El caso de Priscilla Blanco Castillo, de 26 años, se hizo viral en redes al denunciar que el bebé al que dio a luz el 23 de mayo de 2026 en el Hospital Materno Infantil de Mexicali, le fue arrebatado por el DIF con supuestos engaños, algo que la institución niega categoricamente.

Según la publicación en redes del 22 de julio, la joven narra que después del nacimiento, su bebé fue separado de ella y trasladado a un albergue del DIF debido a que unos exámenes toxicológicos supuestamente dieron positivo. Ella niega consumir sustancias y asegura que posteriormente se realizó pruebas antidoping con resultados negativos.

De acuerdo con lo expresado por ella, dice trabajar en una veterinaria y contar con estudios de licenciatura en Criminología. Cumplió con las asistencias, revisiones y requisitos solicitados por las autoridades, confiando en recuperar pronto a su hijo, pero le fue informado que su hijo se encontraba en un albergue.

Priscilla asegura que al revisar documentos relacionados con el caso, encontró firmas colocadas presuntamente a su nombre sin su autorización, lo que significa qe su firma habría sido falsificada en documentos relacionados con la separación del menor y un posible procedimiento de adopción.

En documentos oficiales fue descrita como una persona con hipertensión, depresión, toxicomanía y enfermedades infecciosas, señalamientos que rechaza completamente. Priscilla asegura que no busca dinero ni una indemnización, porque ningún pago podría devolverle el tiempo perdido lejos de su hijo. “Yo solamente quiero mi bebé. Nadie va a poder reparar el tiempo que yo no estuve con mi hijo”, señaló.

La madre asegura estar dispuesta a someterse a todos los análisis médicos, toxicológicos y psicológicos necesarios para demostrar que las condiciones que le atribuyen no son verdaderas.

Por su parte, el DIF precisó que los hechos iniciaron cuando el Hospital Materno Infantil dio vista a la Procuraduría tras dar la madre positivo a reactivos toxicológicos y presentar el bebé síndrome de dificultad respiratoria, implicando un riesgo por exposición intrauterina a sustancias.

“Tras evaluaciones desfavorables a la madre para una reintegración inmediata, el 9 de junio de 2026 el menor ingresó al Albergue Temporal Mexicali. Se aclara que el niño no ha sido dado en adopción”, declaran por parte de la institución.

La Procuraduría dictó las medidas de protección al niño e inició el proceso de reintegración; se formuló un Programa de Reconstrucción Personal de 9 compromisos para apoyar a los padres; sin embargo, ambos se negaron a firmar el plan social, turnándose el expediente al Área Jurídica para el seguimiento, agregan.

El Juzgado Sexto de Distrito condicionó la lactancia a valoración médica. La especialista determinó su improcedencia debido al antecedente de reactivo toxicológico positivo de la madre, garantizando así la salud del lactante, remarcan por parte del DIF.

“En cumplimiento a las resoluciones del Juez de Distrito, se autorizaron visitas supervisadas en compañía del actuario durante los meses de julio y agosto de 2026 las cuales se mantendrán en tanto se resuelva la situación legal del caso”, concluyen las autoridades, que aseguran actúan con estricto apego a la ley y bajo el Interés Superior de la Niñez, sosteniendo una postura legal firme en defensa de la vida, la salud e integridad del menor.

Elementos del equipo interdisciplinario de búsqueda localizaron este miércoles un tercio proximal de fémur derecho en el predio de Pro Natura, ubicado en el poblado Miguel Alemán del Valle de Mexicali.

El hallazgo se registró a las 07:28 horas y se suma a la serie de hallazgos de restos humanos que se han documentado en esa zona desde el 8 de enero de 2026 -48 hasta ahora-, cuando se iniciaron las labores de búsqueda coordinadas entre la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Búsqueda, con el apoyo de colectivos de familiares.

El predio de Pro Natura se ha convertido en uno de los principales focos de inhumaciones clandestinas en el Valle de Mexicali.

Este mes se reportó la localización de la fosa número 24, que contenía los restos de la víctima 47, una osamenta completa aparentemente de larga data, hallada a unos 500 metros de la última inhumación.

Hasta entonces se habían contabilizado al menos 24 fosas, además de hallazgos superficiales esparcidos por la fauna local.

Las autoridades continúan con el peinado de la zona, que forma parte de un área de reforestación y reserva natural protegida.

Este martes, María Elena Andrade, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) ofreció una conferencia de prensa, donde expresó que las acusaciones contra el exjefe policiaco Pedro Ariel “N” se deben principalmente a desaparición forzada y asociación delictuosa. El exfuncionario acusa a la fiscal de ejercer una venganza personal debido a un juicio que él y otros abogados promovieron contra ella en 2011.

Las líneas de investigación de la FGE asocian presuntamente el entorno de mando del ahora detenido con el grupo delictivo “Los Rusos”, que opera en Mexicali. Además hay más de 20 agentes de la policía municipal de Mexicali pertenecientes a su excuadro de mando que se encuentran bajo investigación penal formal por nexos con el crimen organizado.

La postura de la FGE insiste en que las investigaciones criminales avanzan con firmeza y legalidad, sin importar cargos anteriores, con el objetivo de llevar ante la justicia a presuntos generadores de delincuencia.

El operativo se da en un ambiente de alta tensión política tras recientes filtraciones de audios de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y la detención del exgobernador Ernesto Ruffo, por lo que el acusado catalogó las acciones de la fiscal como un “distractor” gubernamental.

La detención responde a la Causa penal06748/2026, dictada por la jueza Norma Celeste Soto, que imputa de forma directa al exjefe policiaco y a otros exmandos policiales.

El caso principal que detonó la investigación fue la desaparición de jóvenes estadounidenses en la zona del Bar Shots en Mexicali. Los policías implicados aprovechaban su posición y recorridos de vigilancia para facilitar la sustracción de personas en esta área, explicó la fiscal.

El cuadro de mando policiaco operaba en colusión directa con la célula criminal de “Los Rusos”, que es la facción del Cártel de Sinaloa en la frontera, sirviendo como su brazo operativo en el municipio, señaló.

El esquema delictivo no involucraba a oficiales aislados, sino a toda una estructura que incluía al ex comandante operativo -Luis Alfonso N- y a más de 20 agentes municipales bajo la gestión del líder policiaco.

Debido a la magnitud de la red y los lazos con el narcotráfico, la fiscal anunció en la misma conferencia que el expediente y el caso penal serán turnados en su totalidad a la Fiscalía General de la República (FGR) para que proceda por delitos del fuero federal.