Estatal
Exige Articulo 19 al gobierno de BC dejar de hostigar a periodista
La organizacion de defensa de los periodistas, Artículo 19 México y Centroamérica manifiestó su preocupación por el acoso del Secretario de Gobierno del Estado de Baja California y la Fiscalía General de la República hacia la periodista Dianeth Pérez Arreola, reportera del medio Brújula News.
La periodista acudió el 6 de agosto a la conferencia mañanera de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Durante su participación, realizó preguntas sobre una presunta doble licitación de una planta potabilizadora de agua, y acerca de los posibles nexos con el crimen organizado.
La siguiente semana, el 15 de agosto, la periodista recibió un oficio de la Fiscalía General de la República, donde se le citó para coadyuvar en la investigación. No obstante, en el documento se observa que esta solicitud fue a raíz de un oficio enviado por el Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, Alfredo Álvarez Cárdenas, dice el documento.
“Esta investigación es obligación del Estado, por tanto no se debe trasladar la carga de la misma a la prensa o presionar a periodistas a revelar sus fuentes de información”, señala Artículo 19.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “la lucha contra la corrupción constituye un deber de los Estados y una condición esencial para la vigencia efectiva de los derechos humanos y del Estado de Derecho”.
Además, formular una pregunta en los espacios públicos como lo es la conferencia matutina de la gobernadora no debe tener como respuesta un acto de acoso administrativo, indica el reporte de la organización sobre el caso.
Artículo 19 hace enfasis en la reserva de las fuentes periodísticas constituye un derecho fundamental protegido tanto en el ámbito nacional como internacional.
También reafirmó que la confidencialudad de las fuentes periodísticas es indispensable para que los periodistas puedan investigar y difundir asuntos de de interés público, especialmente cuando las fuentes enfrentan riesgos de represalias. De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, defiende el trabajo de los periodistas y la confidencialidad de las fuentes.
De acuerdo con el Informe 2024 de ARTICLE 19, Oficina Regional para México y Centroamérica, en México se registraron 639 agresiones documentadas, 287 casos fueron directamente de personas funcionarias públicas.
“Resulta alarmante, que en el 44.91 por cierto de las agresiones, alguna autoridad mexicana fue responsable de la violencia contra periodistas y medios. Evidenciando un patrón sistemático en el que el Estado mexicano figura como el principal agresor de la prensa”, dice el organismo.
Agrega que resulta preocupante que la Fiscalía General de la República (FGR), en lugar de investigar y sancionar las agresiones contra la prensa, destine recursos para presionar a periodistas, cargando cierto grado de responsabilidad de las competencias que por ley le corresponden.
ARTICLE 19 exige:
• A la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda y al Secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, abstenerse de todo acto de hostigamiento o represalia contra periodistas y garantizar condiciones plenas para el libre ejercicio del periodismo, manteniendo un discurso de reconocimiento a la labor periodística y garantizar un entorno libre de violencia e intimidación contra la prensa.
• A la Fiscalía General de la República (FGR), desistir de cualquier acción que busque obligar a periodistas a revelar sus fuentes e investigar con prioridad las agresiones contra la prensa que permanecen en la impunidad.
Estatal
Pide Gilvaja prevención de accidentes en Boulevard 2000
En sesión ordinaria la diputada Yohana Gilvaja, presentó un punto de acuerdo aprobado por unanimidad mediante el cual se exhorta a la gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda, y al secretario de Infraestructura, Arturo Espinosa Jaramillo, para que dispongan lo necesario a fin de implementar medidas de prevención e infraestructura que eviten accidentes de tráfico terrestre en el Boulevard 2000, ante condiciones peligrosas por causa de las obras que se llevan a cabo.
Asimismo, la legisladora del PT requirió al presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, realizar una inspección estructural y corregir de manera inmediata los daños presentes en el complejo vial conocido como El Chaparral, donde se han detectado anomalías que ponen en riesgo la integridad de miles de ciudadanos.
Gilvaja reclamó: “No solo se trata de construir las obras necesarias, también de proveer para su conservación y mantenimiento, en el Boulevard 2000 se han registrado accidentes que no pueden seguir siendo ignorados por las autoridades.”

Tijuana es uno de los municipios metropolitanos más importantes del país, donde la movilidad es un factor esencial para la economía y el desarrollo; sin embargo, las obras inconclusas y la falta de mantenimiento en vialidades estratégicas han generado inconformidad social y riesgos para la ciudadanía, señaló.
“Mientras miles de tijuanenses arriesgan su integridad transitando por vialidades inseguras y obras inconclusas, la falta de respuestas está erosionando la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, indicó.
La legisladora acusó que el caso del complejo vial El Chaparral representa una omisión grave, pues las anomalías estructurales nunca fueron atendidas de manera formal por las autoridades y únicamente se reaccionó ante la presión mediática.
“El Chaparral es un ejemplo claro porque una abertura de más de 20 centímetros fue ignorada hasta que los medios lo señalaron, lo que demuestra que la seguridad vial no puede depender de notas periodísticas sino de acciones firmes y responsables”, precisó.
La diputada recalcó que este exhorto se suma a otros llamados reiterados que ha presentado en el Congreso para atender la seguridad y el mantenimiento de las vialidades en Tijuana, los cuales hasta ahora no han recibido respuesta efectiva por parte de las autoridades municipales.
Estatal
Aprueban juicio político contra Samuel García
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría el inicio de un juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda. La decisión se tomó este viernes con seis votos a favor (de diputados del PRI, PAN y uno de Morena). La sesión se realizó sin la presencia de dos diputados de Morena ni de una legisladora del PVEM.
La denuncia, presentada por la bancada de Morena, acusa al mandatario de triangulación de recursos públicos por casi mil millones de pesos, al parecer desviados a despachos o empresas relacionadas con su familia, lo que se encuadra en el delito de peculado.
Los siguientes pasos en el proceso, es la notificación a García, a quien le otorgarán cincó días hábiles para presentar su defensa por escrito o de manera presencial, y luego el expediente pasará al Pleno del Congreso local para continuar el procedimiento.
De avanzar, el caso podría remitirse al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, que sería el encargado de determinar posibles sanciones, incluyendo la destitución o inhabilitación.
Este es uno de los varios intentos de juicio político que se han impulsado contra García en los últimos meses, algunos relacionados con presuntas violaciones electorales y omisiones en la publicación de decretos.
Hasta el momento, el gobernador Samuel García no ha emitido una declaración oficial sobre esta nueva aprobación. El proceso se encuentra en sus primeras etapas y podría enfrentar recursos legales por parte de la defensa del mandatario.
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Citan de nuevo a Blázquez: quiere Gobernadora imponer medidas
Tras obtener un amparo favorable que le permitió mencionar el nombre y cargo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el exdiputado y comunicador Marco Antonio Blázquez vuelve a ser citado por la justicia.
El amparo fue concedido contra un proceso legal impulsado a petición de la mandataria, el cual incluía una restricción que le impedía referirse públicamente a ella por su nombre y cargo. Con la resolución judicial, esa medida cautelar fue levantada.
Sin embargo, ahora Blázquez ha sido citado nuevamente. Mañana sábado 13 de junio de 2026, a las 8:00 de la mañana, deberá presentarse en Tijuana a una audiencia de revisión de medidas de protección.
En el documento oficial se le advierte expresamente que, en caso de incomparecencia injustificada, se podrá solicitar una orden de aprehensión en su contra.
Esta nueva citación ocurre a pesar del amparo recientemente ganado por Blázquez, lo que ha generado cuestionamientos sobre la persistencia de las acciones legales en su contra.

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