Estatal
Apuntan evidencias a que útero entregado a SEMEFO no era de Vanesa
El médico forense, Horacio Rafael Valero Cervantes, quien fue contratado por la familia de Vanesa Zavala Meza, considera que el útero conservado en el Servicio Médico Forense de Mexicali no pertenece a la joven madre que falleció por una presunta negligencia médica el 28 de mayo de este año, de acuerdo con el estudio macroscópico realizado por él.
El especialista mencionó en entrevista que lo más significativo es que ese útero no presentaba ni el tamaño ni los cortes que debía tener, basado en el expediente médico de cientos de páginas de los tres centros médicos donde estuvo internada Vanesa, y que detallan las intervenciones quirúrgicas que le realizaron.
El padre y el viudo de Vanesa quieren demostrar que su muerte se debió a una negligencia médica, lo que el médico Valero Cervantes señala desde su experiencia, ya que al momento de realizar la exploración macroscópica, no se encontró el corte de la cesárea ni señales de la cicatrización de la cesárea anterior.
La joven madre falleció tras cuatro días hospitalizada por una hemorragia obstétrica que descubrieron y atendieron demasiado tarde, lo que le costó la vida a finales de mayo tras diversas intervenciones: una cesárea, una cirugía para extirparle un ovario, otra para efectuar maniobras que detuvieran el sangrado y finalmente la extirpación del útero.
Todas estas intervenciones no se ven en el órgano que según las autoridades es de Vanesa, lo que podría ocultar los delitos de homicidio por imprudencia profesional grave, encubrimiento, simulación de prueba, falsedad de informes dados a una autoridad y asociación delictuosa, según el Código Penal Federal.

El médico forense señaló que uno de sus primeros hallazgos al acudir al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Mexicali y ver las muestras del útero de la víctima, es el poco cuidado en el método de conservación de esos tejidos. Las muestras no estaban en congelación y la concentración de solución de formol es tan alta que ha degradado la muestra.
Otro hecho importante es que no hubo cadena de custodia, explicó; la ruptura del eslabón de una cadena ya no garantiza su autenticidad. No hay un documento que asegure que obtuvieron esa muestra y que efectivamente sea de Vanesa.
Añadió que los tejidos pasaron de cirugía a patología; de patología a la Fiscalía General del Estado (FGE); de la Fiscalía al Poder Judicial, y del Poder Judicial queda en resguardo. Cada uno de esos pasos debería tener una entrega-recepción. Lo grave es que todo esto favorece los intereses del victimario, dijo.
Una de las decisiones que el experto más cuestiona, es que cuando debieron operar a Vanesa para extraerle el útero, decidieron empaquetarla -llenarla de compresas para tratar de detener la hemorragia- con lo que perdieron tiempo valioso que pudo salvarle la vida. Cabe destacar que en estas decisiones estuvieron relacionados los directivos de los hospitales públicos donde estuvo internada Vanesa, el Materno Infantil y el Hospital General.
Además, la intervinieron quirúrgicamente dos veces estando ya en estado de muerte cerebral, lo cual es médicamente cuestionable, sin olvidar que se le reanimó por 40 minutos, tiempo fuera de toda norma. Todo está asentado en el expediente médico del Hospital General.

La jefatura de SEMEFO ni siquiera estuvo presente en la entrega de las muestras que tomó Valero Cervantes ni por mera formalidad. Aunque estuvo una persona presente, esa persona no tiene fe pública; alguien debió supervisar lo que él estuvo haciendo, y eso demuestra el deficiente control y la falta de la cadena de custodia.
Tras la muerte de Vanesa, los directivos del Hospital General y todos los especialistas que la trataron, se reunieron con Yair González, el viudo de la víctima, para convencerlo de que la muerte de su esposa fue un hecho fortuito y quitarle así responsabilidad al equipo médico, que en ningún momento mencionó la posibilidad de realizar una investigación sobre lo sucedido.
Qué dice SEMEFO
El doctor César Vaca, director de SEMEFO, señaló en entrevista realizada el verano pasado, que a ellos les hicieron llegar el expediente clínico por el cual tuvieron conocimiento de todos los antecedentes, y posteriormente les envían el útero de Vanesa el 13 de junio.
“El Ministerio Público nos solicitó el estudio tanto macroscópico, como microscópico, de quien dicen era el órgano de Vanesa”, comentó.
En el estudio macroscópico no hay gran cosa, explicó, pues es un útero ya manipulado previamente. En el microscópico, el estudio histopatológico menciona también que es un órgano previamente manipulado. El responsable de la realización de estos estudios ya fue entrevistado por la agencia del Ministerio Público, agregó.

Lo ideal es que hubiéramos obtenido el cuerpo completo para poder dar una causa de fallecimiento, apuntó Vaca, pero solo tienen un órgano.
“Estamos enterados de todo el expediente, y en el Hospital General es donde fallece y ahí es donde certificaron el fallecimiento; ese era el momento ideal para que lo hubieran hecho del conocimiento de la fiscalía y turnaran el cuerpo al SEMEFO como se hace en muchas otras ocasiones, pero para el SEMEFO con un solo órgano es casi casi imposible decir las causas del fallecimiento”, manifestó.
El certificado de defunción menciona que fallece por una hemorragia obstétrica; en este caso, el certificado no dice de dónde viene esa hemorragia. Eso es clave en la investigación que traiga la fiscalía, ¿en qué momento se dio esa hemorragia, en el primer, segundo o tercer hospital? porque no se menciona, precisó. “Pero con el útero, imposible. No nos va a dar mucha información lamentablemente”, añadió.
Sobre las causas de fallecimiento ya hay un certificado que emitió la Secretaría de Salud, declaró Vaca, y ahora se debe partir de un dictamen de responsabilidad técnica profesional médica para investigar si hay negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia de reglamentos, pero allegándose de todas las constancias médicas.
“Yo como Semefo aporté una parte postmortem, un análisis de un órgano y el grueso de este expediente debe estar en esa intervención quirúrgica y la evolución nota a nota. ¿Cómo cae en este choque hipovolémico?, ¿de dónde sangró? Si fue la arteria iliaca pues no forma parte del órgano interno reproductor, pero no tendría por qué lesionarse esa arteria”, apuntó.

El médico remarcó que las muertes maternas son de notificación epidemiológica en el estado, no a la FGE sino a la Jurisdicción de salud. Cuando el médico debe de notificar a la autoridad son los casos donde se presume alguna violencia: homicidio, suicidio o accidentes deben de notificarse, pero también está este apartado donde puede haber alguna responsabilidad profesional, especificó.
Puede ser la familia o el mismo personal médico quien notifique al Ministerio Público, aseguró, pero lamentablemente no está estipulado, y es a criterio. “En este caso desconozco por qué no se hizo”, dijo.
Lo ideal es que se hubiera notificado, así la investigación estaría más completa, porque lo que hay es un certificado de defunción escueto; lo ideal hubiera sido que se hubiera hecho una necropsia médico legal que aportara datos importantes a la carpeta de investigación, aseveró. “Si es mucho de ética del médico el notificar al Ministerio Público. Lo determinante será quien evalúe todas las notas médicas y determine en qué momento se dio esta hemorragia”, concluyó.
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Pide Gilvaja prevención de accidentes en Boulevard 2000
En sesión ordinaria la diputada Yohana Gilvaja, presentó un punto de acuerdo aprobado por unanimidad mediante el cual se exhorta a la gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda, y al secretario de Infraestructura, Arturo Espinosa Jaramillo, para que dispongan lo necesario a fin de implementar medidas de prevención e infraestructura que eviten accidentes de tráfico terrestre en el Boulevard 2000, ante condiciones peligrosas por causa de las obras que se llevan a cabo.
Asimismo, la legisladora del PT requirió al presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, realizar una inspección estructural y corregir de manera inmediata los daños presentes en el complejo vial conocido como El Chaparral, donde se han detectado anomalías que ponen en riesgo la integridad de miles de ciudadanos.
Gilvaja reclamó: “No solo se trata de construir las obras necesarias, también de proveer para su conservación y mantenimiento, en el Boulevard 2000 se han registrado accidentes que no pueden seguir siendo ignorados por las autoridades.”

Tijuana es uno de los municipios metropolitanos más importantes del país, donde la movilidad es un factor esencial para la economía y el desarrollo; sin embargo, las obras inconclusas y la falta de mantenimiento en vialidades estratégicas han generado inconformidad social y riesgos para la ciudadanía, señaló.
“Mientras miles de tijuanenses arriesgan su integridad transitando por vialidades inseguras y obras inconclusas, la falta de respuestas está erosionando la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, indicó.
La legisladora acusó que el caso del complejo vial El Chaparral representa una omisión grave, pues las anomalías estructurales nunca fueron atendidas de manera formal por las autoridades y únicamente se reaccionó ante la presión mediática.
“El Chaparral es un ejemplo claro porque una abertura de más de 20 centímetros fue ignorada hasta que los medios lo señalaron, lo que demuestra que la seguridad vial no puede depender de notas periodísticas sino de acciones firmes y responsables”, precisó.
La diputada recalcó que este exhorto se suma a otros llamados reiterados que ha presentado en el Congreso para atender la seguridad y el mantenimiento de las vialidades en Tijuana, los cuales hasta ahora no han recibido respuesta efectiva por parte de las autoridades municipales.
Estatal
Aprueban juicio político contra Samuel García
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría el inicio de un juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda. La decisión se tomó este viernes con seis votos a favor (de diputados del PRI, PAN y uno de Morena). La sesión se realizó sin la presencia de dos diputados de Morena ni de una legisladora del PVEM.
La denuncia, presentada por la bancada de Morena, acusa al mandatario de triangulación de recursos públicos por casi mil millones de pesos, al parecer desviados a despachos o empresas relacionadas con su familia, lo que se encuadra en el delito de peculado.
Los siguientes pasos en el proceso, es la notificación a García, a quien le otorgarán cincó días hábiles para presentar su defensa por escrito o de manera presencial, y luego el expediente pasará al Pleno del Congreso local para continuar el procedimiento.
De avanzar, el caso podría remitirse al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, que sería el encargado de determinar posibles sanciones, incluyendo la destitución o inhabilitación.
Este es uno de los varios intentos de juicio político que se han impulsado contra García en los últimos meses, algunos relacionados con presuntas violaciones electorales y omisiones en la publicación de decretos.
Hasta el momento, el gobernador Samuel García no ha emitido una declaración oficial sobre esta nueva aprobación. El proceso se encuentra en sus primeras etapas y podría enfrentar recursos legales por parte de la defensa del mandatario.
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Citan de nuevo a Blázquez: quiere Gobernadora imponer medidas
Tras obtener un amparo favorable que le permitió mencionar el nombre y cargo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el exdiputado y comunicador Marco Antonio Blázquez vuelve a ser citado por la justicia.
El amparo fue concedido contra un proceso legal impulsado a petición de la mandataria, el cual incluía una restricción que le impedía referirse públicamente a ella por su nombre y cargo. Con la resolución judicial, esa medida cautelar fue levantada.
Sin embargo, ahora Blázquez ha sido citado nuevamente. Mañana sábado 13 de junio de 2026, a las 8:00 de la mañana, deberá presentarse en Tijuana a una audiencia de revisión de medidas de protección.
En el documento oficial se le advierte expresamente que, en caso de incomparecencia injustificada, se podrá solicitar una orden de aprehensión en su contra.
Esta nueva citación ocurre a pesar del amparo recientemente ganado por Blázquez, lo que ha generado cuestionamientos sobre la persistencia de las acciones legales en su contra.

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