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Sanciona EEUU a dos mexicanos y 9 empresas ligadas al huachicol
El gobierno de Estados Unidos intensificó este martes su ofensiva financiera contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sancionar a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente involucrados en una red de contrabando de combustibles y evasión fiscal que, según el Departamento del Tesoro, genera cientos de millones de dólares al año para esa organización criminal.
La acción fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que además emitió una alerta a bancos e instituciones financieras sobre los mecanismos utilizados por los cárteles para introducir gasolina, diésel y otros combustibles desde Estados Unidos hacia México sin pagar impuestos.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el robo y tráfico ilegal de hidrocarburos —conocido como huachicol— se ha convertido en la principal fuente de ingresos de los cárteles mexicanos después del narcotráfico. El esquema no solo incluye el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex), sino también una sofisticada red de empresas fachada, documentos aduaneros falsificados y operaciones financieras para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Entre los sancionados se encuentra Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por las autoridades estadounidenses como un operador que facilita las actividades de contrabando de combustible para el CJNG.
Acusan financiamiento de campañas políticas
Uno de los señalamientos más relevantes del informe del Tesoro es que las ganancias obtenidas por la venta ilegal de combustible no solo sirven para financiar las operaciones del crimen organizado.
Según el documento, los cárteles utilizan parte de esos recursos para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación en México con el objetivo de favorecer la llegada de funcionarios corruptos que posteriormente faciliten sus operaciones, otorguen acceso a posiciones estratégicas dentro del gobierno o permitan el lavado de dinero mediante contratos públicos.
Aunque el informe no identifica nombres de políticos, partidos o medios de comunicación, sí sostiene que esta estrategia forma parte del modelo de operación de las organizaciones criminales para mantener el control de sus redes de contrabando.
Una industria multimillonaria
El Departamento del Tesoro describe un esquema que inicia con el robo de petróleo y combustibles de instalaciones de Pemex mediante perforaciones clandestinas, sobornos a empleados, robo de pipas y sustracción en refinerías.
El petróleo robado es enviado ilegalmente a Estados Unidos, donde suele declararse falsamente como “aceite usado” para evitar revisiones e impuestos. Posteriormente es vendido por empresas estadounidenses coludidas y las ganancias regresan a México.
En sentido contrario, gasolina y diésel son adquiridos en Estados Unidos por empresas mexicanas con permisos de distribución, pero sin autorización para importar combustibles. Mediante facturas falsas y documentación alterada, el producto cruza la frontera sin cubrir los impuestos correspondientes y termina comercializándose en estaciones de servicio vinculadas al crimen organizado o en expendios irregulares.
El Tesoro estadounidense cita reportes públicos según los cuales entre el 25 y el 33 por ciento del combustible que actualmente se vende en México podría tener un origen ilícito.
FinCEN informó que, tras emitir una alerta sobre el contrabando de petróleo en mayo de 2025, recibió más de 160 Reportes de Actividades Sospechosas que involucran operaciones superiores a los 7 mil millones de dólares, principalmente entre México y Estados Unidos.
Las investigaciones ubican como principales puntos de operación el estado de Texas, especialmente ciudades fronterizas como Brownsville, McAllen, Mission y Eagle Pass, donde participan empresas relacionadas con las industrias energética y del transporte.
Operativo binacional
Las sanciones son resultado de una investigación conjunta en la que participaron la DEA, el FBI, Homeland Security Investigations (HSI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que los cárteles mexicanos han diversificado sus fuentes de ingresos más allá del tráfico de drogas y aseguró que la administración estadounidense continuará atacando las estructuras financieras que sostienen a estas organizaciones, clasificadas por Washington como grupos terroristas.
Estatal
Esperan 6 mil cachanillas en celebración por triunfo de México
Un operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali con la participación de 70 agentes cuida el orden en torno al monumento Benito Juárez por la celebración del triunfo de México sobre Ecuador en el mundial del futbol la noche de este martes, donde esperan 6 mil aficionados.
El director de esa corporación, Luis Felipe Chan, informó lo anterior y agregó que también participan en el operativo integrantes del ejército y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.
Desde hace horas cerraron las vialidades en torno al monumento, la calzada L. Montejano desde Fovissste y la Justo Sierra a la altura de la zona de antros, precisó.
Chan refirió que en la última celebración del triunfo de México asistieron al monumento 2 mil 500 personas y esta noche esperan unos 6 mil cachanillas.
Estatal
Aclara Secretaría de Cultura señalamientos de irregularidades en PECDA
La Secretaría de Cultura de Baja California informó que la convocatoria del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2026 contempló inicialmente 76 apoyos distribuidos en ocho categorías, tras su publicación el 11 de marzo de 2026.
Una vez concluida la recepción de postulaciones, los proyectos fueron sometidos a un proceso que incluyó revisión administrativa, evaluación y selección conforme a las bases establecidas.
Como resultado de este procedimiento y la redistribución de recursos en categorías con menor cantidad de proyectos elegibles, el número total de estímulos se incrementó a 85, precisaron en derecho de réplica a acusaciones sobre irregularidades en dicho proceso.
En algunas categorías, como Creación Joven y Creación con Trayectoria, se amplió el número de beneficiarios. En contraste, en el rubro de Grupos Artísticos se otorgaron únicamente dos estímulos, pese a contemplarse hasta cinco, debido a que solo esos proyectos cumplieron con los requisitos y criterios de calidad establecidos por el jurado, explicaron.
Asimismo, destacaron que el jurado calificador estuvo integrado por 21 especialistas seleccionados mediante insaculación ante Notario Público, lo que garantiza la imparcialidad del proceso.
De igual forma, el Comité de Planeación (CoPlan) cuenta con la facultad de descalificar postulaciones que no cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.
La dependencia aclaró que no se recibieron solicitudes formales de aclaración dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores a la publicación de resultados.
Respecto a señalamientos de un presunto veto institucional hacia un participante, la Secretaría precisó que no existe ninguna disposición que limite la participación de persona alguna en las convocatorias, siempre que cumpla con los requisitos y obtenga un dictamen favorable del jurado.
En este caso, el proyecto referido no acreditó la revisión administrativa.
En otro asunto, se informó que se solicitó revisar la situación de un beneficiario para verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, cuyos resultados serán turnados a las instancias correspondientes para determinar lo procedente.
Finalmente, se subrayó que el PECDA opera mediante órganos colegiados con autonomía técnica, mientras que la Secretaría de Cultura de Baja California participa en la difusión de la convocatoria y aporta el 50 por ciento de los recursos, en conjunto con el Gobierno de México.
Estatal
Niega PRI que se esté rentando su edificio
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Baja California, Álvaro Aldrete, rechazó que el inmueble del partido sea rentado a particulares luego de una denuncia presentada ante el Instituto Nacional Electoral por presuntas irregularidades en el manejo de recursos y del patrimonio partidista.
Esta mañana, durante conferencia de prensa, el dirigente estatal aclaró que las instalaciones del PRI se prestan a organizaciones y distintos sectores vinculados al partido, al tiempo que sostuvo que se trata de un espacio abierto para diversas actividades.
Agregó que la denuncia que recibió fue de carácter anónimo, por lo que dijo desconocer quién la promovió; aunque se manejó que la denuncia habría sido presentada por la exdirigente estatal del PRI, Guadalupe Gutiérrez Fregoso, Aldrete dijo no conocer dicha información.
Sostuvo que el partido mantiene un manejo transparente de sus recursos y consideró que la denuncia forma parte de intentos por distraer el trabajo político del PRI.
Con respecto a si la denuncia fue interpuesta por la exdirigente del PRI estatal, Aldrete explicó que corresponde a las instancias partidistas revisar el caso y, de existir elementos, se dará vista a la Comisión de Justicia Partidaria y al Comité Ejecutivo Nacional.
“Yo daría parte a la justicia partidaria y ya ahí quedaría mi trabajo. Yo no voy a perder el tiempo, tenemos muchísimas cosas que hacer para defender este gran estado, para desgastarme en un tema”, concluyó Aldrete.
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