qué darle nuestro esfuerzo, que apenas vamos empezando con el negocio y que aquello sería de nunca acabar porque faltaba que “arregláramos” la liberación del negocio.
Tomamos la decisión de no conseguir el dinero, de no darles nada y no caer. El miércoles como no me presenté como ellos me pidieron, para mediodía que yo voy por mi hijo a la escuela cuando regreso ya estaban ahí en la llantera. Tenían a mis otros hijos y los estaban amedrentando.
Entraron de nuevo al domicilio de la parte de atrás. Me dice mi hijo que llegaron y que directamente se metieron sin ninguna orden. Abrieron la puerta de la oficina y le empezaron a preguntar que dónde estaba mi esposo.
Él no está aquí, le dijo, la que está haciendo cargo es mi mamá. Los agentes le pidieron que le llamara, que no le iban a hacer nada. “Venimos a ver qué pasó con lo acordado”, agregaron.
Se llevan a mi hijo de la oficina y lo llevan a la parte atrás, para qe abriera la casa y comprobar que no esté mi esposo. Mi hijo se niega y le preguntan si sabía que ellos se lo pueden llevar y hacer lo que ellos quisieran. Que podían cerrarle el negocio otra vez, que estaba abierto porque mi esposo antes de que lo dejaran salir de la cárcel preguntó a una funcionaria que qué pasaría con su llantera. Le respondió que, dado que su detención fue ilegal y que no tenían porqué retenerle el negocio, podía reabrirlo sin problemas.
Vamos llegamos nosotros alrededor poco después de mediodía porque acabábamos de recoger a mi niño a la escuela, y en eso pues mi esposo se baja muy molesto les empieza a gritar que se retiren que no tiene nada que estar haciendo allá adentro, que se vayan y que nos dejen en paz.
Los oficiales empezaron a burlarse, se empezaron a reír de nosotros. Eran nada más 2 oficiales de hecho patrulla era una patrulla que le tomé video. Les dije le dije “sabes qué, dile a tu fiscal que nos deje en paz, que no le vamos a dar el dinero”.
Contestaron que volverían por nosotros. El jueves18 de septiembre notamos que había carros sin insignias dando vueltas alrededor del negocio. Esa patrulla que llegó no traía ni placas enfrente, ni trae ningún logotipo de la FGE, solo traía la placa de atrás.
Ayer viernes 19 de septiembre en la mañana empezaron a llegar al local muchas camionetas de la FGE.
Yo estaba por salir del lugar, le puse los seguros a mi carro. Empecé a gritar que si tenían una orden y pedí que me la mostraran. Dijeron que la traían, pero nunca la mostraron. Me preguntaron por mi esposo, les dije que no estaba y me contestaron que me llevarían detenida por haber roto los sellos que pusieron al cerrar el lugar.
De repente veo que viene caminando una persona con la cara cubierta la mayoría trae la cara descubierta solo solo 2 personas trae la cara cubierta. A uno de ellos le reconocí la voz y era el fiscal Sánchez. Me dijo “¿qué pasó señora?, ¿dónde está su esposo?”.
Me dijo “usted quedó en algo verdad, ¿por qué no fue?”, le dije que porque yo no tengo dinero. Me respondió que ya no íbamos a vamos a hablar más de eso. Le hizo señas a una oficial mujer y le ordenó esposarme, “nos la vamos a llevar porque yo soy la autoridad”, le comentó.
Cuando quise empezar a grabar le arrebató el celular y se quedó con él. Yo estaba cerca de mi carro y me empiezan a rodea unos siete u ocho agentes. Me dicen que yo agredí a los agentes. Les contesté que ellos habían extorsionado y secuestrado a mi marido, decir que supuestamente vendía droga. “Yo sé que usted es el fiscal, aunque traiga la cara tapada. Usted me dijo que tiene una carpeta de investigación de casi 3 meses, cuando la juez le leyó los cargos en mi esposo y todo dijo que había una llamada anónima de 2 días antes. ¿De qué se trata esto? si quiere dinero póngase a trabajar”.
Sánchez le respondió que le quedó mal, que había hecho trato y habían quedado en algo. Le pidió que le marcara a su esposo. ¿Cómo si tú te quedaste con su celular, te quedaste con su cartera, tú te quedaste con sus cosas y él no trae nada?
Ya me habían puesto las esposas en la muñeca izquierda. Me dijo que me iban a dejar ir por esta ocasión para que fuera y hablara con mi marido. “Dile que voy a mandar por él y ahora sí no va a salir. Voy a pedir la prisión preventiva y vamos a ver cuánto tiempo se queda encerrado”, señaló el fiscal.
Saqué mi carro y vi como se volvían a meter al negocio haciendo destrozos. Vi como la bola de gente entraba y salía de la oficina donde tenemos documentos personales.
No mostraron ninguna orden de cateo. Robaron teléfonos, dinero, documentos, los relojes de mi esposo, una esclava mía, hasta los perfumes se llevaron. Arrasaron con todas las cosas de valor que pudieron. Hasta la tablet de uno de mis niños que acabábamos de comprar.
Estoy preocupada y tengo miedo porque ya no es solamente contra mi esposo, ahora es contra mí y así como el día miércoles que fueron y le dijeron a mi hijo que se lo podían llevar y podían ponerle lo que quisieran, le pueden hacer algo a alguno de mis hijos.
El fiscal Sánchez los amenazó diciéndoles que no le movieran más al asunto, que se estaban hundiendo más y que él podía agarrarlos y soltarlos cuando quisiera. Que si el negocio era la fuente de ingresos de donde comían sus hijos, se quedarían sin eso.
Se supone que ellos son la autoridad, entonces ellos pueden hacer prácticamente lo que quieran con uno, expresa la víctima, quien acudió ayer viernes a Fiscalía para exponer su situación. Al terminar la atención, le aseguraron que terminarían con el acoso a su familia.
Corrupción
Urgen a replantear Ley General de Contratación Pública para combatir corrupción
A pocos días del inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, Transparencia Mexicana advirtió sobre los elevados riesgos de corrupción derivados de la fragmentación de las reglas de compras públicas y planteó la urgencia de aprobar una Ley General de Contratación Pública con normas comunes para los gobiernos federal y estatales.
La organización documentó la existencia de más de 120 formas distintas de contratación pública en el país. Esta dispersión normativa no solo complica la vigilancia y el control de las compras, sino que genera opacidad, facilita irregularidades y dificulta la participación de pequeñas y medianas empresas, dejando fuera a actores económicos históricamente relegados.
Durante la presentación de la propuesta, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, subrayó que “además de controlar la corrupción en la contratación pública, el país necesita verla como una oportunidad para la inclusión de nuevos actores económicos en la provisión de bienes y servicios para el gobierno”.
Tan solo a nivel federal, las adquisiciones y la obra pública superan los dos billones de pesos anuales. Este volumen de recursos públicos representa un riesgo significativo de corrupción, al tiempo que podría convertirse en una herramienta para ampliar la competencia, desarrollar cadenas productivas y reducir espacios de discrecionalidad.
Como parte de su estrategia anticorrupción, Transparencia Mexicana trabaja con una decena de organizaciones sociales de distintas regiones del país en la construcción de la primera base de datos nacional de precios comparados para los sectores salud, seguridad, educación, energía y transporte.
La herramienta permitirá identificar diferencias de precios y patrones de contratación entre el gobierno federal y las entidades federativas, con el fin de detectar y prevenir riesgos de corrupción.
La organización ciudadana anunció que en las próximas semanas presentará los detalles de su propuesta y buscará un diálogo con los poderes Ejecutivo y Legislativo para impulsar una discusión nacional orientada a fortalecer los controles y reducir la vulnerabilidad a la corrupción en las contrataciones públicas.
Corrupción
Funcionario municipal trabajó al mismo tiempo en el Poder Judicial en 2025
Oswaldo Ríos Durazo, quien actualmente se desempeña en la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, habría fungido también como analista del Poder Judicial del Estado de Baja California, configurando un posible doble empleo incompatible.
De acuerdo con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025 trabajó como analista del Poder Judicial con un sueldo bruto de 28 mil 568 pesos mensuales, y del 1 de abril al 30 de junio de ese mismo año con un sueldo bruto de 13 mil 247 pesos mensuales.
La respuesta oficial del Poder Judicial del Estado, contenida en el oficio 3134/26 del Departamento de Recursos Humanos (remitido mediante el oficio OM-288/2026 de la Oficialía Mayor), confirma que laboró durante cuatro meses y que, “por autorización de su Jefe Directo, Consejero de la Judicatura Lic. Francisco Javier Tenorio Andújar”, fue excluido del registro de asistencia en el sistema biométrico “en atención a la naturaleza de sus funciones y necesidades del servicio”. Por esa razón no existe el registro completo de entradas y salidas solicitado.
Por su parte, el Ayuntamiento de Mexicali, a través de la Oficialía Mayor, informó en respuesta a la solicitud 1120058726000280 que Oswaldo Ríos Durazo es actualmente servidor público de esa dependencia. Su fecha de alta es el 6 de marzo de 2025; no se encuentra dado de baja; está adscrito al Departamento de Vinculación, Participación Ciudadana y Quejas, con categoría de abogado y puesto de jefe de departamento y percibe un sueldo mensual de 43 mil 300 pesos.
La Sindicatura Municipal de Mexicali, órgano de control y fiscalización del Ayuntamiento, es la dependencia donde actualmente se desempeña.
La legislación mexicana en materia de responsabilidades de los servidores públicos (Ley General de Responsabilidades Administrativas y normas locales) restringe o regula el desempeño simultáneo de empleos en el sector público cuando existe conflicto de interés, incompatibilidad de horarios o afectación al desempeño de las funciones, salvo autorizaciones expresas.
Corrupción
Denuncian opacidad en Ayuntamiento de Ensenada
La regidora del XXV Ayuntamiento de Ensenada Daniela García Salgado informó que ayer miércoles presentó una denuncia formal ante la Sindicatura Municipal en contra del Comité de Compras, por presuntas violaciones a la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública.
La edil explicó que la denuncia deriva del incumplimiento del artículo 31 de la legislación en materia de acceso a la información pública, el cual establece la obligación de transmitir en vivo las sesiones del Comité de Compras para garantizar que la ciudadanía conozca cómo se ejercen los recursos públicos.
Asimismo, recordó que anteriormente también se negó el acceso a dichas sesiones, pese a que el artículo 36 del Reglamento de Adquisiciones del Municipio reconoce el derecho de cualquier ciudadano a asistir y presenciarlas.
“Estamos denunciando un patrón de opacidad que vulnera el derecho de las y los ciudadanos a conocer cómo se ejerce su dinero. La ley es clara: las sesiones del Comité de Compras deben ser públicas y transmitidas en vivo; sin embargo, estas disposiciones se han ignorado de manera reiterada”, precisó.
García Salgado señaló que impedir el acceso a las sesiones y omitir su transmisión limita la vigilancia ciudadana sobre los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y licitaciones.
“¿Qué es lo que no quieren que vea la ciudadanía? La transparencia no es una concesión de la autoridad; es una obligación legal. Los recursos públicos pertenecen a las familias de Ensenada y tienen derecho a saber cómo se decide cada compra y cada contratación”, dijo.
La edil manifestó su confianza en que la Sindicatura Municipal resolverá la denuncia con objetividad y apego a derecho.
Finalmente, hizo un llamado a la Administración Pública Central para actuar con firmeza frente a quienes incumplen la ley.
Hizo un llamado a la Administración Pública Central para que retire de sus cargos a las personas servidoras públicas que estén obstaculizando la transparencia y violentando el derecho y reiteró que continuará impulsando acciones para garantizar un gobierno abierto, transparente y con verdadera rendición de cuentas.
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