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Corrupción

Aprueban cuenta pública a Samaniego; rechazan las de Tijuana, Tecate y Ensenada

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Por Dianeth Pérez Arreola

El informe de la cuenta pública de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, periodo encabezado por Armando Fernández Samaniego, fue la única aprobada en comisión de Fiscalización, a pesar de que contiene omisiones y fallos más graves que los observados en las cuentas de las comisiones de agua del resto de los municipios.

Las cuentas debieron subirse a pleno hace tiempo, pero diputados de oposición sospechan que el retraso se debe a que interfirió el proceso para elegir a la coordinadora del proyecto de continuidad del gobierno en turno, Claudia Sheinbaum, candidata que fue apoyada en Baja California por quien fuera titular de la CESPM en el año de la cuenta revisada.

Los resultados de la auditoría se recibieron en el Congreso desde el 28 de abril pasado, y en el documento se describen omisiones como falta de evidencia en cobro de consumo de agua; irregularidades en los cálculos de Impuesto Sobre la Renta en compensaciones confidenciales por más de 48 millones de pesos, remuneraciones de personal y aguinaldo; falta de aplicación del procedimiento de licitación pública en la contratación de servicios de recaudación con diferentes proveedores; pago de recargos y actualización de pago extemporáneo de derechos de extracción de agua, entre otras.

El documento describe además que se encontró a un usuario de giro comercial que pagó en diciembre de 2020 casi medio millón de pesos, sin que se encontrara evidencia de cobro y pago del consumo de agua potable durante el ejercicio fiscal 2021. Sin embargo, en 2022 se identificaron lecturas por consumo de agua a partir de julio, determinándose ante esta irregularidad un adeudo estimado de casi 550 mil pesos por el año 2021.

El resultado de la auditoría señala también un contrato -AD-SERV04-2020- por casi 20 millones de pesos para revisión de usuarios comerciales y detección de posibles irregularidades; el polémico contrato con Fisamex.

 “El hecho es que la cantidad pagada al prestador de servicio se encuentra vinculada directamente a los ingresos obtenidos por las gestiones y acciones del prestador, no obstante frente a ello han procedido a la fecha diversas acciones legales interpuestas por los usuarios afectados por estos cobros, y debido a ello la CESPM, contratante de estos servicios ha devuelto a los usuarios afectados un monto de 102 millones 693 mil 582 pesos sin haber recibido del proveedor el 20 por ciento de contraprestación que en su momento le fue pagada por la CESPM”, precisa el informe.

CONCEPTONÚMERO DE USUARIOSIMPORTE
A favor y ya cobrado1655’616,078
Con amparo y convenio847’077,504
Con amparo y pendiente1324’592,659
Impugnado y pendiente144,000
En contra y firme1520’594,083
TOTAL53147’924, 325

Auditoría solicitó 12 dictámenes que amparan la recaudación de ingresos por concepto por derechos de conexión al agua potable y alcantarillado sanitario, observándose diferencias cobradas de más en 10 dictámenes por 28 millones 776 mil 973 pesos, que no fueron aclaradas por la CESPM.

Otras irregularidades encontradas en la cuenta pública de la paraestatal cuando estaba bajo la dirección de Fernández Samaniego, tienen que ver con más contratos firmados para recuperar cartera vencida, y cortes y reconexiones del servicio de agua potable sin haber licitaciones de por medio y no justificar las adjudicaciones directas.

El documento de 17 páginas de extensión, firmado por el auditor superior del estado, Luis Gilberto Gallego Cortez, fue analizado hace semanas en la Comisión de Fiscalización, donde la presidenta Alejandra Ang votó en contra y el resto de los legisladores morenistas lo hicieron a favor.

Algunas de las omisiones y errores encontrados en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Tecate y Ensenada son falta de controles en el uso y aplicación de recursos públicos, cobros de menos, incumplimiento a los principios de economía, eficacia, eficiencia y valor público y de oportunidad de mejora en planes y programas institucionales, cobros de más, falta de perspectiva en equidad de género e irregularidades en cobros por conexión, entre otras.

Corrupción

Desaparecen de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mexicali bienes por casi medio millón

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La Dirección de Comunicación Social del XXV Ayuntamiento de Mexicali reportó la desaparición de 37 bienes muebles valorados según sus cálculos en más de 165 mil pesos, presuntamente por robo o extravío ocurrido en noviembre de 2025, aunque en precios actualizados la cifra ronda el medio millón de pesos.

Según la documentación oficial, el Coordinador Administrativo Marco Antonio Vásquez Anaya presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 5 de noviembre de 2025, tras realizar una inspección física de los bienes asignados a la dependencia.

Según fuentes que prefieren guardar el anonimato, el tema de los bienes dados de baja por el ayuntamiento por “no estar localizados” se inició en octubre del año pasado por observaciones de la Auditoría Superior del Estado, y hace unos días pasó por cabildo sin que ningún regidor cuestionara la desaparición de más de 6 mil bienes municipales.

Los artículos no localizados que corresponden a Comunicación Social y cuyos resguardos no existen, incluyen equipo de cómputo, mobiliario de oficina, equipo audiovisual y un remolque.

Entre los bienes desaparecidos destacan 3 computadoras Apple incluyendo una MacBook 12″; 6 sillas secretariales y varios sillones de recepción, 2 cámaras fotográficas y 1 de video; reguladores de voltaje, grabadoras y un micrófono, además de un remolque de un eje marca Vimetal.

El valor original declarado de los bienes asciende a 165 mil 588 pesos. Sin embargo, considerando los precios actuales del mercado en Baja California (2026), el costo de reposición podría rondar el medio millón de pesos.

Las autoridades municipales iniciaron el proceso de baja patrimonial conforme al Reglamento de Bienes del Patrimonio del Municipio, incluyendo la elaboración de un acta administrativa con testigos y la notificación a la Sindicatura y Oficialía Mayor, sin embargo el procedimiento levanta suspicacias porque los protocolos indican que cada bien debió estar acompañado de un resguardo firmado por un funcionario que se responsabiliza del bien, documento que no existe para ninguno de los más de 6 mil bienes municipales.

El caso fue turnado a la Unidad Investigadora de Robos de la Fiscalía General del Estado, como robo.

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Corrupción

Desvela Latinus tranza inmobiliaria de los Torres

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Luis Alfonso Torres Torres, cuñado de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila y socio de su entonces esposo Carlos Alberto Torres Torres, adquirió en julio de 2024 un terreno colindante con la planta de Toyota en Baja California por solo 400 mil pesos, el equivalente a aproximadamente 30 pesos por metro cuadrado. Cuatro meses después, la automotriz japonesa anunció una inversión multimillonaria en la región, y el valor del predio se disparó a cerca de 13 millones de pesos.

Según documentos registrales consultados por Latinus, el terreno de 13,174 metros cuadrados se ubica en una zona industrial estratégica entre Tecate y Tijuana, con acceso directo a la carretera federal Mexicali-Tijuana. Imágenes satelitales muestran que el predio permanecía sin construcción al momento de la compra y hasta 2024.

El reportaje “Ganga Familiar” detalla que la operación se realizó en efectivo y que el precio pagado resultó irrisorio comparado con el valor de mercado en la zona, que superaba los mil pesos por metro cuadrado en esa época. La plusvalía generada representaría una ganancia superior al 3,000% en pocos meses.

Vínculos familiares y empresariales

Luis Alfonso Torres Torres es hermano de Carlos Alberto Torres Torres, quien fuera esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Ambos hermanos son socios de la gobernadora en la empresa Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., constituida en noviembre de 2020 para la comercialización de productos orgánicos y otros giros.

Los hermanos Torres Torres han sido señalados en investigaciones periodísticas por presuntos delitos como huachicol (robo de combustible), lavado de dinero y delincuencia organizada, según reportes previos.

Contexto político

El caso surge en medio de una crisis institucional en Baja California. En 2025 se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de entrada a Marina del Pilar Ávila y a su entonces esposo Carlos Alberto Torres. El anuncio de la inversión de Toyota ocurrió en noviembre de 2024, cuando la mandataria aún mantenía su relación con la familia Torres.

Hasta el momento, ni la gobernadora ni Luis Alfonso Torres Torres han emitido una respuesta pública ante las revelaciones de Latinus.

El reportaje completo, con documentos notariales, imágenes satelitales y detalles de la operación, fue difundido por el medio de investigación Latinus.

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Corrupción

Pide el PAN que gobernadora deje el cargo y critica doble moral de Morena

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La presidenta del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, exigió que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda pida licencia al cargo y deje de coordinar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Además criticó la postura de Morena, que habla de soberanía nacional y tiene una mandataria ofreciendo información de las mesas de seguridad.

Tras la filtración de un segundo audio donde la mandataria acepta que ha dado información a las autoridades estadounidenses y que estaría dispuesta a compartir la información de las mesas de seguridad con ellos, la líder del blanquiazul comentó que esto pudiera constituir un delito en México, además de los que parecen ya estar firmes en Estados Unidos.

“El Partido Acción Nacional ha hecho una serie de exigencias, expresiones; ha levantado la voz en relación a la crisis de estado que tenemos en Baja California. Una crisis gravísima que hoy se ve reflejada en audio filtrados de la gobernadora Marina del Pilar”, opinó.

Mata Lozando recordó que cuando le quitaron la visa a la gobernadora, manifestaron que la gobernadora debía dejar de participar en las mesas de seguridad, pues es preocupante que ella tenga información de esas reuniones de coordinación cuando posiblemente esté involucrada en temas de lavado de dinero y de crimen organizado.

“Hoy lo vemos reflejado en el segundo audio filtrado, lo más relevante de ese audio es que está dispuesta a colaborar con información de las mesas de seguridad a diferentes instancias, autoridades de Estados Unidos para efectos de que le quiten cargos. Además, se confirma que es un diálogo con el FBI y con diferentes autoridades de Estados Unidos… También se confirma que hay cargos establecidos (contra la gobernadora).

La líder del blanquiazul manifestó que otro dato relevante de este segundo audio, es que confirma que la mandataria estatal tiene dos cuentas bancarias en Estados Unidos, cuando hasta la presidenta de la república manifestó que la gobernadora decía no tener cuentas bancarias, agregó.

El planteamiento del PAN es que se haga cargo y sea responsable de sus actos, pidiendo licencia desde este momento. “El llamado es a la seriedad de su cargo, a que deje de decir mentiras; ha dicho mentiras una tras otra vez desde que le quitaron la visa el año pasado y hoy solo se confirma que sí hay una investigación… estamos en la antesala de cargos, de posible extradición, esto es gravísimo”, remarcó.

Finalmente, declaró que Morena habla de soberanía nacional cuando hoy vemos a una gobernadora pone sobre la mesa su posible colaboración con Estados Unidos con información pública.

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