Este viernes frente al congreso de Baja California, Soraya Ana Villarreal, cofundadora de la Célula de Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada de Baja California, dio a conocer que un juez federal les otorgó un amparo que obliga al gobierno del estado, municipio y congreso, a implementar los puntos establecidos en el pliego petitorio que presentaron en materia de desapariciones.

Reconoció que el fallo obliga al congreso y al estado a promulgar la ley de desapariciones, lo cual ya sucedió, pero también establece que deben cumplir con las observaciones planteadas en el pliego petitorio. En el caso del poder legislativo, se debe de crear una Comisión Especial Permanente para la Búsqueda de la Verdad de las Víctimas de Desaparición Forzada, y expedir una declaratoria de Alerta de Desaparición Forzada para Baja California.

La autoridad municipal está obligada a verificar que se cumpla con el reglamento municipal de alcoholes que plantea que todos los establecimientos en riesgo, como lo son los antros de la ciudad, cuenten con las cámaras de vigilancia, entre otros lineamientos.

Guillermo Rivera, abogado de la Célula de Búsqueda, expuso que de acuerdo al fallo del juez federal, están obligados a cumplir con todos los planteamientos del pliego petitorio en un periodo de 48 horas, luego de ser notificados, aunque reconoció que pueden solicitar una prórroga, para su cumplimiento.

La Célula de Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada de Baja California, ya entregó a las autoridades los documentos donde solicitan que se realice una nueva jornada de búsqueda en el vecino municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

Gonzalo Moreno, fundador del colectivo de búsqueda, recordó que en las jornadas de búsqueda que se llevaron a cabo los días 2 y 3 de mayo en San Luis Río Colorado, localizaron en dos puntos restos humanos, por lo que consideran necesario regresar.

Para esta próxima jornada, que tiene proyectado realizar los días 7 y 8 de junio, están solicitando el apoyo, de las fiscalías y de las comisiones locales de búsqueda de Baja California y Sonora.

Comentó que encontraron restos que no pudieron determinar si pertenecían a seres humanos, por lo que también pidieron el apoyo de la Comisión Nacional de búsqueda para que envíen a un antropólogo forense.

Gonzalo Moreno mencionó que en la pasada jornada quedó claro que la Fiscalía General de Baja California, opera muy diferente a la de Sonora, aunque tuvieron algunos roces con los oficiales de la corporación sonorense, que consideran violaron sus derechos.

Es por ello que también pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que envíe a un observador para la próxima jornada de búsqueda, que garantice que se respetarán los derechos de los miembros de los colectivos.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, inició su conferencia mañanera este jueves haciendo un recuento del caso de la desaparición y muerte de los 3 jóvenes surfistas extranjeros en Ensenada.

Relató que en cuanto tuvieron conocimiento de la desaparición de Jack Carter y los hermanos Callum y Jake Robinson, estableció junto con la fiscal del estado, María Elena Andrade, todas las condiciones para realizar su búsqueda.

La fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, precisó que hay tres detenidos, uno como el principal sospechoso de la muerte de los extranjeros, Jesús Gerardo N, alias “El Kekas”, por desaparición forzada de personas cometida por particulares y Christian Alejandro N y Ary Gissele N, por delitos del fuero federal, debido a posesión de drogas.

El 7 de mayo se entregaron los cuerpos a los familiares y a la delegación diplomática de Australia y México que los acompañó, comentó.

Ramón Álvarez, director estatal del Instituto de Ciencias Forenses, indicó que las víctimas presentan impactos por arma de fuego, lo que les costó la vida.

Tras prenderle fuego al campamento de los jóvenes, llevaron sus cuerpos a La Bocana, a 7 kilómetros de donde se encontraban para deshacerse de los cuerpos arrojándolos a un pozo de mas de 15 metros de profundidad.

El pick up de los surfistas fue encontrado incinerado a 20 kilómetros de donde estaba su campamento.

La fiscal insistió que los crímenes fue un hecho circunstancial, un robo que se salio de control y que atendieron con la urgencia que requería el caso.

Aun siguen las investigaciones sobre el cuarto cuerpo recuperado del pozo, remarcó, del cual dijo no poder dar más detalles.