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Corrupción

Denuncian locatarios acoso de Bomberos

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Por Dianeth Pérez Arreola

Propietarios de locales en Mexicali denuncian el acoso del que son objeto por parte del Departamento de Bomberos, que exigen les compren la instalación de una red contra incendios por valor de 2 millones de pesos, o les den 25 mil pesos para dejarlos en paz.

Por temor a represalias, los empresarios pidieron el anonimato y contaron que a pesar de que sus propiedades no sobrepasan los mil 100 metros, el Departamento de Bomberos les está exigiendo les compren a ellos la instalación de una red contra incendios, o en su defecto que les den dinero en efectivo para no clausurarles.

Informaron que cuentan con todos los permisos e inspecciones para operar, y que en el Reglamento de Prevención de Incendios para el Municipio de Mexicali, en la sección séptima, referente a edificaciones comerciales, el artículo 131 estipula las características de los edificios que están obligados a contar con una red contra incendios -o rociadores automáticos- y sus locales no entran en ninguna de dichas categorías.

Acusan a Javier Preciado y a Mario Cota (inocentes en tanto no se determine su responsabilidad según el artículo 13 del CNPP) de ir a hacerles inspecciones cada tres o cuatro meses, cuando debieran ser anuales, para insistir en el pago de la red contra incendios o un “moche” de 25 mil pesos para dejarlos en paz y no clausurar los edificios.

Según supieron, a Preciado lo habían retirado de su puesto de inspector, pero hace alarde de que el secretario del Ayuntamiento, Daniel Valenzuela, lo había regresado a su puesto y por lo mismo presume tener “vara alta” en el Ayuntamiento. Incluso dijeron que tanto Preciado como Cota contarían con denuncias previas en Sindicatura, y si fuera así, no podrían trabajar como inspectores al tener procesos abiertos. Se buscó información al respecto en el Ayuntamiento pero no hubo respuesta.

Los locatarios acudieron a hablar con el jefe de bomberos, Rubén Darío Osuna hace poco más de un mes para exponerle la situación. Les dijo que investigaría, pero el acoso no ha cesado, situación que los desanimó a acudir a Sindicatura.

Brújula News tiene en su poder un video donde se ve a Preciado recibir un sobre con dinero de uno de los afectados; cantidad que pagan al sentirse extorsionados ante la única opción que les dejan para no clausurar su negocio: comprarles la instalación del plan contra incendios en dos millones de pesos.

Corrupción

Pretenden despojo de terrenos mediante 150 juicios de prescripción positiva

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A través de cerca de 150 juicios de prescripción positiva, Agustín Quintana Soto, representado por el abogado Miguel Ángel Torres, pretende quedarse con terrenos que no le pertenecen en la colonia Centenario Azteca, ubicado cerca del parque Todos Somos Mexicali.

El abogado del propietario de los terrenos, Gilberto Espinoza, relató que Quintana Soto ha promovido en 2023 y lo que va de 2024 unas 150 demandas en los diversos juzgados civiles de la ciudad, con ayuda de Torres.

El abogado Torres tiene un amplio expediente en la Secretaría de Honestidad y Función Pública, e incluso se le dio de baja como delegado del Registro Público de la Propiedad en Baja California hace algunos años por actos de corrupción relacionados con escrituras apócrifas.

El promotor de los juicios, Quintana Soto, es director comercial de Silver Breeze, una empresa dedicada a la regeneración de refrigerantes que colinda con los citados terrenos.

Desde hace meses personas desconocidas colocaron un cerco que impedía el paso a los terrenos del cliente de Espinoza, Jorge Armando Barraza Encinas. Desde entonces han vivido actos de intimidación para que desista en la posesión que detenta de los predios.

Pero este sábado, Barraza Encinas constató que destruyeron parte del cerco de su propiedad. El ha estado pendiente de sus terrenos y va con regularidad a revisar que todo esté en orden.

Su abogado teme que el acoso continúe y que no solo pretendan apropiarse ilegalmente de los terrenos de su cliente, sino de otros posesionarios que no están pendiente de sus lotes en esa zona y podrían ser desposeídos por las artimañas legales de Torres y Quintana Soto.

El abogado proporcionó copia de las escrituras de los terrenos de su cliente, así como copia de los pagos al día del impuesto predial. Hizo un llamado al poder judicial para que estén atentos a la cantidad de juicios de prescripción realizados desde el despacho de Torres.

Estos son solo algunos de los juicios interpuestos, pero hay cerca de 150.
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Corrupción

Falso que resolución obligue a pago de los 3 millones: Rosales

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El secretario del ayuntamiento de Mexicali, Daniel Valenzuela, habla desde el desconocimiento legal en el caso del robo de los tres millones de pesos de Desom, opinó el abogado Fernando Rosales.

Este viernes Valenzuela declaró en un medio de comunicación que un juez federal habría sobreseído el amparo de Jesús Gutiérrez, acusado del robo, al considerar que tuvo una defensa adecuada.

Declaró que con esto, Gutiérrez “definitivamente tiene que pagar los tres millones. Esto habla de que nosotros estamos trabajando por la defensa del gobierno”.

Rosales, abogado del acusado, subrayó que esto no es una sentencia de responsabilidad en contra de Gutiérrez ni de pago.

Agregó que interpondrá un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito, al considerar que no dejaron a su representado aportar las pruebas de descargo en su poder.

Las declaraciones de Valenzuela solo hacen evidente el desconocimiento de la Ley de Amparo y del debido proceso previsto en el Código Nacional de Procedimiento Penales, indicó.

La intención del secretario del ayuntamiento es confundir a la opinión pública y proteger a los responsables, los cuales trabajan en el Centro Cívico, precisó Rosales.

El próximo lunes, anunció que presentará un escrito ante el juez anticorrupción, Javier Salas, para pedirle que cite a declarar los funcionarios de aquella administración; Marina del Pilar Avila Olmeda, entonces alcaldesa, hoy gobernadora; Víctor Amador Barragán, entonces tesorero hoy secretario del Agua; y Alejandra Ang, antes titular de Desarrollo Social Municipal, y hoy diputada local.

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Corrupción

Pide Pérez Tejada aclarar nota que lo implica en cateo

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El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, David Pérez Tejada, comentó que pidió que rectificaran la nota de Excélsior que indica que fue su domicilio el que fue cateado el pasado 29 de febrero.

Este miércoles en la conferencia mañanera de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, tanto ella como la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, confirmaron que en la fecha mencionada se cateó el domicilio de Marte Antonio Camacho Solano y María Elizabeth Paredes Sánchez, un matrimonio de funcionarios del INM, en la Privada Alicante en Tijuana.

En esa ubicación, los agentes de la Fiscalía General de la República encontraron mas de un millón de pesos y 30 mil dólares en efectivo, así como cartuchos útiles y bitácoras de presuntas extorsiones a migrantes. La pareja fue detenida y liberada, acción por la que se quejó Avila Olmeda, quien comentó que se repetía el caso de los jueces federales que sueltan a presuntos delincuentes.

En comunicado, el INM señaló que los funcionarios fueron separados de su cargo y se encuentran bajo investigación. Uno de desempeñaba en la garita de “El Chaparral” y otro en la Oficina de Representación.

“El INM reitera que en ninguna circunstancia tolera conductas que atenten contra los principios de legalidad que guían el actuar de la institución, manifiesta su disposición para colaborar con las autoridades ministeriales en el esclarecimiento de los hechos y dará seguimiento puntual a la investigación correspondiente”, precisa el comunicado.

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