La diputada federal del PAN Eva María Vásquez señaló este viernes que la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal o conocida bajo el nombre de Ley Antimeme presenta ambigüedades que podrían afectar la libertad de expresión, la sátira política y la creación de contenido digital.

Expuso que hay probabilidad de riesgos para la libertad de expresión derivados de la aprobación de la reforma al considerar que sus disposiciones podrían abrir la puerta a actos de censura y control sobre las expresiones de los ciudadanos en plataformas digitales.

La legisladora destacó que la reforma contempla sanciones económicas por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que pueden alcanzar los 4.3 millones de pesos, además de multas acumulables en casos de reincidencia.

Sin embargo, sostuvo que una de las principales preocupaciones radica en la ambigüedad de los conceptos relacionados con el uso de imágenes e identidad gráfica institucional, pues consideró que su interpretación podría derivar en sanciones contra quienes utilicen estos elementos para realizar críticas, sátiras o publicaciones humorísticas.

Vásquez también alertó sobre las posibles consecuencias para los usuarios reincidentes, al señalar que los mecanismos previstos para atender presuntas violaciones podrían involucrar a las plataformas digitales y a las empresas proveedoras de WIFI con la posibilidad de retirar contenidos e incluso restringir el acceso a internet, según la interpretación que expuso sobre la reforma.

La diputada cuestionó que estas medidas puedan afectar no solamente a los creadores de contenido, sino también a los medios de comunicación, a sus equipos creativos y a cualquier ciudadano que recurra a memes, caricaturas o expresiones satíricas para cuestionar a las instituciones públicas.

Para concluir Eva María Vásquez reiteró su preocupación por el alcance de la reforma y advirtió que, ante la falta de claridad en algunos de sus conceptos, su aplicación podría generar incertidumbre y afectar expresiones de crítica política que forman parte de la vida democrática del país.

El déficit presupuestal proyectado para el año 2027 amenaza con asfixiar económicamente a las universidades públicas del noroeste del país, debido a que los incrementos calculados por la federación no compensarán los efectos inflacionarios.

Esta advertencia marcó el rumbo de la Sesión Ordinaria del Consejo Regional Noroeste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), celebrada este viernes en el campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Ante la insuficiencia de los recursos públicos, las universidades acordaron buscar vías alternas de financiamiento y fortalecer la filantropía mediante redes de egresados para evitar frenar la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior en México.

Durante el encuentro, el secretario general de la asociación, Luis Armando González Plascencia, reconoció que la falta de suficiencia presupuestal es el mayor desafío operativo actual, lo que ha obligado a mantener gestiones urgentes ante la Cámara de Diputados para ajustar la política salarial y el gasto operativo.

Como una respuesta inmediata a la crisis financiera, las instituciones plantearon la diversificación de sus ingresos mediante la vinculación con el Council for Advancement and Support of Education.

Esta estrategia de procuración de fondos privados ya se aplica en proyectos específicos de la región, como el Hospital Universitario de Labio y Paladar Hendido en Mexicali, financiado en parte a través de esquemas de donaciones organizados por la Fundación UABC.

Además de la viabilidad económica, las universidades del noroeste buscan legitimar su importancia social y presupuestal mediante la plataforma Plan México, una iniciativa surgida en esta región que ya suma cientos de aportaciones científicas y tecnológicas orientadas al desarrollo nacional.

Las autoridades educativas concluyeron la sesión con la aprobación del ingreso del Instituto Tecnológico de Agua Prieta al organismo, cerrando filas en un bloque regional que busca alternativas ante la falta de certidumbre presupuestal para los próximos años.

La regidora del 25 Ayuntamiento de Ensenada, Daniela Salgado, criticó lo expuesto en el segundo informe de gobierno de la alcaldesa de ese puerto, Claudia Agatón, destacando las deficiencias del gobierno municipal de Morena en materias de seguridad, bomberos, espacios públicos, infraestructura, agua y drenaje.

Salgado recordó que el anuncio de 80 unidades nuevas en materia de seguridad “ya había sido un logro del 2025”. Explicó que se trató de un presupuesto aprobado en 2024, cuyas unidades se rentaron en 2025, y que la presidenta municipal lo está presumiendo también en 2026.

En el tema de bomberos, la regidora destacó la situación de delegaciones alejadas del centro de población, como San Vicente, al sur de la ciudad. Señaló que llevan más de seis meses sin una sola estación de bomberos, sin personal de seguridad pública y sin atención médica por parte del gobierno del estado.

“Una emergencia en estos lugares y estamos a más de dos horas de que bomberos puedan llegar. Imagínense que una casa se quema si sucede una tragedia. ¿Qué le va a responder la alcaldesa a esta gente? ¿Que el dinero se ocupó en un carnaval?”, cuestionó.

Respecto a las fiestas patrias, Salgado indicó que la presidenta municipal declaró un donativo de aproximadamente tres millones de pesos, pero el procedimiento nunca pasó por Cabildo. “Nosotros seguimos sin saber quién es esa persona tan creativa que donó este recurso para unas fiestas”, dijo.

Agregó que priorizar una fiesta de tres días por encima de una calle permanente “es querer entretener a la ciudadanía, no dándole resultados”.

La regidora precisó que no aprobaron el carnaval ni el gasto de recurso público, que sumó más de 45 millones de pesos en dos años. “¿Qué tanto no hubiéramos podido hacer los ensenadenses por eso?”, preguntó.

Como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Protección Animal, Salgado subrayó el déficit de áreas verdes. “Sabemos que nuestros niños y jóvenes, si no tienen un lugar de sano esparcimiento, comienzan a delinquir, comienzan a relacionarse con personas que no deberían hacerlo porque no hay un espacio donde puedan tener un lugar para entrenar, un lugar para jugar, un lugar para recrearse”, explicó.

En infraestructura, la regidora señaló que el único recurso del gobierno municipal es el ramo 33, de carácter federal. Criticó que, pese a los anuncios de coordinación entre los tres niveles de gobierno de Morena, “en Ensenada no está pasando”.

Atribuyó la falta de recursos extraordinarios a “problemas posiblemente personales o los problemas políticos dentro de esa corriente de transformación que solamente ha transformado a México en el país de los desaparecidos y de las madres buscadoras”.

Afirmó que no hay una sola obra maestra que pueda presumir esta administración y retó al gobierno municipal a señalar “una sola obra que pueda ser recordada para esa administración, que no sea ese carnaval que ahorita ya vemos que también posiblemente esté ligado a temas de empresas que están señaladas por Estados Unidos por el crimen organizado”.

Sobre agua y drenaje, Salgado indicó que Ensenada carece de ambos servicios y que no existe gestión efectiva con el gobierno del estado, del mismo partido. “Lo único que se ha visto de parte de la alcaldesa son problemas y pleitos en donde dicen que tú me debes, que no te debo, pero ahí afuera no hay una sola gestión para agua y drenaje en nuestra ciudad y el desabasto de agua es todos los días en nuestras comunidades”, concluyó.