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Algo cada día: El teatro del absurdo

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COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

La política mexicana vuelve a demostrar que, cuando está en problemas, prefiere montar un espectáculo antes que enfrentar la realidad. La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada y contrabando, parece menos un acto de justicia que un intento por desviar la atención de otro asunto mucho más delicado.

No hace falta buscar explicaciones complicadas sobre el momento en que ocurrió el arresto. Fue una decisión política mal ejecutada. En Palacio Nacional y entre sus aliados parece haber más preocupación por apagar el escándalo que rodea a la gobernadora Marina del Pilar Ávila que por castigar los presuntos delitos de un exgobernador. Si Ruffo cometió un delito, deberá responder ante los tribunales. Pero el verdadero problema para el gobierno está en otro lado.

Todo apunta a que la detención busca quitar reflectores a los audios filtrados donde, presuntamente, la gobernadora habla de obtener protección e inmunidad a cambio de colaborar con agencias extranjeras. Más allá de quiénes sean sus interlocutores, el asunto de fondo es muy serio. Si un gobernante ofrece información o favores a otro país para protegerse políticamente, el tema deja de ser un simple escándalo y entra en el terreno de la lealtad al Estado mexicano.

Pensar que la opinión pública olvidará ese tema porque detuvieron a un exgobernador de hace décadas es subestimar la inteligencia de los ciudadanos. La maquinaria oficial ha difundido ampliamente la noticia de Ruffo, pero el resultado parece ser el contrario: en lugar de apagar el incendio, ha provocado que más personas vuelvan a mirar hacia Baja California y a preguntarse qué está ocurriendo realmente.

Si el gobierno de Claudia Sheinbaum cree que la justicia puede aplicarse solo cuando conviene políticamente, está corriendo un riesgo muy grande. La vieja estrategia de crear un escándalo para ocultar otro cada vez funciona menos. Hoy la gente tiene más información, compara versiones y saca sus propias conclusiones.

Lo preocupante es que cada vez parece más claro que la Fiscalía actúa con criterios políticos y no únicamente jurídicos. Mientras tanto, los audios que involucran a la gobernadora siguen ahí. No desaparecen con conferencias de prensa ni con detenciones espectaculares.
Al final, el caso Ruffo podría recordarse no por sus implicaciones legales, sino como el intento de un gobierno por desviar la atención de un problema mucho más grave. La pregunta ya no es solamente qué hizo un exgobernador hace años, sino hasta dónde está dispuesto a llegar el poder para proteger a quienes hoy lo representan.

El laberinto del miedo

Si la detención de Ruffo fue una cortina de humo, lo realmente preocupante es preguntarse por qué el gobierno sintió la necesidad de lanzarla. La respuesta parece sencilla: miedo.

No da la impresión de que el oficialismo esté protegiendo a sus integrantes por lealtad o por principios. Lo hace porque teme que, si alguno se siente abandonado, termine colaborando con autoridades extranjeras para protegerse. Cuando eso ocurre, significa que dentro del propio gobierno la confianza empieza a romperse.

La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta un problema que va más allá de la oposición. El verdadero riesgo parece estar dentro de su propio movimiento. Cuando un grupo político comienza a desconfiar de sus propios integrantes, las decisiones dejan de tomarse con serenidad y empiezan a responder al temor de perder el control.

En ese contexto, la Fiscalía General de la República del Bienestar da la impresión de actuar más como herramienta política que como una institución dedicada exclusivamente a impartir justicia. Al mismo tiempo, un Poder Judicial del Bienestar cuestionado y debilitado genera la percepción de que existen pocos contrapesos para frenar posibles abusos. Y quien termina pagando las consecuencias es el ciudadano común.

Por eso cada vez más personas depositan su esperanza en instituciones extranjeras. Es una señal muy preocupante para cualquier país. Cuando la gente confía más en autoridades de otro lugar que en las propias, significa que las instituciones nacionales han perdido buena parte de su credibilidad.

Todo indica que veremos más detenciones mediáticas, más conferencias y más intentos por cambiar la conversación pública. Pero esas estrategias difícilmente resolverán el problema de fondo. La confianza no se recupera con propaganda.

La historia demuestra que los gobiernos que actúan desde el miedo suelen cometer sus peores errores. Cuando el objetivo principal deja de ser gobernar y pasa a ser sobrevivir políticamente, las decisiones terminan agravando la crisis.

Hoy la verdadera pregunta no es si el oficialismo logrará contener el desgaste. La duda es cuánto daño institucional dejará antes de que esta crisis llegue a su desenlace.

Antes del desenlace

La decisión de la jueza de vincular a proceso a Ernesto Ruffo Appel y mantenerlo recluido en el penal del Altiplano cambió el tablero político, pero no necesariamente el fondo del problema. A partir de ahora, el gobierno federal puede afirmar que no fue solo la Fiscalía quien actuó, sino también un Poder Judicial que encontró elementos suficientes para continuar el proceso. En términos de comunicación política, Morena consiguió un respiro.

Pero un respiro no es una absolución política. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria. Significa, simplemente, que existen indicios para llevar el caso a juicio. La verdadera prueba vendrá cuando las evidencias sean sometidas al escrutinio de un tribunal. Ahí terminará la política y comenzará el derecho. O, al menos, eso debería ocurrir, aunque con los jueces del bienestar todo puede ocurrir.

El problema para el oficialismo es que la sospecha sobre el momento elegido para actuar, insisto, no desaparece. La detención ocurrió en plena tormenta provocada por los audios que involucran a la gobernadora Marina del Pilar Ávila. La resolución judicial fortalece la narrativa del gobierno, sí, pero no borra la percepción de que el caso también tuvo una utilidad política: cambiar la conversación pública.

Ahora Morena enfrenta un desafío mucho mayor. Si el expediente contra Ruffo es sólido y concluye con una sentencia sustentada en pruebas contundentes, el gobierno podrá presumir que nadie está por encima de la ley. Pero si el caso se desmorona por errores procesales, pruebas insuficientes o inconsistencias, la historia cambiará por completo. Lo que hoy parece un triunfo podría convertirse en el ejemplo más claro de justicia utilizada como herramienta política.

Y hay otro riesgo que el oficialismo no debería minimizar. Mientras despliega toda la fuerza del Estado contra un exgobernador panista, la opinión pública sigue esperando el mismo rigor frente a los señalamientos que pesan sobre funcionarios del propio movimiento. La justicia pierde credibilidad cuando parece tener calendario político y destinatarios selectivos.

Por eso el caso Ruffo dejó de ser solamente el juicio de un exgobernador. Se convirtió en el juicio de la propia Fiscalía, del nuevo Poder Judicial y del discurso presidencial que promete una justicia pareja para todos.

Al final, la pregunta ya no es si Ernesto Ruffo será declarado culpable o inocente. La verdadera incógnita es si el gobierno podrá demostrar que este proceso responde exclusivamente a la ley y no a la necesidad de sobrevivir a una de las peores crisis políticas que ha enfrentado desde que llegó al poder. Porque una sentencia puede cerrar un expediente, pero solo la imparcialidad puede cerrar la duda.

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Matices: El des-control de daños

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Este jueves fue de mañanera en la capital bajacaliforniana. Como siempre, tratan de controlar la narrativa y contener las posibles preguntas que metan en aprietos a la administración estatal. Además de “sugerir” preguntas al inicio de los cuestionamientos, también en plena conferencia le mandan mensaje a algunos medios para preguntar si quieren preguntar, cuando en el formato de registro dice “¿desea hacer una pregunta?”, pero claro, ellos quieren controlar quién toma la palabra.

Lo hemos dicho antes y lo volvemos a decir: las mañaneras son pura simulación; es un “ejercicio democrático” donde se acuerdan preguntas, se evade a ciertos medios, se llama a tres personas diferentes a contestar ampliamente una pregunta para acabarse el tiempo y su buscan aliados que le entren al juego. La única razón para tenerle miedo a los cuestionamientos que se puedan hacer ahí es no poder ofrecer respuestas satisfactorias.

En la mañanera de hoy, además de pasar todo lo anterior, la prensa criticó duramente la actuación del gobierno estatal ante la falta de energía eléctrica que afectó amplias zonas durante las trombas del viernes y el domingo.

Marina del Pilar empezó recordando la visita de la presidenta, la inversión anunciada, que ya tenemos suficiencia energética (lo cual es falso), queriendo mostrar a todos el mundo de fantasía en el que vive. No importa cuántos postes se reemplacen, cuántas plantas se inauguren, la cantidad de torres de energía de Tijuana a Mexicali ni los millones de pesos que anuncien de inversión, porque mientras se sigan cayendo postes cada que hace viento y tarden tres días en las reparaciones, todo lo demás son discursos.

Se le reclamó a la gober la falta atención a la gente que quedó sin energía, sin ofrecerles albergue e insumos, lo que la sorprendió y anunció regaños a sus colaboradores por no hacer el trabajo que les corresponde.

Por cierto, que su “flamante” coordinador de gabinete no fue presentado ni en la mañanera de Tijuana ni en la de Mexicali. Al menos tiene la vergüenza de no exhibir a Ariel Lizárraga. Su fiel escudero, Néstor Cruz, al parecer tiene el don de la ubicuidad, pues mientras sigue siendo el coordinador de comunicación de Morena, también tiene oficina en el tercer piso del Poder Ejecutivo.

Con el regreso de este par a su antiguo feudo, al personal de Comunicación Social se le borró la sonrisa, pues Ariel retomará el control que tenía con mayor poder. Por lo que respecta a la apertura en las mañaneras y eventos públicos a donde la prensa no es invitada, no ha habido ninguna diferencia.

Pasando a otro tema, en la madrugada del 30 de agosto, pasaban de las 4 de la mañana cuando en José Sánchez Islas y Francisco L. Montejano, frente al bar El Copeo, atropellaron a un hombre de entre 30 y 35 años.

De acuerdo con reporte policiaco, deducen que el vehículo involucrado circulaba con dirección de norte a sur por L. Montejano y al llegar a la altura del Copeo, se encontraban unas personas peleando, cuando uno de ellos invadió el carril de circulación, interponiéndose en la trayectoria de la unidad, de la que se desconocen características, dándose a la fuga.

Eso quiere decir que el bar propiedad de los socios de Luis Alfonso Torres Torres está gozando de horas extras, que esperamos -y le pedimos a Rodrigo Llantada nos facilite las pruebas- esté pagando puntualmente al Ayuntamiento de Mexicali. Esta desconfianza es porque RadarBC ya publicó hace tiempo que a El Copeo en Mexicali se le cobraron pocas horas extras que sí utilizaba cada fin se semana, pero en ese entonces el responsable de la omisión era el entonces secretario del ayuntamiento de la capital, Daniel Valenzuela.

Pasando a otra cosa, se acabó el amor entre Armando Samaniego y Norma Bustamante, pues el diputado federal se le fue a la yugular con el tema del millonario presupuesto que se ha llevado la adecuación y renta del Cine Lux.

Hoy en conferencia de prensa, calificó el tema como una de las verguenzas de Mexicali e invitó amablemente a las autoridades municipales a informar detalladamente en qué se ha gastado cada peso, lo cual prometió la alcaldesa informar desde poco antes de semana santa, sin que hasta la fecha haya cumplido su palabra.

Hasta dijo que la oficial mayor, Claudia Beltrán, demostraría que la empresa ha regresado dinero y que lograron bajar la renta. Aquella renta que ella había dicho sería de 50 mil pesos al mes (le faltó un cero) y que quedó en 519 mil al mes.

Claudia quedó peleada con Marina del Pilar por este tema, por ensartales el contrato en beneficio de su amigo Panchito Pérez Tejada, y ahora Samaniego aprovechará el tema del Cine Lux para golpear a su posible oponente a la alcaldía, la Oficial Mayor.

Finalmente, qué traerá la líder estatal del PAN, Lizbeth Mata, que anunció esta semana que se registraron cinco contendientes a la gubernatura, y entre ellos mencionó al empresario Mario García Franco, pero este negó a sus amigos que hubiera hecho tal cosa. O Liz está metiendo ruido innecesario a la elección o de plano no sabe ni quién se registró.

Lamentable también que estén midiendo en encuesta telefónica a la hija de Ruffo; se hizo mediática hace 15 minutos por el asunto de la encarcelación de su padre y el partido ya le está viendo cara de candidata. Así de desesperados están los blanquiazules por la falta de figuras con buena reputación.

También no hay que dejar de mencionar que en la encuesta telefónica para medir candidatos fuertes a la alcaldía de Mexicali, no están considerando ni a Modesto Ortega ni a Margarita de Sánchez. Si prometieron una contiena interna honesta, pareja y transparente, pues tienen que ofrecer piso parejo a todos, les guste o no, porque al abrir el proceso a los ciudadanos, se espera que tengan el más claro sistema de medición para que haya pocas dudas y mucha unidad.

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Las audiencias y el debate sobre veracidad de noticias y opiniones

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COLUMNA INVITADA/ Por Guillermo Rivera Millán

Detrás del ruido sobre censura que generó la publicación de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias hay una pregunta más precisa que el debate apenas rozó: ¿qué significa exigir veracidad a una noticia sin exigir lo mismo a una opinión? El artículo 12 obliga a preservar pluralidad y veracidad; el artículo 18 pide “elementos mínimos” para sostener que una noticia era veraz al difundirse. Ninguno define qué cuenta como elemento mínimo, ni distingue con claridad dónde termina el hecho verificable y dónde empieza el juicio de valor protegido sin ese estándar.

Esa imprecisión no es un detalle menor. La Corte Interamericana y la Primera Sala coinciden en que no puede exigirse a un periodista demostrar la verdad absoluta de lo publicado, sino diligencia razonable para verificarlo antes de hacerlo público. Las opiniones, por su naturaleza, no se someten a ese escrutinio salvo que aparenten fundarse en hechos que el propio emisor introduce sin sustento. Los Lineamientos no incorporan expresamente esa distinción tripartita —opinión pura, información de hecho, opinión con base fáctica— que ya es un estándar consolidado. Dejarla fuera del texto no la elimina; traslada su definición a la práctica administrativa de la Comisión, con el riesgo de que cada caso se resuelva sin criterios previsibles.

A esto se suma un elemento que vuelve más compleja la discusión: en materia de libertad de expresión, la afectación no surge solo cuando la autoridad sanciona. La sola existencia de un estándar ambiguo produce un efecto inhibidor: redacciones que ajustan contenidos, moderan afirmaciones o evitan opiniones con base fáctica por temor a que la Comisión considere insuficientes los “elementos mínimos”. Esa autocensura inmediata abre la puerta a convertir al artículo 18 en una norma autoaplicativa desde su entrada en vigor, lo que abre la puerta a su impugnación en abstracto sin esperar la primera multa.

Hay además un reverso que el debate ha ignorado: la veracidad también es condición del derecho de réplica reconocido en el artículo 6º constitucional. Sin un estándar claro, el ciudadano no puede defenderse frente a información falsa que le cause un agravio. El problema de los Lineamientos no es exigir veracidad, sino hacerlo sin definirla: la incertidumbre desnaturaliza simultáneamente la libertad de prensa y la efectividad del derecho de réplica, dejando a periodistas y audiencias sin parámetros previsibles.

¿Procede impugnar este vacío? La respuesta depende menos de un tecnicismo procesal y más de qué tan concreta sea la afectación acreditable. Un concesionario con interés jurídico directo puede cuestionar desde ahora obligaciones ya exigibles, como contar con código de ética y criterios editoriales definidos. La aplicación del estándar de veracidad, en cambio, suele ser más difícil de combatir en abstracto, aunque el efecto inhibidor fortalece la argumentación de autoaplicatividad. Hay, además, un segundo frente: exigir a la propia Comisión que incorpore el estándar de diligencia razonable en su práctica de supervisión antes de que un caso concreto obligue a un tribunal a hacerlo por ella.

Conviene ser explícito sobre las imprecisiones detectadas. El texto no aclara si “elementos mínimos” equivale al estándar interamericano de diligencia razonable o a algo más cercano a la certeza. Tampoco distingue con nitidez los tres escenarios que la Primera Sala ha desarrollado para expresiones de interés público. Y la facultad de supervisión del artículo 52, redactada en términos abiertos, no acota quién verificará la diligencia ni bajo qué procedimiento, dejando un margen de apreciación mayor al deseable cuando el objeto supervisado es discurso público.

Hay una tensión de fondo: proteger a las audiencias exige que alguien defina, en el margen, qué es suficientemente veraz. Ese alguien puede ser el propio medio, un defensor independiente, un tribunal o una comisión administrativa. Organizaciones como ARTICLE 19 han insistido en que esa definición no debería recaer en una autoridad dependiente del Ejecutivo; la CIRT ha planteado, desde otra posición, la misma preocupación.

Una salida regulatoria viable consiste en trasladar la definición de los “elementos mínimos de veracidad” a los propios Códigos de Ética de los concesionarios. Estos instrumentos sí son obligatorios, generan obligaciones inmediatas y pueden impugnarse. Incorporar ahí el estándar de diligencia razonable y la distinción tripartita permitiría que la predictibilidad dependa de pautas profesionales y no del arbitrio político del regulador. Esa cláusula de conciencia editorial cerraría el vacío normativo sin esperar una reforma legislativa o una impugnación de quien se considere afectado.

  • Director General De la Peña y Rivera S.C. y Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

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Matices: Como Pedro por su casa

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Este sábado vino Pedro Haces Barba a Baja California a celebrar el 15 aniversario de su sindicato, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). Estuvo acompañado por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, el alcalde de Tijuana Abdiel Gutiérrez -el evento fue en el audirama de El Trompo en esa ciudad-, el exsecretario del Trabajo estatal, Alejandro Arregui, junto a su pariente, el diputado Diego Lara Arregui, el presidente del congreso, Eligio Valencia, la diputada federal Nancy Sánchez y la delegada del CATEM en el estado, Patricia Sosa.

Pedro Miguel Haces Barba es actualmente diputado federal por representación proporcional de Morena en la LXVI Legislatura y Coordinador de Operación Política del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Por más de 30 años perteneció al PRI, compartiendo este pasado tricolor con Andrés Manuel López Obrador y otros ahora morenistas como Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, y Manuel Bartlett. Gobernadores como Alfonso Durazo, Layda Sansores, Américo Villareal y David Monreal. Políticos estatales como Nancy Sánchez, Fernando Castro Trenti y Alejandro Arregui.

Haces Barba es secretario general y fundador de la CATEM, que es la versión morenista de la CTM y él mismo un intento de Fidel Velázquez, pues desde que inventó ese sindicato en 2012 ha estado al frente al frente del mismo. Se parece a ciertos líderes magisteriales que se fueron del SNTE a fundar sus sindicatitos como el Sete, el Siete y otros, porque “no había democracia” y resulta que nunca han llamado a elecciones. Las cuotas son adictivas, y si no pregúntenle a Virginia Noriega, quien lleva décadas al frente del sindicato de salud estatal.

Los cerca de 4 mil asistentes al evento de ayer tenían una bolsa de tela con una gorra y una camiseta, todo con el logo de CATEM, además de sombrillas blancas también con el distintivo del sindicato, por si hay dudas del poder económico y político de Haces Barba.

Afuera del evento pudimos contar al menos 30 autobuses que sirvieron para el acarreo de personas que asistieron desde todos los municipios de Baja California.

Llamó la atención que la gente de Comunicación Social de Gobierno del Estado de la Zona Costa estaba muy pendiente de todo, como si fuera un evento oficial. Contrario al evento del año pasado a donde acudieron la crema y nata de los políticos morenistas del estado, aquí solo vinieron los mencionados en el presidium y sentaditos entre el público estaban el alcalde de Tecate, Román Cota y la diputada local Evelyn Sánchez.

En su discurso, el acaudalado líder sindical, expresó: “Quiero saludar y reconocer a una mujer. A una mujer que tiene toda mi solidaridad, mi apoyo, mi afecto y el respaldo de todas y todos los trabajadores pertenecientes a los sindicatos de CATEM en todo el país. Por que es una mujer que tiene las manos limpias, es una mujer de primera, es una mujer que quiero mucho. Gracias gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda por permitirnos hoy estar aquí contigo y tienes todo el respaldo de la clase obrera catemista del país”.

Al empezar los aplausos, como impulsados por un resorte, se pusieron de pie Alejandro Arregui, su pariente el diputado y Nancy Sánchez, y después fueron seguidos por el resto del presidium. “Vamos a darle un aplauso de pie todos los que estamos aquí presentes a la gobernadora Marina del Pilar Avila… Gobernadora, Gobernadora, Gobernadora…” Así forzó Pedro ese “apapacho” tan necesitado por la mandataria, que ya no siente lo duro sino lo tupido.

“Fuiste mi amiga antes de ser gobernadora, hoy que eres gobernadora y el día que dejes de ser gobernadora, siempre seremos grandes amigos. Qué viva Marina del Pilar” remarcó el líder de CATEM. Quedan estas palabras aquí asentadas para ver si en el futuro sigue pensando lo mismo.

A su vez, Marina del Pilar, en su discurso, expresó del CATEM que es un sindicalismo humanitario, moderno y digno. “Pedro, amigo, bienvenido a tu casa, Baja California”, agregó.

Le dijo que lo quería mucho y le agradeció el apoyo que le ha brindado siempre. Aquí está el músculo territorial del nuevo sindicalismo mexicano, indicó. “Esta siempre será tu casa Pedro”.

Empleados de la Junta de Conciliación fueron no solamente forzados a ir, sino a llevar a su vez a dos acompañantes, bajo la pena de sufrir las “consecuencias” de no apoyar. Estaremos pendientes de nombres y consecuencias esta semana en todas las oficinas que tienen que ver con la Secertaría del Trabajo, donde sigue operando Alejandro Arregui, a quien su padrino político destapó ayer y dijo que era “su gallo”.

Nos cuentan que tanto Arregui como Samaniego ya tienen comprada su candidatura a las alcaldías de Ensenada y Mexicali, y sería por eso que nadie más de Morena ha levantado la mano tan evidentemente como ellos.

En otro tema, nos cuentan que el equipo de comunicación de Julieta en Mexicali no da una. Integrado por el director de comunicación del Ayuntamiento de Mexicali, Edgar Covarrubias y su esposa la diputada Michelle Tejeda, no le pasan información a varios medios porque según Michelle tal reportera le coquetea a su marido, ese otro medio le cae gordo a él, y puras de esas.

Hasta hace unos días el reporte era que la candidatura sería para mujer en Baja California, y eso significaba que sería Julieta la elegida. Pero en los últimos días algo cambió y ahora los informes dicen que será para hombre, lo que favorece la elección de Burgueño, quien en las encuestas va arriba de la senadora con licencia por un par de puntos.

En un extraño video que el alcalde con licencia grabó ayer, enfatizó que la unidad es lo más importante dentro de Morena, donde no han cesado los golpes internos. Quiere posicionarse como continuador leal del proyecto de la 4T, por encima de rivalidades personales o faccionales.

Busca también apelar a la nostalgia subiéndose a la ola de Andrés Manuel sin dejar atrás la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un video de posicionamiento más que de propuestas concretas.

Si Julieta es Marina es Pilar, Burgueño es Carlos Torres. Al final todo va al mismo objetivo: que la siguiente administración tape el cochinero que deja Marina del Pilar y Carlos Torres.

Esta semana quedó en evidencia que Carlos Torres nunca se ha ido, al sacar de las sombras a su más oscuro operador Ariel Lizárraga, y darle un cargo público -coordinador de gabinete- a pesar de su pasado con denuncias por violación y acoso sexual.

Quien fuera funcionario de tercer nivel de Comunicación, sin ninguna herencia o lotería de por medio, ahora tiene un viñedo, varios terrenos, una mansión en Tijuana y quién sabe qué otras cosas más.

Él y Néstor Cruz ya han tomado posesión de la oficina junto a la de la gobernadora, paseándose por su exfeudo y poniéndole los pelos de punta a más de tres que pensaban se habían librado para siempre de ese par. Pero bueno, así de desesperada está Marina del Pilar para confiar los últimos meses de su administración a los reyes del moche de los contratos de comunicación.

En este curiosa encuesta el secretario general de gobierno de Tijuana, Ramón Vázquez, usó la página oficial de su cargo para votar por él mismo, pero lo que llamó más la atención fue el dueño de seguidores comprados: los europeos de Teresita Balderas y los asiáticos de Vázquez.

Seguidores de Teresita Balderas.
Seguidores asiáticos muy pendientes de la política en Tijuana.

Y hablando de Tijuana, Ismael Burgueño tiene a Juan Luis González Burgueño, su primo metido en la nómina municipal, además de Omar Mauricio Martínez Barrera, cuñado del alcalde cuando le dio trabajo.

El de la izquierda es Martínez Barrera.

Además de ese conflicto de interés, porque los tiene trabajando con su honey, la síndico, al “doctor” Ismael Burgueño como que se le ha olvidado solicitar alguna de sus cédulas pofesionales pues ni no aparece ni licenciatura, ni maestría, ni doctorado. La tablilla de mandamientos de la 4T recordemos que empieza con “no mentir, no robar, no traicionar”, y pues mientras no demuestre que tiene cédula, el alcalde con licencia no debería mentir y ostentarse con un título que no tiene.

Que curioso que les de a los morenistas por andar comprando títulos en escuelas patito, como que tienen complejo de inferioridad que buscan reconocimiento de sus personas por el lado académico.

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