El nombramiento de la senadora con licencia Julieta Ramírez como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California no implica el cierre de las investigaciones y denuncias relacionadas con presuntos actos anticipados de campaña, afirmó Joel Blas Ramos, jurídico del PRI y analista político.

El abogado señaló que, aunque el acto partidista no sea denominado formalmente como una candidatura, en la realidad representa la figura de quien contenderá por Morena en el próximo proceso electoral.

“Soy respetuoso de los actos intrapartidarios, aunque no se llame candidatura sabemos que es eso con otras palabras”, expresó.

El representante jurídico del PRI recordó que su partido fue el primero en presentar denuncias relacionadas con presuntos actos anticipados de campaña, así como en recibir sentencia de tribunales locales y federales.

Blas Ramos indicó que el nombramiento de Ramírez como coordinadora de la Cuarta Transformación en Baja California no elimina ni deja sin efecto los procedimientos que se encuentran en curso, por lo que aseguró que el PRI continuará dando seguimiento a los casos.

La diputada Yohana Gilvaja cuestionó las prioridades del Gobierno de Baja California en el ejercicio de los recursos públicos y presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un exhorto para que se reduzcan gastos que consideró estériles y se destinen mayores recursos a necesidades prioritarias de la población.

Durante su intervención, la legisladora sostuvo que el problema financiero del estado no necesariamente radica en la falta de recursos, sino en las decisiones sobre su destino. “No es falta de dinero. Es falta de prioridades”, afirmó.

Gilvaja cuestionó que, mientras en ISSSTECALI se han reportado faltantes de medicamentos, madres buscadoras han reclamado herramientas, equipo especializado y personal para localizar a sus familiares, y persisten necesidades en seguridad, vialidades y planteles educativos, el Gobierno del Estado contemple alrededor de seis millones de pesos para la presentación del cantante Edén Muñoz durante las festividades del 15 de septiembre.

“Por supuesto que la gente tiene derecho a disfrutar de sus artistas favoritos. Pero antes tiene derecho a encontrar medicamentos en un hospital, a mandar a sus hijos a una escuela digna, a encontrar a sus desaparecidos y a regresar vivo a su casa”, expresó.

La diputada también recordó cuestionamientos formulados desde el Congreso en torno a recursos ejercidos durante 2025. Mencionó alrededor de 200 millones de pesos destinados a comunicación, 95 millones para la promoción de la Serie del Caribe y 50 millones para el Fan Fest, gastos que, dijo, deben ser revisados frente a las necesidades que enfrenta Baja California.

Asimismo, hizo referencia a una resolución recibida por el Congreso relacionada con la difusión de propaganda gubernamental vinculada al informe de gobierno. Gilvaja sostuvo que el presupuesto público no debe utilizarse como una herramienta de promoción política.

“Para promocionar la imagen del Gobierno hubo hasta de más. Pero cuando faltan medicamentos, policías, infraestructura escolar o recursos para buscar desaparecidos, entonces aparecen las limitaciones presupuestales”, señaló.

La legisladora planteó que el principio de austeridad republicana debe reflejarse en las decisiones sobre el presupuesto y no únicamente en el discurso oficial.

“Primero las medicinas, después los conciertos. Primero la seguridad, después la propaganda. Primero Baja California y después el espectáculo”, manifestó.

Como parte de su propuesta, Gilvaja planteó exhortar a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para evitar gastos que calificó como estériles, particularmente los relacionados con promoción de imagen y contratación de artistas con montos que consideró desproporcionados, y redirigir esos recursos hacia asuntos prioritarios.

Entre las necesidades señaladas incluyó la implementación de medidas de prevención para garantizar una movilidad segura en el Bulevar 2000 de Tijuana, vialidad que ha sido señalada por su peligrosidad y por los accidentes registrados en la zona.

El punto de acuerdo, sin embargo, no obtuvo el respaldo de la mayoría de las y los diputados de Morena, por lo que la propuesta no fue aprobada.

Gilvaja lamentó que no existiera consenso para orientar el gasto público hacia rubros como medicamentos, seguridad, infraestructura y vialidades seguras, y llamó al Gobierno estatal a corregir el rumbo durante la última etapa de la actual administración.

La diputada concluyó que el presupuesto debe responder a las necesidades de la población y no a los intereses de quienes gobiernan. “El dinero público no pertenece al gobernante. Pertenece al pueblo”, afirmó.

Trabajadores del Poder Judicial de Baja California se manifestaron este lunes en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda estatal para solicitar que se les otorgue el mismo incremento salarial de 7.2 por ciento concedido a la burocracia estatal.

Los manifestantes señalaron que buscan un trato igualitario y que el aumento salarial sea aplicado también al personal del Poder Judicial, al considerar que forman parte de los trabajadores al servicio del Estado, y a quienes solo se les ha ofrecido el 5 por ciento.

Durante la protesta hicieron un llamado a los secretarios seccionales del Poder Judicial y de Hacienda para que intervengan en la atención de esta demanda y obtengan el resultado que llevan buscando desde hace semanas en mesas de negociación.

La movilización tuvo como objetivo visibilizar la inconformidad del personal ante la falta de aplicación del aumento y presionar para que las autoridades correspondientes atiendan su petición.