La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró ayer la Central Ciclo Combinado (CCC) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Colima, “como parte de las acciones para garantizar la soberanía energética y la soberanía nacional”.

En su discurso dijo: “Esto no se podría hacer nunca si no fuera por las y los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, que son los que sostienen la empresa. Y lo digo más, porque sin Comisión Federal de Electricidad no habría soberanía energética y no habría soberanía nacional. Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, significa amar a México. Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad significa fortalecer la soberanía nacional”.

Apenas un día antes, un grupo de jubilados y pensionados de la CFE había alcanzado en Tijuana al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, para plantearle lo que habían dicho ya en el congreso local esta semana: que prometieron restituir la afectación económica votada por la Cámara de Diputados, pero eso no ocurrió. Un día la presidenta avala una reforma que afecta a extrabajadores federales, que votaron además de manera retroactiva, y al otro día la Sheibaum les echa flores. Así es este gobierno bipolar.

Y hablando de jubilaciones y pensiones, también desde la federación vino la genial idea de “beneficiar” a los extrabajadores del estado, exentándolos al jubilarse de los pagos al Issstecali, lo que es una contradicción porque son precisamente los jubilados y pensionados quienes más sacan provecho a ese instituto, en consultas, medicamentos, análisis y procedimientos.

Resulta absurdo este “beneficio” que sangra aun más el decaído Issstecali. Estas políticas federales sin análisis, sin visión de largo plazo, son las que meten en aprietos a los estados. Ningún seguro médico funciona dejándolo de pagar, así hayan pagado puntualmente mes con mes durante 30 años. Las grandes ideas de la 4T.

En otro tema, al Partido Revolucionario Institucional se le ocurrió la genial idea de convocar a una rueda de prensa el día y a la hora de la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol, invitación hecha a nombre del dirigente estatal Álvaro Aldrete… quién al final no estuvo en esa rueda de prensa. El señor convoca y a la hora de la hora no puede estar presente.

Y ya que tocamos el tema del mundial, resulta que Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Mexicali dieron el día libre a partir de las 11 horas del jueves pasado, más o menos cuando se dieron cuenta que el FEX ni de chiste se iba a llenar.

Además de pedirle a cierto sector de la burocracia, sobre todo la municipal, que se fuera a hacer bola al Baja Fut Fest, se llevaron en camiones a los niños de los albergues. Por una parte, qué bueno que los saquen a pasar un momento fuera de su rutina diaria; por otro lado, qué mal que los usen como peones políticos para respaldar un evento carísimo que quieren hacer pasar como exitoso.

Cambiando de tema, nos dicen que las bomberas que escondieron en el parque industrial cerca del aeropuerto (aquellas que el Ayuntamiento de Mexicali pretendía comprar, el hijo de la alcaldesa se enteró, paró todo para meterle sobreprecio y luego ya planchado el asunto, adquirieron) no salieron muy buenas que digamos, y siguen faltando máquinas en las estaciones.

Tanto así, que el director Rubén Darío Osuna, autorizó que sacaran máquinas “chocolates” o sea sin placas, para poder atender llamadas de emergencia. El caso es que un bombero tuvo un accidente en una de estas unidades chuecas a la que le fallaban los frenos (los talleres municipales es otro nido de corrupción y sobreprecios, pero esa es otra historia) y chocó un auto particular.

Muy monos en el ayuntamiento le dijeron que era su problema y que él pagara los daños, pero después de que el asunto se hiciera público, parece aun les queda algo de verguenza y será el ayuntamiento quien asuma los gastos. Le pedimos a Edgar Covarrubias que nos pasaran una relación sobre la cantidad de máquinas con las que cuenta la Dirección de Bomberos, dónde están las últimas unidades que se compraron. Desde aquí le recordamos que aun no recibimos respuesta.

Finalmente, es curioso que el diputado Fidel Mogollón Pérez, haya presentado una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el propósito de fortalecer la protección de la infancia y asegurar que las decisiones judiciales en materia de guarda y custodia se apeguen al interés superior de la niñez, para que se hagan obligatoriamente evaluaciones psicológicas en estos procedimientos.

La propuesta está bien, pero también debería proponer evaluaciones psicólogicas y cursos obligatorios para aquel integrante de la pareja que agreda al otro, haya denuncia o no, al ser autoridades o cuerpos de emergencia testigos de hechos de esa naturaleza.

Luego sucede que los hombres convencen a sus mujeres de no levantar denuncia, negar los hechos en redes sociales o imponerles silencio absoluto por un tiempo a ver el asunto se olvida, así como se le olvida a ciertas Comisiones de Honor y Justicia abordar ciertos casos de funcionarios de ciertos partidos políticos. En fin, el doble discurso.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Mexicali ya no necesita un diagnóstico; necesita un sacudidón. Basta recorrer cualquier colonia para encontrar el mismo paisaje urbano: alambres colgando como telarañas industriales, postes vencidos por el peso de décadas de abandono, banquetas rotas que obligan a caminar haciendo equilibrio, canales abiertos convertidos en trampas pestilentes y calles tan oscuras que parecen escenario de película de terror de bajo presupuesto.

La capital del estado, que debería ser ejemplo de orden y funcionalidad, se cae a pedazos entre la suciedad, la improvisación y la evidente falta de autoridad. Y lo peor es que la ciudadanía ya se acostumbró a esquivar baches, rodear basura y vivir entre cables muertos como si fuera parte natural del paisaje. No lo es. Es el resultado de años de permisividad y de gobiernos municipales que, cuando no están distraídos, están ausentes.

Porque aquí la pregunta no es solo si falta dinero. Puede ser. Pero también es válido cuestionarlo cuando vemos que se destinan millones a espectáculos políticos disfrazados de eventos populares. Ahí está el ejemplo reciente del llamado “Baja Fut Fest” montado en el Fex, del que se habla de una inversión superior a los 20 millones de pesos y cuya asistencia terminó siendo más fría que las gradas de un entrenamiento. Un rotundo fracaso, pero muy costoso. Y pensar que con ese dinero se pudieron tapar baches, cambiar luminarias, reparar banquetas o limpiar canales.

Mientras tanto, la ciudad sigue hundida en problemas básicos: inseguridad, calles deterioradas y luminarias fundidas, asuntos que incluso han sido señalados como las principales preocupaciones de los mexicalenses.
Aquí hay algo que el Ayuntamiento parece haber olvidado: gobernar también implica hacer valer la ley. Las empresas de telefonía y cable tienen años utilizando la ciudad como bodega aérea de alambres abandonados. Instalan, reemplazan y se van, dejando kilómetros de cable muerto colgando de los postes. Nadie las obliga a retirarlo. Nadie las sanciona. Nadie supervisa.

Y así terminamos con postes doblándose por el exceso de peso y calles convertidas en un enredo visual digno de un apocalipsis burocrático.

No se trata solo de estética urbana. Es seguridad pública. Un poste que cae puede matar a alguien. Un canal abierto puede provocar un accidente grave. Una luminaria fundida facilita robos y agresiones. Pero pareciera que el Gobierno Municipal anda “en todo menos en misa”.

Conozco el cariño que la alcaldesa Norma Alicia Bustamante le tiene a Mexicali. No tengo duda de ello. Pero gobernar no basta con querer a la ciudad; hay que imponer orden, exigir resultados y supervisar a los funcionarios. Porque da la impresión de que varios integrantes del gabinete ya están más concentrados en el próximo acomodo político que en resolver los problemas actuales.

Algunos trabajan como si el objetivo fuera “caer parados” en el siguiente cambio de gobierno, no servirle a la ciudadanía. Y mientras ellos calculan futuros cargos, la ciudad sigue acumulando basura, baches y oscuridad.

La alcaldesa puede corregir el rumbo. Pero eso requiere dejar de administrar inercias y empezar a exigir eficacia. Revisar dependencias, medir resultados reales, sancionar omisiones y, sobre todo, recuperar la presencia del gobierno en la calle. Porque hoy la percepción es clara: la autoridad municipal perdió fuerza, perdió vigilancia y perdió capacidad de respuesta.

Mexicali no necesita más festivales para la foto. Necesita banquetas transitables, alumbrado funcional, canales seguros y calles dignas. Necesita un gobierno que gobierne, no uno que organice eventos mientras la ciudad se desmorona alrededor del escenario.

Y si de verdad se quiere demostrar amor por Mexicali, quizá el primer acto de cariño sea poner orden en la casa y recordarle a los funcionarios que el cargo público no es una sala de espera para la siguiente administración, sino una responsabilidad con fecha de caducidad y resultados obligatorios.

Porque una ciudad no se gobierna desde el optimismo de los discursos, sino desde la realidad de sus calles. Y hoy, las calles están hablando muy fuerte.

A inicios del mes en curso, tuvo lugar una cirugía de corazón abierto en el Hospital 30 del IMSS en Mexicali. Lo que pudiera parecer como un logro de la institución, sobre todo en estos tiempos de carencias, es en realidad un acto que evidencia favoritismos, irregularidades, conflicto de interés y mal uso de los recursos públicos.

Para empezar, ese hospital no está en condiciones de ofrecer esa cirugía. Es más, nunca se han hecho ese tipo de operaciones ahí.

Luego, quien la realizó, el doctor Ballesteros, no forma parte del personal de dicho centro; es un trabajador eventual. Además, introdujeron equipo ajeno a la clínica, equipo muy caro y especializado, esencial para ese tipo de cirugías, que pueden costar más de un millón de pesos. Para cerrar con broche de oro, la anestesista es nada menos que la hija del secretario general del Sindicato de Trabajadores del IMSS, quien al parecer trabaja no en la clínica, sino con el doctor Ballesteros.

El paciente es un hombre con problemas cardiacos originario de Coahuila, que nunca se había atendido en la Clínica 30, pero es padre de una trabajadora de ahí. Acude por primera vez a consulta, se le atiende, se le ingresa y el cardiólogo pide un cateterismo, el cual le realizan a las 36 horas. Al no solucionar este procedimiento el problema de salud que tenía, le dicen que es candidato para una operación de corazón abierto, una cirugía de revascularización.

El 1 de junio piden reservar el quirófano y dos turnos de personal disponible.

Para realizar una cirugía de corazón abierto se necesita un quirófano especializado, un equipo médico multidisciplinario altamente capacitado y una serie de equipos e instrumental específicos, como una máquina de circulación extracorpórea, un ventilador mecánico, monitores especializados, etcétera.

El equipo técnico y humano especializado es del doctor Ballesteros, que trabaja en el sector de la medicina privada. De la operación no hay registros en documentos, todo fueron acuerdos verbales. El costo lo pagó la trabajadora del IMSS, pero se usaron espacios, algunos materiales y personal de la Clínica 30.

Para obtener esa cirugía en el IMSS tiene que haber tres filtros; no se hacen esas operaciones en Mexicali, así que se envían los pacientes a Guadalajara. Si allá no pueden realizarla, los pacientes se envían a Ciudad de México. Si por alguna razón no la pueden realizar allá, se regresa a Mexicali y se arregla por subrogación.

Esto fue conocido y aprobado por la doctora María Guadalupe Pacheco León, directora del Hospital General Regional No. 30 del IMSS, quien ocupa ese cargo desde octubre de 2025.

Una denuncia anónima señala la directora antes tuvo ese cargo en el Hospital de Gineco-Pediatría No. 31 de esta ciudad, reportándose quejas durante su gestión por un estilo de dirección autoritario y prepotente, generando un ambiente laboral hostil. Se reportaron inconformidades derivadas de la asignación de contratos de tiempo extra a personal con categoría de auxiliar de oficina para desempeñar funciones propias del cuerpo directivo o de asistencia personal, así como intentos de modificar procesos asistenciales sin contar con conocimiento técnico suficiente en la atención pediátrica y gineco-obstétrica.

La denuncia explica que desde su llegada al HGR No. 30 se ha caracterizado por mantener una conducta directiva impositiva, confrontativa y en ocasiones intimidatoria hacia el cuerpo directivo, el subdirector médico, jefatura de enfermería, coordinadores médicos de turnos vespertino y nocturno, coordinadores clínicos y jefaturas de servicio excepto la coordinación de cirugía general, generando así un ambiente laboral adverso que inhibe la libre discusión técnica en el hospital.

El texto apunta que Pacheco León manifestó desde el inicio de su gestión el interés de destituir a la jefa de Enfermería, a la jefa de Personal y a la Médica Epidemióloga de turno matutino, lo que se interpreta como un intento de reconfiguración estructural para concentrar el control operativo y presupuestal.

“Se han observado irregularidades en la asignación de funciones, incluyendo la limitación de atribuciones al Coordinador del turno vespertino y la inclusión en el cuerpo directivo de un médico urgenciólogo -sin contratación definitiva en la unidad-, para desempeñar funciones propias de dicha coordinación, lo que vulnera derechos laborales y la normatividad institucional en materia de nombramientos”, precisa el texto.

En cuanto al uso de recursos humanos y financieros, el proceso quirúrgico —actualmente centralizado bajo control de la Dirección— no se apega estrictamente a los lineamientos institucionales. Se reporta contratación considerable de personal afín a la directora, sin que exista evidencia clara de correspondencia con necesidades reales de los servicios. De igual forma, con la finalidad aparente de cumplir metas de productividad, se estarían registrando en plataformas institucionales múltiples procedimientos como los quirúrgicos, aun cuando no requieren sala de operaciones ni cumplen criterios técnicos para ser clasificados como tales, lo que podría constituir distorsión de indicadores, uso indebido de recursos y simulación de productividad institucional, dice la denuncia anónima.

“Las consecuencias operativas han impactado directamente a la derechohabiencia, particularmente en los servicios de Urología (con pacientes que superan dos meses de hospitalización sin resolución quirúrgica), Traumatología y Ortopedia, Neurocirugía, así como en pacientes de Nefrología y Medicina Interna con patologías de resolución quirúrgica diferida. Estos retrasos han derivado en complicaciones graves e incluso fallecimientos, situación que amerita revisión inmediata de indicadores de mortalidad, morbilidad y estancia hospitalaria prolongada”, apunta el texto.

Solicitan una investigación administrativa integral a través de una auditoría técnica y presupuestal del proceso quirúrgico, una revisión de congruencia entre procedimientos registrados y uso real de quirófanos, una revisión de contrataciones recientes y nombramientos directivos y un análisis de indicadores de mortalidad, complicaciones y estancia hospitalaria. Hasta aquí la denuncia anónima.

Pero las quejas no paran ahí. Hay cirujanos en ese hospital que denuncian que hay una fila de procedimientos pendientes por mala planeación, y se hacen gastos dobles porque los estudios preoperatorios pierden vigencia y hay que volverlos a hacer.

“Se llenan formatos, pero no se les da atención de calidad a los pacientes”, expresan los médicos. Los insumos para las operaciones no están completos o no son los apropiados; no hay apego a las normas ni a los protocolos institucionales; se gasta en estudios para pacientes que finalmente no operan, agregan.

El presupuesto dura de marzo a agosto; aquí entran proveedores federales. Luego, cuando se acaba el dinero, se abren presupuestos extraordinarios y ahí ya se adquieren insumos con proveedores locales. Los médicos declaran que han abierto paquetes de instrumental o material quirúrgico que viene manchado de sangre, lo que significa que se vende como nuevo y ni siquiera se desinfecta. Los proveedores locales no entran a licitaciones, son adjudicaciones directas, y para poder ser considerado, se habla del pago de un millón de pesos. Por eso no hay quejas formales por esos “incidentes”.

Además, cuentan que hay una instrucción federal de aumentar el número de procedimientos quirúrgicos para cumplir una meta marcada por las autoridades de salud. Lo que están haciendo es que hacen curaciones en los quirófanos para registrarlas como procedimientos y cumplir así con la cuota que pide la federación; lavado de úlceras, uñas enterradas, curaciones diversas.

Ahí se las dejamos a Desireé Sagarnaga, que no sabemos qué pudo haber dicho en su informe como delegada del IMSS, al que no invitó a la prensa; al doctor Romero, coordinador del IMSS Bienestar en el estado; y al secretario de Salud estatal, Adrián Medina Amarillas.