En el verano mientras los costos de operación se disparan debido al aumento inevitable en el consumo de agua y electricidad, y las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) enfrentan una drástica disminución en sus ingresos. Por eso La diputada María Yolanda Gaona Medina pide dar prórroga y no cortar el servicio.

La legisladora propuso ante el congreso esta medida, ya que el corte de agua potable en un local comercial no solo paraliza su actividad y destruye su fuente de ingresos, sino que crea condiciones de insalubridad tanto para los trabajadores como para los pocos usuarios que los visitan.

La legislación vigente en materia de aguas para el estado, estipula que, ante la falta de pago oportuno en los derechos por el consumo de agua comercial, la autoridad administrativa tiene la obligación legal de proceder a la restricción o corte total del suministro.

“Si bien, entendemos la naturaleza recaudatoria y de sostenibilidad financiera de la CESPM, la aplicación rígida de la Ley durante los meses de calor extremo resulta desproporcionada para el pequeño comerciante”, agregó la legisladora del Partido Acción Nacional.

Por ello, dijo que se vuelve indispensable que el Poder Legislativo actúe como un puente de sensibilidad social hacia la CESPM, solicitando un esquema de flexibilidad y prórrogas que proteja al empleo local, sin eximir a nadie de sus responsabilidades de pago.

Ante la situación, Mayola Gaona exhortó al Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), Armando Carrazco López, para que atienda la crítica situación climática y económica de la región.

Le propuso que autorice a la brevedad mediante oficio dirigido a quien considere conveniente, que se autorice prórroga generalizada de por lo menos un mes adicional, antes de proceder a la ejecución de cortes o suspensiones del suministro de agua potable a los establecimientos comerciales tipificados MiPyMEs en Mexicali y su Valle.

Dicha medida de gracia operativa, deberá aplicarse formalmente durante toda la temporada de verano, abarcando desde el mes de mayo, hasta el mes de octubre del año en curso.
También, le solicitó que se implemente un mecanismo obligatorio de notificación previa con un mínimo de 30 días naturales de anterioridad a la programación del corte del servicio de agua potable.

Mayola Gaona plantea que en este se desglose con total claridad el saldo pendiente, adeudos acumulados y requerimientos de pago a los usuarios comerciales conocidos como micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en Mexicali y su Valle.

Lo anterior, con la finalidad de que los pequeños comerciantes tengan pleno conocimiento de su situación financiera hídrica, y cuenten con el tiempo necesario para recapitalizarse para regularizar sus cuentas a la brevedad, evitando así actos de molestia imprevistos y la paralización de sus fuentes de empleo.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) interpuso una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) en contra del senador con licencia Armando Ayala Robles, solicitando el inicio de un procedimiento ordinario sancionador por presuntas violaciones y transgresiones a la normatividad electoral del estado.

La denuncia fue presentada el pasado 7 de septiembre de 2026 por Joel Abraham Blas Ramos, representante propietario del PRI ante el Consejo General del IEEBC, y dirigida a Gabino Emmanuel Castañeda Ramírez, secretario Ejecutivo del organismo electoral.

Dentro del recurso presentado, la representación del tricolor solicitó de manera puntual la intervención de las autoridades electorales para auditar los recursos empleados en las conductas señaladas.

Ve aquí el video que motivó la denuncia del PRI

Estas peticiones son: la fiscalización de gastos del senador con licencia; se requirió al IEEBC solicitar el auxilio de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) o, en su defecto, determinar directamente el monto y costo total de lo denunciado para cuantificar el gasto ejercido por señalado.

También se pidió a la Comisión de Quejas y Denuncias actuar de forma inmediata para ordenar a la empresa META el retiro de enlaces digitales y publicaciones adjuntas en la denuncia, al considerarlas pruebas de actos anticipados de campaña.

Finalmente, también solicitan instruir al Ayuntamiento de Mexicali a fin de que proceda con el retiro de la propaganda física (lonas) desplegada en la ciudad.

El escrito formal, recibido en la Oficialía de Partes del IEEBC, consta de 17 fojas e inicia el proceso para que la autoridad electoral determine las responsabilidades correspondientes.

Los tendederos de cables de las ciudades ahora afectan su paisaje, sin consulta a los bajacalifornianos

COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

La Rumorosa, ese corredor natural que pertenece a todos los bajacalifornianos amaneció atravesado por torres metálicas y cables de alta tensión. Según fuentes periodísticas, se instaló una línea eléctrica de aproximadamente 135 kilómetros sin socialización del proyecto a nivel estatal y sin una explicación clara sobre por qué se eligió precisamente este paisaje —uno de los más emblemáticos de Baja California— para colocar infraestructura tan invasiva.

La contradicción es inevitable cuando se recuerda lo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador declaró en este mismo lugar en marzo de 2020. Según notas periodísticas, AMLO afirmó que “nunca más permisos para afectar el medio ambiente, para la contaminación visual; hay que respetar la naturaleza”, y cuestionó: “¿Cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores?”. Aquella crítica iba dirigida a los aerogeneradores eólicos. Seis años después, la infraestructura que se instaló en La Rumorosa es más agresiva visualmente que los propios abanicos que el expresidente cuestionó. Las torres de acero y el cableado aéreo rompen la continuidad del horizonte y convierten un paisaje monumental en un tendedero industrial.

La relevancia cultural de La Rumorosa no es nueva. En 2019, en el Congreso de Baja California se presentó una proposición para solicitar al Ejecutivo estatal iniciar ante la UNESCO el procedimiento oficial para que La Rumorosa fuera declarada Patrimonio Natural de la Humanidad. En el 2020, la Secretaría de Cultura estatal anunció que había iniciado el procedimiento para declararla Patrimonio Cultural del Estado, como Zona de Belleza Natural y Cultural. Y en 2021, el Gobierno estatal informó que el proceso seguía en curso, con participación del Consejo de Patrimonio Cultural del Estado, del Instituto de Cultura, de dependencias técnicas y de colegios profesionales. Es decir, desde hace años existen esfuerzos formales —estatales e incluso con aspiración internacional— para reconocer el valor excepcional de este paisaje.

Hoy desconocemos el estatus de esos procedimientos: si avanzaron, si se detuvieron o si esta obra fue considerada en los expedientes. Tampoco sabemos si la afectación visual que ahora vemos tendrá impacto en esa valoración cultural. Lo que sí sabemos es que este hecho superviniente —la instalación de torres y cables— no fue presentado públicamente como parte del proceso de todos los que debimos ser involucrados. 

Sobre la consulta, según fuentes periodísticas se instaló una línea eléctrica de aproximadamente 135 kilómetros. Desconocemos si se consultó específicamente a los residentes de las zonas donde pasan los postes, o si hubo algún diálogo focalizado con ejidos o propietarios del polígono. Pero tratándose de La Rumorosa —un paisaje que pertenece a todos los bajacalifornianos, transitado diariamente y con procedimientos de valoración cultural e incluso internacional — una eventual consulta local no sustituye la obligación de socializar un proyecto de impacto visual a nivel estatal. No se convocó a la ciudadanía en general, no se abrió un periodo público de comentarios, no se socializó el proyecto con especialistas en paisaje, colegios profesionales ni organizaciones ambientales y culturales. La Rumorosa no es solo de Tecate: es de Mexicali, de Tijuana, de Ensenada, de Rosarito y de San Quintín. Si el paisaje es de todos, la consulta también debió serlo.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece mecanismos de participación pública en proyectos que alteran el entorno. El Acuerdo de Escazú garantiza el derecho de la ciudadanía a acceder a información ambiental y a participar en decisiones que afecten su territorio. En este caso, ese derecho no se ejerció de manera amplia ni estatal.

Además, existe una pregunta que nadie ha respondido: ¿por qué se eligió esta ruta y no otra con menor afectación visual? Es evidente que había alternativas. Podían pasar los cables por zonas menos sensibles, menos escénicas, menos emblemáticas. Pero probablemente eran rutas más costosas o tardadas. Y la decisión terminó afectando a uno de los paisajes más representativos del estado.

El tendedero urbano, ese desorden visual que por años hemos normalizado en nuestras ciudades, hoy se extendió hasta uno de nuestros paisajes naturales más emblemáticos. Y sería pertinente conocer la opinión de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, cuya trayectoria ha estado vinculada al ambientalismo, sobre esta afectación visual en un sitio que millones consideran parte de su identidad.

La obra ya está instalada. Pero el daño visual permanece. La Rumorosa merece respeto. El paisaje también es patrimonio de los bajacalifornianos.

*El autor es Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. y Fundador de Justicia que Transforma México A.C.