El diputado federal Gustavo de Hoyos Walther criticó el encuentro entre el fundador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, y el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, al considerar que una eventual alianza con el Partido del Trabajo (PT) encabezado por el exmandatario en la entidad sería incongruente con los principios que ha promovido ese instituto político.

A través de un video difundido en sus redes sociales, De Hoyos explicó que decidió fijar una postura luego de recibir múltiples llamadas y mensajes de ciudadanos que le preguntaron su opinión sobre la fotografía del encuentro. Recordó que, aunque no es militante de Movimiento Ciudadano, fue postulado por ese partido como candidato externo y actualmente forma parte de su bancada en la Cámara de Diputados, por lo que consideró que no podía permanecer en silencio.

Durante su mensaje, el legislador hizo un recuento de las principales controversias que, a su juicio, marcaron el gobierno de Jaime Bonilla. Entre ellas mencionó el intento de ampliar su mandato mediante la llamada “Ley Bonilla”, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el caso Next Energy, por el que recordó existen procesos judiciales; así como la inhabilitación administrativa del exgobernador para ocupar cargos públicos.

Asimismo, acusó a Bonilla de haber impulsado esquemas de presunta extorsión mediante las empresas Fisamex y Romapan para realizar cobros relacionados con el agua, además de utilizar las conferencias de prensa de su administración para exhibir a empresarios y atacar a opositores, periodistas y organismos empresariales que cuestionaban a su gobierno. También recordó que el exmandatario fue expulsado de Morena en 2023.

De Hoyos también se refirió al caso de los audios relacionados con la revocación de la visa estadounidense de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, al señalar que, si bien ha sido crítico de la mandataria, considera que la presunta suplantación de autoridades estadounidenses atribuida a Bonilla debe investigarse. Añadió que estos hechos reflejan el perfil político del exgobernador y hacen aún más cuestionable el acercamiento con Movimiento Ciudadano.

El diputado federal manifestó que le resulta “increíble” que un partido que se presenta como representante de la “nueva política” dialogue con quien, afirmó, simboliza “lo peor de la vieja política”. Recordó que Dante Delgado se había pronunciado en el pasado contra la llamada “Ley Bonilla”, por lo que consideró contradictorio el encuentro con el exgobernador.

En ese contexto, expresó que no comprende cómo Movimiento Ciudadano podría valorar una alianza con el Partido del Trabajo encabezado por Bonilla en Baja California, al que calificó como un proyecto político patrimonialista y representante de la izquierda radical en México. Sostuvo que un eventual acuerdo sería incompatible con los principios y valores que el partido naranja ha defendido públicamente.

Finalmente, Gustavo de Hoyos hizo un llamado a la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano para explicar públicamente las razones del encuentro con Jaime Bonilla y aclarar si existe la intención de construir una alianza política. Afirmó que quienes simpatizan con ese partido, así como quienes aceptaron una candidatura bajo sus siglas, merecen una respuesta clara, pues advirtió que, a su juicio, “nada bueno saldrá” de una negociación con el exgobernador de Baja California.

El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California exigió la separación inmediata del cargo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como el inicio de un juicio político en el Congreso del Estado, al considerar que perdió la confianza necesaria para continuar al frente del Poder Ejecutivo.

Mediante un posicionamiento dirigido a la opinión pública y firmado por la presidenta estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, y el secretario general, Jesús Alejandro Cota Montes, el partido sostuvo que las acciones y declaraciones de la mandataria han puesto en riesgo la seguridad de los bajacalifornianos y vulnerado la investidura del cargo.

Entre los argumentos expuestos, Acción Nacional señaló que la propia gobernadora reconoció haber manifestado a funcionarios estadounidenses su disposición para compartir información en materia de seguridad con el propósito de evitar sanciones y recuperar su visa, situación que, a juicio del partido, demuestra que perdió las condiciones de confianza indispensables para gobernar.

El PAN también afirmó que dichas declaraciones representan una vulneración a la soberanía nacional, al sostener que Marina del Pilar dijo haber proporcionado información de seguridad a personas cuya identidad, asegura el partido, ni siquiera fue acreditada y en el contexto de un posible procedimiento penal en Estados Unidos.

Asimismo, criticó que, a más de 400 días de haberse revocado la visa de la mandataria, continúe sin presentar un documento oficial que explique las causas de esa decisión, pese a que, indicó, se trata de un asunto que afecta la relación bilateral entre Baja California y Estados Unidos.

En su pronunciamiento, Acción Nacional aseguró que el Gobierno del Estado ha perdido credibilidad y confianza debido a “mentiras, irregularidades y falsedades”, además de sostener que la ciudadanía no cree en la versión de que la cancelación de la visa obedeció únicamente a un trámite administrativo.

Por ello, el PAN exigió la separación inmediata de Marina del Pilar Ávila Olmeda del cargo de gobernadora, el inicio del correspondiente juicio político en el Congreso del Estado y la realización de las investigaciones que el caso amerite para deslindar responsabilidades.

El desplegado fue respaldado por los representantes populares emanados del PAN en Baja California, entre ellos el senador José Máximo García López; los diputados federales César Israel Damián Retes y Eva María Vázquez Hernández; así como los diputados locales Santa Alejandrina Corral Quintero, Juan Diego Echevarría Ibarra y María Yolanda Gaona Medina. También aparece el respaldo de regidores, consejeros estatales y presidentes de los comités directivos municipales del partido en la entidad.

Baja California retrocedió en el ranking nacional del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al ubicarse en la posición 27 de las 32 entidades evaluadas en el estudio Estados #ConLupaDeGénero 2026, dos lugares por debajo de la clasificación obtenida el año pasado.

De acuerdo con el informe del IMCO, Baja California forma parte del grupo de entidades con desempeño medio-bajo en las condiciones para impulsar la participación económica de las mujeres. Entre los factores que explican este resultado destaca una de las mayores caídas a nivel nacional en el indicador de mujeres con educación media superior o superior, aspecto considerado determinante para facilitar su acceso al mercado laboral.

El estudio analiza 16 indicadores agrupados en tres ejes: entrada al mercado laboral, permanencia en el empleo y autonomía económica. Aunque 15 estados registraron avances durante 2026, ninguna entidad alcanzó un nivel de desempeño “muy alto”, lo que evidencia que persisten barreras estructurales para garantizar igualdad de oportunidades laborales para las mujeres.

El IMCO señala que uno de los principales obstáculos continúa siendo la distribución desigual de las labores de cuidado. A nivel nacional, las mujeres dedican 58 por ciento más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado y nueve de cada diez personas que abandonan el mercado laboral para atender responsabilidades de cuidado son mujeres.

El organismo también advierte que las mujeres reciben, en promedio, un salario 13 por ciento menor que los hombres y que únicamente el 38 por ciento de los niños de entre cero y cinco años tiene acceso a un centro de atención infantil, una cobertura que considera insuficiente para favorecer la incorporación y permanencia de las mujeres en el empleo.

En materia de autonomía económica, el informe destaca que el acceso de las mujeres a ingresos propios y a la propiedad de activos, como viviendas, sigue siendo limitado en gran parte del país. Las diferencias entre entidades son amplias: mientras en Veracruz el 38 por ciento de las mujeres no percibe ingresos directos, en Baja California Sur esa proporción es de 17 por ciento.

El ranking nacional es encabezado por Baja California Sur, seguida de Ciudad de México y Nuevo León, mientras que Oaxaca ocupa el último lugar por segundo año consecutivo. Además de Baja California, entre las entidades con mayores rezagos se encuentran Veracruz, Chiapas, Guerrero y Tabasco.

Ante este panorama, el IMCO recomendó a los gobiernos estatales fortalecer los sistemas de cuidados mediante políticas públicas específicas, asignar mayores presupuestos para este rubro y ampliar los permisos de paternidad, con el objetivo de distribuir de manera más equitativa las responsabilidades familiares, incrementar la participación laboral de las mujeres y contribuir al crecimiento económico.