La red de comunicación que la Unidad para la Atención Integral de Personas Vulnerables, Desaparecidas y No Localizadas estableció recientemente con centros de rehabilitación de Mexicali permitió localizar a un hombre de 46 años que había sido reportado como desaparecido.

Se trata de Omar Soto López, quien fue visto por última vez el pasado 14 de septiembre. Siete días después, el 21 de septiembre, aproximadamente a las 14:00 horas, la Unidad difundió su ficha de búsqueda entre los centros de rehabilitación que actualmente participan en esta red de comunicación.

La estrategia permitió obtener una respuesta inmediata del Centro de Rehabilitación Dios Restaura, ubicado en el fraccionamiento Jazmines de La Progreso, cuyos representantes informaron que Soto López había ingresado voluntariamente al establecimiento y se encontraba en sus instalaciones.

Personal de la Unidad acudió al lugar para realizar la verificación correspondiente y obtener una prueba de vida, con lo que se corroboró que el hombre se encontraba localizado. Posteriormente, la información fue comunicada a sus familiares.

En las acciones también participó la Comisión Local de Búsqueda de Personas, Coordinación Mexicali, con la que la Unidad mantiene coordinación para atender casos de personas desaparecidas y no localizadas.

De acuerdo con la información proporcionada por la Unidad, este caso representa el primer resultado positivo y verificable de la red de comunicación que comenzó a construirse con centros de rehabilitación del municipio.

La iniciativa surgió, entre otros factores, a partir de un caso recientemente difundido en el que una madre desconoció durante aproximadamente seis meses el paradero de su hijo, quien finalmente fue localizado en un centro de rehabilitación.

A partir de esa experiencia, la Unidad identificó la necesidad de contar con canales de comunicación más ágiles con establecimientos donde eventualmente pudiera encontrarse una persona reportada como desaparecida o no localizada.

La estrategia busca que, ante un reporte, la ficha de búsqueda pueda ser difundida de manera inmediata entre los establecimientos que forman parte de la red y que, en caso de que alguno tenga conocimiento de la presencia de la persona buscada, pueda informar a las autoridades para realizar la verificación correspondiente.

La Unidad aclaró que este mecanismo no sustituye las carpetas de investigación, los protocolos oficiales de búsqueda ni las facultades de las autoridades competentes, sino que pretende funcionar como una herramienta operativa adicional para agilizar las labores de localización.

Actualmente, la red incluye solamente una parte de los numerosos centros de rehabilitación que operan en Mexicali, aunque se prevé ampliar progresivamente el número de establecimientos participantes.

Paralelamente, la Unidad ha planteado ante autoridades municipales, estatales y federales la necesidad de desarrollar mecanismos institucionales de intercambio y consulta de información que permitan facilitar la búsqueda de personas que pudieran encontrarse en centros de rehabilitación, albergues, instituciones de asistencia u otros establecimientos de atención especializada.

El objetivo, señala la Unidad, es reducir los tiempos de respuesta y evitar que la falta de comunicación directa con determinados establecimientos represente un obstáculo para las familias y las instituciones encargadas de la búsqueda.

La estrategia contempla que el intercambio de información se realice bajo los principios de legalidad, protección de datos personales, respeto a los derechos humanos y coordinación interinstitucional.

El caso de Omar Soto López constituye el primer resultado documentado de este mecanismo, luego de que la difusión de su ficha permitiera obtener información sobre su paradero y realizar su localización y verificación en el mismo día.

Ciudadanos de San Quintín solicitaron a las autoridades competentes realizar una investigación, inspección y verificación ambiental a las actividades presuntamente realizadas por la empresa Vector Servicios Integrales en un predio ubicado en el rancho “La Trinidad”, al final de la colonia Santa Fe Braulio Maldonado, en aquel municipio.

Mediante el oficio número 001/2026, fechado el 11 de septiembre, pidieron revisar posibles descargas de líquidos, manejo y almacenamiento de aguas residuales, así como eventuales afectaciones al suelo y subsuelo, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta.

De acuerdo con el documento, en el sitio presuntamente operarían entre dos y tres pipas utilizadas para realizar descargas, por las cuales se cobrarían aproximadamente 500 pesos por unidad. Ante ello, se solicitó identificar a los propietarios y operadores, conocer el material transportado y el destino de las descargas, además de verificar si cuentan con las autorizaciones correspondientes.

La solicitud también plantea revisar si dentro del predio se almacenan plásticos impregnados con sustancias químicas, así como determinar su origen, características, manejo y almacenamiento, además de comprobar la existencia y vigencia de permisos emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y otras autoridades.

Uno de los puntos señalados es la posible existencia de una filtración hacia el suelo y subsuelo, cuya antigüedad se estima de manera preliminar en alrededor de dos años.

El documento también solicita verificar la capacidad técnica y legal del predio para recibir descargas y determinar las razones por las que algunas empresas que anteriormente utilizaban el lugar supuestamente dejaron de tener acceso.

Asimismo, se pide aclarar la afirmación sobre la existencia de un supuesto “único cárcamo de San Quintín” e identificar los demás cárcamos e instalaciones existentes en la zona, junto con sus respectivas autorizaciones.

Entre las acciones solicitadas se encuentran una inspección física del predio, revisión de permisos, concesiones y trámites; identificación de pipas, operadores y propietarios; análisis de la naturaleza y procedencia de los líquidos y residuos; revisión del manejo de materiales impregnados con químicos y verificación de posibles cobros por las descargas.

Finalmente, los ciudadanos solicitan que, en caso de acreditarse alguna irregularidad, las autoridades establezcan las medidas correctivas, de remediación y, en su caso, las sanciones que correspondan conforme a la normatividad ambiental.

Los residentes cercanos al sitio de las descargas señalan que los olores son muy fuertes, y que al parecer la empresa Vector, dedicada a limpieza de fosas sépticas, no contaría con los permisos correspondientes, por eso insisten para que las autoridades actúen.

También denunciaron las descargas con Conagua desde septiembre del año pasado sin que el titular, Manuel Guerrero les de respuesta, solo evasivas.

Jorge Fernando Martín del Campo Quirarte es un abogado cercano y aliado político de Francisco Pérez Tejada Padilla, mejor conocido como “Panchito”. Durante el XX Ayuntamiento de Mexicali, cuando era presidente municipal, ese Martín del Campo Quirarte era su tesorero municipal.

Debido a las decisiones financieras tomadas de forma conjunta durante ese trienio, ambos compartieron un largo historial judicial. En 2014, el Sindicato de Burócratas interpuso demandas penales en su contra, lo que llevó a que en noviembre de 2016 tanto el exalcalde Pérez Tejada como el extesorero Martín del Campo fueran vinculados a proceso penal de manera conjunta como presuntos coautores del delito de Abuso de Autoridad por el desvío de más de 440 millones de pesos en cuotas destinadas al ISSSTECALI.

Enfrentaron todo este proceso legal como coacusados y compartieron la misma estrategia de defensa jurídica. Ramón Martín del Campo Quirarte es parte de los cercanos a Panchito, y quien firma el contrato del programa de cobranza de cartera vencida para el Ayuntamiento de Mexicali, AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-14-25.

El contrato fue una adjudicación directa y no una licitación. El Comité de Adquisiciones avaló este procedimiento recurriendo a las excepciones de la ley estatal argumentando la contratación de servicios profesionales especializados. Al tratarse de un esquema de consultoría legal, peritaje fiscal y cobranza bajo “honorarios por éxito” (comisión del 30% del monto efectivamente recuperado), el Ayuntamiento justificó que la capacidad técnica, la experiencia en litigio y la estructura del despacho eran las óptimas, obviando así la necesidad de convocar a un concurso o licitación pública abierta de proveedores.

Esa es la explicación oficial, pero la verdad es que Panchito no tiene llenadera. No le bastó con rentar el Cine Lux al menos durante un año sin que le movieran nada al inmueble abandonado. Luego hizo que el Ayuntamiento le pagara las remodelaciones por más de 15 millones de pesos, y que el contrato se extendiera por 20 años. También quiere meter mano en otros contratos que ni siquiera licitaron -al menos ese procedimiento le hubiera dado un toque de legitimidad-, para asegurar la mejor oferta.

Sabiendo cómo se maneja Norma Bustamante, Panchito Pérez Tejada, Claudia Beltrán y Marina del Pilar, si camina como pato, hace como pato y parece pato, pues es un pato.

El contrato fue por 10 millones de pesos a partir del 26 de junio de 2025 hasta el último día de ese mismo año, a cargo del despacho jurídico Rodríguez, Martín del Campo y Asociados. Votaron a favor la representante de la oficial mayor; el tesorero, Roger Sosa; Alfredo Wong, presidente de la Comisión de Administración; y César Castro, presidente de la Comisión de Hacienda. Con voz pero sin voto, también respaldaron la propuesta el secretario técnico, que no firmó el documento, y la sindicatura municipal, representada por Maricela López Ocampos.

También en ese año, se le dio una adjudicación directa a Skath Benjamín García Núñez, por “Servicio de tratamiento químico de agua helada para chiller del Gobierno Municipal de Mexicali”, por casi 750 mil pesos.

Y no se diga a las empresas de “consultoría” del jefe de la hija de la alcaldesa, Lumina profesionales en Consultoría, por 10 millones 440 mil pesos por “asesoría y acompañamiento para el diseño, gestión y ejecución de los proyectos estratégicos y compromisos prioritarios del XXV Ayuntamiento”. Solo hay que ponerle un nombre rimbombante y listo, jamás sabremos si efectivamente hicieron algo, ni Lumina ni los Martín del Campo con la recaudación del predial.

También hay un contrato muy curioso con Maleny Arvizu Limón, una adjudicación directa para la adecuación de espacios de la sala de juntas de la presidencia municipal, por 754 mil pesos, recursos federales por cierto.

Encontramos que se le dio un contrato por difusión en el 2022, por la legislatura pasada, por spots de radio y televisión. La vigencia eran los últimos tres meses de ese año, por lo cual le pagaron 852 mil 600 pesos. El contrato carece de firmas, por cierto.

Buscando quién es, no encontramos mucha información, pero de que es multifacética lo es, pues igual cobra por difusión institucional que por la rehabilitación de espacios de trabajo, como el que firmó para adecuar la sala del personal de la coordinación de control patrimonial de la Oficialía Mayor, por 1 millón 279 mil pesos, en julio del año pasado.