El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC) revocó el acuerdo mediante el cual la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) había desechado una denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla.

La resolución corresponde al expediente RI-10/2026, promovido por el representante del PRI, Joel Abraham Blas Ramos, quien impugnó la decisión de la autoridad electoral de desechar la queja identificada con el número IEEBC/UTCE/CA/15/2026.

En sentencia aprobada por mayoría de votos, el Tribunal determinó que la autoridad electoral estatal deberá realizar un análisis de fondo de los hechos denunciados y de las pruebas aportadas por el partido político, particularmente respecto a la posible comisión de actos anticipados de precampaña y campaña.

Asimismo, el órgano jurisdiccional ordenó que, de no existir alguna causa distinta de improcedencia, se admita la queja respecto de las conductas denunciadas relacionadas con promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y entrega de despensas o apoyos en especie, para que se sustancie el procedimiento ordinario sancionador correspondiente.

La sentencia también instruye a la Unidad Técnica a llevar a cabo las diligencias de investigación necesarias para esclarecer los hechos denunciados, incluyendo aspectos relacionados con el origen, financiamiento, modalidad y alcance de la propaganda señalada en la denuncia.

En su análisis, el Tribunal consideró aplicable un criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según el cual las denuncias por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña pueden presentarse incluso cuando no exista un proceso electoral en curso, debido a que buscan proteger el principio de equidad en la contienda.

Los magistrados señalaron que la autoridad electoral deberá valorar si existe una posible estrategia de posicionamiento político con impacto en el próximo proceso electoral y pronunciarse sobre todas las conductas denunciadas que originalmente fueron omitidas en el acuerdo de desechamiento.

Además, el TJEBC ordenó al IEEBC informar sobre el cumplimiento de la sentencia dentro de las 24 horas posteriores a su ejecución. En caso de incumplimiento, advirtió la imposición de una multa equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, 1 mil 173.10 pesos.

La resolución fue emitida el 15 de junio de 2026 y revoca de manera definitiva el acuerdo de desechamiento dictado el pasado 20 de abril, por lo que la denuncia deberá ser nuevamente analizada por la autoridad electoral estatal.

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría el inicio de un juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda. La decisión se tomó este viernes con seis votos a favor (de diputados del PRI, PAN y uno de Morena). La sesión se realizó sin la presencia de dos diputados de Morena ni de una legisladora del PVEM.

La denuncia, presentada por la bancada de Morena, acusa al mandatario de triangulación de recursos públicos por casi mil millones de pesos, al parecer desviados a despachos o empresas relacionadas con su familia, lo que se encuadra en el delito de peculado.

Los siguientes pasos en el proceso, es la notificación a García, a quien le otorgarán cincó días hábiles para presentar su defensa por escrito o de manera presencial, y luego el expediente pasará al Pleno del Congreso local para continuar el procedimiento.

De avanzar, el caso podría remitirse al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, que sería el encargado de determinar posibles sanciones, incluyendo la destitución o inhabilitación.

Este es uno de los varios intentos de juicio político que se han impulsado contra García en los últimos meses, algunos relacionados con presuntas violaciones electorales y omisiones en la publicación de decretos.

Hasta el momento, el gobernador Samuel García no ha emitido una declaración oficial sobre esta nueva aprobación. El proceso se encuentra en sus primeras etapas y podría enfrentar recursos legales por parte de la defensa del mandatario.

Tras obtener un amparo favorable que le permitió mencionar el nombre y cargo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el exdiputado y comunicador Marco Antonio Blázquez vuelve a ser citado por la justicia.

El amparo fue concedido contra un proceso legal impulsado a petición de la mandataria, el cual incluía una restricción que le impedía referirse públicamente a ella por su nombre y cargo. Con la resolución judicial, esa medida cautelar fue levantada.

Sin embargo, ahora Blázquez ha sido citado nuevamente. Mañana sábado 13 de junio de 2026, a las 8:00 de la mañana, deberá presentarse en Tijuana a una audiencia de revisión de medidas de protección.

En el documento oficial se le advierte expresamente que, en caso de incomparecencia injustificada, se podrá solicitar una orden de aprehensión en su contra.

Esta nueva citación ocurre a pesar del amparo recientemente ganado por Blázquez, lo que ha generado cuestionamientos sobre la persistencia de las acciones legales en su contra.