Según el periodista Luis Chaparro en la entrevista, Julieta Ramírez (junto con Enrique Inzunza) figura entre los legisladores clave en el contexto de la narco-política en Sinaloa. En una entrevista del sitio “Político MX”, se le describe como una de las figuras en el Senado que estaría defendiendo públicamente a Rocha Moya y operando para cambiar la narrativa a su favor.

Chaparro afirma que ella actúa como portavoz o protectora de Rocha Moya en el Senado, defendiendo el tema, operando “bajo la mesa” con recursos, medios y supuestamente con los mismos grupos delictivos. La presenta como un enlace entre la narco-política sinaloense y la 4T.

Se menciona que está bajo investigación en Estados Unidos, que le retiraron o complicaron la visa -a pesar de sus intentos de mostrar documentos-, y que se le ve como un perfil en ascenso dentro de estos entramados. Chaparro predice que será una figura destacada en señalamientos de narco-política en los próximos años, comparable a Rocha Moya, Alfonso Durazo o Américo Villarreal.

Además, se le señala como operadora de recursos, moviendo dinero entre las partes involucradas, aunque el periodista aclara que no tiene evidencia directa de que ella se haya sentado personalmente con capos, sino más bien como facilitadora política y financiera.

Madres de familia de la escuela primaria general Francisco J. Mújica, ubicada en la colonia González Ortega, se manifestaron luego de ser notificadas sobre el posible cierre del turno vespertino debido a la baja matrícula escolar.

Fernanda García, abuela de dos estudiantes del plantel, explicó que recientemente se llevó a cabo una reunión en la que se les informó sobre la posibilidad de convertir la escuela en un plantel de tiempo completo, lo que implicaría la desaparición del turno vespertino, donde actualmente opera el programa Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER).

La institución que en el turno matutino funciona con el nombre de González Ortega, mientras que por la tarde opera como Francisco J. Mújica, en un horario de 1:00 a 5:00 de la tarde, brindando atención especializada a través del programa USAER desde hace varios años.

Este programa ofrece apoyo a estudiantes con discapacidad y con trastornos del espectro autista, proporcionando atención especializada para favorecer su desarrollo académico e integración escolar.

García señaló que tuvieron un acercamiento con la delegada de la Secretaría de Educación, Hildelisa Limón Sánchez, así como con la encargada del despacho del Departamento de Educación Primaria, María Flavia Valle López; sin embargo, aseguró que no encontraron apertura por parte de las autoridades, dejando como única solución cambiar a los menores al turno matutino o de plantel.

Actualmente, la primaria Francisco J. Mújica atiende a 90 alumnos, de los cuales 70 forman parte del programa USAER, con edades que van de los 6 a los 12 años.

Por su parte, Tania Valdez, madre de familia, manifestó que no se oponen al cambio de turno siempre y cuando exista la garantía de que los estudiantes recibirán la atención especializada y un plan educativo adecuado para sus necesidades.

Explicó que, hasta el momento, las autoridades no les han presentado una estrategia académica que asegure la continuidad del servicio, sino únicamente la propuesta de integrar a los alumnos en los grupos del turno matutino.

“Lo único que quieren es quitar el turno de la tarde e incluirlos en la mañana y a ver cómo funciona; es un experimento que, la verdad, no somos animales para que hagan eso con las criaturas”, expresó.

En tanto, Rosa Ávila Mojarro, madre de un menor con autismo nivel 2 y déficit de atención, afirmó que desde su ingreso a la primaria Francisco J. Mújica su hijo ha mostrado importantes avances, por lo que un cambio al turno matutino representaría un retroceso.

Expuso que en el turno de la mañana no existe el mismo apoyo de USAER y, además, los grupos cuentan con una mayor cantidad de estudiantes, lo que reduciría la atención que requieren los menores con necesidades educativas especiales.

“Un niño USAER cuenta por tres alumnos y es lo que no se están dando cuenta aquí, de que se están llevando a los niños entre los pies por ahorrarse unos centavos”, expresó.

Las madres también señalaron que la ubicación de la escuela representa una ventaja para muchas familias, ya que se encuentra en contra esquina del Instituto de Psiquiatría del Estado, donde varios de los alumnos reciben atención médica antes o después de sus clases, por lo que un cambio de plantel implicaría mayores gastos de traslado y complicaciones para continuar con sus terapias.

Finalmente, las manifestantes reconocieron el trabajo del director y del personal docente del turno vespertino, y exigieron a las autoridades educativas reconsiderar el cierre del plantel; señalaron que tienen como fecha límite el próximo 15 de julio para decidir si trasladan a sus hijos al turno matutino o a otra institución educativa.

Ante el aumento de la escasez de agua y los efectos del cambio climático en Baja California, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), a través del Instituto de Investigaciones Oceanológicas (IIO), desarrolla el proyecto de investigación “Gobernanza participativa de la desalinización de agua de mar como estrategia de adaptación al cambio climático en comunidades costeras de Baja California”, encabezado por la doctora Mariana Villada Canela, investigadora de dicho instituto.

 El estudio busca generar propuestas que permitan implementar procesos de desalinización de agua de mar con criterios de sustentabilidad ambiental, inclusión social y participación ciudadana, particularmente en regiones con alta vulnerabilidad hídrica como Tijuana–Playas de Rosarito y San Quintín.

 La investigadora explicó que el proyecto parte de una problemática urgente para la entidad. “La escasez de agua ya impacta la vida cotidiana, las actividades productivas y la estabilidad social de muchas comunidades costeras. No se trata únicamente de garantizar abastecimiento, sino de construir soluciones socialmente justas y ambientalmente responsables”, afirmó.

 Los resultados preliminares muestran que la desalinización es percibida por la población como una alternativa necesaria frente a la crisis hídrica, aunque persisten preocupaciones relacionadas con el costo del agua, el impacto ambiental y la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones.

 La investigación identifica como grupos particularmente vulnerables a pescadores, comunidades rurales, pueblos indígenas y familias con acceso limitado al agua, quienes podrían verse beneficiados por una mayor seguridad hídrica, pero también afectados por incrementos tarifarios o daños ambientales en ecosistemas marinos y actividades económicas locales.

 Uno de los ejes centrales del proyecto es la gobernanza participativa. En este sentido, la académica destacó la importancia de incorporar a la ciudadanía en las decisiones relacionadas con infraestructura hídrica. “La población quiere participar, ser escuchada y tener acceso a información clara. La confianza social es indispensable para cualquier estrategia de adaptación al cambio climático”, indicó.

 El estudio también analiza los impactos ambientales asociados a la desalinización, entre ellos la descarga de salmuera, el alto consumo energético y las posibles afectaciones a especies y hábitats marinos. Para ello, el equipo revisó 110 documentos técnicos y normativos, además de experiencias internacionales desarrolladas en países como España, Israel y Arabia Saudita.

Como parte de los hallazgos, se detectaron vacíos regulatorios relacionados con la falta de legislación específica sobre desalinización, criterios de disposición de salmuera y mecanismos formales de participación ciudadana.

 El proyecto contempla además la elaboración de propuestas de gobernanza participativa, recomendaciones normativas y materiales de divulgación científica, así como la formación de estudiantes mediante investigación aplicada y trabajo comunitario.