La desigualdad en el acceso a la educación continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y económico a nivel mundial. De acuerdo con estimaciones de la UNESCO, alrededor de 273 millones de niñas, niños y jóvenes permanecen fuera del sistema educativo, mientras que casi dos terceras partes de las personas adultas que carecen de competencias básicas de alfabetización son mujeres.

Ante este panorama, el profesor-investigador del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de CETYS Universidad, campus Mexicali, Francisco Núñez Tapia, advirtió que las limitaciones al acceso de las mujeres a la educación han obedecido históricamente a factores políticos, culturales, religiosos y de control social, más que a criterios relacionados con el bienestar colectivo.

El especialista señaló que la educación representa una herramienta para formar ciudadanos capaces de cuestionar, participar y contribuir a la solución de los problemas públicos. “Entre mayor sea el acceso al conocimiento, mayor será la capacidad de las personas para analizar su entorno, exigir soluciones y contribuir al desarrollo de sus comunidades”, afirmó.

Núñez Tapia explicó que impedir o limitar la educación de las mujeres genera consecuencias que trascienden el ámbito individual. En materia económica, dijo, reduce las posibilidades de que una parte importante de la población acceda a profesiones especializadas, particularmente en sectores como la salud y la educación. En el plano social, agregó, amplía las brechas de desigualdad y disminuye las oportunidades de movilidad social.

El investigador destacó que uno de los efectos más graves es el impacto intergeneracional. Señaló que cuando las mujeres enfrentan menores oportunidades educativas, también disminuyen las posibilidades de impulsar el desarrollo académico y profesional de sus hijos e hijas, lo que contribuye a perpetuar condiciones de rezago durante varias generaciones.

Como ejemplo, mencionó la situación de Afganistán, donde las restricciones impuestas a la educación de las mujeres evidencian la fragilidad de derechos que parecían consolidados. Consideró que estos casos deben servir como un llamado para proteger los avances alcanzados en materia de igualdad de oportunidades y evitar retrocesos.

En el caso de México, el académico indicó que la brecha educativa sigue reflejándose en desigualdades laborales, diferencias salariales y una menor participación femenina en espacios de toma de decisiones. Por ello, sostuvo que garantizar un acceso equitativo a la educación continúa siendo una condición indispensable para construir una sociedad más incluyente, competitiva y con mayores oportunidades de desarrollo.

Finalmente, Núñez Tapia consideró que las nuevas generaciones enfrentan el desafío de transformar el acceso masivo a la información en pensamiento crítico. A su juicio, resulta indispensable fortalecer espacios de diálogo que permitan analizar distintas perspectivas y comprender los problemas públicos desde una visión más amplia.

“La educación no solo consiste en acceder al conocimiento, sino en aprender a dialogar, escuchar, reflexionar y construir soluciones de manera colectiva. Esa es una de las herramientas más poderosas para impulsar el desarrollo de cualquier sociedad”, concluyó.

El colectivo “Célula de Búsqueda e Investigación de personas desaparecidas”, fundado por Soraya Ana y Gonzalo Moreno, difundieron un posicionamiento sobre la no vinculación a proceso del exjefe de policía Pedro Ariel Mendívil y quien era comandante de la zona urbana, Luis Alfonso Jacobo.

Expresaron que la vinculación a proceso de elementos policiales en el caso Shots “representa un momento que las familias jamás hubiéramos querido vivir. No porque signifique una victoria, sino porque acerca a la investigación a una verdad que durante años exigimos que fuera investigada con seriedad”.

Señalan que, una vez más, el sistema los sorprende, pues tienen claro que no corresponde a las familias dictar sentencias, pues esa responsabilidad pertenece a los tribunales, y toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso. Pero tampoco puede exigir guardar silencio a las familias que llevan años buscando a sus hijos.

Si las investigaciones demuestran que existió una estructura criminal con participación o aquiescencia de agentes policiales, no estaríamos frente a hechos aislados, sino ante una de las violaciones más graves a los derechos humanos: la desaparición forzada, precisan en el documento.

“Como padres de Kevin Moreno Ana, no buscamos venganza. Buscamos verdad. Buscamos justicia. Buscamos saber qué ocurrió aquella madrugada y dónde está nuestro hijo. Porque ningún cargo, ningún uniforme y ningún poder pueden estar por encima de la ley”, remarcan.

Hoy, más que nunca, es indispensable que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias, dicen; que no existan intocables y que se identifique a todos los responsables materiales e intelectuales, así como a quienes participaron por acción, por omisión o mediante encubrimiento.

La justicia no puede detenerse con las primeras vinculaciones a proceso. Debe avanzar hasta esclarecer completamente los hechos, determinar las responsabilidades de toda la cadena de mando que corresponda y, sobre todo, conducir al paradero de nuestros hijos, subrayan.

“Exigimos el derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición. Seguiremos buscando. Seguiremos alzando la voz. Seguiremos exigiendo que ningún caso quede en la impunidad”, concluyen.

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) reanudó este lunes sus actividades académicas, administrativas y de servicios con el arranque del ciclo escolar 2026-2, en el que atenderá a una matrícula superior a los 72 mil 130 estudiantes de licenciatura y posgrado distribuidos en los campus de Mexicali, Tijuana y Ensenada.

Para este semestre, la institución contará con la participación de más de 6 mil 320 docentes y alrededor de mil 850 trabajadores administrativos y de servicios, quienes estarán a cargo de las actividades de enseñanza, investigación, extensión universitaria y vinculación.

El personal administrativo regresó a sus labores el 3 de agosto, mientras que las clases iniciarán oficialmente el próximo 10 de agosto y concluirán el 28 de noviembre. Como parte de las actividades previas al inicio del semestre, los estudiantes de nuevo ingreso participarán del 3 al 7 de agosto en el curso de inducción e integración, diseñado para facilitar su incorporación a la vida universitaria.

La universidad informó que el plazo para realizar el pago de reinscripción vence el 7 de agosto, mientras que la fecha límite para tramitar la baja del semestre será el 24 de agosto.

Durante el semestre también se contemplan tres suspensiones oficiales de labores: el 16 de septiembre por el Día de la Independencia, el 2 de noviembre por el Día de Muertos y el 16 de noviembre, en sustitución del 20 de noviembre por la conmemoración de la Revolución Mexicana, conforme al calendario oficial.