Ciudadanos de San Quintín solicitaron a las autoridades competentes realizar una investigación, inspección y verificación ambiental a las actividades presuntamente realizadas por la empresa Vector Servicios Integrales en un predio ubicado en el rancho “La Trinidad”, al final de la colonia Santa Fe Braulio Maldonado, en aquel municipio.

Mediante el oficio número 001/2026, fechado el 11 de septiembre, pidieron revisar posibles descargas de líquidos, manejo y almacenamiento de aguas residuales, así como eventuales afectaciones al suelo y subsuelo, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta.

De acuerdo con el documento, en el sitio presuntamente operarían entre dos y tres pipas utilizadas para realizar descargas, por las cuales se cobrarían aproximadamente 500 pesos por unidad. Ante ello, se solicitó identificar a los propietarios y operadores, conocer el material transportado y el destino de las descargas, además de verificar si cuentan con las autorizaciones correspondientes.

La solicitud también plantea revisar si dentro del predio se almacenan plásticos impregnados con sustancias químicas, así como determinar su origen, características, manejo y almacenamiento, además de comprobar la existencia y vigencia de permisos emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y otras autoridades.

Uno de los puntos señalados es la posible existencia de una filtración hacia el suelo y subsuelo, cuya antigüedad se estima de manera preliminar en alrededor de dos años.

El documento también solicita verificar la capacidad técnica y legal del predio para recibir descargas y determinar las razones por las que algunas empresas que anteriormente utilizaban el lugar supuestamente dejaron de tener acceso.

Asimismo, se pide aclarar la afirmación sobre la existencia de un supuesto “único cárcamo de San Quintín” e identificar los demás cárcamos e instalaciones existentes en la zona, junto con sus respectivas autorizaciones.

Entre las acciones solicitadas se encuentran una inspección física del predio, revisión de permisos, concesiones y trámites; identificación de pipas, operadores y propietarios; análisis de la naturaleza y procedencia de los líquidos y residuos; revisión del manejo de materiales impregnados con químicos y verificación de posibles cobros por las descargas.

Finalmente, los ciudadanos solicitan que, en caso de acreditarse alguna irregularidad, las autoridades establezcan las medidas correctivas, de remediación y, en su caso, las sanciones que correspondan conforme a la normatividad ambiental.

Los residentes cercanos al sitio de las descargas señalan que los olores son muy fuertes, y que al parecer la empresa Vector, dedicada a limpieza de fosas sépticas, no contaría con los permisos correspondientes, por eso insisten para que las autoridades actúen.

También denunciaron las descargas con Conagua desde septiembre del año pasado sin que el titular, Manuel Guerrero les de respuesta, solo evasivas.

Jorge Fernando Martín del Campo Quirarte es un abogado cercano y aliado político de Francisco Pérez Tejada Padilla, mejor conocido como “Panchito”. Durante el XX Ayuntamiento de Mexicali, cuando era presidente municipal, ese Martín del Campo Quirarte era su tesorero municipal.

Debido a las decisiones financieras tomadas de forma conjunta durante ese trienio, ambos compartieron un largo historial judicial. En 2014, el Sindicato de Burócratas interpuso demandas penales en su contra, lo que llevó a que en noviembre de 2016 tanto el exalcalde Pérez Tejada como el extesorero Martín del Campo fueran vinculados a proceso penal de manera conjunta como presuntos coautores del delito de Abuso de Autoridad por el desvío de más de 440 millones de pesos en cuotas destinadas al ISSSTECALI.

Enfrentaron todo este proceso legal como coacusados y compartieron la misma estrategia de defensa jurídica. Ramón Martín del Campo Quirarte es parte de los cercanos a Panchito, y quien firma el contrato del programa de cobranza de cartera vencida para el Ayuntamiento de Mexicali, AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-14-25.

El contrato fue una adjudicación directa y no una licitación. El Comité de Adquisiciones avaló este procedimiento recurriendo a las excepciones de la ley estatal argumentando la contratación de servicios profesionales especializados. Al tratarse de un esquema de consultoría legal, peritaje fiscal y cobranza bajo “honorarios por éxito” (comisión del 30% del monto efectivamente recuperado), el Ayuntamiento justificó que la capacidad técnica, la experiencia en litigio y la estructura del despacho eran las óptimas, obviando así la necesidad de convocar a un concurso o licitación pública abierta de proveedores.

Esa es la explicación oficial, pero la verdad es que Panchito no tiene llenadera. No le bastó con rentar el Cine Lux al menos durante un año sin que le movieran nada al inmueble abandonado. Luego hizo que el Ayuntamiento le pagara las remodelaciones por más de 15 millones de pesos, y que el contrato se extendiera por 20 años. También quiere meter mano en otros contratos que ni siquiera licitaron -al menos ese procedimiento le hubiera dado un toque de legitimidad-, para asegurar la mejor oferta.

Sabiendo cómo se maneja Norma Bustamante, Panchito Pérez Tejada, Claudia Beltrán y Marina del Pilar, si camina como pato, hace como pato y parece pato, pues es un pato.

El contrato fue por 10 millones de pesos a partir del 26 de junio de 2025 hasta el último día de ese mismo año, a cargo del despacho jurídico Rodríguez, Martín del Campo y Asociados. Votaron a favor la representante de la oficial mayor; el tesorero, Roger Sosa; Alfredo Wong, presidente de la Comisión de Administración; y César Castro, presidente de la Comisión de Hacienda. Con voz pero sin voto, también respaldaron la propuesta el secretario técnico, que no firmó el documento, y la sindicatura municipal, representada por Maricela López Ocampos.

También en ese año, se le dio una adjudicación directa a Skath Benjamín García Núñez, por “Servicio de tratamiento químico de agua helada para chiller del Gobierno Municipal de Mexicali”, por casi 750 mil pesos.

Y no se diga a las empresas de “consultoría” del jefe de la hija de la alcaldesa, Lumina profesionales en Consultoría, por 10 millones 440 mil pesos por “asesoría y acompañamiento para el diseño, gestión y ejecución de los proyectos estratégicos y compromisos prioritarios del XXV Ayuntamiento”. Solo hay que ponerle un nombre rimbombante y listo, jamás sabremos si efectivamente hicieron algo, ni Lumina ni los Martín del Campo con la recaudación del predial.

También hay un contrato muy curioso con Maleny Arvizu Limón, una adjudicación directa para la adecuación de espacios de la sala de juntas de la presidencia municipal, por 754 mil pesos, recursos federales por cierto.

Encontramos que se le dio un contrato por difusión en el 2022, por la legislatura pasada, por spots de radio y televisión. La vigencia eran los últimos tres meses de ese año, por lo cual le pagaron 852 mil 600 pesos. El contrato carece de firmas, por cierto.

Buscando quién es, no encontramos mucha información, pero de que es multifacética lo es, pues igual cobra por difusión institucional que por la rehabilitación de espacios de trabajo, como el que firmó para adecuar la sala del personal de la coordinación de control patrimonial de la Oficialía Mayor, por 1 millón 279 mil pesos, en julio del año pasado.

La Fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez, informó que fue cumplimentada una orden de aprehensión contra Jonathan Paul “N”, por su probable responsabilidad en el feminicidio de Marlen, de 37 años, quien fue localizada sin vida el 18 de septiembre en Ensenada.

El día anterior, el propio señalado acudió a poner el reporte de desaparición. Las autoridades localizaron el vehículo junto a la carretera que va de Ensenada al Valle de Guadalupe, donde también estaba el cuerpo de la mujer.

La titular de la FGE precisó que conforme avanzaron las diligencias, se recabaron evidencias que permitieron establecer su probable participación. De acuerdo con la investigación, la víctima habría muerto por asfixia mecánica por estrangulación y posteriormente su cuerpo fue ocultado en un paraje solitario.

La funcionaria destacó que las evidencias recabadas permitieron obtener la orden de aprehensión y llevar al presunto responsable ante la justicia. “Este crimen no va a quedar impune”, afirmó, al señalar que la Fiscalía cuenta con elementos para formular imputación y continuar el proceso penal por el feminicidio de Marlen.