Corrupción
Controles de alcoholemia, fuente de recaudación e irregularidades en Ensenada
El testimonio de un mexicalense que fue detenido en Ensenada en un control de alcoholemia narra una serie de irregularidades en el proceso, que sirve como fuente de ingresos irregulares para coyotes, policías y jueces.
La víctima, cuya identidad y las evidencias del caso son conocidas para esta redacción, relató los hechos.
Él iba a Ensenada en compañía de su esposa, una amiga y el hijo menor de ésta el pasado sábado 20 de julio. Habían alquilado un alojamiento en el puerto, pero al llegar, a eso de las 7 de la tarde decidieron ir primero a un karaoke, donde pidieron una cubeta de 10 medias que se tomaron entre 3 personas.
Después de las nueve de la noche, salieron con la intención de ir a un supermercado y comprar víveres para los días siguientes. Frente al hotel Corona estaba un punto vial donde a todos los detenían para hacerles la prueba de alcoholemia.
Su prueba salió con estado de ebriedad, cuando a su parecer su condición era la de aliento alcohólico.
Al subirlo al vehículo de la policía, se acercaron cerca de 20 coyotes ofreciendo tramitar un amparo por 5 mil 500 pesos. Estaba un juez calificador y un encargado de turno de la municipal en el lugar.
El juez no quiso escucharlo, pero le dijo a su acompañante que le diera 8 mil pesos para que saliera, que de otra manera iba a pagar 16 mil de multa pero que él iba a terminar pagando como 20 mil porque el carro lo iban a remolcar.
La víctima le dijo a su amiga que no pagara.
Había salido de Mexicali con 9 mil pesos en su cartera, de los que gastó menos de 1 mil 500 pesos al momento de su detención. También traía una pequeña mochila con 200 dólares y pertenencias personales.
Estando en el vehículo de la municipal en espera del traslado a la comandancia, fue testigo de que a una señora le hicieron la prueba de alcoholemia tres veces y salió negativa. Se la hicieron una cuarta vez, la cual salió positiva.
Ella iba con su esposo, una niña como de 8 años y la abuela de la menor. La niña estaba muy asustada y llorando por ver a su madre esposada, y un policía la regañó diciéndole que se callara.
El esposo le pidió al juez que ayudara a su esposa, que él trabaja de guardia de seguridad en la penitenciaría de El Hongo y le contestaron que ahí no era nadie. Que tenía que soltar dinero si quería a su esposa libre.
Para entonces, la esposa del mexicalense empieza a tomar video al ver cómo funciona el retén de la municipal. Se dan cuenta y le quitan el teléfono.

Finalmente, lo llevan esposado a la comandancia. Pide audiencia al llegar y le sugieren que le hable a su abogado. Contesta que él es abogado y se quiere representar a sí mismo. Cuenta que estuvo en una celda de 2.50 por 2.50 metros con casi 20 personas.
Le hicieron un certificado médico donde sale positivo en varios rubros cuando en la comandancia nunca lo pasaron con un médico.


Finalmente, cuando sale después varias horas recibe de inmediato una llamada de un número de Ensenada, diciéndole que ya saben que salió y que debe pagar una cantidad de dinero porque ellos le ayudaron a salir mediante un amparo. Le estaban queriendo cobrar algo que no pidió ni promovió y lo acosan con llamadas pidiendo dinero.
Decide proceder legalmente. El 22 de julio presentó una denuncia ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa contra la policía municipal de Ensenada, con número de expediente 1572, otorgándole al día siguiente una suspensión provisional.
Con ese documento acude al depósito vehicular Arrastres Ensenada, ubicado en Blvd. Zertuche y Tecnológico el lunes 22 de julio, porque los domingos está cerrado, pero terminan entregándole el carro hasta el jueves 25.
No querían darle su unidad, y le sacaron una supuesta multa del 2007 por estacionarse en rojo, la cual se negó a aceptar. Le dijeron que esperara una hora. Lo hicieron esperar tres. Cuando estuvo lista la liberación de la unidad le pidieron que fuera a robo de vehículos para que le verificaran la serie y comprobar que no era robado.
Es ilógico, les comentó, pues estaba acreditando la propiedad con documentos oficiales. “No me puedo robar a mí mismo”, les dijo. “Pues así es aquí”, le respondieron.

Para agilizar las cosas decide pagar, aunque la suspensión provisional también surte efectos para el depósito municipal, lo cual no respetaron. Además, querían que les diera el documento original de la suspensión, cuando hay una notificación para ellos por parte de la autoridad que lo otorga. Insistían en que efectuara un pago, ahora en el depósito vehicular, para lo cual exige un recibo. Le dicen que no, pero tras verlo hacer varias llamadas, ceden y le dicen que está bien.
El “recibo” no es oficial, y pidió factura. Le contestaron que el sistema no estaba funcionando en ese momento. Pide un número de teléfono o un correo para pedir la factura correspondiente. Le dan un número, pero después, cuando se comunica para insistir en la entrega de la factura, lo bloquean.

“Cuando me iba, me dijo el juez calificador enfrente de mucha gente que pocas personas se les van vivos como él. ¿Quién es tu abogado?, ¿quién te tramitó la suspensión?”, insistió con curiosidad el juez.
La víctima promueve una verificación fiscal a las autoridades de Ensenada, porque no quieren dar documento oficial con datos fiscales, como corresponde.
Del dinero que traía en la cartera le sacaron cerca de 6 mil pesos. No le pusieron sellos al carro, no le hicieron inventario. Traían unas sillas de playa en la cajuela, que encontraron quebradas y llenas de arena, cuando el carro estuvo todo el tiempo en el depósito municipal. Además, le entregaron la unidad sin gasolina y le robaron la bolsa con cosas personales donde traía los 200 dólares.
El denunciante ha sabido de al menos dos casos similares al suyo.
Corrupción
Se contradicen Coepris e Issstecali sobre medicamento con alerta sanitaria
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) emitió un posicionamiento sobre la nota publicada aquí respecto a la prescripción de un medicamento con alerta sanitaria.
“ISSSTECALI mantiene una coordinación permanente con las autoridades sanitarias competentes y reitera su compromiso de apegarse estrictamente a la normatividad vigente en materia de adquisición, almacenamiento y suministro de medicamentos”, señalan desde ese instituto.
De acuerdo con información de Issstecali, la cronología del caso del medicamento Osaten 1 mg, cuyo ingrediente es el ketotifeno, precisan que el 4 de junio de 2025 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria a nivel nacional por la comercialización ilegal del producto Osaten 1 mg.
Dos dias después, el ISSSTECALI reportó a la autoridad sanitaria estatal la existencia de algunas piezas del producto en inventario y procedió a su resguardo preventivo, en espera de instrucciones oficiales.
“El 19 de septiembre de 2025, personal verificador de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COEPRIS), en compañía del responsable sanitario y apoderado legal de la empresa Offenbach Mexicana, S.A DE C.V., realizaron la inspección correspondiente y procedieron al levantamiento de las medidas de seguridad aplicadas al producto, determinando que las piezas eran originales, elaboradas y distribuidas por la citada empresa, por lo que pueden ser prescritas al cumplir con los requisitos legales y sanitarios establecidos”, dice el texto.
Finalmente, la postura de Issstecali indica que el instituto determinó no volver a adquirir dicha marca comercial y subraya que actuaron en todo momento “conforme a las indicaciones emitidas por las autoridades sanitarias competentes, manteniendo comunicación permanente y atendiendo cada una de las medidas de control y verificación establecidas”.

El oficio enviado hace un año, de Issstecali a Coepris.
“La empresa fabricante del medicamento identificó la comercialización ilegal en territorio nacional del producto Osaten (Ketotifeno) sin autorización sanitaria, dado que el registro sanitario de este medicamento actualmente no es vigente y no se ha fabricado desde el 31 de mayo de 2018″, dice el documento del 6 de junio de 2025”, lo cual se contradice con la postura de ISSSTECALI otorgada hoy, donde precisa que “…procedieron al levantamiento de las medidas de seguridad aplicadas al producto, determinando que las piezas eran originales, elaboradas y distribuidas por la citada empresa, por lo que pueden ser prescritas al cumplir con los requisitos legales y sanitarios establecidos”.
Información de internet afirma que el medicamento no se fabrica desde 2018.

La queja de quien tomó el medicamento fue recibida en COEPRIS hoy.
María Cristina Valenzuela Rosas fue quien resultó afectada por la prescripción de Osaten, y este viernes fue a COEPRIS a denunciar la situación. Le dijeron que desde hace tiempo trabajan en coordinación con ISSSTECALI y que ese medicamento ya se había retirado.
Debido a que tomó dos dosis del mdicamento, una en miércoles y otra el jueves, tuvo que acudir de urgencia a ISSSTECALI el jueves por la noche, con síntomas como mareos, alta presión y entumecimiento en la cara.
Tras aplicarle Hidrocortisona para aminorar los síntomas, se negaron a dejarla en observación y a darle una incapacidad.
En la publicación de la nota de Valenzuela Rosas ayer jueves, una persona comentó que a ella también le habían dado Osaten en una clínica periférica de ISSSTECALI, y envió una foto a la primera afectada, por lo que no se trata de un caso islado y puede haber más prescripciones de ese medicamento con alerta sanitaria.

Van al menos dos derechohabientes de ISSSTECALI a quienes ha recetado Osaten.
¿Cuánto medicamento no estará bien en ISSSTECALI? cuestiona Valenzuela Rosas, quien agregó que le parece completamente absurda la respuesta del instituto.
Corrupción
Tijuana registra la mayor percepción de corrupción del país: IMCO
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó el Índice de Competitividad Urbana 2026, que evalúa la capacidad de 72 zonas metropolitanas del país para generar, atraer y retener talento e inversión. Estas ciudades concentran entre el 80 y 90 por ciento del PIB nacional y albergan al 62% de la población mexicana.
Destaca Tijuana como ejemplo de baja credibilidad institucional y registra la mayor percepción de corrupción, con 92 .56 por ciento, cuando la media nacional es 10 puntos menor.
El informe destaca un enfriamiento económico general, con un crecimiento promedio del PIB de solo 2.4 por ciento -frente a 4.1 por ciento en la edición anterior-, retrocesos en seguridad y alta percepción de corrupción, donde el promedio nacional de 82.65 por ciento.
Sin embargo, se observan avances en infraestructura y autonomía fiscal en varias urbes. Las ciudades más competitivas combinan empleo formal, entornos seguros y gobiernos locales fuertes.
Baja California cuenta con dos zonas metropolitanas principales en la categoría de más de 1 millón de habitantes: Mexicali, que se posiciona en el lugar 13 de su grupo -competitividad media-baja-, descendiendo un lugar respecto a la edición anterior. Forma parte de las ciudades que muestran un desempeño en el rango medio-bajo, junto a urbes como Juárez, León, Morelia y Toluca.
La otra ciudad en el índice es Tijuana, que ocupa el lugar 20 -el penúltimo en su categoría-, también en competitividad media-baja y con un retroceso de una posición. El IMCO destaca explícitamente a Tijuana como ejemplo de baja credibilidad institucional, con la mayor percepción de corrupción registrada, de 92.56 por ciento.
Las fortalezas identificadas para Mexicali y Tijuana, son la diversificación económica y ocupación hotelera, especialmente en Tijuana; indicadores de vivienda vertical y mortalidad infantil; y el contexto de frontera norte, que generalmente favorece integración a cadenas de manufactura y mercados laborales más formales en el norte del país.
Los retos son acotar la percepción de inseguridad y corrupción, que elevan costos operativos y dificultan la atracción de talento e inversión; y subsanar rezagos en crecimiento económico y calidad del empleo en comparación con líderes como Querétaro, Guadalajara, Hermosillo o Saltillo.
En conclusión, aunque Baja California mantiene presencia relevante en el mapa de competitividad urbana gracias a su posición fronteriza, Tijuana y Mexicali enfrentan desafíos estructurales que han provocado descensos en el ranking. Fortalecer la seguridad, combatir la corrupción y mejorar el entorno institucional serán clave para que estas ciudades aprovechen su potencial y contribuyan más al desarrollo estatal y nacional.
El reporte completo en el sitio del IMCO: imco.org.mx.
*Esta nota fue elaborada con apoyo de la IA Generativa
Corrupción
Receta Issstecali medicamento con alerta sanitaria federal
Este jueves, una persona derechohabiente fue a consulta a una clínica periférica de Issstecali, siendo recetado con tres medicamentos. Uno de ellos fue el Ketotifeno, un fármaco antihistamínico y antialérgico que se utiliza principalmente para prevenir y tratar enfermedades alérgicas como el asma bronquial, la rinitis, la dermatitis atópica y la conjuntivitis alérgica.

Obtuvo de la farmacia de Issstecali la presentación “Ostaten”, la cual tiene alerta sanitaria por parte de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) por las siguientes razones:
Registro sanitario vencido: El medicamento no cuenta con los permisos legales obligatorios para ser vendido en el país. Su registro fue cancelado desde mayo de 2018.
Cese de fabricación oficial: El laboratorio titular del producto original (Offenbach Mexicana) confirmó a la autoridad que dejó de fabricar Osaten desde 2018.
Origen desconocido: Al no existir una producción legal y oficial en la actualidad, cualquier caja de Osaten que se encuentre en el mercado es de procedencia desconocida e informal.
Falta de garantías sanitarias: Las autoridades no pueden verificar qué sustancias reales contienen estos comprimidos, bajo qué condiciones de higiene fueron elaborados ni cómo se transportaron.
Falsificación o adulteración: Al ser un producto de comercio ilegal, existe una alta probabilidad de que se trate de unidades falsificadas que ponen en peligro al paciente.
La persona afectada considera interponer una denuncia ante las autoridades federales por esta irregularidad, ya que no puede entenderse que las personas responsables en Issstecali no estén enterados de la situación legal del medicamento.
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