Trabajadores de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California (Cesispe BC) denunciaron descuentos aplicados al pago de su retroactivo salarial, además de inconformarse porque les fue informado que ya no recibirán la devolución del Bono de Seguridad Social (BSS) que, aseguran, anteriormente se les reintegraba.

Helena Bobadilla Anaya, trabajadora de Cesispe BC, señaló que el retroactivo debía entregarse de manera íntegra, salvo los descuentos correspondientes al impuesto, pero en esta ocasión se aplicaron también deducciones relacionadas con el fondo de pensiones y otros conceptos.

“Esos descuentos que nos hicieron del fondo de pensiones, etcétera, no debieron haberlo hecho”, afirmó, al señalar que en años anteriores el retroactivo no había tenido este tipo de descuentos y únicamente se les retenía el impuesto correspondiente.

La trabajadora explicó que la inconformidad también está relacionada con el Bono de Seguridad Social, concepto que, según indicó, anteriormente les era regresado, pero ahora se les comunicó que ya no habría devolución.

A esto se suma la molestia por la forma en que se habría realizado el pago, ya que, según Bobadilla Anaya, se manejan nóminas por separado y los trabajadores no reciben un talón correspondiente a ese recurso, lo que dificulta conocer con claridad los conceptos y descuentos aplicados.

La inconformidad llegó también al Sindicato de Burócratas. De acuerdo con la trabajadora, el viernes alrededor de 20 empleados acudieron a las instalaciones sindicales para exigir la remoción de Mario Plata, a quien señalan por su actuación en el manejo del conflicto.

Bobadilla Anaya cuestionó que, pese a la petición de los trabajadores, el tema no fuera abordado en una reunión sindical realizada posteriormente. También expresó su preocupación de que las gestiones anunciadas para revisar el pago del retroactivo y el BSS no se traduzcan en una solución para los empleados.

Los trabajadores demandan que se transparente el cálculo de sus percepciones, se explique el fundamento de los descuentos aplicados al retroactivo y se aclare el mecanismo mediante el cual se determina el pago o devolución del Bono de Seguridad Social.

Hasta el momento, las declaraciones proporcionadas corresponden a la versión de los trabajadores inconformes; queda pendiente conocer la postura oficial de Cesispe BC y del Sindicato de Burócratas sobre los descuentos y el pago del BSS.

El presidente estatal de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados (Fedabo) de Baja California, David Jesús Rincón Rey, acompañado de varios integrantes del gremio, demandó este viernes resultados concretos en los 18 casos de homicidio de abogados registrados durante la actual administración estatal, así como la implementación de un protocolo de protección para el gremio y sus familias.

Rincón Rey y el grupo de abogados, sostuvierob una reunión con el secretario General de Gobierno, Juan José Pon; la fiscal general del Estado, María Elena Andrade, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo.

En el encuentro, el dirigente gremial expuso que de los 18 asesinados, 10 eran abogados y 8 abogadas. Solo en dos de esos casos existen resultados “medianamente aceptables”: en uno hay dos autores materiales detenidos y en el otro un presunto homicida se encuentra tras las rejas, aunque se desconocen los móviles y los autores intelectuales.

Además, al menos tres abogados han reportado amenazas. Por ello, Fedabo solicitó que se otorgue protección a quienes se encuentran en riesgo, conforme a lo establecido en el Código Penal.

“No estamos satisfechos, pero hay avances con las autoridades”, reconoció Rincón Rey al término de la reunión. Anunció que se creará una fiscalía especial para investigar los 18 homicidios y que la próxima semana se instalará una mesa de trabajo con los mismos funcionarios que los atendieron este día.

Por su parte, el secretario General de Gobierno, Juan José Pon, expresó que las autoridades son sensibles al tema y que el lunes próximo comenzarán a definir el mecanismo de protección para el gremio.

La Fedabo insiste en que la inseguridad que https://youtu.be/ECrtCE-Ctn4enfrentan los abogados y sus familias requiere respuestas inmediatas y efectivas por parte del gobierno del estado.

Un reportaje del medio Ensenada en Crisis Noticias sobre descargas ilegales de aguas negras en San Quintín, ocasionó que los periodistas Delia Cornejo y Francisco Ybarra recibieran amenazas telefónicas, lo cual denunciaron en un video en vivo esta noche.

El reportaje señala que vecinos de la colonia Santa Fe y del rancho La Trinidad alertaron sobre un grave problema de contaminación ambiental que amenaza el manto freático y la salud pública de la región.

Según denuncias presentadas ante autoridades federales desde 2025, se realizan descargas ilegales de aguas residuales y residuos de agroquímicos en fosas a cielo abierto sin impermeabilización.

El problema, que comenzó con un olor insoportable reportado por los habitantes, escaló cuando un pozo de agua potable cercano dio positivo a la bacteria E. coli y tuvo que ser clausurado de emergencia. Las familias que dependían de ese suministro ya no cuentan con agua segura.

De acuerdo con la información difundida, al sitio llegan camiones pipa de la empresa Vector Servicios de Drenaje (también identificada como Vector Servicio de Drenaje para Fosas Sépticas), que vierten desechos fecales con patógenos, además de aguas residuales provenientes del triple lavado de envases de fertilizantes y plaguicidas. Esta mezcla tóxica se filtra directamente al suelo y amenaza con contaminar el acuífero y la cadena alimenticia de toda la zona.

Una denuncia anónima presentada el 29 de septiembre de 2025 ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) documenta las descargas ilegales en un predio baldío ubicado cerca del rancho La Trinidad, en la colonia Santa Fe Braulio Maldonado. El documento solicita una inspección urgente ante el riesgo de contaminación del acuífero y posibles brotes de enfermedades respiratorias o gastrointestinales.

Los vecinos señalan que el predio se ha convertido en un tiradero clandestino a plena luz del día. Especialistas y denunciantes advierten que se trata de un delito ambiental grave tipificado en el artículo 416 del Código Penal Federal, que sanciona la infiltración de contaminantes en el subsuelo con penas de hasta nueve años de prisión y multas que pueden superar los tres millones de pesos, aplicadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Los periodistas dicen desconocer quién les llamó, y deciden hacerlo público y anunciaron que tomarán acciones legales.