La Fiscalía General del Estado de Baja California, informó en comunicado que se logró obtener la vinculación a proceso en contra de dos masculinos que se desempeñaban como elementos de la Policía Municipal de Tecate, por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y ejercicio ilícito del servicio público.

Durante la audiencia de vinculación celebrada el 28 de junio de 2026, el órgano jurisdiccional analizó los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y, una vez concluido el debate entre las partes, determinó dictar auto de vinculación a proceso en contra de los imputados Ángel “N”, alias “El barba”, y Juan Leonardo “N”, alias “El corral”.

La autoridad judicial resolvió vincular a proceso a ambos investigados por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y asociación delictuosa, imponiéndoles como medida cautelar la prisión preventiva justificada, al considerar procedente mantener dicha restricción durante el desarrollo del proceso penal, así mismo otorgó 6 meses para la etapa de investigación complementaria.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo, dio a conocer los recientes operativos contra la organización delictiva “Los Rusos”, así como los lamentables hechos violentos registrados en las últimas horas en Mexicali y el valle.

En conferencia junto a la fiscal General del Estado, María Elena Andrade, el funcionario estatal detalló que, gracias a las labores de inteligencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), se han logrado importantes detenciones de objetivos locales relevantes de dicha célula criminal, lo que ha ocasionado la violenta respuesta de ese grupo criminal.

“La mayoría de estas operaciones han sido encabezadas por el área de inteligencia de la FESC, que ha estado al frente de la generación de información para que las áreas operativas puedan actuar de manera segura y lograr los aseguramientos”, afirmó Carrillo.

El secretario recordó que el pasado 28 de mayo se logró la captura de dos hombres de nacionalidad colombiana, uno de ellos con antecedentes en las autoridades de seguridad pública de su país. Estos individuos fueron detectados con inteligencia en el Valle de Mexicali mientras pretendían bajar aeronaves con droga.

“Se aseguró una avioneta, lo que derivó en un segundo aseguramiento de otra aeronave, 20 kilos de cocaína y varios vehículos robados en el extranjero”, precisó.

El 24 de junio, durante un operativo en el Valle, un agente de la FESC resultó herido en el tobillo. En el mismo lugar, con apoyo de la SEDENA, falleció el conductor de una camioneta que había disparado contra personal de las fuerzas armadas. En esa acción también se recuperaron 6 vehículos con reporte de robo en el ejido Coahuila y se detuvo a Gerardo N., integrante de “Los Rusos”.

Carrillo señaló que estos golpes a la organización han generado amenazas directas. “Tras estos resultados que afectan sus operaciones, recibimos amenazas a través de un radio dejado en una camioneta, dirigidas al área de inteligencia y personal de investigación. El mismo 24 por la tarde se recibieron llamadas amenazantes a los teléfonos de dos compañeros desde números desconocidos”.

El funcionario reconoció que “de manera recurrente, cada vez que se logra un aseguramiento importante de droga u objetivos relevantes, recibimos amenazas. Es un riesgo que enfrentamos constantemente y que tomamos muy en serio”.

Carrillo precisó que el viernes 26 de junio, a las 20:16 horas, se recibió el primer reporte al 911 sobre detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de la colonia Zaragoza, donde se localizaron sin vida a dos personas: un compañero de la FESC del área de investigación y su esposa.

Al día siguiente, el sábado por la noche a las 19:58 horas, se reportaron nuevas detonaciones en el ejido Benito Juárez, en el Valle de Mexicali, donde resultaron sin vida dos personas: un agente de la FESC del área de investigación y una mujer que lo acompañaba, como daño colateral.

“Se trata de una situación atípica que nos preocupa profundamente. Es una agresión directa sin precedentes contra nuestros compañeros, donde se pone en riesgo no solo a los elementos, sino también a sus familias y a civiles inocentes”, expresó el secretario.

Operativos en marcha

Desde el sábado se mantienen operativos muy focalizados en la zona poniente y el Valle, con una fuerza interinstitucional. Se solicitaron refuerzos de autoridades federales y estatales.

“Estamos pidiendo reforzar el área de inteligencia y otorgarnos mayores capacidades de localización de los responsables. Nos hemos reunido con mandos militares. Sabemos quiénes son los responsables y de dónde viene la amenaza. Estamos trabajando de manera coordinada para lograr su aseguramiento”, aseguró.

Finalmente, el secretario envió un mensaje a los elementos de la Fuerza Estatal: “A los agentes estatales les digo que estamos con ustedes, que no están solos, que estamos juntos en esta misión. Es momento de mantenernos unidos. En memoria de nuestros compañeros caídos seguiremos trabajando sin descanso hasta dar con los responsables, con total transparencia y con absoluto respeto a los derechos humanos”.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE)  informó que esa institución mantiene como principal línea de investigación que los asesinatos de dos agentes estatales registrados el 26 y 27 de junio están relacionados con las funciones que desempeñaban como elementos de seguridad.

Apuntó que, desde el primer momento, la dependencia activó los protocolos de investigación en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entre las diligencias realizadas se encuentran entrevistas, inspecciones, análisis de tecnología, cateos y estudios balísticos, considerados fundamentales para fortalecer o descartar líneas de investigación.

Indicó que las primeras evidencias muestran la participación de grupos criminales altamente organizados, con capacidad logística, armamento de alto poder y vehículos para ejecutar y facilitar su huida. En el primer ataque fueron utilizados al menos tres calibres distintos, entre ellos 7.62×39 y 5.56×45 milímetros.

También informó que en ambos casos fueron asegurados vehículos utilizados por los agresores. En el segundo ataque, uno de los automóviles fue abandonado e incendiado en el ejido México antes de que los responsables escaparan en otra unidad, la cual ya es objeto de seguimiento por las autoridades.

Finalmente, la fiscal dio a conocer que este domingo se reunió con autoridades federales y estatales para definir operativos y objetivos específicos encaminados a localizar a los responsables. Afirmó que no habrá impunidad y aseguró que la Fiscalía cuenta con líneas de investigación sólidas, aunque por el momento se reservan mayores detalles para no afectar las indagatorias.

COLUMNA INVITADA/Por Guillermo E. Rivera Millán

En Baja California, la evolución normativa en materia de seguridad y protección escolar ha sido constante, pero también marcada por vacíos y retos. Hoy, con la recién socialización del Programa de Protección Integral Escolar 2026, se busca consolidar un marco robusto que atienda riesgos físicos, psicosociales y digitales, con fundamento en 44 normas y la identificación de 10 categorías de riesgo.

El Protocolo de Protección Integral Escolar de 2022 integró 24 normas y contempló diversos riesgos, pero quedó desfasado frente a reformas legales y nuevas necesidades operativas. Posteriormente, la tragedia del niño Damián —ocurrida en octubre de 2023— y el proceso judicial contra el profesor Esteban Canchola detonaron un debate amplio sobre la insuficiencia de los protocolos vigentes. De ese debate surgió el Proyecto técnico de actualización de 2025, que amplió el sustento a 38 normas e incorporó lineamientos omitidos, aunque nunca se implementó formalmente por el cuestionamiento de docentes y sindicatos respecto a la carga adicional que les generaba. Como respuesta inmediata, se elaboró la Guía Rápida de Actuación en Situaciones de Riesgo, también en 2025, que estructuró 4 riesgos generales y 15 modalidades. Hoy, ese camino desemboca en la construcción del Programa Integral 2026, que busca consolidar un marco más completo al arranque del ciclo escolar 2026‑2027.

El nuevo Programa contempla 10 riesgos principales: accidentes escolares bajo metodología SIPIR‑HT, situaciones de riesgo sexual, acoso escolar en varias modalidades, violencia entre niñas, niños y adolescentes, violencia digital con más de diez subtipos, maltrato en ámbitos escolar, familiar y comunitario, conducta suicida, uso y venta de drogas, omisión de cuidados atribuible a padres, docentes o directivos, y amenaza o atentado en la escuela, incluyendo bomba, armas y tirador activo. Además, se incorpora un segmento de orientación para estudiantes con discapacidad y trastornos del neurodesarrollo, y un protocolo de protección docente que garantiza principios de dignidad, presunción de inocencia, debido proceso, confidencialidad e imparcialidad, así como medidas contra denuncias falsas.

La construcción del Programa agradece la participación de los miembros del Colegio de Profesionistas de la Educación, así como de las organizaciones sindicales SNTE Sección 2, SNTE Sección 37, SETEBC, SIETEBC y STEBC, y de las dependencias de gobierno que acompañaron el proceso. Este respaldo colectivo aparentemente representa legitimidad y refuerza la corresponsabilidad en su aplicación.

Sin embargo, la realidad plantea cuestionamientos que no pueden ignorarse. Han pasado más de dos años y medio desde el accidente del niño Damián y, aunque se avanzó en protocolos, la respuesta institucional fue lenta y reactiva. Los ajustes más visibles parecen dirigidos a tranquilizar al gremio docente y sindical, pero falta involucrar de manera real a los consejos de participación social, a madres y padres de familia, a especialistas externos, las escuelas particulares y legisladores locales.

El Programa es ambicioso, pero no se ha definido con claridad qué recursos se destinarán para su implementación. Sin presupuesto adicional, sin plazas nuevas que atiendan riesgos y sin capacitaciones listas, la encomienda corre el riesgo de quedarse en papel. La Dirección de Participación y Convivencia Social, donde está el área de riesgos escolares, requiere personal y financiamiento para cubrir su operación en los siete municipios.

La metodología de actualización tampoco está clara: ¿cómo se adaptará a nuevas realidades, a cambios tecnológicos o a contextos sociales distintos? El Programa parece asumir que todas las escuelas están al 100% en infraestructura y recursos, lo cual no refleja la diversidad de condiciones en zonas rurales y marginadas. La falta de un enfoque territorial puede ser una debilidad crítica. También se observa que el Programa redacta lineamientos en áreas de seguridad, educación y laborales que no siempre son de su competencia directa, lo que puede generar conflictos de atribuciones. Por su parte, los diputados del Congreso aparecen desvinculados de la agenda de la Secretaría de Educación; legislan de manera desarticulada en temas educativos. El reto exige que todos se unan, definan con claridad cuánto presupuesto van a invertir y legislen lo que hoy se presenta como novedad en el Programa, para darle sustento legal y operativo.

El PIE cita a múltiples dependencias y actores, pero en la práctica no basta con mencionarlos: cada uno requiere presupuesto, personal capacitado y mecanismos de evaluación para que su participación sea efectiva. El Programa tampoco menciona la instalación de una mesa permanente de seguimiento y coordinación, que evalúe avances, ajuste protocolos y garantice que los recursos lleguen a las escuelas.

Sin un espacio interinstitucional fuerte, el PIE corre el riesgo de fragmentarse en esfuerzos aislados. Además, no se desarrolla el tema del seguro escolar y sus alcances, lo que deja sin respuesta cómo se cubrirán gastos médicos o indemnizaciones en casos de accidentes. Igualmente, la Nueva Escuela Mexicana exige atender realidades diversas: no puede aplicarse un documento único a contextos tan distintos como los de una escuela urbana y una rural o indígena. El Programa debe adaptarse a esas diferencias para ser realmente inclusivo y efectivo.

Aunque el Programa menciona los Acuerdos de Convivencia Escolar, deja en las escuelas la responsabilidad de desarrollarlos sin ofrecer lineamientos actualizados ni apoyo técnico. Tampoco define cómo se conectará con los Consejos Municipales de Paz y Tejido Social, ni con las medidas alternas de solución pacífica que fortalecen la cultura de paz.

El PIE 2026 representa un avance: amplía cobertura, fortalece el marco jurídico, incorpora inclusión y protege a los trabajadores de la educación. Pero la ruta debe ser clara: Más acción, diagnóstico e inclusión real, inversión significativa, capacitación y actualización constante, voluntad y legislación que respalde lo que hoy se presenta como novedad.

• *Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. y fundador de Justicia que Transforma México A.C.