La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda designó este martes a Juan Manuel Martínez Verdeja como encargado de despacho de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California, en sustitución de Alejandro Arregui Ibarra.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal presentó a Martínez Verdeja como parte de los cambios realizados en su equipo de gobierno y señaló que confía en que su experiencia permita mantener los resultados de la dependencia durante la última etapa de la administración.

El nombramiento ocurre después de la salida de Arregui Ibarra, quien presentó su renuncia al cargo el pasado 12 de agosto con la intención de buscar nuevas aspiraciones políticas rumbo al proceso electoral de 2027.

Experiencia en materia laboral

Martínez Verdeja cuenta con experiencia dentro de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Durante la actual administración estatal se desempeñó como presidente de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, con participación en los municipios de Mexicali y Tijuana y en la atención del rezago de juicios laborales bajo el anterior sistema de justicia laboral.

Documentos oficiales del Gobierno de Baja California también lo identifican como responsable de unidades vinculadas con el programa de Impartición de Justicia Laboral transparente y de calidad.

Su trayectoria profesional incluye además cargos en el ámbito jurídico y administrativo. De acuerdo con información publicada este martes, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana, y cuenta con especialidades en Derecho Constitucional y Administrativo e Impuestos Federales, cursadas en la misma institución.

Antes de incorporarse al ámbito laboral estatal, trabajó como auxiliar de secretario de acuerdos en la Segunda Sala Regional del Noroeste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, posteriormente laboró en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y entre 2016 y 2019 ocupó la Secretaría Técnica del Congreso del Estado.

El abogado y diputado federal por Movimiento Ciudadano, Gustavo de Hoyos, calificó como “preso político” al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, mientras enfrenta un proceso por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

En un artículo de opinión publicado este 18 de agosto en Sin Embargo, De Hoyos cuestionó las condiciones en las que se desarrolla el proceso contra Ruffo, detenido el pasado 16 de julio en Ensenada y vinculado a proceso ocho días después.

El también expresidente de Coparmex nacional sostuvo que la exigencia de libertad para el exmandatario no implica solicitar impunidad, sino garantizar derechos procesales como la presunción de inocencia, un juicio transparente y la posibilidad de que enfrente el proceso bajo arraigo domiciliario en lugar de permanecer en un penal de máxima seguridad.

De Hoyos destacó que Ruffo tiene 74 años y señaló como un elemento que, a su juicio, genera preocupación, que se encuentre recluido en El Altiplano, instalación penitenciaria de máxima seguridad.

El legislador también cuestionó que, de acuerdo con su versión, jueces de carrera previamente habían negado a la Fiscalía General de la República una orden de aprehensión contra Ruffo, por lo que el Estado habría recurrido posteriormente a una jueza de reciente elección para obtenerla.

La Fiscalía ha presentado el caso como una de las mayores redes de contrabando de combustible operadas por vía ferroviaria detectadas en México. Según lo señalado por De Hoyos en su artículo, la imputación supera los 166 millones de pesos y el supuesto daño patrimonial rebasa los cuatro mil millones de pesos.

El autor también criticó que las autoridades no hayan permitido que el proceso fuera público y afirmó que hasta ahora no se han presentado públicamente elementos que, desde su perspectiva, demuestren la responsabilidad penal de Ruffo. No obstante, subrayó que la gravedad de las acusaciones no debe ser motivo para omitir las garantías que corresponden a cualquier persona sometida a un proceso penal.

Comité Plural por la Libertad

Uno de los puntos centrales del artículo es la conformación, el pasado 5 de agosto, del Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo, iniciado en Ensenada y extendido a Tijuana y Mexicali, integrado por activistas, empresarios, académicos, funcionarios y exfuncionarios, así como militantes de diferentes partidos políticos, explicó.

El diputado sostuvo que el movimiento no busca evitar que Ruffo responda ante la justicia, sino que solicita que pueda hacerlo bajo condiciones que respeten sus derechos fundamentales.

De Hoyos consideró que la organización representa una expresión ciudadana que trasciende las diferencias partidistas y anticipó que el movimiento podría extenderse a otras entidades del país.

En su análisis, afirmó que este tipo de organizaciones pueden funcionar como mecanismos de vigilancia ciudadana frente al poder punitivo del Estado, particularmente ante la discusión nacional sobre la prisión preventiva y la duración de los procesos penales.

Finalmente, De Hoyos endureció su crítica al sostener que, en el contexto político actual, la situación jurídica de Ruffo debe ser entendida como una persecución política y concluyó su artículo calificándolo de manera categórica como “Preso Político”.

La postura expresada por De Hoyos corresponde a su análisis y opinión sobre el proceso. Ruffo enfrenta acusaciones de carácter penal y la determinación de su responsabilidad corresponde a las autoridades judiciales mediante el debido proceso.

Héctor Osuna Jaime, aspirante a la gubernatura del estado, señaló que fue invitado por parte del Congreso local para recibir un reconocimiento ayer durante la conmemoración del Día del Constituyente, pero que rechazó el homenaje.

Invitado del grupo Madrugadores de Mexicali, el exacalde de Tijuana señaló que no está dispuesto a recibir un reconocimiento por parte de la mayoría legislativa de Morena cuando está ayudando a desmantelar lo que tanto tiempo llevó construir.

“¿Cómo me vería yo recibiendo un reconocimiento de quien yo creo son ahorita los que están dañándonos a todos?”, cuestionó.

Hay que reflexionar, declaró, sobre quiénes están a favor de impulsar el desarrollo del estado y de la democracia, y quiénes están regresándolas a un estado de autoritarismo y de opacidad.

El congreso local, lejos de ser un contrapeso es una oficialía de partes que le aprueba todo lo que pide el ejecutivo porque hay una relación no muy transparente con la mayoría legislativa, opinó.

Osuna Jaime mencionó que las prioridades de Baja California son la atención al tema de los servicios públicos, el déficit de energía eléctrica, la seguridad pública, la infraestructura y que las instituciones funcionen.

Criticó a la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, por las fallas en las investigaciones que ponen en libertad a objetivos con capturas mediáticas, con lo que consideró que queda en ridículo.

El también exsenador de la república agregó que no hay transparencia ni contrapesos y se ponen perfiles complacientes en cargos sensibles.

Sobre la economía del estado apuntó que la actividad de los valles de Baja California deberían ser el motor de la economía, pero falta una visión contundente que impulse la agricultura, la ganadería y la pesca, con todo el litoral que tiene la entidad.

Mencionó que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda anda enfocada en su seguridad personal y en averiguar si tiene o no cargos en Estados Unidos, por lo que se necesita un perfil que pueda con el cargo y que cuente con la experiencia para hacer frente al reto.

¿Queremos regidorrs que le cobren todo al alcalde en turno?, ¿Un síndico a modo?, ¿Alcaldes que no puedan tomar decisiones por sí solos?, ¿Diputados locales que repartan despensas a nombre del ejecutivo?, cuestionó.

Entre los tres requisitos que aseguró debe tener un candidato a gobernador, enlistó el no tener “cola que le pisen”; tener capacidad para estar a la altura del reto; y querer participar.

Recordó que fue coordinador de la campaña de Lupita Jones y entonces la marca López Obrador estaba muy fuerte, pero la situación ha cambiado y la molestia de la gente es evidente.

En Tijuana por ejemplo, el gobierno es quien extorsiona a los ciudadanos, ya no es el crimen organizado, externó; la gente aunque tiene miedo quiere un cambio y añadió que el voto de castigo será fuerte y a eso le apuesta.