Desde ayer circula en redes una tarjeta informativa supuestamente proveniente de la Comisión Nacional de Elecciones, la tarjeta informativa CN/CEN/043/2025, que marca Baja California como dentro del bloque de competitividad alto, y propone mujer como el género para la candidatura a titular del ejecutivo.

Hay que destacar que de ser auténtico este documento, tiene fecha de 2025, y ya han pasado varias cosas desde entonces. En ese terrible año para la mandataria, sucedió la pérdida de su visa; el rumor de que hay una investigación por lavado de dinero y posibles nexos con el crimen organizado por parte de Estados Unidos; el escándalo de una supuesta propiedad millonaria en San Diego; la cita por parte de la Fiscalía General de la República a su entonces esposo Carlos Torres, lo que la obligó a separarlo de sus funciones públicas, y su posterior divorcio (aunque sigue operando tras bambalinas).

En ese año tampoco se sabía a ciencia cierta cuántos levantarían la mano para participar en la candidatura a gobernador. Si a estas alturas sigue la propuesta de mujer, estaríamos ante una guerra entre Julieta Ramírez y Evangelina Moreno, ambas infractoras electorales por actos anticipados de campaña por sus encuentas telefónicas, mantas, folletos, encuestas y carteles, porque seamos sinceros: Morena no dejará que hagan pedazos la imagen del movimiento dándole la candidatura a Montserrat Caballero, quien sin duda le haría una auditoría marca “llorarás” a Marina del Pilar.

En las condiciones del 2026, parecería más factible una candidatura masculina, y ahí el tiro está entre Ismael Burgueño y Fernando Castro Trenti. El bandido de Armando Ayala se acabaría el estado; a Alejandro Ruiz Uribe le dan ataques de rabia y posteriores diarreas verbales que lo descalifican para el cargo; Jorge Ramos se registró para no dejar en blanco la candidatura del Verde; Alfredo Álvarez dejó una imagen de enojón y represivo como secretario General de Gobierno que lo dejan sin posibilidades; y a José Anselmo Jiménez, pues en su casa lo conocen.

No es que Burgueño y Castro Trenti no tengan puntos negativos, pero están mejor “amarrados” que el resto. El alcalde con licencia de Tijuana repite y repite que el fundador de Morena y que nunca ha estado en otro partido que no sea el guinda, en clara alusión al expriísta y no fundador, del apodado “El Diablo”.

En otro tema, nos cuenta un exrecluso recién salido, que en el Centro de Readaptación Social de Mexicali tienen a casi una treintena de presos en celdas de 2 por 3 metros, hacinados, en condiciones insalubres y además permitiéndoles como única prenda, calzoncillos. Veremos que dice la titular de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, Lorena Huerta Salas y el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Álvaro Ochoa.

Sobre el tema que publicamos esta semana sobre el accidente de una unidad de la CESPM, que circulaba sin seguro y donde a pesar de haber ocurrido en noviembre, aun no se resuelve la indemnización que por ley que corresponde a la familia, pero al amigo de la gober lo protege el manto sagrado de la cuarta transformación. En una situación menos grave, pero similar, está el director de Bomberos de Mexicali, Rubén Darío Osuna, que también sacó a circular a una máquina sin placas que tenía fallas mecánicas, y por los frenos deficientes chocó. Luego querían que el chofer pagara los gastos.

Por cierto que seguimos esperando la respuesta del director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mexicali, Edgar Covarrubias, a quien le pedimos hace ya varios días que nos diera una relación de las máquinas que escondió Norma en un parque industrial, que tras su posterior sobreprecio arreglado por su hijito, adquirió la ciudad. ¿En qué estación están? ¿Cuántas máquinas tiene cada estación? ¿Está vigente el seguro de todas las máquinas? ¿Cuántas máquinas están paradas por fallas mecánicas? y una de pilón: ¿Por qué no se hicieron las anunciadas espirometrías? Puras promesas incumplidas del gobierno municipal.

Osuna dijo en su momento que de las 14 máquinas extintoras, 8 estarán distribuidas en la ciudad junto con la unidad de rescate, mientras que en la en la zona Valle Norte, estarían tres máquinas extintoras y dos ambulancias serían para las estaciones de Morelos, Algodones, Benito Juárez y Hermosillo.

Por cierto, que mal les fue en el análisis a las finanzas del Ayuntamiento de Mexicali por parte del ObserBC. Comentaron lo de las dos barredoras de un millón de dólares. Para que se den una idea, una barredora de esas equivale a las 14 máquinas extintoras, una de rescate urbano, y cuatro ambulancias que adquirieron en febrero de 2025. ¿Habrán tenido sobreprecio? nomás se los triplicaron, dice el ObserBC.

También destaca un crédito fiscal determinado por el SAT por más de 508 millones de pesos, derivado de diferencias en retenciones de ISR correspondientes al ejercicio 2020, periodo donde fue alcaldesa la actual gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda. Adjudicaciones directas repartidas a diestra y siniestra, y muchos millones en servicios como asesorías, que no sabemos si efectivamente se llevaron a cabo, pero sí sabemos que Jorge Mario Soto, exjefe de la hija de la alcaldesa Norma Bustamante, se lo llevó a través de la creación de diversas empresas.

Un análisis de los estados financieros del Ayuntamiento de Mexicali correspondiente al periodo 2015 a marzo de 2026 revela posibles irregularidades en materia de adquisiciones, contratación de servicios y manejo de la recaudación municipal, de acuerdo con un documento elaborado por el organismo de análisis de rendición de cuentas ObserBC.

Uno de los señalamientos más relevantes corresponde a la compra de dos barredoras mecánicas adquiridas en 2025 por 19.1 millones de pesos cada una, a la empresa PROESP S.A. de C.V. El estudio compara esta adquisición con cotizaciones internacionales de equipos similares, donde el costo estimado sería hasta tres veces menor, lo que abre cuestionamientos sobre una posible sobrevaloración en la compra pública.

El informe también destaca que al cierre de 2025 el Ayuntamiento registró un rezago en contribuciones fiscales superior a los 1,227 millones de pesos, incluyendo cartera vencida de predial, sobretasas de seguridad y multas. A pesar de este nivel de adeudo, se advierte la contratación de despachos jurídicos mediante adjudicación directa para la recuperación de cartera vencida, con montos que alcanzan hasta 10 millones de pesos más IVA, sin que se reporten resultados claros en la reducción del rezago.

Otro punto señalado es la existencia de un crédito fiscal determinado por el SAT por más de 508 millones de pesos, derivado de diferencias en retenciones de ISR correspondientes al ejercicio 2020, periodo donde fue alcaldesa la actual gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda.

El documento cuestiona la falta de claridad sobre las responsabilidades administrativas y el impacto que este adeudo podría tener en las finanzas municipales.

En materia de contratación pública, el análisis identifica que durante 2025 el Ayuntamiento realizó adquisiciones y servicios por más de 861 millones de pesos en licitaciones y más de 484 millones en arrendamientos, donde predominan esquemas de arrendamiento de vehículos, maquinaria y servicios especializados. Una parte importante de estas contrataciones se efectuó bajo el esquema de adjudicación directa, lo que, de acuerdo con el documento, reduce la competencia y transparencia en los procesos.

Asimismo, se observa la contratación de múltiples servicios de consultoría y asesoría por más de 41 millones de pesos en 2025, incluyendo estudios administrativos, fiscales, de movilidad, seguridad social y reingeniería de procesos, algunos de los cuales el análisis considera duplicados o poco justificados, dado el tamaño de la plantilla laboral del Ayuntamiento. Muchos de estos contratos están ligados a diversas empresas creadas por quien fue jefe de la hija de la alcaldesa, Jorge Mario Soto Romero.

El informe también cuestiona la asistencia y supervisión en los comités de adquisiciones, así como la justificación de contrataciones especializadas bajo el argumento de falta de personal interno capacitado, requisito establecido en la legislación estatal de adquisiciones.

Finalmente, el análisis concluye que, aunque el Ayuntamiento ha mantenido equilibrio presupuestal en ciertos ejercicios recientes, persisten áreas de riesgo relacionadas con deuda, eficiencia recaudatoria, contratación directa de servicios y posible sobrecosto en adquisiciones, lo que amerita revisiones más profundas por parte de los órganos de control y fiscalización.

Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, Octavio Sandoval y el de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) Mexicali, César Beltrán, urgieron a las autoridades a solucionar el problema de los congestionamientos y largas filas que enfrentan los viajeros al ingresar a México por las aduanas del estado.

Mientras que Beltrán Badilla destacó que el problema afecta significativamente el turismo médico, el comercio, la restauración y la vida familiar de los residentes de la región fronteriza, Sandoval reiteró que la economía estatal se ha ralentizado a raíz de ese problema por el que las autoridades no se han interesado.

Entre los problemas identificados se encuentran el estrangulamiento de la movilidad por insuficiente diseño operativo, la reducción de carriles de ingreso, duplicidad de revisiones, inspecciones manuales adicionales, infraestructura poco funcional y diseño operativo ineficiente que genera cuellos de botella, lo que el líder de CCE estatal atribuyó que las decisiones las toman personas que viven a 3 mil kilómetros de la realidad fronteriza.

Los dirigentes propusieron establecer un plan de atención por etapas; realizar un diagnóstico operativo para identificar los principales cuellos de botella; ajustar la asignación de personal según la demanda en horas pico, fines de semana y días festivos; implementar un sistema permanente de medición y monitoreo de tiempos de espera; capacitar y fortalecer los criterios operativos del personal del INM para agilizar la atención; y establecer una mesa permanente de coordinación entre Aduanas, el Instituto Nacional de Migración, SEDENA, Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación y autoridades estatales y municipales.

El plan a un año es rediseñar la infraestructura y operación de las aduanas mexicanas para mejorar el flujo vehicular, implementar programas de “viajero confiable” y carriles preferentes para usuarios frecuentes, y digitalizar los procesos migratorios mediante aplicaciones móviles, códigos QR y validación electrónica de documentos, explicaron.

Sandoval subrayó la necesidad de invertir el criterio de “todos son sospechosos y malos ciudadanos”, pues el 99 por ciento de quienes cruzan son personas trabajadoras y de bien, y la agilización se puede hacer sin descuidar la seguridad, agregó.

Beltrán, por su parte, enfatizó que se ha venido trabajando de manera conjunta con las autoridades y que ya se observa una ligera mejora en algunos cruces, aunque persisten problemas en los carriles generales. “El tema de la seguridad es preponderante, sabemos que hay protocolos, pero tenemos que implementar estrategias que cumplan con todos los rubros necesarios para que el tiempo sea lo más óptimo posible”, afirmó.

Ambos líderes empresariales llamaron a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el sector privado para evitar que los congestionamientos sigan desincentivando el turismo y afectando la competitividad de la región fronteriza.