Corrupción
Protege Gobierno del Estado a “aviadora”
Por Dianeth Pérez Arreola
La funcionaria pública Thanya Diaz de León Benitez, quien fue basificada desde el primero de enero de 2021 y no se presentó a trabajar la mayor parte de ese año, es protegida desde Gobierno del Estado.
En respuesta recibida vía solicitud de transparencia, Oficialía Mayor informa que la funcionaria estuvo solo asignada en 2021 a la Secretaría de Hacienda y al Sindicato de Burócratas, sin embargo, personal de dicha secretaría asegura que nunca se presentó a trabajar en esas oficinas.
El verano pasado aparecía en la página de trasparencia del Gobierno del Estado de Baja California como comisionada a la FGE durante el primer trimestre del año, pero al pedir la comprobación vía transparencia de que Diaz de León Benitez se encontraba efectivamente laborando en ese lugar, la FGE respondió mediante el documento con folio 006671721, que tras hacer una minuciosa búsqueda en sus archivos y consultar la base de datos del Sistema Integral de Recursos Humanos, no se encontró evidencia de su desempeño laboral ahí.
Tras hacer evidente esta irregularidad, el portal de Gobierno del Estado cambió la adscripción de la funcionaria a la Secretaría de Hacienda, para ese mismo periodo, del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, sin embargo, empleados de esa dependencia aseguran nunca haberla visto.
También durante el segundo trimestre apareció como adscrita a la Secretaría de Hacienda y también a Oficialía Mayor.

Ahora en el documento solicitado a Oficialía Mayor, aparece como adscrita a la Secretaría de Hacienda del 1 de enero al 16 de mayo, y del 17 de mayo a fecha indeterminada, aparece como comisionada al Sindicato de Burócratas.
En el portal de transparencia aparecía con un sueldo bruto de 25 mil 066 pesos, y en el documento de respuesta de Oficialía Mayor indican que su salario asciende a 26 mil 610 pesos más una compensación de 9 mil 491 pesos.
Actualmente Diaz de León Benitez labora en el Departamento de Compras de Oficialía Mayor, donde tiene la facultad de decidir qué proveedores prestarán sus servicios a Gobierno del Estado.
Quién es Thanya Diaz de León Benitez
La funcionaria labora para Gobierno del Estado desde la administración de Eugenio Elorduy Walther. Llegó a ser directora de Administración de Isesalud, donde llegó a ganar más de 134 pesos, más una compensación de 66 mil y 46 mil en diversas prestaciones.

La servidora pública es también empresaria. El 30 de octubre de 2017 registró la empresa Camur, con el nombre de Productora Aquícola (SIC) Urbana, siendo los accionistas ella misma; su madre, Irma Inés Benitez Ontiveros; su entonces esposo Ernesto León Marrufo, y su entonces amigo Rutilo Pérez Flores. En 2019 decidió unilateralmente que éstos dos últimos ya no formaran parte de la empresa, motivo por el cual interpusieron cada uno una demanda mercantil contra ella.
Diaz de León Benitez se divorció e inició una relación con quien sería Oficial Mayor en la administración de Jaime Bonilla, Israel Clemente González. La entrada de este personaje al gobierno de Jaime Bonilla causó sorpresa, pues en sus antecedentes está su detención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 4 de enero de 2006 con más de 725 mil dólares en efectivo de los cuales no supo explicar su procedencia, por lo que fue condenado a 7 años de prisión.
En enero de 2020 la funcionaria es despedida, pero luego regresa gracias a Clemente González. Diaz de León Benitez entabló varios litigios contra Gobierno del Estado; tenía al menos cuatro expedientes abiertos en el Tribunal de Arbitraje del estado. Logró su basificación el primero de enero de 2021.
Camur abrió una sucursal en Tijuana, para lo que se alió con la hoy subdirectora de Diversidad e Inclusión del gobierno municipal de Montserrat Caballero, Regina Cornejo Manzo. Antes de su transformación a mujer, Regina era Jorge Cornejo Manzo, un funcionario que salió por la puerta de atrás en la administración de “Kiko” Vega por irregularidades en el otorgamiento de contratos de publicidad a los medios de comunicación.
Su adscripción al Sindicato de Burócratas
El 15 de junio de 2021, aun en la administración de Jaime Bonilla y durante la ceremonia de presentación del fallido proyecto de la planta fotovoltaica, el secretario general del Sindicato de Burócratas, Manuel Guerrero Luna al ser cuestionado sobre las ausencias laborales de Diaz de León Benitez, comentó: “Eso pregúnteselo a Oficialía dónde está trabajando… por cuestiones de la pandemia mucha gente tiene teletrabajo. Yo, las particularidades de esa persona no las conozco, pero bueno, eso es responsabilidad de Oficialía Mayor, debe de saber dónde está todo su personal ubicado”.
La respuesta de Guerrero Luna solo deja dos posibilidades: o estaba mintiendo porque según la respuesta de Oficialía la funcionaria estaba comisionada al Sindicato de Burócratas desde el 17 de mayo, o la Oficialía Mayor está protegiendo por razones desconocidas a Diaz de León Benitez inventando fechas y adscripciones.
Tras el evento del informe de los primeros 100 días de la administración municipal a cargo de Norma Bustamante, se le cuestionó a Guerrero Luna sobre la comisión de Diaz de León Benitez en el sindicato que él encabeza.
“Ya no está comisionada al sindicato, hay comisiones que son por tiempos determinados o tareas determinadas. Ella ya terminó su comisión, ya se reintegró al estado, ya debe estar en el estado”, aseguró.
“No se con exactitud (cuánto tiempo estuvo comisionada) pero en la Oficialía le pueden dar el dato, ya debe estar asignada a algún lugar”, agregó.
Sobre cómo llegó Diaz de León Benitez a dicha comisión, manifestó que en los estatutos y en las leyes están varios tipos de comisiones, incluso para eventos; si necesitan apoyo de una persona determinada lo pueden comisionar un mes o dos para desarrollar un proyecto. “A los delegados a veces los comisionamos por un día para viajar a una sesión afuera del municipio, cosas por el estilo”.
El pasado 27 de enero Diaz de León Benitez invitó a un selecto grupo de medios a la inauguración de la segunda tienda Camur en Mexicali, en horario laboral.
La funcionaria costó al erario más de 400 mil pesos en 2021 sin presentarse a trabajar, y ha logrado permanecer en un área estratégica y susceptible a malos manejos, desde la administración de “Kiko” Vega, pasando a la de Jaime Bonilla, y ahora con Marina del Pilar.
Corrupción
Desaparecen de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mexicali bienes por casi medio millón
La Dirección de Comunicación Social del XXV Ayuntamiento de Mexicali reportó la desaparición de 37 bienes muebles valorados según sus cálculos en más de 165 mil pesos, presuntamente por robo o extravío ocurrido en noviembre de 2025, aunque en precios actualizados la cifra ronda el medio millón de pesos.
Según la documentación oficial, el Coordinador Administrativo Marco Antonio Vásquez Anaya presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 5 de noviembre de 2025, tras realizar una inspección física de los bienes asignados a la dependencia.
Según fuentes que prefieren guardar el anonimato, el tema de los bienes dados de baja por el ayuntamiento por “no estar localizados” se inició en octubre del año pasado por observaciones de la Auditoría Superior del Estado, y hace unos días pasó por cabildo sin que ningún regidor cuestionara la desaparición de más de 6 mil bienes municipales.
Los artículos no localizados que corresponden a Comunicación Social y cuyos resguardos no existen, incluyen equipo de cómputo, mobiliario de oficina, equipo audiovisual y un remolque.
Entre los bienes desaparecidos destacan 3 computadoras Apple incluyendo una MacBook 12″; 6 sillas secretariales y varios sillones de recepción, 2 cámaras fotográficas y 1 de video; reguladores de voltaje, grabadoras y un micrófono, además de un remolque de un eje marca Vimetal.
El valor original declarado de los bienes asciende a 165 mil 588 pesos. Sin embargo, considerando los precios actuales del mercado en Baja California (2026), el costo de reposición podría rondar el medio millón de pesos.
Las autoridades municipales iniciaron el proceso de baja patrimonial conforme al Reglamento de Bienes del Patrimonio del Municipio, incluyendo la elaboración de un acta administrativa con testigos y la notificación a la Sindicatura y Oficialía Mayor, sin embargo el procedimiento levanta suspicacias porque los protocolos indican que cada bien debió estar acompañado de un resguardo firmado por un funcionario que se responsabiliza del bien, documento que no existe para ninguno de los más de 6 mil bienes municipales.
El caso fue turnado a la Unidad Investigadora de Robos de la Fiscalía General del Estado, como robo.

Corrupción
Desvela Latinus tranza inmobiliaria de los Torres
Luis Alfonso Torres Torres, cuñado de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila y socio de su entonces esposo Carlos Alberto Torres Torres, adquirió en julio de 2024 un terreno colindante con la planta de Toyota en Baja California por solo 400 mil pesos, el equivalente a aproximadamente 30 pesos por metro cuadrado. Cuatro meses después, la automotriz japonesa anunció una inversión multimillonaria en la región, y el valor del predio se disparó a cerca de 13 millones de pesos.
Según documentos registrales consultados por Latinus, el terreno de 13,174 metros cuadrados se ubica en una zona industrial estratégica entre Tecate y Tijuana, con acceso directo a la carretera federal Mexicali-Tijuana. Imágenes satelitales muestran que el predio permanecía sin construcción al momento de la compra y hasta 2024.
El reportaje “Ganga Familiar” detalla que la operación se realizó en efectivo y que el precio pagado resultó irrisorio comparado con el valor de mercado en la zona, que superaba los mil pesos por metro cuadrado en esa época. La plusvalía generada representaría una ganancia superior al 3,000% en pocos meses.
Vínculos familiares y empresariales
Luis Alfonso Torres Torres es hermano de Carlos Alberto Torres Torres, quien fuera esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Ambos hermanos son socios de la gobernadora en la empresa Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., constituida en noviembre de 2020 para la comercialización de productos orgánicos y otros giros.
Los hermanos Torres Torres han sido señalados en investigaciones periodísticas por presuntos delitos como huachicol (robo de combustible), lavado de dinero y delincuencia organizada, según reportes previos.
Contexto político
El caso surge en medio de una crisis institucional en Baja California. En 2025 se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de entrada a Marina del Pilar Ávila y a su entonces esposo Carlos Alberto Torres. El anuncio de la inversión de Toyota ocurrió en noviembre de 2024, cuando la mandataria aún mantenía su relación con la familia Torres.
Hasta el momento, ni la gobernadora ni Luis Alfonso Torres Torres han emitido una respuesta pública ante las revelaciones de Latinus.
El reportaje completo, con documentos notariales, imágenes satelitales y detalles de la operación, fue difundido por el medio de investigación Latinus.
Corrupción
Pide el PAN que gobernadora deje el cargo y critica doble moral de Morena
La presidenta del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, exigió que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda pida licencia al cargo y deje de coordinar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Además criticó la postura de Morena, que habla de soberanía nacional y tiene una mandataria ofreciendo información de las mesas de seguridad.
Tras la filtración de un segundo audio donde la mandataria acepta que ha dado información a las autoridades estadounidenses y que estaría dispuesta a compartir la información de las mesas de seguridad con ellos, la líder del blanquiazul comentó que esto pudiera constituir un delito en México, además de los que parecen ya estar firmes en Estados Unidos.
“El Partido Acción Nacional ha hecho una serie de exigencias, expresiones; ha levantado la voz en relación a la crisis de estado que tenemos en Baja California. Una crisis gravísima que hoy se ve reflejada en audio filtrados de la gobernadora Marina del Pilar”, opinó.
Mata Lozando recordó que cuando le quitaron la visa a la gobernadora, manifestaron que la gobernadora debía dejar de participar en las mesas de seguridad, pues es preocupante que ella tenga información de esas reuniones de coordinación cuando posiblemente esté involucrada en temas de lavado de dinero y de crimen organizado.
“Hoy lo vemos reflejado en el segundo audio filtrado, lo más relevante de ese audio es que está dispuesta a colaborar con información de las mesas de seguridad a diferentes instancias, autoridades de Estados Unidos para efectos de que le quiten cargos. Además, se confirma que es un diálogo con el FBI y con diferentes autoridades de Estados Unidos… También se confirma que hay cargos establecidos (contra la gobernadora).
La líder del blanquiazul manifestó que otro dato relevante de este segundo audio, es que confirma que la mandataria estatal tiene dos cuentas bancarias en Estados Unidos, cuando hasta la presidenta de la república manifestó que la gobernadora decía no tener cuentas bancarias, agregó.
El planteamiento del PAN es que se haga cargo y sea responsable de sus actos, pidiendo licencia desde este momento. “El llamado es a la seriedad de su cargo, a que deje de decir mentiras; ha dicho mentiras una tras otra vez desde que le quitaron la visa el año pasado y hoy solo se confirma que sí hay una investigación… estamos en la antesala de cargos, de posible extradición, esto es gravísimo”, remarcó.
Finalmente, declaró que Morena habla de soberanía nacional cuando hoy vemos a una gobernadora pone sobre la mesa su posible colaboración con Estados Unidos con información pública.
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