La Secretaría General de Gobierno de Baja California, a través de la Subsecretaría de Enlace, gastó casi 44 millones de pesos de recursos federales y estatales en equipo que colectivos de búsqueda de la entidad ni siquiera han visto o usado y a precios por encima de otros proveedores o agencias. En tanto, los familiares que buscan a personas desaparecidas siguen cubriendo gastos de su propia bolsa en las brigadas.

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers

Por Saúl Martínez

Con un presupuesto de casi 44 millones de pesos durante el 2022, la Secretaría General de Gobierno (SGG), a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California (CEB), realizó la compra de equipos, vehículos y herramientas que no fueron entregados o utilizados por los colectivos ciudadanos que realizan labores de búsqueda de desaparecidos y que fueron adquiridos con sobreprecios. 

Compras de 300 mil pesos en chalecos balísticos, 67 mil 500 pesos en lámparas de mano, 61 mil 500 pesos en mochilas, una mini excavadora con remolque por más de 1.5 millones, dos drones por 417 mil 600 pesos, binomios caninos por más de 571 mil pesos y un equipo de rescate acuático por más de 7.4 millones son parte de las erogaciones del 2022 de materiales que fueron adquiridos a un costo mayor que otras propuestas en el mercado o que no han sido vistos o utilizados por los colectivos en labores de búsqueda. 

Baja California, entidad al norte de México y colindante con California, en Estados Unidos, mantiene una cifra oficial de 2 mil 31 casos de personas desaparecidas denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) durante el 2022, pero persiste una llamada “cifra negra”. 

Eddy Carrillo, presidente de la Fundación Todos Somos Erick Carrillo, en honor a su hijo desaparecido desde 2019 en Tijuana, estimó que en la entidad hay más de 14 mil desaparecidos en los últimos 16 años, de acuerdo a información emanada de los propios colectivos, señaló, y concordante con la expuesta por la organización Elementa DDHH, elaborada con cifras de la FGE entre 2007 y 2021. 

Las responsables de las compras antes mencionadas fueron Rebecca Vega Arriola, subsecretaria de Enlace Institucional y Vinculación Social, además de Brenda Karina Carrasco Ortega, contratada como “Auxiliar de Búsqueda” y quien confirmó en entrevista su renuncia desde marzo del 2023, argumentando hostigamiento y acoso dentro de la Comisión. 

El presupuesto que ejerció la Comisión en 2022 fue en coparticipación con la Comisión Nacional de Búsqueda, por la cantidad de 43 millones 787 mil 175 pesos, de los cuales sólo 6 millones 444 mil 171 pesos fueron aportados por la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el resto del recurso provino de fondos federales.

Familias buscadoras pagan equipo con su dinero 

Los integrantes de los colectivos de búsqueda estiman que, en promedio, cada brigada, por mínima que sea, les cuesta mil 500 pesos de su bolsa para la gasolina y comida para el grupo. 

Al sumar los sobreprecios pagados en vehículos, cuatrimoto, mini excavadora, chalecos balísticos, dron y binomios k9, suman poco más de 2.5 millones de pesos, luego de comparar los montos pagados por el estado, con facturas, contratos y otros presupuestos de equipo similar con otros proveedores.

Con está cantidad de dinero, los 2.5 millones de pesos, los colectivos habrían podido costearse más de 1 mil 600 días de búsqueda de sus familiares desaparecidos. 

Se van por las adjudicaciones, con sobreprecios 

La Secretaría de Hacienda de Baja California, en dos de las cuatro grandes licitaciones del 2022, realizó la compra por adjudicación directa con la salvedad que la Ley de Adquisiciones, Suministros y Servicios prevé en su artículo 35, en los casos de licitaciones desiertas.

Por ley, las compras con recursos federales pueden alcanzar un monto de hasta 600 mil pesos por cada millón de presupuesto autorizado, mientras que en recursos estatales, es de hasta 384 mil 880 pesos con al menos tres cotizaciones. Toda compra superior al millón 250 mil 860 pesos, debe ser adquirida por licitación, a menos que se considere desierta, pues en ese caso se permite hacer la adjudicación de manera directa

Una de las grandes licitaciones desiertas que terminó en adjudicación directa, fue la de los binomios caninos, que le fue adjudicada a Sergio Jaimes Beamonte, quien fue el único ofertante de la licitación, pero por no precisar la raza de perro ofertada, no presentar contratos y otros detalles técnicos, fue que se declaró desierta. 

Brenda Karina Carrasco Ortega, auxiliar de búsqueda de la Comisión, aseguró que se realizó la invitación y solicitud de cotización a otras dos empresas, una de ellas en Mexicali, pero una de las empresas no se presentó y la otra tuvo errores técnicos, por lo que finalmente le adjudicaron el contrato a Jaimes Beamonte que subsanó la propuesta. 

El precio inicial que habría ofertado en la invitación abierta no fue susceptible de revisión por parte del comité de adquisición, debido a los errores técnicos en la presentación de su propuesta, por lo que se desconoce el monto que entonces había planteado, o las ofertas de los otros dos proveedores. 

El otro caso fue la compra de las camionetas Nissan Urvan, donde rechazaron la propuesta de la agencia Automotores Frontera, en Mexicali por incumplir en los plazos de entrega previstos en la licitación, cuya oferta fue de 2 millones 213 mil 286 pesos por tres camionetas de 15 pasajeros. 

Al final, la SGG compró por adjudicación directa las tres camionetas, para 11 pasajeros, a la empresa Sevilla Commercial Motor Vehicles, en Tijuana, por 2 millones 693 mil 970 pesos, es decir, 480 mil 702 pesos arriba de la propuesta de la agencia en Mexicali. 

Esta misma licitación incluía la compra de un vehículo todo terreno tipo Razr y una cuatrimoto, en la cual no hubo oferta de algún proveedor, por lo que se compró de forma directa a través del procedimiento DAD-CONFED-SGG-04-22/2, a la empresa Grupo 4OS, creada en el 2019.  

El otro vehículo todo terreno, un Can Am Maverick 2022 fue comprado en 786 mil 877 pesos, que en el sitio de la propia empresa lo oferta en 414 mil 900, o la cuatrimoto Outlander, comprada por 327 mil 738 pesos, y que la empresa ofrece en 164 mil 900 pesos, es decir, un sobreprecio 534 mil 815 entre ambos vehículos. 

La Secretaría también compró de manera directa una mini excavadora marca Wacker Neuson EZ17 con remolque, bajo el procedimiento DAD‐CONFED‐SGG‐02‐22, por un monto total de 1 millón 513 mil 80 pesos, a la empresa Grupo Malus del Pacífico, un proveedor del gobierno con antecedentes de pagos excedidos. A la fecha no ha sido utilizada, según fuentes de la Comisión que optaron por el anonimato por motivos de seguridad. 

Esta misma miniexcavadora no rebasa los 500 mil pesos en diversos sitios web de venta de maquinaria, incluso, en el 2021, el Gobierno del Estado de Puebla adquirió una similar en peso, dimensiones y capacidad, a 699 mil 999 pesos a la empresa COEDRA. 

Uno de los gastos más notorios fue el pago de 7 millones 428 mil 937 pesos por el equipo de rescate acuático, consistente en una lancha para búsqueda y rescate forense en mar abierto, ríos y presas, la cual debió ser entregada con kits de rescate, buceo, búsqueda, remolque y cursos de capacitación. 

Personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, que optó por el anonimato para evitar conflictos, señala que fue un gasto innecesario, pues no se ha utilizado y además, hay equipos de Bomberos, grupos de rescate acuático e incluso de la Secretaría de Marina, que podrían realizar esas funciones. 

Sin embargo, Carrasco Ortega aseguró que la compra del equipo acuático de rescate era una acción de urgencia, al incluir un sonar y las capacitaciones para el personal de la Comisión de Búsqueda, pues habían identificado casos posibles en zonas como presas y ríos, donde habían contemplado inicialmente un dron acuático, el cual descartaron por el riesgo de enredarse con flora marina. 

La compra de binomios caninos 

La subsecretaria de Enlace Institucional y Vinculación Social, Rebecca Vega Arriola, compró dos binomios caninos por 572 mil 500 pesos con el presupuesto del 2022, los cuales no han sido vistos en campo, según representantes de los colectivos. La FGE les presta a los agentes caninos “Mamba”, “Jagger” o “Falcon”. 

Está adquisición se celebró en Mexicali a favor de Sergio Jaimes Beamonte, de “International Working Canine Association”, quien ha vendido binomios caninos a otras corporaciones policiales en México; en el monto total incluye servicios médicos y entrenamiento. 

Un oficio obtenido por Transparencia refiere que el costo de cada canino fue de 105 mil pesos más impuestos, pero en la factura emitida por el proveedor fue de 271 mil 550 pesos más impuestos y fueron recibidos en los almacenes de Oficialía Mayor del Estado.

La compra incluye entrenamiento para detección de cadáveres, un collar fijo táctico, collar “de obediencia”, correas, arnés, mochila, jaula, bebederos, certificación, alimentación por un año y visita veterinaria una vez al mes. 

En 2020 está empresa obtuvo un contrato en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, donde vendió un can similar por 181 mil 250 pesos con impuestos incluidos, es decir,  90 mil 300 pesos menos. 

La ex funcionaria Carrasco Ortega afirmó que optaron por esta opción por falta de proveedores.

“No encontramos otro proveedor mejor para eso”, señaló Carrasco Ortega. 

Chalecos de 20 mil pesos, lámparas de 4 mil 500 pesos, uniformes de 15 mil pesos…

En una relación de gastos de la Comisión Local de Búsqueda se informa sobre la compra de 15 chalecos balísticos con placas de blindaje nivel IV, por 300 mil pesos, es decir un precio unitario de 20 mil pesos, esto es el doble de lo que costaron los mismos chalecos donados por empresarios a la Policía Municipal de Mexicali en junio del 2022, que en promedio costaron 10 mil pesos. 

Las familias buscadoras desconocen el paradero de este equipo, pues a ellas no les han brindado ese tipo de protección durante las búsquedas y los agentes que les brindan seguridad llevan los chalecos de su respectiva corporación. 

“Se supone que hay un Razr, que hay motos, y la verdad no las hemos usado, nos les he visto en primer lugar, (…) se supone que llegó equipo para los colectivos, para apoyo en las búsquedas en campo, pero hasta ahorita no hemos visto ningún beneficio con el equipo que llegó”, expresó Mónica Gabriela Mariscal, del colectivo Madres Hasta Encontrarte, Tecate. 

La Secretaría General compró 10 radios Tetrapol TPH900 a la empresa Cervantech, representada por Jorge Luis Cervantes González, en 415 mil pesos a través de un proceso de adjudicación directa DAD-CONFED-SGG-03-22. Cada radio costó 41 mil 500 pesos, y en una comparativa con un modelo anterior se hallaron cotizaciones de 25 mil 500 pesos. 

Esta misma empresa, vendió 58 radios TPH900 a la entonces Secretaría de Seguridad Pública de Baja California en el 2018, por un costo de 33 mil 680 pesos cada uno. Otros municipios, como Pedro Escobedo, en Querétaro, los ha comprado hasta en poco más de 32 mil pesos. 

La Secretaría obtuvo dos drones DJI Mavic II Enterprise Dual por 417 mil 600 pesos a la empresa Advance Defense System, o  208 mil 800 pesos cada uno. Este mismo modelo, en tiendas digitales, puede ser encontrado hasta en 120 mil pesos. 

Con los más de dos millones de pesos en participaciones estatales se cubrieron los honorarios del coordinador operativo, del coordinador de “análisis de contexto”, coordinador jurídico, coordinador informático, atención psicológica, coordinador administrativo, de búsqueda en campo, apoyo administrativo y gasolina de la Comisión Local.  

La Comisión Estatal cerró el 2022 con un subejercicio de 18 millones 474 mil 828 pesos de recursos federales etiquetados para la construcción de primera etapa del Centro de Identificación y Resguardo Temporal del Estado de Baja California. 

Carrasco Ortega comentó que este subejercicio ocurrió debido al tiempo tardado en conseguir un terreno en zona costa, donde son más numerosos los hallazgos de restos, y que un predio en el que habían iniciado los trámites, en La Encantada, en Tijuana, les fue negado por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt), ya que habían conseguido el recurso federal. 

¿Quiénes fueron las encargadas de las compras? 

Rebeca Vega Arriola, subsecretaria de Vinculación y Enlace de la SGG, encargada de las compras en la Comisión Estatal de Búsqueda, es también consejera nacional de Morena. Fue secretaria técnica y asesora en el Congreso del Estado en su puesto público anterior; también fue litigante en un bufete de abogados. 

Brenda Karina Carrasco Ortega, con formación de contadora pública, fue supervisora financiera del entonces Órgano de Fiscalización (Orfis), luego auditora de Sindicatura en Tijuana, hasta que formó parte del equipo de transición de la SGG con la entrada de ex gobernador Jaime Bonilla Valdés y de Amador Rodríguez Lozano en esa Secretaría, y fue enlace para la transición con el hoy secretario general de gobierno, Catalino Zavala. 

En las licitaciones, adjudicaciones e invitaciones abiertas del 2022, fue Carrasco Ortega quien se presentó en todos los procesos como enlace de la SGG para las compras y adquisiciones de la Comisión de Búsqueda. 

El 12 de julio de ese año, Vega Arriola solicitó vía oficio que también Carrasco Ortega fuera la encargada del proceso de adquisiciones para  la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en Mexicali, para ejercer un presupuesto de 2 millones 256 mil 187 pesos.

Sobre esto, Carrasco Ortega argumentó que no solo ella o Vega Arriola eran las encargadas de las compras, pues todos estos procesos pasaron también por el Comité de Adquisiciones, donde se encuentran representantes de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Hacienda, de la Oficina de la Gobernadora y el titular de la Comisión de Búsqueda. 

Ahorros 

La Comisión de Búsqueda se ahorró presupuesto del 2022 en brigadas y búsquedas, pues Vega Arriola solicitó a otras dependencias la cobertura de gastos, como 600 canastas básicas, 300 cobijas y artículos de higiene personal a la Secretaría del Bienestar, para la Brigada Internacional de Búsqueda que se llevó a cabo del 25 de febrero al 4 de marzo de ese año. 

También solicitó el servicio de baños y regaderas al Centro Estatal de las Artes, en Mexicali, donde se alojaron los voluntarios, e incluso comprometió al Sindicato de Burócratas para cocinar los alimentos que requerían para ellos en esta brigada. 

Otro tipo de gastos en búsqueda también son solventados por corporaciones como la Policía Municipal de Mexicali, que el año pasado calculó una erogación de 280 mil pesos en 94 búsquedas, en las que hallaron a 15 personas vivas y 14 casos de hallazgos de restos humanos. 

La Fiscalía también realiza operativos de búsqueda con sus propios recursos y personal, por parte de la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, así como los binomios K9. 

Las empresas beneficiadas con compras a sobreprecios 

La empresa a la que el Gobierno del Estado adjudicó el mayor monto en contratos por parte del Gobierno del Estado en compras para la Comisión de Búsqueda, fue Advance Defense Systems, creada en marzo del 2017 en el Estado de México, cuyos socios son Liubamir Rosales Rodríguez y Antonio Aveitua Tapia. 

El primero de ellos, según su perfil de LinkedIn, es gerente del Centro de Monitoreo de ILSP Global, pero hasta enero del 2020 había sido gerente de Ingeniería y Operaciones Tecnológicas de Advance Defense Systems.

Su empresa obtuvo la adjudicación del contrato por el equipo de rescate acuático por 7 millones 428 mil 937 pesos, el cual no ha sido utilizado, así como los dos encarecidos drones DJI Mavic, por 417 mil 600 pesos. 

Otra de las empresas que obtuvieron los contratos fue La Casa del Criminalista, constituida en febrero del 2014 en la Ciudad de México, por Miguel Ángel Juárez Castillo y José Muñoz Martínez, este último socio mayoritario. 

Aveitua Tapia, era el representante legal de esta empresa y también socio de Advance Defense System, pero en julio del 2018 se hizo presidente de La Casa del Criminalista junto con su hermana Noemí, y ampliaron el objeto de la sociedad, abarcando mayores rubros comerciales. 

Otra de las empresas es Grupo Malus del Pacífico, con domicilio fiscal en el fraccionamiento Áurea Residencial, en la Zona Dorada de Mexicali, dedicado como proveedor gubernamental desde la construcción hasta la venta de artículos de limpieza. 

De acuerdo a la Auditoría Superior del Estado, en 2020 se adjudicó un contrato para construir un comedor escolar en la escuela primaria Manuel Montes Carrillo, en Ensenada, donde detectaron que el Ayuntamiento le dio un sobrepago excedente de 16 mil 23 pesos.

La empresa Sevilla Commercial Motor Vehicles, fue creada en abril de 2011, en Tijuana, por Edgar Eduardo Sevilla Romero y Víctor Eduardo Sevilla Torres, este último socio de la empresa transportista Altisa. 

De acuerdo a la legislación, las empresas proveedoras del estado deben presentar una carta de recomendación para inscribirse, y en el caso de Sevilla Commercial Motor Vehicles, presentó una de Altisa, es decir, se recomendó a sí mismo. 

En el 2016, Altisa se vio envuelta en la controversia por el choque de uno de sus camiones de transporte público, donde cinco de los pasajeros murieron y 11 resultaron heridos, quienes recurrieron a tribunales para exigir el pago de reparación de los daños, a lo que el empresario se mostró renuente, incluso un año después del mismo. 

Otra de las empresas a la que se le adjudicaron contratos es COEDRA, creada en abril de 2019 en el Estado de México por Rafael Moctezuma Santana y Edmundo Nuncio Jiménez, inscrita con actividades que van desde la venta de software, hasta la venta de perfumes, semillas, publicidad, manejo de redes sociales y extracción de hidrocarburos, de acuerdo a su acta constitutiva. Fue recomendada por el Gobierno de Sonora al de Baja California. 

En el 2021, COEDRA participó en la licitación LA-902002994-E15-2021, donde firmó un contrato por 8 millones 163 mil 500 pesos para el desarrollo de un software junto con equipo de cómputo para su uso. En esta misma licitación participó La Casa del Criminalista, la cual fue descartada por incumplir con las especificaciones requeridas, de acuerdo al acta de fallo.

La empresa también obtuvo directamente un contrato de 1 millón 656 mil pesos por una “campaña publicitaria en redes sociales para la difusión de fichas de alerta de personas desaparecidas y no localizadas en benefició de la Comisión Estatal de Búsqueda”, la cual realizaría en Facebook, Twitter e Instagram, para octubre, noviembre y diciembre del 2021.

El año pasado ganó un contrato por licitación pública en Baja California Sur por 1 millón 438 mil 400 pesos para realizar “Análisis de Contexto de Personas Desaparecidas” y otro por 4 millones 419 mil 600 pesos para el suministro de software en ese estado. 

El software que elaboró a Baja California para labores de búsqueda de personas, también lo vendió a Puebla, pero por 5 millones 237 mil 400 pesos; a quienes también suministró de equipo como vehículos, unidad móvil, mini excavadora y maquinaria para búsqueda de personas, por 4 millones 562 mil 799 pesos. 

En los últimos dos años, sus negocios han girado en torno a la búsqueda de desaparecidos y la proveeduría a los gobiernos para ello. 

El alto costo de los resultados 

En contraste con la aplicación del presupuesto de la Comisión de Búsqueda, los resultados en las búsquedas siguen sin ser satisfactorios para integrantes de colectivos de búsqueda en Baja California. “Están rebasados”, señala Eddy Carrillo. 

La Subsecretaría de Enlace Institucional y Vinculación Social respondió a una solicitud de información que en el 2021 realizaron 203 búsquedas en campo, en el que hallaron a ocho personas con vida, y 607 búsquedas en el 2022, en las que hallaron a 45 personas con vida.  

En el 2021 reportaron 74 casos de hallazgo de restos humanos, siendo de Tijuana la mayoría, con 49 de ellos, mientras que para el 2022, la cifra de estos hallazgos subió a 114, de nuevo, la mayoría en Tijuana, con 71 casos. 

También la Fiscalía realizó 255 operativos de búsqueda en Baja California de diciembre del 2021 a diciembre del 2022, y en ninguno de los operativos hallaron a personas con vida. En el caso de hallazgo de restos humanos, no cuenta con registro estadístico. 

En un boletín de prensa, el Gobierno del Estado señaló que en lo que va del mes de enero del 2023, se han realizado 27 búsquedas, en las que localizaron a dos personas con vida, y tres cuerpos.

Los buscan en montañas, desiertos, cerros, veredas 

Las madres, hermanas y familiares de personas desaparecidas, al margen de la ayuda gubernamental que reciben, salen semana a semana, incluso al momento de recibir un reporte anónimo, a buscar restos humanos en parajes apenas transitados del estado. 

La mayoría de ellas cubren de su bolsillo los gastos de gasolina, compran chalecos, radios, varillas, preparan alimentos para el grupo, incluso para los policías o militares que las acompañan en las jornadas de búsqueda. 

En un recorrido con colectivos de todo el estado, se documentaron al menos cinco jornadas en las que las buscadoras salen a caminar y peinar vastas extensiones de sierras, desiertos, veredas y canales para buscar restos humanos en Baja California. 

Algunas más especializadas en el oficio de buscadora, otras más prestas para brindar comida y agua, incluso algunos miembros especializados en primeros auxilios, son quienes, por su cuenta, buscan regresar con sus familias a los desaparecidos.

“Están lucrando con el dolor”: Alfredo Hernández Leyva

Alfredo García Leyva, integrante del grupo Madres Unidas y Fuertes, y hermano de Diego Alonso García Leyva, desaparecido desde enero del 2007, afirmó que desde que se percataron de los gastos excesivos, han tratado de explicárselo a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, pero no los ha recibido. 

“Nosotros pedimos del 2018 a ahorita, hace 60 días, una transparencia general, de todos los años desde que llegó el primer recurso federal, en qué se gastó, que presentaran documentación y no hubo contestación”, agrega. 

“En la glosa (del 2022) no dejaron entrar al grupo de Madres Unidas y Fuertes para decirle a Rebeca Vega que informara, que era su obligación de todas las compras y les prohibieron la entrada.

“Es tan complicado que están lucrando con el dolor, con recursos federales, no del estado”, expresó entre lágrimas. “No estamos en contra del equipamiento, que es necesario, sino de cómo lo compras”, apuntó Hernández Leyva. 

García Leyva también es servidor público del Ayuntamiento de Mexicali, comisionado como jefe de departamento del Sistema Municipal del Transporte, y forma parte de un grupo de acompañamiento para colectivos de búsqueda, pero con recursos limitados. 

“Es muy cabrón vivir con eso, diario tengo gente aquí, ahí donde estás tú, me está llorando, diario. No tengo gasolina, no tengo unidades, qué le digo a la gente. Yo salgo en mi carro, esto que miras aquí, todo eso, yo no lo tengo, lo compramos, todo, ahorita no tengo gasolina, y no me detengo”, dice con voz entrecortada. 

“Cuál es el afán de venir a sentarte en un trabajo como servidor público, y no hacer lo que te corresponde, no hacer más allá, ¿la conformidad de venir a ganar un sueldo? qué vergüenza”, comentó Hernández Leyva. 

El sentimiento de frustración es compartido con representantes de otros colectivos. Verónica Gómez Luna, presidenta del Colectivo de Búsqueda San Quintín, que inició en enero del 2021, ha realizado rifas, boteos y busca donaciones para contar con equipo básico. 

Aun así, han logrado encontrar 24 cuerpos el primer año que iniciaron y al menos 17 durante el 2022, a pesar de que solo cuentan con palas, varillas y una camioneta Dodge Caravan 1999. 

Cecilia Zendejas Sánchez, una de las fundadoras del colectivo, narró cómo en junio del 2020 desapareció su esposo y nueve meses después su hijo. Ella lamentó la falta de radios de comunicación y de transporte para sus búsquedas. 

Otro caso emblemático en Baja California es el de Eddy Carrillo, padre de Erick Carrillo, desaparecido en Tijuana desde junio del 2019, quien fundó un colectivo y por su cuenta ha logrado recuperar cerca de 80 cuerpos en este 2023. En su experiencia, la Comisión de Búsqueda ha quedado rebasada y colapsada.  

A pesar del gasto millonario que hizo en el 2022, señala que aún deben de conseguirse o rentarse maquinarias para realizar búsquedas de larga data en construcciones o terrenos en Tijuana.  

“Nosotros hemos deshecho el apoyo de la comisión, porque no se dan ni abasto, ni tienen el suficiente personal para darle el apoyo a los colectivos, a todos”, indicó el activista.

Mónica Gabriela Mariscal, presidenta de Madres Hasta Encontrarte Tecate, inició el colectivo poco después de la desaparición de su hijo, en julio del 2019, tras encabezar una manifestación y ver que muchas otras familias pasaban por lo mismo que ella, pero tenían miedo. 

“Siempre he pedido que nos acompañe la comisión y el K9, porque eso nos ayuda; más que nada el acompañamiento de la comisión y las autoridades nos sentiríamos más satisfechos que nos tomarán en cuenta”, expresa.

Sus herramientas iniciales, como varillas, picos, palas y radios, les han sido donados o los han comprado con sus propios recursos. Tienen incluso un dron pequeño que les ayuda con las búsquedas pero requieren uno que soporte los vientos de la sierra tecatense. 

“Si hay algún recurso, que sea manejado correctamente, que todos los colectivos necesitamos equipo, (y) también otorgarlo; nosotros no cobramos, estamos a lo que la gente nos apoya”, agrega. 

Al cierre de este reportaje, la solicitud de entrevista a Rebecca Vega Arriola  desde el pasado 4 de abril a través del área de Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno, no había sido atendida.  

Ejercimos correctamente el recurso: Carrasco Ortega 

Brenda Karina Carrasco Ortega, entonces auxiliar de búsqueda y señalada como encargada de las compras de la Comisión, aseguró que los organismos auditores a nivel federal y estatal no hallaron irregularidades en el manejo de los recursos, pero que sí hubo algunas recomendaciones administrativas en algunos procesos de compra, como falta de firmas, fechas de elaboración, entre otras. 

Carrasco Ortega agregó que para cada compra también se realizan estudios de mercado, es decir, se solicitan cotizaciones para tener un estimado de los costos, sin embargo, admitió que en algunos casos los proveedores no responden y que el ente comprador cumple con los requisitos legales con la simple solicitud de la cotización. 

En relación a las necesidades de los colectivos, dijo que no se les consulta porque se trata de adquirir equipo tecnológico y herramientas para que la Comisión cumpla con su objetivo. 

“Si les preguntas a los colectivos, ellos te van a decir que (necesitan) picos y palas”, dijo.

Y destacó: “A final de cuentas lo que siempre pedí de todos los proveedores era la calidad, o sea, yo no puedo pagarte mucho y que me estés vendiendo una cochinada, o sea todo, todo realmente, todo el equipo siempre fue de calidad (…) nosotros ejercimos correctamente el recurso”.