Ante la persistencia de los casos de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en Baja California, el Protocolo Alba representa uno de los principales mecanismos de respuesta inmediata para su búsqueda y localización. En Mexicali, la Policía Municipal participa en este esquema de coordinación con autoridades estatales y federales, cuyo propósito es actuar desde las primeras horas ante la desaparición o no localización de una mujer o niña.

El protocolo, sin embargo, no corresponde exclusivamente a la corporación municipal, sino que articula los esfuerzos de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los ayuntamientos, entre otras instituciones. Bajo este contexto, las cifras de feminicidios y desapariciones registradas en los últimos años permiten dimensionar la magnitud de una problemática que continúa representando un desafío para las autoridades.

Ayer reportaron a una mujer de 23 años como no localizada. Su madre acudió primero con la Policía Municipal y no se actuó. Hoy en la mañana ya se le dio seguimiento, aunque sigue sin aparecer.

La joven forma parte de una familia vulnerable procedente de Tijuana que se asentó en esta captal. Ayer al ir caminando junto a una vialidad en el Valle de Mexicali, se les emparejó un hombre a bordo de una motocicleta y les ofreció raite. A la mujer se le hizo fácil subirse porque estaba cansada y porque él le dijo que la dejaría frente al mercado.

La familia, se compone de la madre, dos hijos varones y la joven desaparecida, al parecer todos de condición especial; a pesar de la alerta desde ayer, no se empezaron a mover las cosas sino hasta hoy.

Las cifras de feminicidios y de mujeres desaparecidas crecen y sigue sin formalizarse seriamente el protocolo Alba, por lo que se pierde tiempo crítico importante para poder localizarla con vida, como en este caso.

El protocolo, sin embargo, no corresponde exclusivamente a la corporación municipal, sino que articula los esfuerzos de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los ayuntamientos, entre otras instituciones. Esperemos que la desaparición de la joven no se convierta en un feminicidio y que den celeridad a la formalización del protocolo lo más pronto posible.

Al hijo de Paco Barraza que trabaja en Cecyte plantel Misiones, le dieron su base en tiempo récord, y a pesar de sus acciones laborales contra la violencia a la mujer, señalan sus compañeras que es un déspota, pero que además han engordado la nómina con singular alegría.

El “Shock Barraza” es muy amigo del tipo que protege el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, José Alonso Escobar Páez, quien con falsas acusaciones mantiene en la cárcel a Jennifer Maryel, y quien tiene una tienda de motocicletas y un club de motociclistas.

Resulta que nos cuentan que Barraza junior ha metido a trabajar al Cecyte a muchos de estos motociclistas, que ni siquiera tienen terminada la preparatoria y ocupando puestos de “tutor” a cargo de menores de edad, como uno de nombre Diego Osuna, que fue “comisionado” dos semanas es decir no se presentó a trabajar porque lo tenían “haciendo otras cosas” que era nada menos que trabajar en la campaña de Julieta Ramírez.

La gober va el viernes al Cecyte, a ver si nos cuenta si corrió o no al tranza de Arnoldo Douglas y vemos el extraño caso de los motociclistas-aviadores.

Por cierto que los Barraza ya pusieron su franquicia de placas Anapromex para carros y motos. Qué chulada.

También, comentar que a pesar de que Periódicos Healy está haciendo el negocio de su vida entregándole el alma y la línea editorial a Morena, al parecer no les alcanza para los abogados, porque metieron tijera en Hermosillo, Tijuana y por último le tocó a Mexicali.

El recuento de los daños aquí es el despido de una persona de clasificados, otro de sistemas, otro del área comercial, uno de mantenimiento, varios de limpieza y del área de circulación.

También le dieron las gracias a la jefa de administración, a una empleada del área del sitio web a quien por fin acababan de dar su contrato definitivo, a un trabajador de ventas, y a una de marketing.

Como sabrán, la familia Healy está enfrentada por el camino que ha tomado su línea editorial, entregada al Gobierno del Estado, a quien además han dotado de mucho recurso humano, pues media nómina de comunicación trabajó para ellos. Esta batalla legal para ver quien se queda con los diarios, seguramente terminará en el desmantelamiento de los periódicos.

Finalmente no podemos dejar pasar el tema de la intervención de la secretaria Anticorrupción en la mañanera de hoy, Gabriela Monge. Ante el reclamo del colega Cristian Torres, sobre una reserva de información, la no publicación de las situaciones patrimoniales del gabinete estatal y el mal funcionamiento de la página de transparencia, básicamente respondió que había que quejarse de las solicitudes de información no respondidas para poder atenderlas. Como si no supieran qué les está pidiendo la prensa, cuándo son los tiempos límites para responder, y los recursos interpuestos por la falta de respuestas. La transparencia en esta administración es un gran chiste.

El reclamo es también por la falta de datos sobre contratos de difusión institucional -ni uno solo en este sexenio-, pero pues ahí no quieren publicar nada porque descobijarían a varios amigos y examigos de la gober a quienes les paga muy bien sin que sepamos qué criterios se toman en cuenta para asignar cantidades.

Pregunta final: ¿No se han preguntado porqué Armando Samaniego es el único morenista haciendo campaña abiertamente para la presidencia municipal de Mexicali? Los rumores dicen que ya a$eguró la candidatura en Ciudad de México, por eso nadie más se está moviendo.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Algo comenzó a cambiar en Baja California. Partidos de oposición, organizaciones sociales, colectivos y ciudadanos empezaron a perderle el miedo a decir en voz alta lo que hasta hace poco muchos preferían murmurar: que la gobernadora Marina del Pilar Ávila debe rendir cuentas y que, si existen elementos suficientes, se investigue incluso la posibilidad de un juicio político.No es un golpe de Estado.

No es conspiración. No es “campaña negra”. Es política. Y en democracia, la oposición tiene exactamente esa función: oponerse, cuestionar, investigar y exigir cuentas al gobierno.

El problema es que el camino institucional parece diseñado para que nadie llegue demasiado lejos. El juicio político contra un gobernador por determinadas causas corresponde al ámbito federal y, tratándose de violaciones graves a la Constitución o leyes federales, la resolución de la Cámara de Diputados tiene carácter declarativo para que la legislatura local actúe conforme a sus atribuciones. Y ahí aparece la realidad política.

Morena y sus aliados tienen mayoría. Por eso, salvo que desde Palacio Nacional exista voluntad política para abrirle la puerta a una investigación de fondo, las posibilidades de que el Congreso local se convierta espontáneamente en verdugo de una gobernadora morenista parecen, cuando menos, remotas.

Pero hay un pequeño detalle que quizá nadie está considerando suficientemente: que el Gobierno de México decida no actuar no significa que nadie más vaya a hacerlo.

Estados Unidos ya cambió el juego. En abril, el Departamento de Justicia acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios actuales y anteriores de delitos relacionados con narcotráfico y armas. Y en junio, “Los Angeles Times” reportó que Washington investigaba a otros gobernadores mexicanos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Es decir, el vecino dejó de mirar solamente a los capos. Ahora también mira hacia los palacios de gobierno. Y mientras tanto, en México seguimos discutiendo si una visa es una visa, si una visa cancelada es una visa revocada y si un audio significa exactamente lo que se escucha en él.

Los audios atribuidos a Marina del Pilar, difundidos por Héctor de Mauleón, hablan de contactos con el DHS y el FBI y de reuniones para abordar el caso que enfrenta ante autoridades estadounidenses. Que esos audios prueben un delito es otra historia. Pero que ameriten explicaciones serias, verificables y transparentes, eso nadie debería discutirlo.

Porque hay algo que empieza a resultar incómodo: ¿qué pasa si México no investiga y Estados Unidos sí? La pregunta ya no parece tan descabellada. Washington ha demostrado que puede investigar, sancionar, retirar visas, presentar acusaciones y perseguir judicialmente a mexicanos fuera de territorio nacional cuando considera que tiene jurisdicción y evidencia suficiente.

En enero, incluso trasladó a Estados Unidos a 37 fugitivos mexicanos buscados por delitos graves, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas. Y la propia Presidenta Sheinbaum ha reconocido que existe un diferendo importante en materia de extradiciones: México asegura haber solicitado 269 extradiciones a Estados Unidos desde 2018 hasta mayo de 2026, sin que ninguna haya sido concretada.

La pregunta es si esa reciprocidad podría algún día convertirse en otra cosa. Porque si en México las instituciones políticas no quieren, no pueden o no se atreven a tocar a determinados personajes, puede llegar el momento en que Washington decida tocar la puerta. Y no precisamente para saludar. ¿Gobernadores? ¿Senadores? ¿Diputados? ¿Alcaldes? ¿Funcionarios?¿Exfuncionarios? No lo sabemos.

Y sería irresponsable afirmar que Estados Unidos prepara una operación para “extraer” políticos mexicanos. No existe, al menos públicamente, evidencia que permita sostener semejante escenario. Pero también sería ingenuo ignorar que Washington está elevando el nivel de presión sobre funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales. Ese es el verdadero asunto.

Porque una cosa es que un gobierno mexicano investigue a sus propios funcionarios.Y otra, bastante más humillante, es que tenga que hacerlo el vecino. Entonces sí tendríamos un problema monumental. No solamente para Marina del Pilar. Para Morena.Para la Presidenta. Y para México.

Porque si la famosa transformación presume que nadie está por encima de la ley, llegó el momento de demostrarlo. Aquí no se trata de condenar a nadie por rumores, audios o acusaciones. Se trata de investigar. De transparentar. De esclarecer. Y, si no hay nada, cerrar el expediente con pruebas.

Porque si hay algo peor que tener funcionarios bajo sospecha, es tener instituciones que parezcan demasiado ocupadas protegiéndolos. Y entonces la pregunta que hoy incomoda en Baja California podría terminar siendo mucho más grande: ¿Y si Estados Unidos decide hacerlo? Porque cuando el Estado mexicano no quiere abrir la puerta de la justicia, siempre existe el riesgo de que alguien del otro lado decida entrar por ella.

Para los santos que son

Hay renuncias que dejan un hueco en el gobierno. Y hay otras que apenas dejan espacio para colocar el escritorio del siguiente funcionario. La gobernadora Marina del Pilar Ávila anunció esta semana que cuatro integrantes de su gabinete —Belinda Elizabeth Rodríguez, José Adrián Medina Amarillas, Jesús García Castro y Alejandro Arregui Ibarra— le comunicaron su intención de abandonar sus cargos para buscar una candidatura en 2027.

Hasta ahí, todo legal. Incluso normal. Lo que resulta menos normal es la expectativa que parece acompañar a algunos de ellos: que basta con haber ocupado una silla en el gobierno para que automáticamente el ciudadano deba entregarles otra, pero ahora mediante el voto.

Porque una pregunta elemental se impone: ¿Qué hicieron desde el gobierno que justifique pedir ahora el voto? No qué puesto ocuparon. No cuántas fotografías se tomaron con la gobernadora. No cuántos boletines publicaron. No cuántas veces aparecieron en una mañanera.

Resultados.Eso es lo que deberían llevar consigo cuando salgan a pedir el voto. Y aquí está el detalle: algunos de estos aspirantes han recorrido ya buena parte del camino político. Alejandro Arregui, por ejemplo, fue diputado local por el PRI y hoy forma parte del gabinete morenista como secretario del Trabajo. Una carrera política larga, sin duda. Pero carrera política no necesariamente significa carrera de resultados. Y eso vale para todos.

Porque si la explicación para buscar una candidatura es que Morena sigue arriba en las encuestas, entonces estamos frente a una confesión involuntaria: No necesariamente están confiando en sus propios méritos; están confiando en la marca.

El problema es que las marcas también se desgastan. Morena conserva una ventaja importante en diversas mediciones rumbo a 2027, pero existe un porcentaje considerable de ciudadanos que todavía no decide su voto.

En Ensenada, por ejemplo, una medición de junio ubicó a Morena con 42.2%, pero 20.4% respondió que aún no sabía por quién votaría. Otras colocan a Julieta Ramírez como 36% de intención de voto, con 32% de indecisos. Es decir: todavía hay mucho partido por jugar.Y aquí aparece el verdadero riesgo para Morena y, particularmente, para Marina del Pilar.

Que algunos de sus funcionarios crean que la candidatura es una extensión automática del cargo. Porque una cosa es administrar. Otra muy diferente es convencer. Y otra, todavía más difícil, es ganar.

La gobernadora tampoco atraviesa precisamente por el momento político más cómodo de su administración. Las controversias, los cuestionamientos y los audios que han circulado en torno a sus gestiones ante autoridades estadounidenses no desaparecen porque cuatro funcionarios decidan competir electoralmente. Al contrario. Cada candidato cargará, inevitablemente, con parte del equipaje político del gobierno que lo impulsó.

Y aquí es donde aparece aquella vieja expresión popular que parece escrita para esta ocasión: “Para los santos que son y los milagros que hacen”.

Porque si estos funcionarios son los grandes activos electorales del gobierno estatal, Morena debería empezar a preocuparse. No porque sean malos candidatos necesariamente. Sino porque hasta ahora cuesta trabajo encontrar en sus respectivas trayectorias ese milagro administrativo, político o social que explique por qué el ciudadano tendría que premiarlos con un nuevo cargo.

La política mexicana tiene una costumbre extraordinaria: convertir la permanencia en el poder en mérito suficiente para continuar en el poder. Como si ocupar un puesto fuera prueba de capacidad. Como si sobrevivir a una administración fuera un currículum. Como si cambiar de escritorio fuera una promoción automática.

Y no. El ciudadano debería preguntar algo mucho más sencillo: ¿Qué hicieron cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo? Porque si la respuesta no alcanza para convencer, difícilmente alcanzará para ganar.

Y quizá esos cuatro aspirantes terminen descubriendo que el verdadero milagro que Morena necesita no es encontrar candidatos.

Es encontrar candidatos que no le resten. Porque para los santos que son y los milagros que hacen, puede ocurrir exactamente lo contrario: que en lugar de ayudar a cargar la cruz electoral de la causa morenista, terminen agregándole otra piedra a la pesada losa que ya carga la causa marinista.

Una regulación inteligente, territorial y acorde al PPIE y la Nueva Escuela Mexicana

COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de escuchar a especialistas, madres y padres de familia, docentes y jóvenes para valorar una posible regulación del uso de celulares en los planteles de educación básica ha provocado un amplio debate. La titular del Poder Ejecutivo ha aclarado que no se pretende imponer una prohibición absoluta, sino generar conciencia sobre los efectos del uso excesivo de pantallas y plataformas digitales en el desarrollo de las infancias y adolescencias. Informó que cerca del 70% de las madres y los padres consultados respalda alguna forma de regulación y que, hacia finales de agosto, se presentará una propuesta nacional. La discusión es necesaria, pero exige precisión jurídica y técnica para evitar confusiones sobre el alcance de la consulta y las responsabilidades del Estado.

En Baja California, el debate adquiere una dimensión particular. El Programa de Protección Integral Escolar (PPIE) 2026–2027 es el instrumento estatal para identificar, clasificar y atender los riesgos que afectan el bienestar, la seguridad y el aprendizaje. Sin embargo, el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos todavía requiere un tratamiento expreso como posible factor de riesgo digital, cognitivo, emocional y de convivencia. El dispositivo no es perjudicial por sí mismo; el riesgo depende de las condiciones de uso y de sus consecuencias: distracción durante las clases, afectaciones al aprendizaje y al descanso, uso compulsivo de plataformas, ciberacoso, grabaciones no autorizadas, exposición a contenidos nocivos o deterioro de las habilidades sociales. Incorporar estos supuestos al PPIE permitiría activar acciones de prevención, detección, registro, intervención y acompañamiento sin reducir la respuesta a una prohibición general.

La Nueva Escuela Mexicana exige una política contextualizada y sensible a la diversidad territorial. Baja California es un estado con realidades profundamente distintas: Mexicali enfrenta riesgos digitales intensivos; San Quintín vive dinámicas agrícolas y migrantes; San Felipe presenta condiciones costeras; Tijuana y Ensenada lidian con retos urbanos complejos. Incluso dentro de una misma ciudad existen colonias con niveles distintos de conectividad, violencia digital y exposición a redes sociales. Así como la revisión de mochilas no se aplica igual en todas las zonas, el celular tampoco. Una regulación nacional puede establecer principios y estándares mínimos, pero su implementación debe considerar las características de cada estado, municipio, plantel y comunidad escolar.

En Baja California, el celular también cumple una función de seguridad. Los hechos de violencia, las desapariciones, la movilidad fronteriza, los trayectos prolongados y las jornadas laborales que dificultan el acompañamiento permanente hacen que muchas familias lo consideren indispensable para mantener contacto con sus hijas e hijos. Esta realidad demuestra que no existe contradicción entre permitir que el alumnado porte un celular por razones de seguridad y limitar o regular su utilización durante las clases. El dispositivo puede permanecer apagado, en modo silencioso o bajo mecanismos adecuados de resguardo, salvo que exista una finalidad pedagógica, una necesidad médica o de accesibilidad, o una situación de emergencia.

Por ello, es fundamental distinguir entre regular y gestionar. La regulación establece límites, responsabilidades, excepciones y consecuencias. La gestión de riesgos permite identificar las circunstancias concretas de cada comunidad e intervenir de manera proporcional. No todo debe resolverse mediante prohibiciones generales ni mediante un decreto que pretenda normar individualmente teléfonos, tabletas, relojes inteligentes, audífonos, inteligencia artificial, y cada nuevo dispositivo que aparezca.

La falta de lineamientos explica, en parte, por qué el uso del celular proliferó desordenadamente en las aulas. Durante años, cada escuela y cada docente establecieron reglas propias, frecuentemente sin capacitación ni respaldo técnico. Aunque la respuesta institucional llega con retraso, no se trata de culpar a docentes, familias o estudiantes, sino de reconocer que el sistema educativo no les proporcionó oportunamente herramientas para gestionar una tecnología que transformó la convivencia escolar. Los Consejos de Participación Social deben ser el mecanismo formal para canalizar la consulta y construir acuerdos de implementación.

La responsabilidad tampoco corresponde exclusivamente a las escuelas. Estas deben gestionar lo que ocurre durante la jornada y dentro de las actividades bajo su supervisión; las familias deben establecer hábitos y límites fuera del plantel, y el Estado debe diseñar la política pública, emitir lineamientos, capacitar, dar presupuesto, supervisar y coordinar a las autoridades educativas, de salud, seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes.

El precedente de la Suprema Corte sobre “Mochila Segura” también ofrece una advertencia: las medidas escolares que inciden en la privacidad o en las pertenencias del alumnado necesitan fundamento jurídico, una finalidad legítima y procedimientos proporcionales. Esto no impide regular el uso de celulares dentro del plantel, pero sí exige evitar inspecciones, retenciones o sanciones arbitrarias.

El celular puede ser un recurso educativo, una herramienta de seguridad y un factor de riesgo al mismo tiempo. Una política pública inteligente debe reconocer esas tres dimensiones y establecer medidas diferenciadas por edad, nivel educativo y contexto, así como excepciones pedagógicas, médicas, de accesibilidad y emergencia. Baja California tiene la oportunidad de fortalecer el PPIE incorporando expresamente los riesgos vinculados con los dispositivos móviles y construyendo una respuesta preventiva, territorial y acorde con la Nueva Escuela Mexicana.

*El autor es director general de De la Peña y Rivera, S.C. y fundador de Justicia que Transforma México, A.C.