La Sindicatura Procuradora de Tijuana, Teresita Balderas, mantiene bajo vigilancia y fiscalización los recursos públicos otorgados mediante programas municipales a organizaciones como la Patrulla Espiritual,  asegurando un seguimiento desde la ejecución hasta la comprobación de los montos económicos entregados, afirmó.

La funcionaria precisó que, desde el pasado 13 de julio —previo a los recientes incidentes registrados en las clínicas de rehabilitación de la organización—, el órgano fiscalizador solicitó formalmente al centro JIREH la entrega detallada de información sobre el uso del presupuesto asignado.

Entre la documentación requerida al centro de atención se encuentra el padrón de beneficiarios y registro general de seguimiento para las 300 personas proyectadas.

Además, los informes de avance físico, social y detalle de los servicios médicos, rehabilitación y acompañamiento psicosocial prestados; y el informe financiero con el estado del ejercicio del gasto autorizado.

Balderas detalló que la solicitud fue recibida directamente por personal administrativo de la clínica.

Explicó que la revisión inicial confirmó que el otorgamiento de siete millones de pesos cumplió con la normatividad vigente y que la organización se encuentra dentro del plazo legal para presentar su comprobación ante la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI).

Por su parte, ante el presunto deceso de una persona ocurrido durante el fin de semana en las instalaciones del centro JIREH, el alcalde Abdiel Gutiérrez, señaló que corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y emitir los dictámenes oficiales.

Asimismo, se enfatizó que dependencias como Protección Civil y las áreas del Ayuntamiento competentes mantienen revisiones cotidianas e itinerantes en las casas de atención para personas con problemas de adicción o salud mental en la ciudad.

Tras el homicidio de un interno de 28 años, registrado al interior del Centro de Rehabilitación de la denominada “Patrulla Espiritual”, ubicado en la colonia Mariano Matamoros, autoridades estatales realizaron una revisión sanitaria que derivó en la suspensión temporal de actividades del establecimiento por incumplimientos a la normatividad.

En el operativo participaron corporaciones de seguridad y diversas dependencias estatales.

Durante la intervención fue detenida una persona que fungía como escolta, debido a que portaba un arma de fuego sin acreditar el permiso correspondiente.

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) detectó deficiencias en las condiciones de atención, incumplimientos sanitarios e irregularidades en los mecanismos utilizados para acreditar el consentimiento de las personas internas.

Por su parte, el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California ofreció trasladar a las personas internas a otros centros de atención; sin embargo, no se realizaron desalojos.

La suspensión corresponde a una medida administrativa derivada de la verificación sanitaria.

Por otra parte, las investigaciones por el homicidio y la presunta portación ilegal del arma de fuego continuarán por separado, con el objetivo de determinar las responsabilidades correspondientes.

El pasado 21 de agosto ingresó al Servicio Médico Forense (Semefo) de Tijuana el cuerpo de un hombre identificado como Richard, procedente de un centro de rehabilitación de la denominada “Patrulla Espiritual”; la causa de muerte fue a consecuencia de una asfixia por sofocación, específicamente por obstrucción de los orificios respiratorios, así lo informó el titular del Semefo.

César González Vaca explicó que fue la Fiscalía quien solicitó la necropsia del cuerpo, el cual fue remitido inicialmente bajo la clasificación de homicidios culposos.

Durante el examen externo, personal forense documentó diversas lesiones en distintas partes del cuerpo; entre las lesiones documentadas se encuentran raspones en el rostro, tórax y extremidades, algunas de ellas antiguas y otras recientes.

Expuso que el certificado de necropsia ya fue entregado a la Fiscalía, quienes son los encargados de integrar la carpeta de investigación y determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

González Vaca explicó que este tipo de asfixia puede estar relacionada con un homicidio, aunque aclaró que también existen casos en los que puede presentarse de manera accidental, aunque estos son menos frecuentes.

Sobre si el occiso fue víctima de tortura, el titular de Semefo aclaró que el diagnóstico de tortura corresponde cuando las lesiones son provocadas por un funcionario público y el personal forense solo se limita a documentar y describir las lesiones encontradas durante la necropsia; reiteró que es a la fiscalía a quien le corresponde investigar y determinar cómo fueron provocadas y quiénes serían los responsables.