La impugnación promovida por el regidor panista Manuel Rude García derivó en la modificación de la sanción impuesta a Morena por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), que sustituyó una amonestación pública por una multa de 200 UMA, equivalente a 22 mil 628 pesos.

El procedimiento tiene su origen en actividades de promoción de afiliaciones realizadas entre junio y julio de 2025 por personas vinculadas con Morena, en las inmediaciones de la Delegación de Programas para el Desarrollo en Baja California.

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) resolvió el pasado 26 de agosto que la conducta debía ser considerada como una infracción grave ordinaria, por lo que ordenó al IEEBC modificar la sanción inicialmente impuesta.

De acuerdo con la resolución, quedó acreditada una conducta relacionada con la perturbación de los derechos de la ciudadanía que acudía a solicitar trámites o servicios públicos, además de la omisión de Morena de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y de vigilar la actuación de sus militantes y simpatizantes.

El órgano jurisdiccional también consideró que las actividades partidistas desarrolladas en las inmediaciones de una dependencia pública eran susceptibles de vincular la actividad político-electoral de Morena con una institución pública y con programas sociales, lo que habría generado un beneficio de carácter político-electoral para el partido.

Durante la sesión del Consejo General Electoral del IEEBC del pasado 3 de septiembre, representantes de los partidos PAN, PT, PRI y MC cuestionaron el monto de la sanción, al considerar que los 22 mil 628 pesos no son proporcionales a la gravedad de la conducta ni tienen un efecto ejemplar suficiente para inhibir la repetición de este tipo de prácticas.

Rude García, quien promovió la impugnación, sostuvo que la modificación de la sanción representa un avance, aunque advirtió que continuará buscando que este tipo de conductas reciban sanciones más severas.

Declaró que la resolución es un avance derivado de la impugnación y deja claro que estas prácticas sí tienen consecuencias. Agregó que seguirán dando batalla jurídica para que se impongan sanciones más severas y contundentes que inhiban estas prácticas y eviten que vuelvan a repetirse”.

La resolución establece que, una vez que cause estado, la multa será descontada del financiamiento público ordinario de Morena y los recursos serán destinados al Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California, conforme a lo determinado por el IEEBC.

Una encuesta telefónica reciente consulta a los ciudadanos si votarían por Verónica Ruffo en caso de que fuera la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Baja California.

El mensaje grabado de la llamada consta de una sola pregunta: “Si Verónica Rufo Sánchez fuera candidata a la gubernatura de Baja California por el PAN, ¿votaría por ella? Si usted votaría por sí, oprima dos en su teclado telefónico. No, oprima tres. Muchas gracias por su participación”.

La encuesta, de carácter automatizado, busca medir la intención de voto hipotética hacia la hija de Ernesto Ruffo Appel, quien se ha vuelto mediática al encabezar los esfuerzos en la liberación de su padre, preso por acusaciones de tráfico de hidrocarburos, en un eventual escenario electoral en el estado.

La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Baja California aprobó el Dictamen No. 103, mediante el cual se propone reformar la Ley Electoral estatal para permitir nuevamente la colocación de propaganda electoral en bardas, publivallas, espectaculares, pantallas electrónicas y unidades de transporte público, bajo ciertas condiciones, así como en escuelas y edificios de gobierno.

La iniciativa fue presentada el 13 de agosto de 2026 por el diputado Juan Manuel Molina García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, y plantea modificar el artículo 152 de la Ley Electoral del Estado, además de derogar el artículo 354 Bis.

De acuerdo con el dictamen, la legislación vigente mantiene una prohibición absoluta para instalar este tipo de propaganda política. Sin embargo, el promovente argumenta que la experiencia del proceso electoral 2023-2024 demostró que la medida no logró impedir la colocación de anuncios, sino que derivó en procedimientos sancionadores contra prácticamente todas las fuerzas políticas.

La propuesta establece que partidos políticos, coaliciones y candidaturas podrán colocar propaganda electoral en bardas, publivallas, espectaculares y pantallas electrónicas, tanto en espacios de uso común como privado.

En el caso de propiedad privada, será obligatorio contar con la autorización del propietario o poseedor del inmueble, además de cumplir con las disposiciones de protección civil, señalización y vialidad.

El dictamen enfatiza que la reforma no elimina las restricciones relacionadas con el equipamiento urbano contempladas en el artículo 165 de la propia ley, por lo que continuará prohibida la colocación de propaganda en infraestructura pública como postes, instalaciones de servicios o elementos que puedan afectar la seguridad y funcionalidad urbana.

Cabe destacar que dichas restricciones no están siendo respetadas por algunos aspirantes de Morena, quienes han colocado propaganda en postes.

Asimismo, se plantea la derogación del artículo 354 Bis, que actualmente sanciona la colocación de propaganda en los espacios prohibidos. Esto es escuelas y edificios de gobierno, por ejemplo.

La comisión consideró que, al transformarse la prohibición absoluta en una autorización condicionada, las eventuales infracciones podrán sancionarse mediante el régimen general ya previsto en otros artículos de la Ley Electoral.

En sus consideraciones, la Comisión -liderada por Morena-, sostuvo que el Congreso estatal cuenta con facultades para regular las modalidades de propaganda electoral y que la reforma busca encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión de los actores políticos y la protección del orden público, la seguridad vial y los derechos de terceros.

Los integrantes de la comisión concluyeron que la propuesta es constitucional y jurídicamente procedente, al estimar que existe justificación suficiente para modificar el modelo regulatorio vigente y retornar a un esquema permisivo, aunque con controles específicos que no existían antes de la reforma de 2021.

De ser aprobada por el Pleno del Congreso, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. Se espera que sea votada este jueves.