(Everything Everywhere All at Once, 2022), dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, es una película cuyo tema central es la búsqueda de sentido en medio del caos y las posibilidades infinitas.

En dos meses hemos tenido audios filtrados de la Gober, la detención y liberación de Pedro Ariel Mendívil, el destape de Macalpin, el besamanos de los aspirantes morenistas con Bonilla, una declaración autoinculpatoria de Norma Bustamante sobre su exdirector de policía, agentes de fiscalía asesinados, agentes de policía detenidos por estar relacionados con la desapariciones, más los temas permanentes como el desabasto de medicamentos, la falta de maestros en las escuelas, la tardanza en el pago a interinos, los cortes de agua en la zona costa, los apagones y  los choques mortales.

En la última reunión de gabinete convocada por Marina del Pilar, además de quitarles los teléfonos (lo que ya es un procedimiento estándar para cualquier audiencia individual o colectiva con la mandataria) les dijo que tenían hasta el 14 de agosto -el viernes de la próxima semana- para que levantaran la mano quienes quieran participar como candidatos en las elecciones del 2027.

En la conferencia mañanera de hoy en Tijuana no hubo grandes explicaciones sobre el caso Pedro Ariel, y como no fue la fiscal argumentando cuestiones de salud, no se abundó mucho tampoco por el lado de la FGE. Solo dijo Juan Carlos Buenrostro, coordinador de gabinete de esa institución, que están revisando la resolución judicial.

Muy raro que la fiscal no haya aparecido hoy, seguro no quieren exponerla más al tema, como sucede con Norma Bustamante, quien nos tiene que explicar cómo estuvo ese intento de operativo del ejército, por qué sería la acusación que le pedían que hiciera, si lo informó a alguien y por qué no se hizo nada ante esa certeza del ejército sobre los señalamientos de deshonestidad sobre Pedro Ariel.

Recordemos que al exjefe de policía le quitaron la visa, y a Norma Bustamante por no remover a Mendívil.

Me comentaron fuentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali que está raro que la agente de policía que dio su testimonio contra Pedro Ariel, y que incluso pidió medidas de protección por supuesta intimidación por parte de los abogados del exdirector, tenía una orden de aprehensión por el asunto del fraude dentro de la Fraternidad Policiaca cuando la denunció el presidente de la misma, Luis Antonio Navarrete Castillo, por apoderarse del dinero de la agrupación al hacer una asamblea apócrifa y otras linduras para quedarse con el control. Pensando mal, pues podría tratarse de un acuerdo con fiscalía para limpiar su expediente a cambio de clavar a su exdirector.

Y hablando de fiscalía, este viernes confirmó la detención de cuatro personas, entre ellas tres exfuncionarios y funcionarios del Registro Público de la Propiedad, así como una persona civil, investigadas por presunto fraude procesal, uso de documentos falsos y cambios irregulares de propietario.

El coordinador de la Fiscalía informó que durante el fin de semana se realizó un operativo derivado de diversas denuncias relacionadas con modificaciones de propietarios presuntamente realizadas mediante documentación apócrifa; concretamente un predio ubicado en el fraccionamiento Urbi quinta del Cedro, Tijuana.

Al parecer las travesuras de los funcionarios incluyen la presunta simulación de un contrato de compraventa; la inscripción registral de una operación cuya fecha de ratificación sería posterior a su registro; la presunta utilización de documentación irregular para modificar la situación jurídica del inmueble; la posterior presentación de una escritura presuntamente apócrifa para cancelar un gravamen, y como cereza del pastel, el involucramiento de una notaría de Campeche de cuya existencia hay duda.

Se cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión contra personas vinculadas con el Registro Público de la Propiedad, entre ellas un analista, un exregistrador, un exsubregistrador y el actual subregistrador, además de una persona civil. Se trataría de Otilia, Humberto, José Antonio y Diego Isaac.

El coordinador de gabinete de la FGE, Juan Carlos Buenrostro dijo hoy que una de las personas se encuentra en prisión preventiva, mientras que otras están sujetas a distintas medidas cautelares.

El coordinador de la institución señaló que existen “varios grupos y diversos tentáculos” relacionados con lo que calificó como un “cártel inmobiliario”, y confirmó que ya hay civiles detenidos por estos hechos.

Ya hemos publicado varios ejemplos de fraudes en el tema inmobiliario, donde es indudable la participación de funcionarios del Registro Público de la Propiedad, y ni a ellos ni a los estafadores les ha pasado nada.

El caso de Miguel Cristalinas es especialmente triste: Rafael Camarillo Flores, un estafador que tiene una empresa llamada Inmobiliaria 33, esta vez bajo el nombre de Rogelio Márquez Lamarque, pondría a la venta la casa de Miguel.

El contrato de servicios por seis meses lo firmaron en julio de 2025, y un mes después su casa aparecía en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) a nombre de Geometar Asesores Inmobiliarios, representada por Refugio Ramírez Rubio, en operación pasada por la fe del notario número 15.

Miguel vive ya fuera de la entidad, en la casa de su hijo y su familia, deprimido y desesperanzado porque ve que la justicia no funciona en Baja California. Rentaba la casa para poder seguir pagando el crédito adquirido para hacerse de esa propiedad, el cual sigue pagando porque la deuda no desaparece con la estafa.

En otro tema, trascendió que el exdirector de Comunicación Social del Congreso del Estado, Hugo Ruvalcaba, le tiró a la toalla a Julieta Ramírez como su estratega de comunicación. Al parecer ya no aguantó la soberbia de la senadora con licencia. Solo le queda Edgar Covarrubias, quien parece tener más estómago para aguantarla.

Finalmente, esta joya de TikTok, producto de un criterio alterado por la edad y el amor.

El exdelegado federal de Bienestar en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, consideró que la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, debería separarse del cargo, luego de la resolución judicial que dejó sin vinculación a proceso al exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García.

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes en Mexicali, Ruiz Uribe cuestionó el desempeño de la Fiscalía General del Estado (FGE) y sostuvo que el resultado del proceso judicial obliga a revisar la actuación de la institución encargada de presentar las acusaciones contra Mendívil y otros exmandos policiales.

La declaración ocurre después de que, tras una audiencia que se prolongó por más de 24 horas, el juez Fernando Serrano Jiménez determinara no vincular a proceso a Mendívil y al excomandante Luis Alfonso Jacobo. Ambos enfrentaban imputaciones relacionadas con desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa.

Ruiz Uribe planteó que la titular de la Fiscalía debe asumir las consecuencias políticas e institucionales derivadas del resultado de este caso, en un contexto en el que distintos actores políticos han cuestionado la actuación de la dependencia estatal.

El señalamiento de Ruiz Uribe contrasta con la postura expresada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien este mismo viernes manifestó su respaldo a Andrade y afirmó que respeta la decisión del Poder Judicial respecto al proceso contra Mendívil. La FGE, por su parte, informó que revisaría el fallo judicial.

El caso de Mendívil ha generado presión sobre la Fiscalía debido a que, mientras el exdirector de la Policía Municipal y Jacobo quedaron fuera del proceso penal por falta de elementos suficientes para su vinculación, tres agentes municipales sí fueron vinculados a proceso por los delitos investigados.

La postura de Ruiz Uribe agrega un nuevo componente político a la controversia, pues el exfuncionario ya había protagonizado un enfrentamiento público con Andrade meses atrás, cuando acusó a la fiscal de impulsar investigaciones en su contra. En aquella ocasión, la gobernadora Marina del Pilar pidió madurez y calificó los señalamientos como parte de la confrontación política.

Además del tema de la Fiscalía, Ruiz Uribe cuestionó el proceso interno de Morena para la selección de candidaturas rumbo a 2027. Consideró que el mecanismo mantiene ocupados a alcaldes y legisladores en la búsqueda de posiciones políticas y los distrae de sus responsabilidades actuales.

El posicionamiento de Ruiz Uribe coloca nuevamente el futuro de la Fiscalía General del Estado en el centro de la discusión política de Baja California, justo cuando la dependencia analiza las implicaciones del fallo que permitió la liberación de uno de los principales imputados de la investigación sobre la desaparición de dos personas.

El coordinador de gabinete de la Fiscalía General del Estado (FGE), Juan Carlos Buenrostro, informó que 17 personas han sido detenidas como integrantes de una célula delictiva que operaba en Tecate, a la que se relaciona con diversos ataques armados registrados en la ciudad, entre ellos el ocurrido en una taquería y otros cinco hechos con disparos de arma de fuego.

El coordinador señaló que las investigaciones permitieron identificar y detener de manera gradual a los integrantes de esta estructura criminal, quienes, de acuerdo con los avances de la indagatoria, estarían relacionados con varios de los hechos violentos registrados recientemente.

“Tenemos 17 detenidos en total. Se ha detenido a toda una célula delictiva que estaba operando en la ciudad de Tecate”, explicó.

Precisó que los detenidos pertenecen a un grupo delictivo ya identificado y que las investigaciones continúan para determinar el móvil de cada uno de los ataques y establecer el grado de participación de los integrantes de la célula.

Entre los hechos bajo investigación se encuentra el ataque contra el esposo de una comerciante, además de un incidente registrado en una taquería y otros cinco ataques con armas de fuego. El funcionario indicó que todos estos casos forman parte de una misma línea de investigación.

Respecto a la posible participación de personas cercanas a las víctimas en alguno de los hechos, el coordinador de la Fiscalía evitó adelantar conclusiones y señaló que esa información forma parte de las indagatorias en curso.

Fiscalía rechaza que investigaciones de homicidios estén estancadas

Cuestionado sobre los señalamientos del Colegio de Abogados Emilio Rabasa respecto al número de homicidios registrados en Baja California y las sentencias emitidas por este delito, el funcionario rechazó que las investigaciones se encuentren estancadas.

Aseguró que existe una reducción significativa en los homicidios y atribuyó este resultado al trabajo coordinado entre las instituciones estatales y federales, tanto en materia operativa como de investigación.

El funcionario destacó que, de acuerdo con los datos manejados por autoridades federales y estatales, Baja California registra una reducción superior al 46 por ciento en los homicidios, resultado que, dijo, refleja el trabajo de investigación y la coordinación entre las distintas corporaciones.

Sobre las críticas de algunos grupos de abogados, que han planteado una reconfiguración de la Fiscalía y han solicitado la renuncia de la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, señaló que también existen colegios y organizaciones de abogados que respaldan el trabajo de la institución.

Afirmó que la Fiscalía continuará fortaleciendo la coordinación con los distintos colegios y sectores relacionados con la procuración de justicia.