Alfredo Álvarez, secretario General de Gobierno, comentó hoy en la conferencia mañanera que están en comunicación y realizando mesas de trabajo con los magistrados para revisar y ajustar su solicitud de indemnización que requeriría una inversión de alrededor de los 4 millones de pesos.

Cabe recordar que ha generado controversia la pretendida autoliquidación de finiquitos por parte de magistrados, quienes se aprobaron sumas millonarias como si se tratara de un despido injustificado, según reportes. Esta situación ha sido denunciada y ha generado críticas y cuestionamientos sobre su transparencia y legalidad. 

Juan José Pon, Jurídico de Gobierno del Estado, comentó que ayer sostuvieron una reunión con los tres magistrados del Tribunal de Justicia Electoral que pidieron liquidarse, para hacerles ver las inquietudes sobre la aprobación de estas condiciones generales de trabajo que suscribieron.

Hablaron de las atribuciones, de las formas y la indemnización que pretenden, la cual se aplica en casos de despido injustificado, explicó, más cuando se trata del manejo y asignación de recursos públicos.

“Fueron muy receptivos, tal como lo comenta el Secretario General de Gobierno y ellos asumieron un compromiso, de volver a analizar esas condiciones generales de trabajo y en su caso -y de ser necesario-, hacer las aclaraciones pero también las correcciones que conforme a derecho procedan”, opinó.

El expediente médico que hizo el Hospital General de Mexicali en el caso de Vanesa Lizbeth Zavala Meza muestra detalles sobre su tratamiento que no corresponden a los protocolos a seguir y que refuerzan la teoría de que se cometió una negligencia médica con ella, al descubrir demasiado tarde que se desangraba internamente.

En las más de 80 páginas del expediente se da cuenta de cuestiones como maniobras de reanimación de más de 40 minutos, de procedimientos quirúrgicos y transfusiones, cuando era evidente que no había nada que hacer que pudiera salvar su vida, además de contener un informe muy escueto de Patología sobre el estado del útero.

Un miembro del personal sanitario del Hospital General que pidió el anonimato, señaló que un sangrado interno altera los signos vitales, y que tanto el ginecólogo Juan Carlos Martínez Noriega como el personal de enfermería de la Clínica Quiroz, donde se le practicó una césarea, debieron estar atentos a la evolución de la paciente.

Narró que a la mujer de 31 años a pesar de su gravedad, ya que llegó directamente a la Unidad de Ciudados Intensivos (UCI), la tuvieron esperando por varios minutos en un pasillo del nosocomio antes de atenderla, cuando llegó en una ambulancia vacía, es decir, sin equipo ni medicamentos, procedente del Hospital Materno Infantil.

Hasta aquel lugar llegó con código oro -un sistema de respuesta rápida para atender emergencias obstétricas, como preeclampsia, eclampsia, hemorragias graves u otras complicaciones que puedan poner en peligro la vida de la madre y el bebé- desde la Clínica Quiroz, sin que se le informara al esposo de Vanesa, Yair González Fernández de la gravedad del estado de su mujer.

Vanesa llegó al Hospital General con choque hipovolémico grado IV, el más grave de todos (cuando se ha perdido más del 40 por ciento de sangre), y por lo mismo, llegó con coloración azul en manos y pies ante la disminución del flujo sanguíneo.

El día de su ingreso, el 24 de mayo cerca de las 10:30 de la noche. Se le pone un cateter y recibe transfusión. Ante el daño neurológico que presenta, se le intuba y conecta a un respirador artificial. Cerca de las once entra en paro cardiorespiratorio. A pesar de durar 40 minutos en esa condición, se sigue trabajando en su reanimación. El cerebro puede morir tras pasar entre 5 y 10 minutos sin oxígeno; reanimar a un paciente tras todo ese tiempo en paro es sumamente infrecuente, indicó el informante.

A partir de ese paro cardiorespiratorio Vanesa tenía muerte cerebral, lo que se le informó a su esposo como “probable” durante tres días y solo confirmaron poco antes de su muerte.

El informe de ese día en el expediente dice: Paciente que ingresó en estado de choque grave, hemorragia obstétrica, con presencia de AESP (actividad eléctrica sin pulso), reanimación cardiopulmonar, transfusión, ingresa a revisión de cavidad y control de sangrado. Paciente muy grave con alto riesgo de mortalidad.

Detalla que casi a las 2 de la mañana del 25 de mayo, y pese a su estado sumamente grave, la meten a quirófano para hacerle una laparotomía exploradora. Encuentran 2 litros y medio de sangre en la cavidad uterina, más medio litro en la cavidad abdominal. Proceden a drenarla.

El reporte de la intervención señala que ligan la arteria iliaca interna de manera bilateral, y que “se identifica laceración de vena iliaca izquierda y se realiza venorrafia (es un procedimiento quirúrgico que consiste en la sutura de una vena lesionada para reparar su pared y restaurar su función)”.

Luego proceden a “empaquetarla”; un procedimiento que consiste en poner apósitos en el hueco pélvico para frenar la hemorragia, y que requiere de una segunda intervención entre 48 y 72 horas después.

El informe de las 6:53 de la mañana del 25 de mayo declara que se han transfundido 8 paquetes globulares, 2 plasmas frescos y 6 crioprecipitados. Anotan que tiene daño renal y desequilibrio hidroelectrolítico “sin embargo se decide continuar transfusión masiva… paciente con alto índice de mortalidad… continuamos como interconsultantes (un médico de una especialidad específica es consultado por otro médico para ayudar en el diagnóstico o tratamiento de un paciente)”.

El reporte de las 15:12 del 25 de mayo señala que Vanesa tiene daño renal y que necesita una valoración nefrológica para ver la viabilidad de una hemodiálisis y contemplan un TAC cerebral para confirmar la muerte cerebral, pero moverla del respirador y en su condición sería muy peligroso. A las 18:13 de ese mismo día le hacen una hemodiálisis.

El documento de las 7:22 del 26 de mayo reporta lesión renal aguda, y reportan que sufre “un nuevo paro cardiorespiratorio durante la hemodiálisis; candidata a continuar con transfusión masiva; paciente con alto índice de mortalidad… continuamos como interconsultantes”.

Ese día confirman mediante tomografía de cráneo, el deterioro neurológico de Vanesa. Aun así a las 11:47 del día le retiran las compresas del empaquetamiento y le practican una histerectomía. Los médicos que la intervienen son el director del Materno Infantil José Rojas Serrato, Óscar López (también de ese hospital), José Mayagoitia, del Hospital General, y el ginecólogo que se dijo “ajeno” al Hospital General Juan Carlos Martínez Noriega, quien es hijo de la líder sindical de los trabajadores de salud Virginia Noriega, y quien está adscrito a ese nosocomio pero comisionado al sindicato para que pueda ejercer la medicina privada.

Retiran un litro de sangre de la cavidad abdominal, identifican el útero expandido de aproximadamente 30 por 35 centímetros, lo extraen y anotan pronóstico grave.

El reporte de la una de la mañana del 27 de mayo apunta que la paciente presenta entre otras cosas, síndrome post-paro cardiorespiratorio prolongado, falla renal, histerectomía obstétrica con sangrado de 2.6 litros, falla orgánica múltiple, y evento vascular isquémico agudo en ambos hemisferios cerebrales (infarto cerebral).

Poco después de las 7 de la mañana se elabora otro reporte al que se le añaden más condiciones negativas de su estado de salud. En un documento anexado al expediente correspondiente a las 10 de la mañana, señalan que continuan las transfusiones (tuvo más de 60 entre plasma, plaquetas y otros) y que tiene un 95 por ciento de mortalidad en su condición actual.

El día 28 el expediente expone que los diagnósticos son insuficiencia renal aguda postparto, hemorragia postparto, otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, parto y puerperio, infarto cerebral, infarto del hígado y neumotórax (condición médica donde hay aire en el espacio pleural, la zona entre el pulmón y la pared torácica, causando que el pulmón se colapse parcial o totalmente). Anotan un 98 por ciento de probabilidad de muerte.

Finalmente Vanesa fallece a las 4 de la tarde del 28 de mayo.

Un ginecólogo consultado sobre lo asentado por el informe de patología, opinó que la descripción es sumamente escueta y pudo haber dado más detalles sobre las condiciones del útero de Vanesa.

Fuentes del Hospital General informaron que el patólogo fue cambiado hace pocos días. Un nuevo especialista entró en el lugar de Tupac Pérez Medina, lo que resulta extraño, pues éste es personal basificado y es el único de ese nosocomio.

También comentaron que la atención extraordinaria del director del Materno Infantil y su equipo, quienes fueron a operar al Hospital General, solo se debe a la amistad entre Virginia Noriega y el doctor Rojas Serrato. Igual de extraordinaria resulta la reunión que tuvieron tanto el director y subdirectora del Hospital General, el jefe de cirugía, el jefe de terapia intensiva y la nefróloga que atendió a Vanesa, con su esposo Yair, a quien convencieron con sus explicaciones que la condición de su mujer era una complicación que no pudo haber sido prevista.

Yair comentó que ha recibido comentarios de personal que atendió a su esposa sobre los motivos de la histerectomía, en el sentido de que si ya no había realmente nada que se pudiera hacer por salvar su vida, esa intervención en las graves condiciones en las que ya estaba, habría sido para desaparecer las evidencias de una negligencia médica.

La semana pasada, la familia de Vanesa ya fue a denunciar el caso ante la Fiscalía General del Estado, quien aseguró ayer que continua las investigaciones, que ha dispuesto ya varias diligencias para integrar el caso, y que no descarta realizar un examen toxicológico al ginecólogo que hizo la cesárea.

Para ampliar y especificar los tipos de violencia contra la mujer la diputada Evelyn Sánchez Sánchez presentó iniciativa de reforma al Código Penal estatal sobre la violencia química.

Señaló que en México esta modalidad de violencia ha ido en aumento y ha evidenciado la necesidad de que los marcos normativos sean más claros, específicos y eficaces en su combate.

Al respecto explicó que, si bien en el Código Penal del Estado de Baja California se contempla este delito, no cuenta con una descripción suficientemente amplia y precisa que permita incluir todas las formas de violencia química, así como las herramientas jurídicas que le conceden la facultad al Ministerio Público de actuar con debida diligencia y perspectiva de género.

En ese sentido se debe visibilizar que los ataques con ácido, son una forma extrema de violencia de género que causa daños físicos, psicológicos y sociales severos, aunque no existen estadísticas específicas sobre este tipo de violencia en la entidad, su gravedad y consecuencias, justifican la necesidad de una tipificación clara, declaró.

“Al reconocerla legalmente, se fortalecen las políticas públicas enfocadas en erradicar la impunidad y en brindar apoyo integral a las sobrevivientes, asegurando su acceso a la justicia, rehabilitación y reinserción social, con un enfoque centrado en los derechos de las mujeres y la erradicación de toda forma de violencia de género”, detalló.