Corrupción
Son controles de alcoholemia en Tijuana fuente de corrupción
El gobierno municipal de Ismael Burgueño empezó con las prácticas que heredó de la administración de Montserrat Caballero, donde personas encargadas de los controles de alcohol y los depósitos municipales, hacían su agosto.
El viernes primero de noviembre, un hombre a quien llamaremos Víctor, iba de regreso a su casa tras una cena con amigos, donde consumieron bebidas alcohólicas.
Por una de las vialidades de Tijuana se encontró con un control de alcoholemia, donde estaban realizado las pruebas a todos los automovilistas. Víctor sobrepasó el límite permitido por punto cero uno.
Pidió que lo dejaran retirarse, pues su hogar estaba a pocas cuadras del lugar. Le dijeron que no, pero le pidieron su teléfono y le indicaron que tomara la multa que le habían dado, que se fuera a su casa y que esperara una llamada a las siete de la mañana.
El sábado 2 de noviembre recibió puntual la llamada. Le dijeron que estuviera en el estacionamiento del Calimax Fundadores a las 11 de la mañana, con 17 mil pesos en efectivo.
Ese supermercado está convenientemente ubicado justo enfrente del corralón a donde se llevan los vehículos que detienen en los alcoholímetros.
Fue al lugar que le indicaron y él y otras personas se encontraron en los varios cajeros automáticos de la zona sacando dinero para recuperar su vehículo y ahorrarse los cerca de 30 mil pesos que cuesta realizar ese trámite de manera oficial.
Se acercó a la persona con la que había hablado el día anterior cuando lo vio aparecer frente al supermercado. Les indicaron a cada uno que sacaran copia de su licencia de manejo y de su tarjeta de circulación.
El único lugar donde pueden hacer eso en esa zona es la Farmacia Venus, junto al estacionamiento del mercado. Una vez con las copias y el dinero listos, la persona de contacto llama a alguien, quien llega a los pocos minutos manejando el vehículo retenido. Se sube el dueño al lugar del copiloto, entrega documentos y efectivo, tras lo cual se baja para ocupar el lugar del conductor y se retira sin que haya quedado registro ni de la multa ni de la retención de la unidad.
El sábado pasado, el dependiente del negocio comentó a esta reportera que efectivamente llegaba mucha gente a sacar copias de su licencia y de la tarjeta de circulación, a pesar de que no hay oficinas de gobierno en esa área.

Ese sábado, el 9 de noviembre, una semana después de los hechos, se pudo observar que tanto patrullas de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Guardia Nacional llegaron a hacer rondines al estacionamiento y permanecieron ahí por varios minutos.
Cabe destacar que un medio de comunicación publicó después del sábado 2, una nota sobre este mecanismo ilegal de los empleados del Ayuntamiento, lo que pudo ocasionar que empleados del corralón dejaran de usar ese punto como lugar del intercambio. O solo esperar a que se enfriara el asunto.
Ya habíamos dado cuenta hace tres meses del mecanismo similar que operaba en la administración del hoy senador Armando Ayala en el gobierno municipal de Ensenada, donde la corrupción empieza desde el mismo punto de control de alcohol, donde un ejército de “coyotes” ofrecen amparos.
La promesa de Ismael Burgueño para hacer un gobierno transparente y honesto no va por buen camino. Y sobre austeridad, es lo que experimentan las arcas municipales al dejar de ingresar lo que va directo al bolsillo de sus funcionarios.
Corrupción
Asegura IMOS que dejó de trabajar con empresa sancionada hace un año
El Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS) aseguró que desde octubre de 2025 dejó de trabajar con la empresa que prestó servicios para la operación del programa Transporte Violeta en Playas de Rosarito, y precisó que actualmente no mantiene contrato ni relación operativa con dicha persona moral.
En una réplica a la nota publicada por este medio el 7 de octubre, el Instituto sostuvo que la contratación se originó en un procedimiento de adquisiciones que, según su versión, se desarrolló conforme al marco jurídico aplicable en materia de contrataciones públicas.
El IMOS indicó que el procedimiento incluyó la presentación y revisión de documentos, así como la evaluación de los requisitos legales, administrativos y técnicos exigidos a los participantes. Añadió que las propuestas fueron revisadas y calificadas por el Comité de Adquisiciones competente, órgano colegiado responsable de intervenir en la evaluación y determinación correspondiente.
Respecto a la conclusión de la relación con la empresa, el Instituto señaló que la decisión de no continuar con la prestación del servicio a través de esa persona moral fue adoptada en ejercicio de sus atribuciones y actualmente es materia de controversia ante las autoridades jurisdiccionales.
De acuerdo con el posicionamiento, la empresa promovió un medio de defensa contra la negativa del IMOS de continuar con la prestación del servicio y solicitó la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, el Instituto afirmó que la autoridad jurisdiccional negó esa medida cautelar, por lo que su determinación no ha sido suspendida judicialmente y continúa produciendo efectos, en tanto se emite una resolución definitiva.
Sobre los señalamientos relacionados con la inclusión de la empresa en los listados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el IMOS pidió considerar que la relación de prestación de servicios concluyó en octubre de 2025, a fin de distinguir los antecedentes de contratación de la situación actual.
Corrupción
Obtuvo Wermak Publired, sancionada por la OFAC, contrato con Agencia Digital de BC
El Gobierno del Estado de Baja California adjudicó de manera directa a la empresa Wermak Publired, S.A. de C.V., un contrato administrativo por 1 millón 557 mil 407 pesos más 8 por ciento de IVA para la prestación del “servicio integral para la realización del Foro Internacional de Transformación Digital” de la Dirección de Agencia Digital.
La empresa aparece en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo los programas ILLICIT-DRUGS-EO14059 y SDGT. Según el registro de la OFAC, Wermak Publired está vinculada a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y figura con folio mercantil N-2023089074, constituida el 12 de junio de 2023 en Tijuana, Baja California.
El contrato AAD-ADQ-OM-17-25 fue firmado el 2 de julio de 2025 en Mexicali por el Oficial Mayor de Gobierno, David Ramsés Cervantes Aguilar, en representación del Poder Ejecutivo estatal, y por Facundo Emilio Gámez Hernández, representante legal de Wermak Publired.
El documento indica que la adjudicación directa se realizó después de que se declarara desierto el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas número OM-INV-SER-046-2025. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo emitió el acuerdo de adjudicación directa ese mismo día, con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
El servicio comprendió el pre-montaje el 2 de julio, el evento los días 3 y 4 de julio, y el desmontaje el 4 y 5 de julio de 2025, en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, en el Boulevard Lázaro Cárdenas, Club Rotario 1421, zona centro. El pago se estableció al 100 por ciento una vez prestados los servicios a satisfacción de la Dirección General de la Agencia Digital, sin anticipos, y con cargo a la partida presupuestal 38301 “Congresos y Convenciones” del ejercicio 2025.
En el contrato, Wermak Publired declara ser una sociedad anónima de capital variable constituida conforme a las leyes mexicanas, con objeto social relacionado con la organización de eventos, y afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos de impedimento del artículo 49 de la ley de adquisiciones estatal. El domicilio fiscal de la empresa se señala en Boulevard Salinas número 10,485, departamento 1, piso 10, colonia Aviación, Tijuana.
La presencia de Wermak Publired en la lista SDN de la OFAC implica restricciones para entidades y personas estadounidenses, y genera cuestionamientos sobre el proceso de debida diligencia en las contrataciones públicas del gobierno bajacaliforniano, especialmente tratándose de una adjudicación directa posterior a un procedimiento declarado desierto.
Corrupción
Detienen a presunto autor de fraude inmobiliario en Tijuana
Por los probables delitos de fraude procesal, asociación delictuosa y coalición de servidores públicos, la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Tijuana cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jair Alejandro “N”.
La diligencia se llevó a cabo aproximadamente a las 12:50 horas del 24 de septiembre de 2026, en Ruta Hidalgo, colonia Mariano Matamoros. De acuerdo con los datos que obran en la investigación, el 21 de diciembre de 2018, el detenido, en conjunto con otras personas, habría realizado actos tendientes a inducir al error a la autoridad administrativa denominada Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tijuana.
Como parte de los hechos investigados, se señala que Jair Alejandro “N” habría presentado ante dicha autoridad un contrato de compraventa de fecha 17 de marzo de 2010, supuestamente celebrado entre la parte ofendida y el imputado, respecto de una vivienda ubicada en Jardines de Agua Caliente, primera etapa del fraccionamiento Jardines de Agua Caliente, en esta ciudad.
Asimismo, la investigación refiere que, aprovechándose de las facultades derivadas de determinados cargos, el 20 de diciembre se habría realizado la ratificación del referido acto jurídico, mediante el cual se habría declarado frente a terceros a Jair Alejandro “N” como propietario del inmueble señalado.
Derivado de las investigaciones realizadas y en cumplimiento de una orden emitida por un Juez de Oralidad del Estado de Baja California, agentes de la Agencia Estatal de Investigación localizaron y detuvieron al señalado.
Tras su detención, se le hizo del conocimiento el motivo de esta y se realizó la lectura de sus derechos constitucionales. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que ordenó su captura, para que se determine su situación jurídica conforme al procedimiento establecido por la ley.
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