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Estatal

Pide Echevarría expedición del reglamento de la Ley de Movilidad

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En sesión de pleno del Congreso del Estado, fue aprobado por mayoría el acuerdo presentado por el diputado Diego Echevarría, mediante el cual se solicita al Ejecutivo la expedición del Reglamento de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte de Baja California.

Durante su intervención en tribuna, el legislador panista señaló que, a casi seis años de la entrada en vigor de la Ley, el Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS) continúa operando bajo un régimen transitorio que debió ser únicamente temporal, lo que ha generado incertidumbre jurídica para permisionarios y concesionarios del transporte público.

Echevarría recordó que el artículo quinto transitorio estableció un plazo de 180 días para la expedición del Reglamento Estatal, el cual venció desde 2020 sin que hasta la fecha exista dicha normatividad. Advirtió que prolongar la aplicación de reglamentos municipales para imponer sanciones vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica.

“El régimen transitorio no puede convertirse en permanente. La omisión reglamentaria ha abierto la puerta a criterios discrecionales y a la aplicación indistinta de reglamentos municipales, generando indefensión para el transportista”, expresó.

El acuerdo aprobado solicita la publicación inmediata del Reglamento, con un catálogo estatal de infracciones y sanciones que brinde certeza jurídica. Asimismo, pide que el director del IMOS remita en un plazo no mayor a 15 días hábiles un informe detallado sobre las infracciones aplicadas desde 2020, el monto recaudado, los juicios de nulidad promovidos y el impacto económico derivado de sentencias adversas.

De igual forma, se solicita a la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) realizar una revisión especial sobre la legalidad del ejercicio recaudatorio del IMOS y determinar posibles responsabilidades administrativas y un eventual quebranto financiero.

El diputado recordó que no es la primera vez que se solicita esta reglamentación, ya que en octubre de 2024 se aprobó un punto de acuerdo en el mismo sentido, sin que hasta ahora exista respuesta por parte del Ejecutivo.

Corrupción

Desvela Latinus tranza inmobiliaria de los Torres

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Luis Alfonso Torres Torres, cuñado de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila y socio de su entonces esposo Carlos Alberto Torres Torres, adquirió en julio de 2024 un terreno colindante con la planta de Toyota en Baja California por solo 400 mil pesos, el equivalente a aproximadamente 30 pesos por metro cuadrado. Cuatro meses después, la automotriz japonesa anunció una inversión multimillonaria en la región, y el valor del predio se disparó a cerca de 13 millones de pesos.

Según documentos registrales consultados por Latinus, el terreno de 13,174 metros cuadrados se ubica en una zona industrial estratégica entre Tecate y Tijuana, con acceso directo a la carretera federal Mexicali-Tijuana. Imágenes satelitales muestran que el predio permanecía sin construcción al momento de la compra y hasta 2024.

El reportaje “Ganga Familiar” detalla que la operación se realizó en efectivo y que el precio pagado resultó irrisorio comparado con el valor de mercado en la zona, que superaba los mil pesos por metro cuadrado en esa época. La plusvalía generada representaría una ganancia superior al 3,000% en pocos meses.

Vínculos familiares y empresariales

Luis Alfonso Torres Torres es hermano de Carlos Alberto Torres Torres, quien fuera esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Ambos hermanos son socios de la gobernadora en la empresa Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., constituida en noviembre de 2020 para la comercialización de productos orgánicos y otros giros.

Los hermanos Torres Torres han sido señalados en investigaciones periodísticas por presuntos delitos como huachicol (robo de combustible), lavado de dinero y delincuencia organizada, según reportes previos.

Contexto político

El caso surge en medio de una crisis institucional en Baja California. En 2025 se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de entrada a Marina del Pilar Ávila y a su entonces esposo Carlos Alberto Torres. El anuncio de la inversión de Toyota ocurrió en noviembre de 2024, cuando la mandataria aún mantenía su relación con la familia Torres.

Hasta el momento, ni la gobernadora ni Luis Alfonso Torres Torres han emitido una respuesta pública ante las revelaciones de Latinus.

El reportaje completo, con documentos notariales, imágenes satelitales y detalles de la operación, fue difundido por el medio de investigación Latinus.

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Estatal

CBP decomisa 94 libras de metanfetamina en San Ysidro

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Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) aseguraron cerca de 94 libras de metanfetamina ocultas en un vehículo que intentaba ingresar por el puerto de entrada de San Ysidro.

El aseguramiento ocurrió el 5 de julio, cuando un ciudadano estadounidense de 20 años, que conducía un Nissan Versa modelo 2014, fue enviado a una inspección secundaria tras detectarse anomalías en las puertas del automóvil.

Con apoyo de un equipo canino, un sistema de imágenes no intrusivo y una revisión física, los agentes localizaron 71 paquetes de metanfetamina ocultos en las puertas y paneles laterales traseros del vehículo. La droga tenía un peso aproximado de 93.9 libras y un valor estimado de 150 mil 240 dólares.

La CBP informó que también fueron asegurados el vehículo, un localizador GPS y dos teléfonos celulares. El conductor fue detenido y enfrenta cargos federales relacionados con la importación de narcóticos.

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Estatal

Ruiz Uribe descarta relación entre caso Ruffo y audios de Marina del Pilar

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El exdelegado federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, rechazó este viernes que exista una relación entre la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel y la reciente filtración de audios de la gobernadora Marina del Pilar Avila.

Mencionó que la investigación en contra de Ruffo  era un tema que venía en curso desde hace mucho tiempo y sostuvo que no se trata de un asunto reciente.

Ruiz Uribe expresó su respaldo personal al exmandatario estatal, de quien dijo tener una buena opinión, además de recordar su papel en la construcción de la democracia en Baja California; sin embargo, dijo que no “metería las manos al fuego” por él.

Señaló que, luego de dejar la gubernatura, nunca observó que Ruffo llevara una vida de lujos, por lo que espera que salga pronto de los señalamientos que enfrenta.

Comentó que, con la información que conoce, considera que Ruffo pudo haber sido involucrado por integrantes de la familia Thomson, aunque aclaró que esa apreciación es solo su opinión y que será la Fiscalía la que determine los hechos.

Para finalizar, Ruiz Uribe envió un mensaje al exgobernador de que este tipo de situaciones pueden ser consecuencia de las personas con las que uno se relaciona, y hace una referencia indirecta al actual gobierno estatal.

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