Una denuncia por hostigamiento contra la directora del Patronato del Centro de Desarrollo Humano Integral (CDHI), Maribel Real Martínez, fue interpuesta ante Sindicatura el pasado mes de abril.

La denuncia, de la cual esta reportera tiene copia, expone que Real Martínez hostiga a un empleado de limpieza de nombre Bryant Andrés Aguilar García, quien tiene 20 años de edad y una discapacidad de lenguaje.

Sobre él, dicen sus compañeros que su discapacidad “lejos de ser un impedimento ha sido un gran ejemplo para nosotros por sus ganas de superarse y apoyarse económicamente”.

Relatan que Real Martínez lo busca para que la acompañe a otras áreas que a él no le corresponden para que vaya levantando la basura que ella le señala, situación que no sucede con otros trabajadores de limpieza.

También declaran que tras las últimas lluvias, la directora hizo que fuera a sacar el agua acumulada de unos juegos con un vaso que ella sacó de la basura, cuando hay equipo especial para drenar agua y cada empleado de mantenimiento tiene un área específica, no siendo ésta la que corresponde al joven.

Precisan que la directora promovió que los trabajadores tomaran alguna actividad física dentro de Centenario y en su horario laboral, y Aguilar García se inscribió al curso de box. En ocasiones el maestro llegaba tarde y la clase tardaba más, y por eso ella le reclamaba al empleado y no al maestro, situación por la que el joven decidió abandonar el curso.

Los compañeros denunciantes indican que han sido testigos de como Real Martínez le habla al joven con un tono de prepotencia y sarcasmo.

Pero el joven no ha sido la única víctima de la directora. Exponen también el caso de Lilia Osuna Gómez, trabajadora de mantenimiento de edad avanzada, a quien le exige labores que ponen en riesgo su seguridad como la limpieza de espejos de mucha altura, o que remueva manchas viejas que son imposibles de limpiar, además de asignarle un área muy amplia de limpieza para una sola persona.

Por si fuera poco, señalan la comisión de un posible fraude al otorgarle contratos al proveedor de nombre Javier Gómez, para el sistema de pluma electrónica, cuando éste nunca ha funcionado y tienen que dar acceso manual.

Relatan en la denuncia que los empleados pidieron autorización a la directora para deshacerse de fierros viejos, y le pagaron a una persona para que se los llevara y los vendiera por peso. Los poco más de mil pesos de ganancia serían destinados a la compra de equipo de protección, pero Real Martínez solicitó el dinero y no supieron en qué se destinó.

“Nos hemos enterado que el hostigamiento se está expandiendo a otras áreas como es el caso de la coordinación administrativa, se respira un ambiente hostil y violento laboralmente que solo promueve la desmotivación en los empleados y falta de certeza en nuestro empleo”, subrayan.

Los denunciantes temen que por la amistad de la directora con el síndico procurador, el caso no se atienda.

El pasado 22 de marzo, el agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Omar Jesús Sámano Arreola atropelló a Luis Arturo Seguro Pacheco quien se desplazaba en su motocicleta.

El caso quedó asentado en el expediente de la Fiscalía General del estado 0202-2024-01155/NAC, con fecha del 9 de abril de 2024 por daño en propiedad ajena y lesiones por culpa.

El policía fue responsable del accidente que lesionó a Segura Pacheco, quien es chofer de DIDI y no ha podido reincorporarse del todo a su trabajo.

El día del accidente el responsable le dio mil pesos, se llevó la motocicleta para repararla, quedó de surtirle los medicamentos que necesitara y firmó un acuerdo escrito donde se comprometía a apoyarlo en sus gastos.

El policía lo amenazó que mejor lo dejarán así, que porque si quería denunciarlo llevaría mucho tiempo, que le daría 50 pesos a la semana, le regresó la moto en mal estado y acompañada de un documento donde decía deslindarse. Luego regresó por ella y no la ha devuelto.

Aquí una grabación de la conversación telefónica donde evidencia la falta de cumplimiento de los compromisos con el lesionado, quien exige la reparación de los daños.

Juan José Pon Méndez, jurídico de Gobierno del Estado, comentó que siguen adelante las denuncias contra autoridades estatales de salud de la pasada administración.
Refirio con son 26 denuncias, de las cuales 20 tienen que ver con adjudicaciones directas, específicamente con compras a sobreprecios.

Además hay 3 relacionadas con contrataciones irregulares de mantenimiento, 2 con compras de medicamentos caducos y 1 con contratación de servicios irregulares de publicidad, agregó.
El jurídico apuntó que las 26 denuncias son analizadas por la Fiscalía Anticorrupción y de esas, 15 fueron remitidas a Fiscalía General de la República, por tratarse de recursos federales los que se utiluzaron de manera irregular.

Al cuestionarlo si Alonso Perez Rico, exsecretario de Salud en la pasada administración sería citado a declarar, opinó que “seguramente sí”.

Hace poco, el señalado manifestó en una entrevista que no había recibido ninguna notificación, pese a que la supuesta denuncia contra él se hizo hace meses.