La senadora con licencia de Morena por Baja California, Julieta Ramírez Padilla, quien aspira a la candidatura de su partido al gobierno del estado en 2027, se encuentra bajo investigación del gobierno de Estados Unidos y negocia convertirse en testigo colaborador del Departamento de Justicia, según un reportaje de la unidad de investigación NMás Focus, sin embargo no muestran documentación que muestre el nombre de la señalada.

De acuerdo con la información, el medio obtuvo acceso a un proffer agreement (acuerdo de proffer) firmado entre la oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el condado de San Diego y Ramírez Padilla, el cual no muestran. Este tipo de acuerdo permite a una persona investigada o a un testigo entregar información sobre posibles delitos a cambio de que esa declaración no sea utilizada directamente en su contra en un eventual juicio.

En el documento, dice N+, se establece que Ramírez se reuniría con autoridades estadounidenses para que estas evalúen si puede aportar información confiable a cambio de algún beneficio. Asimismo, se compromete a no cometer perjurio ni obstruir la justicia. Una vez más, sin mostrar pruebas fehacientes.

La senadora con licencia solicitó el 17 de junio de 2026 una licencia en el Senado para buscar la candidatura morenista al gobierno de Baja California. Esa misma semana comenzaron a distribuirse volantes en Tijuana posicionándola como precandidata. El 1 de septiembre, el Instituto Estatal Electoral le ordenó retirar toda propaganda tras una queja del Partido Acción Nacional por presunta anticipación de campaña.

Ramírez Padilla mantiene una relación cercana con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, de quien fue secretaria particular cuando esta encabezaba el Ayuntamiento de Mexicali. En julio, la propia gobernadora reconoció haber intentado colaborar con autoridades estadounidenses en una investigación, luego de que meses antes le fuera revocada su visa.

La senadora compite internamente por la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en Baja California con Ismael Burgueño, Alejandro Ruiz Uribe, Evangelina Moreno, Fernando Castro Trenti, Alfredo Álvarez y Armando Ayala.

El periodista Luis Chaparro ya había adelantado información sobre un presunto acuerdo entre la senadora con licencia y las autoridades estadounidenses en su medio, Pie de Página, hace un par de semanas.

La impugnación promovida por el regidor panista Manuel Rude García derivó en la modificación de la sanción impuesta a Morena por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), que sustituyó una amonestación pública por una multa de 200 UMA, equivalente a 22 mil 628 pesos.

El procedimiento tiene su origen en actividades de promoción de afiliaciones realizadas entre junio y julio de 2025 por personas vinculadas con Morena, en las inmediaciones de la Delegación de Programas para el Desarrollo en Baja California.

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) resolvió el pasado 26 de agosto que la conducta debía ser considerada como una infracción grave ordinaria, por lo que ordenó al IEEBC modificar la sanción inicialmente impuesta.

De acuerdo con la resolución, quedó acreditada una conducta relacionada con la perturbación de los derechos de la ciudadanía que acudía a solicitar trámites o servicios públicos, además de la omisión de Morena de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y de vigilar la actuación de sus militantes y simpatizantes.

El órgano jurisdiccional también consideró que las actividades partidistas desarrolladas en las inmediaciones de una dependencia pública eran susceptibles de vincular la actividad político-electoral de Morena con una institución pública y con programas sociales, lo que habría generado un beneficio de carácter político-electoral para el partido.

Durante la sesión del Consejo General Electoral del IEEBC del pasado 3 de septiembre, representantes de los partidos PAN, PT, PRI y MC cuestionaron el monto de la sanción, al considerar que los 22 mil 628 pesos no son proporcionales a la gravedad de la conducta ni tienen un efecto ejemplar suficiente para inhibir la repetición de este tipo de prácticas.

Rude García, quien promovió la impugnación, sostuvo que la modificación de la sanción representa un avance, aunque advirtió que continuará buscando que este tipo de conductas reciban sanciones más severas.

Declaró que la resolución es un avance derivado de la impugnación y deja claro que estas prácticas sí tienen consecuencias. Agregó que seguirán dando batalla jurídica para que se impongan sanciones más severas y contundentes que inhiban estas prácticas y eviten que vuelvan a repetirse”.

La resolución establece que, una vez que cause estado, la multa será descontada del financiamiento público ordinario de Morena y los recursos serán destinados al Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California, conforme a lo determinado por el IEEBC.

En Baja California existe una crisis de certidumbre jurídica, particularmente en el sector inmobiliario, lo que afecta gravemente la competitividad y el patrimonio de empresas y particulares de la región.

Ignacio Avilés Bustillos, abogado del despacho De Hoyos Avilés, señaló que el despojo de bienes inmuebles por parte de personas que ejecutan procesos judiciales simulados en otras entidades del país, lejos de disminuir, va en aumento.

Por lo anterior, hizo un llamado a que autoridades de los distintos órdenes de gobierno y particularmente de la instancia municipal como Catastro, miembros del sistema de justicia y empresas inmobiliarias coordinen esfuerzos para blindar y estructurar instrumentos jurídicos que permitan proteger a los propietarios así como a las operaciones inmobiliarias.

Finalmente, señaló que evidentemente se han dado a conocer a la luz pública diversos casos en particular, pero continúan registrándose casos preocupantes. Por lo anterior, se le dará seguimiento puntualmente en términos jurídicos y, en su momento, informar sobre estos hechos a la opinión pública.