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Justicia

Desaparecidos, la búsqueda incesante que duele y motiva a vivir

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Por Dianeth Pérez Arreola

Reportaje acreedor de una mención honorífica en el Premio de Periodismo 2022 Baja California, organizado por el San Diego Union Tribune y el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego

En las faldas de la sierra, rumbo a la carretera a San Felipe, los vehículos de la Fiscalía General del Estado (FGE) dan tumbos en las veredas arenosas. Las temperaturas de Mexicali aun dan oportunidad de salir a realizar un operativo de búsqueda el 12 de mayo pasado.

Las integrantes del colectivo Madres Unidas y Fuertes acompañan a las autoridades. Se apretujan en los pick ups oficiales, pues “la bimboneta”, como llaman a la furgoneta donde transportan a los civiles en los operativos, se quedaba atascada en la arena.

Entre los matorrales, que rozan con sus espinas la carrocería de los vehículos, buscan cualquier indicio que pudiera señalar la presencia de restos humanos. Encabeza el convoy el oficial Berenguer, de la Policía Municipal en una cuatrimoto y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Antes de esta ubicación, empezaron buscando en un terreno junto a las instalaciones de la Agrobaja. A las cinco madres buscadoras se les da una varilla que entierran cuando notan tierra removida, para después oler la punta en busca del olor a descomposición.

Ahí, el elemento de la fiscalía a cargo del perro “Iker”, se acerca a darle un abrazo a una de las madres. Sonríe y explica “cada que ella viene nos damos un abrazo, porque dice que me parezco a su hijo”. La foto impresa en la camiseta de ella, lo confirma. Las buscadoras llaman al equipo “una familia”.

Operativo de búsqueda el pasado jueves 12 de mayo.

Baja California, foco rojo

El total de desaparecidos en el estado de acuerdo con la organización de derechos humanos Elementa, es de 12 mil 759, de 2007 a la fecha, según datos de la propia fiscalía bajacaliforniana.

La explicación del por qué desaparecen personas en Baja California, la atribuyen a que es “una entidad fronteriza cuyo cruce es fundamental para el tráfico de drogas y de personas, que posibilita que la desaparición ocurra con fines de explotación laboral, pero también por motivos de disputa territorial entre grupos del crimen organizado. Sumado a esto, las mujeres son un grupo vulnerable, tanto por la trata de personas como por la violencia de género”.

Tijuana es una de las ciudades más violentas del mundo, tiene el paso fronterizo más transitado también a nivel global, en ella habita la mitad de la población bajacaliforniana concentrada en el 2 por ciento de territorio y tiene la mayor incidencia de desapariciones, seguida de Mexicali. También el mayor número de colectivos de búsqueda: 14, contra solo 2 en la capital del estado.

Además de Tijuana, el municipio de Ensenada también está entre las ocho ciudades más violentas del mundo en el ranking de 2021, según la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, de acuerdo con la organización Seguridad, Justicia y Paz.

De hecho, en las 14 ediciones de este ranking anual, en ocho de ellos la ciudad más violenta del mundo ha sido mexicana. Según sus datos, Playas de Rosarito fue el municipio con el índice de violencia más alto de todo el país en 2019, y tiene la tasa más alta de desaparición de personas en el Estado, seguido por Tecate.

Crisis de casos

La crisis genética en el caso de las identificaciones tiene un proceso histórico que tiene que ver con la parte del equipamiento, las cargas de trabajo, la capacidad del personal, los cambios a veces institucionales, más el aumento generalizado del índice delictivo, comentó Rafael Hernández, de la Comisión local de búsqueda.

Los casos de desparecidos van en aumento y los casos no resueltos se convierten en casos de data vieja. Estos a su vez aumentan la estadística y van generando un acto de impunidad, dijo.

La comisión estatal de búsqueda nació hace tres años, sin estructura, sin personal y sin recursos, recordó. En el protocolo homologado de búsqueda y en la ley se establece la búsqueda como una prioridad, la detonación inmediata como parte de un proceso de búsqueda, urgente e inmediato.

Hernández explicó que hay dos tipos de búsqueda, la que hacen con colectivos y las institucionales, donde solo participan las autoridades. En Mexicali empezaron a conformar un equipo que se denomina CEBID (Célula de Búsqueda e Investigación de Desaparecidos). Ese equipo lo integran elementos del Sistema Municipal de Transporte, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del UNAPEP (Unidad de Atención a Personas en Estado de Vulnerabilidad), de la Fiscalía y de la Comisión local de búsqueda. Además del acompañamiento que les brinda Sedena.

“Aquí nos dimos a la tarea de formar un equipo institucional; de formar una estructura de búsqueda en Mexicali que no existía. La formación del grupo es la que impera y el objetivo es implementar este modelo de trabajo en los diferentes municipios, que las instituciones empiecen a sumarse de una manera integral y no solo el trabajo con colectivos, como en Tijuana”, precisó.

En el último reporte que abarca de noviembre a abril pasado, consta que hicieron unas 50 búsquedas de campo. Antes de febrero 2021 -el mes de incorporación de Hernández a la comisión- no existía la búsqueda en campo en Mexicali.

“Encontramos las zonas con mayor potencial de localización por características y por antecedentes, por los cuerpos que se localizan, además de la información proporcionada por elementos de la DSPM, Servicios Periciales y la propia fiscalía aportan información para poner atención a ciertas áreas”, informa.

Esas zonas son la reserva de Cucapah, donde han encontrado unos 4 cuerpos, la zona del valle -principalmente en las cercanías del aeropuerto, donde han encontrado 3 restos, y la Laguna Salada.

“Ahora estamos enfocados a una zona que no se había hecho búsqueda, que es el área de Los Algodones. Ya hemos hecho unas cuatro búsquedas. Falta prospectar y trabajar la zona Sur del Valle”, concluye.

895 desaparecidos de enero a abril 2022

Denisse Hernández Chacón, titular de la Unidad especializada de delitos de desaparición forzada de personas y desaparición forzada entre particulares, informó que del 1 de enero al 25 de abril de este año hay 895 desaparecidos, de los cuales se han localizado 456. De ellos, 408 con vida y 48 sin vida.

La unidad tiene presencia en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada. En la capital, su valle y San Felipe cuentan con 4 ministerios públicos, 2 auxiliares del ministerio público, un secretario de acuerdos y 12 agentes.

En Tijuana cuentan con 4 ministerios públicos, 2 auxiliares del ministerio público y 15 agentes. En Ensenada tienen un ministerio público, 3 auxiliares de ministerio público y 9 agentes. “Estas cifras se han ido aumentando, hay personas haciendo exámenes para ingresar y otros ya los aprobaron y están en espera de su asignación, en los tres municipios”, señaló.

La funcionaria destacó que actualmente tiene en fiscalía los datos de 6 mil perfiles genéticos como desconocidas y 2 mil perfiles de familiares de los cuales no hay resultados positivos al cruzar las bases de datos.

Precisó que obtener los perfiles es un proceso tardado para obtener el ADN, ya que depende de las condiciones en las que se localice el cuerpo, pero que se llegan a hacer hasta tres estudios genéticos en un solo cuerpo, hasta tener un perfil confiable.

Expresó que existe una propuesta federal para tener un banco de perfiles genéticos. Se analiza por el momento el lugar idóneo, pues tendría que incluir un cementerio temporal de restos localizados.

El área de análisis de contexto, para saber por qué desaparecen las personas, actualmente no existe en Baja California dentro de la fiscalía, pero se contempla la contratación de profesionales en Tijuana.

“Esa área de va a conformar en los próximos meses con criminólogos que nos puedan decir las causas generales de las desapariciones. Ya se buscan los perfiles, ya se tiene la autorización y el apoyo por parte del fiscal general para conformar esa área, se están haciendo los exámenes de control y confianza, y para fines de año estaría operando”, remarcó Hernández Chacón.

Enfatizó que las carpetas de desaparición no prescriben; son casos que siempre están activos por parte de la fiscalía y es precisamente la intención fortalecer el área para dar un seguimiento a los casos de muchos años.

Operativo de búsqueda el pasado 11 de mayo, en el antiguo edificio del Mercado Municipal en Mexicali.

Cuerpos sin identificar

El tema de los no identificados se ha manejado a nivel nacional como una emergencia forense. Tijuana es la ciudad que más cuerpos recibe en el Servicio Médico Forense (Semefo) en el país, incluso por encima de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, manifestó el doctor César Raúl González Vaca, Director estatal de Semefo en Baja California.

En promedio Tijuana recive hasta 20 cuerpos diarios, informó. “La capacidad de resguardar cadáveres refrigerados es de más de 300, pero tenemos 600. El problema no es la llegada de los 20 cuerpos, sino cuántos de ellos son identificados y reclamados; uno de cada cuatro no son reclamados”.

Agregó que también Tijuana tiene el no honroso primer lugar en envío de mil 200, mil 300 cuerpos por año a fosa común. Comparado con Mexicali, la cifra anda entre los 250, 300 cuerpos al año.

“Varía mucho el destino final porque son temas de panteones municipales. Lo que corresponde a Semefo es que ingresa el cuerpo en calidad de desconocido, se trabaja en él a petición del Ministerio Público (MP), se hace la necropsia y queda en resguardo hasta en tanto el MP no autorice que se entregue a alguien o que se lleve a fosa común; por ley son 15 días. Tras ese periodo le mando una lista al MP y ellos autorizan quién ya puede ir a fosa común. Luego, Semefo realiza una serie de trámites ante diversas instancias para poder hacer la inhumación. No pueden ser cremados porque estos cuerpos están dentro de una investigación”, explicó.

Todos los no identificados van en bolsas y con placas metálicas con información del número de caso y fechas. Semefo se queda con un archivo básico de identificación que son fotografías, huellas, odontología forense y estudios de genética, para una posible y futura identificación.

Si alguien reconoce en las fotos a algún familiar, le podemos decir en qué panteón, en que manzana, en qué gaveta está ubicado. La fiscalía otorga la ubicación y mediante la orden de un juez que permita la exhumación y una funeraria particular debe dar ese servicio, apuntó.

Los colectivos y las búsquedas

El miércoles 11 de mayo se realizó una búsqueda con el colectivo Unidos por Nuestros Desaparecidos en terrenos y propiedades del centro y periferia de la ciudad en Mexicali. En la zona centro las antenas registraron la señal del teléfono de Jhosue Romo Limón, desde el día de su secuestro el 3 de febrero de 2022, hasta el día 12 del mismo mes.

Se le buscó en ocho diferentes locaciones, con 15 integrantes del colectivo, autoridades de fiscalía, de la Comisión local de búsqueda, un canino y policía municipal, sin éxito.

Humberto Meza, coordinador del colectivo dijo hay unos 40 miembros activos y unos 70 voluntarios. Desde el inicio del 2022 hay localizado cuatro restos humanos en los operativos de búsqueda, que desafortunadamente no han coincidido con las personas a quienes ellos buscan.

Piden una base de datos donde puedan saber la identidad de los desparecidos y el estatus de la investigación, así como también que los datos de los registros telefónicos se den de manera rápida y sin tantos trámites.

Las buscadoras portan una llamativa camiseta con la foto de sus familiares desaparecidos: Edith Cruz porta la foto de Miguel Ángel Areyán Cruz, desaparecido del negocio las Micheladas de la Justo hace casi seis meses.

Cuando este año aparecieron las fosas clandestinas en San Luis Rio Colorado, se encontró con una pesadilla burocrática al querer ir a cerciorarse de que ninguno de los cuerpos encontrados era el de su hijo.

Le dijeron en fiscalía que tardarían cuatro meses en darle un oficio para que pudiera presentarse en aquella ciudad y solicitar una comparación de perfiles genéticos. Gracias a la intervención del colectivo de madres buscadoras de Sonora, pudo ir y ser atendida en poco tiempo.

También participó Verónica Rivera, madre de José Luis Méndez, desaparecido el 12 de enero de 2020 del fraccionamiento Las Torres. Dejó una niña de 12 años, la cual también perdió a su madre debido a la rickettsia, hace ya ocho años.

Verónica dice tomar muchos medicamentos para poder superar la ansiedad y la tristeza que le causa la ausencia de su hijo. También acude a las terapias psicológicas que le facilita la fiscalía.

Las madres buscadoras expresan que los amigos de sus hijos matan el recuerdo del desaparecido. Todos se alejan, nadie lo menciona, y las familias se desintegran al recriminarles a ellas toda la atención en el ausente.

Aquí, en las búsquedas, las madres mantienen vivo el recuerdo de sus desaparecidos. Aquí pueden compartir sus experiencias y sentimientos con otras personas que las entienden mejor que nadie, al sufrir la misma pérdida y vivir la misma desesperación. “Hasta encontrarlos”, gritan antes de marcharse, varilla en mano, a la tarea que ahora da sentido a su existencia.

Estatal

Sancionan a juez por pedir a víctima cerrar sus redes si no quería ser hostigada

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El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Baja California dictó una resolución definitiva en la que determina sancionar con una suspensión de 15 días naturales a la juez Sandra Sofía “N”, tras acreditarse su responsabilidad administrativa por comisiones de faltas clasificadas como no graves.

Durante una audiencia por hostigamiento, de la denuncia presentada por Ana Lidia Soto por calumnias, difamaciones y amenazas, la juez le comentó que si no quería ser hostigada que cerrara sus redes sociales, por lo que Soto presentó una queja por lo que consideró un actitud soberbia y arrogante de la juez.

La resolución, identificada bajo el expediente T.D.Q.A. 28/2026, declara como “FUNDADO” el informe de presunta responsabilidad administrativa emitido originalmente el 30 de abril de 2026 por la autoridad investigadora en contra de la señalada.

De acuerdo con el documento, el tribunal resolvió que se acreditó la responsabilidad de la juz al actualizarse las conductas previstas en la legislación local y general, específicamente bajo los artículos 72 (fracciones III y XVIII) de la Ley Orgánica, así como el artículo 49 (fracción I) de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que será suspendida de su trabajo por 15 días.

La sentencia fue firmada y autorizada por el Magistrado Manuel Nahúm Rodríguez Chávez, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado. El dictamen instruye además a la Unidad de Substanciación del Tribunal para ordenar la ejecución inmediata de los términos señalados en la resolución definitiva.

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Estatal

Exigen justicia por feminicidio de la sargento Bertha Mireya González

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Esta mañana, familiares y amigos de la sargento Bertha Mireya González se manifestaron para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos en torno a su muerte.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de junio, en el departamento de Bertha, ubicado al interior del cuartel militar de la calle 11, al poniente de la ciudad.

María, amiga de la sargento durante 19 años, comentó que inicialmente le informaron que Bertha, de 42 años, había sufrido una caída dentro de su departamento; sin embargo, posteriormente, de acuerdo con el certificado de defunción, la causa de muerte fue determinada como asfixia.

Detalló que el cuerpo de su amiga presentaba dos golpes en la cabeza, uno en la frente y otro en la nuca; señaló como principal sospechoso a su expareja, otro militar de nombre Cristian, que vive en el mismo cuartel y continúa en libertad.

María afirmó que existen diversas irregularidades en las investigaciones, entre ellas una presunta manipulación de la escena; también refirió que Bertha Mireya llevaba varias horas de haber fallecido cuando fue trasladada al Hospital Militar.

Expuso que, en un inicio, el caso estaba a cargo de la Fiscalía General del Estado; sin embargo, al solicitar mayor información, les señalaron que la investigación fue trasladada a la Ciudad de México y que actualmente está a cargo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

Por su parte, Beatriz, hermana de Bertha Mireya, mencionó que personal de la Fiscalía Militar acudió al lugar y realizó diversas preguntas; no obstante, al solicitar avances sobre el caso, les indicaron que deben dirigirse a las autoridades en la Ciudad de México, situación que, dijo, les genera sospechas sobre un posible intento por ocultar información.

Bertha Mireya González, originaria del Estado de México, tenía 42 años de edad, contaba con casi 19 años de servicio militar y llevaba 20 años viviendo en Mexicali; además, era madre de tres hijos.

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Estatal

Buscan proteger a comerciantes víctimas de extorsión

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La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa para establecer un mecanismo institucional de orientación y canalización dirigido a personas y negocios afectados por extorsión, cuando este delito ponga en riesgo la continuidad, interrupción, abandono o cierre de sus actividades económicas.

La propuesta plantea reformar la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión para el Estado de Baja California, con el objetivo de que la atención de las autoridades no se limite a las consecuencias patrimoniales del delito, sino que también considere sus efectos sobre los empleos, ingresos familiares y actividades productivas.

Corral Quintero expuso que las amenazas derivadas de la extorsión pueden llevar a las víctimas a suspender o abandonar sus negocios ante el riesgo para su integridad, la de sus familiares y trabajadores, así como para sus bienes.

Por ello, propuso crear un Protocolo de Orientación y Canalización para la Continuidad de Actividades Económicas Afectadas por Extorsión, dirigido tanto a personas físicas como morales cuya actividad económica se encuentre en riesgo como consecuencia de este delito.

El protocolo establecería una ruta de atención para facilitar que las víctimas conozcan y accedan a las medidas de protección, atención y asistencia contempladas en la legislación vigente, mediante la coordinación entre las autoridades competentes.

La iniciativa precisa que este mecanismo no interferiría con las facultades de investigación y persecución de los delitos, sino que buscaría mejorar la coordinación institucional para atender las consecuencias que la extorsión genera en las actividades económicas.

Además, plantea incorporar a la Estrategia Estatal para Prevenir y Combatir la Extorsión acciones específicas de orientación, canalización y coordinación institucional encaminadas a prevenir o reducir el cierre, abandono o interrupción de negocios y otras actividades productivas afectadas por este delito.

La legisladora aclaró que la propuesta no contempla la entrega automática de subsidios, créditos, condonaciones o apoyos económicos a las víctimas. El objetivo, explicó, es aprovechar los mecanismos y recursos institucionales existentes para establecer una ruta clara de atención frente a las consecuencias económicas de la extorsión.

En caso de aprobarse la reforma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con las autoridades competentes, tendría un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para diseñar el protocolo e incorporar las acciones correspondientes a la Estrategia Estatal.

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