La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California que ordenó al Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) continuar con la investigación en contra de la senadora de Morena, Julieta Andrea Ramírez Padilla, por presuntos actos de promoción personalizada y actos anticipados de campaña.

Durante su vigésima octava sesión pública, los magistrados resolvieron el expediente SG-JG-44/2026, promovido por la legisladora federal, quien impugnó la resolución del tribunal electoral local que había revocado un acuerdo emitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del IEEBC.

Con esta determinación, la Sala Regional dejó firme la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, por lo que el Consejo General del IEEBC deberá continuar con el procedimiento administrativo sancionador, recabar y valorar las pruebas, y emitir una resolución en la que determine si existieron o no infracciones a la legislación electoral.

La denuncia fue presentada por el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Blas Ramos, quien señaló que la difusión de bardas, lonas y publicaciones en redes sociales atribuibles a la senadora podría constituir promoción personalizada y actos anticipados de campaña relacionados con una eventual aspiración a la gubernatura de Baja California en el proceso electoral de 2027. También denunció a Morena por una presunta responsabilidad derivada de la denominada “culpa in vigilando”.

Al resolver el recurso, los magistrados consideraron infundados e inoperantes los agravios expuestos por la senadora, por lo que confirmaron íntegramente la resolución emitida por el tribunal local.

La decisión de la Sala Regional no implica que Julieta Ramírez haya incurrido en alguna infracción electoral, sino que establece que la autoridad administrativa electoral no puede dar por concluido el asunto sin antes realizar una investigación completa y pronunciarse sobre el fondo de la denuncia.

Desde el punto de vista institucional, la resolución reafirma que las decisiones del IEEBC están sujetas al control de legalidad de los tribunales electorales. Si bien el organismo conserva su autonomía para conducir la investigación y resolver el procedimiento, deberá hacerlo conforme a los criterios fijados por las instancias jurisdiccionales y con una debida fundamentación y motivación.

Será el propio Instituto Estatal Electoral de Baja California el que, una vez agotada la investigación, determine si las conductas denunciadas constituyen promoción personalizada, actos anticipados de campaña u otras infracciones previstas en la normativa electoral, o bien si no existen elementos suficientes para sancionar a la legisladora.

El fallo se produce en un contexto de creciente actividad política rumbo a la elección de gobernador de Baja California en 2027, proceso en el que distintos actores han comenzado a ser objeto de denuncias por presuntos actos anticipados de promoción política.

El caso de Priscilla Blanco Castillo, de 26 años, se hizo viral en redes al denunciar que el bebé al que dio a luz el 23 de mayo de 2026 en el Hospital Materno Infantil de Mexicali, le fue arrebatado por el DIF con supuestos engaños, algo que la institución niega categoricamente.

Según la publicación en redes del 22 de julio, la joven narra que después del nacimiento, su bebé fue separado de ella y trasladado a un albergue del DIF debido a que unos exámenes toxicológicos supuestamente dieron positivo. Ella niega consumir sustancias y asegura que posteriormente se realizó pruebas antidoping con resultados negativos.

De acuerdo con lo expresado por ella, dice trabajar en una veterinaria y contar con estudios de licenciatura en Criminología. Cumplió con las asistencias, revisiones y requisitos solicitados por las autoridades, confiando en recuperar pronto a su hijo, pero le fue informado que su hijo se encontraba en un albergue.

Priscilla asegura que al revisar documentos relacionados con el caso, encontró firmas colocadas presuntamente a su nombre sin su autorización, lo que significa qe su firma habría sido falsificada en documentos relacionados con la separación del menor y un posible procedimiento de adopción.

En documentos oficiales fue descrita como una persona con hipertensión, depresión, toxicomanía y enfermedades infecciosas, señalamientos que rechaza completamente. Priscilla asegura que no busca dinero ni una indemnización, porque ningún pago podría devolverle el tiempo perdido lejos de su hijo. “Yo solamente quiero mi bebé. Nadie va a poder reparar el tiempo que yo no estuve con mi hijo”, señaló.

La madre asegura estar dispuesta a someterse a todos los análisis médicos, toxicológicos y psicológicos necesarios para demostrar que las condiciones que le atribuyen no son verdaderas.

Por su parte, el DIF precisó que los hechos iniciaron cuando el Hospital Materno Infantil dio vista a la Procuraduría tras dar la madre positivo a reactivos toxicológicos y presentar el bebé síndrome de dificultad respiratoria, implicando un riesgo por exposición intrauterina a sustancias.

“Tras evaluaciones desfavorables a la madre para una reintegración inmediata, el 9 de junio de 2026 el menor ingresó al Albergue Temporal Mexicali. Se aclara que el niño no ha sido dado en adopción”, declaran por parte de la institución.

La Procuraduría dictó las medidas de protección al niño e inició el proceso de reintegración; se formuló un Programa de Reconstrucción Personal de 9 compromisos para apoyar a los padres; sin embargo, ambos se negaron a firmar el plan social, turnándose el expediente al Área Jurídica para el seguimiento, agregan.

El Juzgado Sexto de Distrito condicionó la lactancia a valoración médica. La especialista determinó su improcedencia debido al antecedente de reactivo toxicológico positivo de la madre, garantizando así la salud del lactante, remarcan por parte del DIF.

“En cumplimiento a las resoluciones del Juez de Distrito, se autorizaron visitas supervisadas en compañía del actuario durante los meses de julio y agosto de 2026 las cuales se mantendrán en tanto se resuelva la situación legal del caso”, concluyen las autoridades, que aseguran actúan con estricto apego a la ley y bajo el Interés Superior de la Niñez, sosteniendo una postura legal firme en defensa de la vida, la salud e integridad del menor.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se ubicó en la posición 19 de los 32 mandatarios estatales del país en el Ranking Mitofsky de aprobación ciudadana correspondiente a junio de 2026, al registrar una aprobación de 51.9 por ciento, una disminución de dos puntos porcentuales respecto al 53.9 por ciento reportado en mayo.

Con este resultado, la mandataria bajacaliforniana quedó por debajo de la mitad superior de la tabla nacional y apenas por encima del promedio de los gobernadores con niveles de aprobación considerados “medios”, mientras que los primeros lugares fueron ocupados por Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, con 63.5 por ciento; Mara Lezama, de Quintana Roo, con 61.8 por ciento, y Mauricio Kuri, de Querétaro, con 61.6 por ciento.

Dentro del grupo de las 13 gobernadoras del país, Marina del Pilar también descendió posiciones al colocarse en el octavo lugar, detrás de las mandatarias de Quintana Roo, Ciudad de México, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México y Chihuahua. Su nivel de aprobación pasó de 53.9 a 51.9 por ciento entre mayo y junio.

En la región Norte del país, Baja California ocupó el quinto sitio entre nueve entidades, superada por Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas y Durango. El estudio muestra que la aprobación de la gobernadora cayó dos puntos en un mes, aunque conservó la misma posición regional.

En la clasificación de los estados del Pacífico, la mandataria descendió del tercer al cuarto lugar al pasar de 53.9 a 51.9 por ciento de aprobación, siendo superada por los gobernadores de Jalisco, Michoacán y Chiapas.

El informe también compara la aprobación de los gobernadores con la de la presidenta de la República en cada entidad. En Baja California, la presidenta registra una aprobación de 55.6 por ciento, mientras que Marina del Pilar obtiene 51.9 por ciento, lo que representa una diferencia de 3.7 puntos porcentuales a favor de la titular del Ejecutivo federal.