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Reportaje

Sube violencia y baja inversión en seguridad en Cajeme, Sonora

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Por Erick Higuera Alfaro

Mientras la violencia se incrementa en Cajeme, Sonora, la inversión destinada a la capacitación de policías es cada vez menor y el proyecto de construir la primera Universidad del Policía de México quedó desde hace dos años en el olvido, sin embargo, el evento para colocar la primera piedra de este plantel tuvo un costo de 1 millón de pesos.

*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Las autoridades del municipio de Cajeme, Sonora, colocaron la primera piedra de lo que se convertiría en la Universidad de Seguridad Pública y Protección Ciudadana el pasado 1 de marzo de 2021. 

A dos años del evento, la obra quedó en el olvido y lo único que hay en el terreno de 10 hectáreas donde se construiría la academia policial que atendería hasta 2 mil 500 aspirantes, sigue siendo una piedra.

Pese a que en 2021 el ayuntamiento de Cajeme anunció que proyectaban más de 10 millones de pesos de inversión inicial, el alcalde en turno, Javier Lamarque Cano (2021-2024), se deslindó de la obra, pues aseguró que fue un asunto de la pasada administración encabezada por Sergio Pablo Mariscal Alvarado (2018-2021), de Morena.

Al ser cuestionado, Lamarque Cano confirmó que el evento de colocación de la primera piedra tuvo un costo de 1 millón de pesos, sin embargo, señaló que su gobierno no tiene contemplado o presupuestado la construcción de la universidad.

Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme.
Crédito: Cinema Blue Bird.

“Se tenía pensado un presupuesto de 15 millones para la Universidad del Policía; finalmente no se aplicaron”, aseguró el actual alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano.

No obstante, los indicadores de inseguridad del municipio denotan la necesidad de que los agentes policiacos sean capacitados y equipados para poder enfrentar la violencia que se vive en la ciudad.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado de Sonora es la cuarta entidad con más homicidios y el municipio de Cajeme es el que tiene más víctimas por este delito.

Ciudad Obregón en Cajeme es una de las ciudades con más homicidios al mantener una tasa de 138.23 por cada 100 mil habitantes, según lo reportado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en su ranking internacional de las 50 ciudades con más homicidios.

La gravedad de la situación que se vive en Cajeme ha tomado visibilidad a nivel nacional recientemente debido a casos como el asesinato de un médico en enero de este año o el ataque armado donde falleció una bebé de dos años que viajaba en automóvil con sus padres. 

Cabe destacar que el estado de fuerza en el municipio es de 537 policías, lo que representa una tasa nacional de 1.24 policías por cada mil habitantes, pese a que el estándar mínimo que establece el Modelo Óptimo de la Función Policial en México es de 1.8 policías por cada mil habitantes.

 Imagen actual del predio donde se construiría la universidad del policía que muestra que únicamente se colocó la primera piedra.
Crédito: Cinema Blue Bird.

La creación del colectivo Madres Buscadoras, agrupación integrada por mujeres que se dan a la tarea de tratar de localizar los cuerpos y osamentas de sus familiares desaparecidos, refleja también la necesidad de incrementar la seguridad en el municipio.

“Yo no conozco al presidente de Cajeme, cuando realizamos búsquedas en ese municipio lo hacemos con recursos propios o con lo que juntamos cada quien de sus trabajos, nos completamos, también con recursos que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. No hemos recibido ningún apoyo por parte de ellos”, explicó Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

“La Guardia Nacional”, agregó, “nos acompaña en nuestras búsquedas y estamos muy agradecidas con ellos. El Gobernador Alfonso Durazo nos facilita los vehículos en los que nos trasladamos a campo, la herramienta para búsqueda, y en algunas ocasiones nos apoyan con vales de gasolina”.

Cecilia Patricia Flores, lideresa del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.
Crédito: Cinema Blue Bird.

Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubican a Sonora en el cuarto lugar nacional con más homicidios y colocan al municipio de Cajeme con mayor número de víctimas.

Los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirman también que hasta el cierre de 2022 el 90.1 por ciento de los habitantes dijo sentirse inseguro de vivir en la ciudad.

Y mientras la violencia ha aumentado en el municipio, el número de agentes policiacos y también el dinero destinado a capacitación y entrenamiento de los elementos ha disminuido. 

 El monto destinado a capacitación de agentes policiacos en Cajeme ha disminuido con los años, siendo 2020 el año en que no se recibió recurso.
Crédito: Carlos Mendoza

Mediante solicitudes de acceso a la información pública, el ayuntamiento de Cajeme reconoció que de 4 millones 87 mil pesos destinados a capacitación en 2017, la cifra bajó hasta 684 mil pesos en 2022.

Respecto al monto designado para entrenamiento policial, de 4 millones 125 mil pesos que se presupuestaron en 2017, para 2022 el monto descendió a 1 millón 250 mil pesos.

Llama la atención que los apoyos para el mismo rubro que anteriormente eran otorgados por el gobierno federal como el programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg) fue suspendido en el año 2021. 

Estos recursos se destinaban principalmente para compra de patrullas nuevas, equipo táctico, armas, uniformes y accesorios de trabajo para los elementos de policía.

No obstante, el programa para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) se mantuvo al otorgarle al municipio de Cajeme 325 mil 570 pesos en 2022, un monto muy bajo comparado con los más de 23 millones que recibió el municipio en la última entrega de recursos en 2020, según información que el ayuntamiento de Cajeme entregó vía solicitudes de transparencia.

El programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg) que otorgaba el Gobierno Federal desapareció desde el 2021.
Crédito: Carlos Mendoza.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los homicidios ocurridos en la entidad han ido en aumento, principalmente en los últimos 3 años; la cifra pasó de 740 en el 2010 a 2 mil 88 homicidios en 2021, lo que significa un incremento de 182 por ciento.

Para el caso del municipio de Cajeme la tendencia es similar, pero con niveles más drásticos pues en el periodo analizado, (2010-2021) la cifra pasó de 69 homicidios registrados en 2010 a 743 en 2021, un aumento de 977 por ciento.

Durante 2022 se registraron 526 asesinatos y en 2023 hasta el mes de marzo sumaban 175 homicidios; entre las víctimas del presente año se encontraban dos elementos policiacos y 21 mujeres. 

 Imagen aérea de Ciudad Obregón, Sonora.
Crédito: Cinema Blue Bird.

José Larrinaga Talamantes, especialista en temas de seguridad pública de Sonora y ex vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado, señaló que el problema de la violencia en Cajeme sí tiene solución, siempre y cuando se reconozca la gravedad del problema y se invierta en él.

“Cuando se reconozca el problema y gravedad de los hechos violentos por parte de las autoridades, pudieran aplicar diferentes acciones como legislar penas más severas a los delincuentes y otorgar más recursos y herramientas de trabajo a las corporaciones policiacas” comentó Larrinaga Talamantes.

“La realidad y los hechos violentos compartidos en medios sobre todo en redes sociales, dista mucho de la realidad que muchos políticos quieren proyectar con supuestas disminuciones en las acciones violentas” explicó el especialista.

“La población sigue aumentando, la violencia también, sin embargo los elementos con los que el estado cuenta para realizar labores preventivas e investigativas son muy pocos alrededor de 800 elementos para todo el estado de Sonora”, indicó José Larrinaga.

José Larrinaga Talamantes, especialista en seguridad pública de Sonora.
Crédito: Cinema Blue Bird.

Para el cierre del año 2022, la inseguridad resultó ser la principal preocupación de la población de Sonora mayor de 18 años, alcanzando un 61.4 por ciento y estando dos puntos arriba del promedio nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 que realiza el INEGI.

Habitantes y personas trabajadoras de diferentes colonias de Ciudad Obregón coincidieron en la sensación de inseguridad que hay en el municipio, al destacar que las situaciones de violencia pueden presentarse a cualquier hora del día. 

Ricardo Meza, quien es propietario de un negocio de alimentos ubicado en la colonia Oscar Ruso Vogel, comentó sentir que sus vidas peligran diariamente debido a la inseguridad en la ciudad.

“Uno está peligrando en el día a día aquí en Obregón con la situación de la violencia que se está viviendo, en cualquier lado te puede tocar una mala experiencia”, explicó el trabajador. 

José Beltrán, empleado de una frutería, coincidió en que pueden convertirse en víctimas sólo por ir a trabajar. 

“Yo no me siento seguro, pero ¿qué puedo hacer? Tengo que estar aquí trabajando”, agregó. 

“No se siente uno con la confianza de decir ya son las seis y voy para al super. No se puede andar en la calle” comentó María Jesús Valenzuela comerciante de mariscos en la colonia Las Palmas.

Durante la elaboración de este reportaje se buscó entrevista tanto con María Dolores del Río, secretaría de Seguridad Pública de Sonora como con Claudia Indira Contreras, fiscal de Justicia del Estado. En ambas oficinas se firmó de recibido el oficio de solicitud de cita pero con ninguna se obtuvo respuesta. 

Ilustración: Carlos Mendoza

Reportaje

“A ellos no les vamos a abrir”; ¿qué pasó en la estación migratoria de Ciudad Juárez?

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Por Rocío Gallegos, Blanca Carmona y Gabriela Minjares

Una investigación transfronteriza de La Verdad junto a Lighthouse Reports y El Paso Matters revela nuevos detalles de los acontecimientos, irregularidades, abusos y omisiones graves ocurridas el 27 de marzo del 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, que contribuyeron a la letalidad del incendio provocado en una celda cerrada bajo llave donde murieron 40 migrantes

Mientras avanzaba la noche del 27 de marzo de 2023, los gritos de un grupo de migrantes extranjeros encerrados bajo llave en la estancia para hombres del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez se intensificaron.

Enojados, discutían con guardias de seguridad y oficiales migratorios por la falta de agua, alimentos y amagos de deportación. Luego, asustados, clamaban por auxilio para ponerse a salvo del incendio ocurrido por la quema de colchonetas del lugar.

Unos llevaban semanas tras las rejas, otros fueron detenidos unas horas antes durante un operativo de autoridades municipales de Juárez, agentes del INM y de la Guardia Nacional en el que los acorralaron y luego transportaron a la estación migratoria. Con las llamas propagándose, los migrantes pedían a gritos que los dejaran salir, pero quienes los tenían bajo su resguardo no les abrieron la celda.

“No… a ellos no les vamos a abrir, ya les dije a los güeyes” , se escucha decir a una agente de migración mientras sus compañeros buscan extintores y se movilizan para desalojar a las mujeres migrantes encerradas en otra celda de la estancia. El momento quedó grabado en un video con audio inédito captado por una cámara de circuito cerrado de televisión de la estación del INM, que aporta indicios de lo que ocurrió esa noche.

El fuego en las colchonetas creció y el humo se propagó, 40 hombres murieron encerrados asfixiados por el humo, otros 27 resultaron con lesiones de por vida y 15 mujeres sobrevivieron con estrés postraumático en ese incidente en el que más personas migrantes bajo el resguardo de las autoridades han perdido la vida en México.

La falta de justicia hasta ahora ha impedido que salgan a la luz irregularidades, abusos y omisiones graves que derivaron y contribuyeron a la letalidad en este incendio en una celda cerrada bajo llave, saturada, sin extintores, sin ventilación, sin rociadores contra incendios y con detectores de humo sin funcionamiento, que se convirtió en una trampa mortal para migrantes originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Venezuela.

El incendio mortal ocurrió en un momento en el que los esfuerzos estadounidenses por disuadir a las personas migrantes en su frontera sur se extendieron bajo acuerdos con las autoridades mexicanas, para contener y detener a personas en movilidad en comunidades como Ciudad Juárez, que se convirtió en un punto de concentración masiva, por los miles de retornados desde Estados Unidos y por un creciente número de quienes llegaban de Centro y Sudamérica con la esperanza de cruzar la frontera.

Casi un año después de esta tragedia, una investigación de La Verdad junto a Lighthouse Reports y El Paso Matters revela nuevos detalles sobre la cadena de acontecimientos de esa noche de marzo en la estancia migratoria instalada a unos metros de la frontera con El Paso, Texas, a donde autoridades mexicanas trasladaban a los migrantes que de manera irregular llegaban a la ciudad para cruzar a Estados Unidos.

A través de testimonios de ocho sobrevivientes, de entrevistas a personal de los cuerpos de emergencia, del análisis de videos, de la revisión de la carpeta de investigación, y la construcción de un modelo 3D de la estación para examinar los minutos cruciales durante el incendio, así como de los relatos expuestos durante el proceso penal en contra de 11 personas, de los cuales ocho son funcionarios de migración, reconstruimos los hechos en esta estación migratoria del norte de México.

Sobre este incidente, el INM -órgano descentralizado del Gobierno de México- se negó a responder cuestionamientos que surgieron de esta investigación, y las solicitudes de entrevista para algunos de los implicados en este incendio que se encuentran presos, enviadas por escrito a través de sus abogados o familiares, aun siguen sin respuesta.

¡Ya tienen toda la lumbre…!”

Las primeras llamas visibles en la celda de hombres de la estación migratoria de Ciudad Juárez se registraron a las 21:28 horas. El momento quedó grabado con una cámara de circuito cerrado de televisión instalada en el edificio público.

Minutos antes, en el video sin audio, se ve a los migrantes discutir con un guardia de seguridad que los observa sentado frente a las rejas. Luego, ya con las llamas visibles, se observa a agentes migratorios que caminan por el área, se acercan a las rejas, intercambian palabras con los migrantes encerrados. Después, una mujer vestida de negro, una guardia de seguridad, se acerca a una agente del INM que está frente a las celdas, le comunica algo y sale del lugar, tras de ella también los demás se marchan de esa área.

La agente de migración presuntamente es Gloria Liliana R.G., su nombre y su cargo coinciden con la identidad mencionada en las audiencias públicas del proceso judicial, donde ha estado presente como imputada.

Las llamas crecen detrás de las colchonetas de hule espuma, forradas con material de vinil de distintos colores, colocadas por los migrantes en las rejas, y en segundos el área de alojamiento destinada a personas migrantes del sexo masculino se cubre de humo y se pierde la visibilidad.

La guardia de seguridad es captada luego en un video con audio cuando sale apresurada por el área de ventanilla del filtro migratorio instalado en ese lugar, se dirige por la sala de espera y se escucha cuando dice: “¡hay un desmadre!”.

Se escuchan gritos y se observan a personas corriendo, al fondo de la imagen, en la sala de espera una mujer con una chamarra en color rojo y dos niños. Presuntamente se trata de Viangly Infante, esposa de Eduardo, de 26 años, un sobreviviente del incendio. También se aprecia a elementos de la Guardia Nacional que ingresan a la estación y se dirigen a la zona.

Luego se escucha la voz de una mujer, posiblemente es la agente de migración Gloria Liliana, que dice: “¡Ya tienen toda la lumbre…!”. Posteriormente ella aparece en la imagen, se le ve mientras camina y sostiene su teléfono celular en el oído.

El barullo es más intenso en esa área de la estación donde se ve que va y viene personal de seguridad y oficiales de migración, buscan extintores.

“Necesitamos extintores, extintores”, se escucha decir a un hombre vestido con una chamarra negra, presuntamente Omar I. P. M. supervisor de los guardias de seguridad que se encontraba en el lugar en ese momento.

“No hay” , responde un oficial de migración.

Se escucha hablar a Gloria Liliana, quien indica: “A ver, a ver si funciona este, por favor…”.

La agente de migración mantiene el celular en el oído, habla y cuando casi se topa con el hombre de chamarra negra, dice: “Y todo por falta de agua, ¡eh!”. A lo que otro funcionario del Instituto responde: “sí, desde la mañana les dije”.

Son las 21:31 horas. La mujer sigue hablando, continúa con su celular en el oído, y dice: “Oye, ya están quemando la estación”. “Ya le dije a Daniel, pues ya prendieron un putero de colchonetas… y qué hacemos, no hay extintores, güey. ¡Ya está el humo hasta acá…!”.

“Hay que abrir la puerta de allá” , se oye decir a un hombre.

Luego se escucha la voz de una mujer, no visible en el video en ese momento, que dice: “no, no les vamos (inaudible)… a ellos no les vamos a abrir, ya les dije a los güeyes”. Presuntamente se trata de Gloria Liliana, de acuerdo con la secuela de la grabación.

La difusión de este video se basa en el interés público de conocer la verdad.

A su alrededor están empleados de la empresa de seguridad CAMSA, contratada por el INM, así como dos funcionarios de Migración y un hombre externo al Instituto que hasta el momento no se ha identificado de manera oficial, pero fuentes consultadas lo reconocen como un tramitador de amparos o “coyote” que ofrece servicios legales a migrantes.

Dos minutos después se oye el bullicio de mujeres que empiezan a salir en fila y se escucha una instrucción: “aquí sentadas, por favor”. Un video desde el exterior del edificio muestra después a las mujeres sentadas en los escalones de la entrada.

Los videos captados por las cámaras de seguridad evidencian que los funcionarios de Migración y los guardias salieron del área que se quemaba dejando atrapados a los migrantes varones. En ningún momento tratan de abrir la puerta de la celda del área de hombres.

Ante un incidente como este se debió accionar inmediatamente una alarma sonora de incendio o marcar al 911 y enseguida evacuar de forma total el edificio, así se indica en el Plan de Contingencias diseñado por el INM.

Minutos antes del incendio, en medio del bullicio de los migrantes encerrados, los agentes celebraban a Gloria Liliana, quien al día siguiente, el 28 de marzo, cumplió años. Al iniciar su turno laboral, a las 20:00 horas, uno de sus compañeros llegó con pastel y refrescos, eso los concentró en una sala contigua a su área de trabajo, enseguida de la celda de las mujeres, a donde iban y venían, de acuerdo con varias fuentes del INM consultadas y las imágenes de los videos revisados durante esta investigación.

El tiempo transcurrió, los migrantes gritaban, corrían, pedían que los dejaran salir y después encendieron las colchonetas. En la celda las llamas crecían y todo se llenaba de humo, de acuerdo con testimonios de sobrevivientes entrevistados.

“Comienzo a correr a una esquina, es como que saltaba, gritaba: ‘¡ayuda!, ¡abran la puerta!’ Y no vi ningún personal de Migración intentando abrirlas tan siquiera, dejándonos ahí encerrados, como si fuéramos criminales”.

Así lo recuerda Brayan F. Q., de El Salvador, uno de los sobrevivientes entrevistado, quien pidió identificarlo sólo con su nombre e iniciales de su apellido. Él sufrió lesiones en un pulmón, en los riñones y quemadura de vías aéreas, y permaneció un mes intubado.

En cuestión de minutos, las colchonetas encendidas, presuntamente por dos migrantes de Venezuela que se encuentran detenidos y bajo proceso judicial, generaron un intenso humo que invadió el espacio.

La mayoría de los extranjeros se refugiaron en el baño, buscaban protegerse bajo el agua de las regaderas e incluso del inodoro. Eso fue insuficiente para evitar la inhalación de los gases que se concentraron en la celda ante la falta de ventilación y el calabozo que en realidad era ese espacio, pues no había salidas de emergencia.

“No pude abrir completamente la ducha por el nervio, la cantidad de personas, como unas 50 personas, entramos en ese baño, no sé, algo así grandísimo, mucha, mucha, muchísima gente, nos respirábamos de frente, gritábamos, y ya el humo y el fuego se iba acercando a cada vez más”, relata Stefan Arango, otro de los sobrevivientes, quien en entrevista narró que despertó cuando estaba dentro de una bolsa térmica en el exterior de la estación, pues lo habían dado por muerto por sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Algunos de los sobrevivientes entrevistados para esta investigación coincidieron en señalar que minutos antes de ocurrir el incendio unos de sus compañeros de celda amagaron a los guardias y a los agentes con prender fuego en el lugar, en protesta por las condiciones en las que se encontraban retenidos, pero les respondieron que ya se habían tardado.

“Recuerdo que un migrante grita que si no los querían, si no les iban a dejar salir, iban a incendiar. Y viene el guardia de Migración, les dice que desde hace rato lo hubieran hecho, que hasta mucho se habían tardado” , narra Brayan F. Q..

Las víctimas y fuentes del INM consultadas que piden no ser identificadas por no tener autorización para hablar sobre el tema, aseguran que los agentes y guardias en el lugar se dirigían hacia los migrantes con insultos y con expresiones racistas, como “¡qué se mueran!”.

“Mayormente hay un insulto, en donde nos decían que qué hacemos en este país, que nadie nos quiere, lárguense de este país, aquí no son bienvenidos” , recuerda Stefan Arango.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, citada en audiencias judiciales públicas del caso, el incendio fue provocado por los migrantes como un medio de protesta por las condiciones en que los tenían retenidos. Los testimonios de dos sobrevivientes revelan que alguien permitió el ingreso de al menos un encendedor a la celda de los varones.

Las víctimas coinciden en señalar que las revisiones físicas, previo al ingreso de los hombres a la celda, las realizaban tanto guardias de CAMSA como oficiales de Migración.

Los hombres extranjeros estaban encerrados bajo llave pese a que en México la migración indocumentada es considerada solo una falta administrativa, no un delito como en Estados Unidos.

¿Dónde estaban las llaves?

Los gritos de auxilio de los hombres se fueron apagando conforme las llamas y el humo crecían en el interior de la celda cerrada bajo llave. De manera oficial el INM atribuyó la muerte de los migrantes a la propagación del incendio provocado y a la pérdida de las llaves del área de alojamiento para los migrantes.

Quince días después de la tragedia, el 11 de abril de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en la conferencia de prensa matutina que la persona que tenía las llaves para abrir la puerta donde se registró el incendio no estaba.

Sin embargo, esta investigación periodística revela que las llaves siempre estuvieron en el edificio. Esto se concluye después de analizar las imágenes de 15 cámaras de seguridad fijas dentro y fuera del centro de migrantes, que monitorean las áreas más importantes del edificio de día y de noche; la entrada, la oficina administrativa, el área de guardia frente a la celda de hombres y la celda misma.

Si bien la mayoría de las imágenes no tienen audio y los detenidos destruyeron las cámaras de vigilancia dentro de la celda poco antes del incendio, una de ellas permitió escuchar a una agente de migración decir que a “ellos no les vamos abrir”.

De acuerdo con las imágenes analizadas, en el transcurso del día se puede ver tanto a los agentes del INM como a los guardias de seguridad manejar las llaves para abrir y cerrar la puerta de la celda y la puerta de madera con la puerta metálica que estaba al lado de la habitación y conduce al estacionamiento del edificio.

Se observa que entran y salen para ingresar a los migrantes detenidos durante el operativo de las autoridades y para dar acceso al personal.

Unos minutos antes del incendio, a las 20:58 horas, se observa cuando la guardia de seguridad cierra la puerta de madera que daba al exterior y de inmediato la entrega a la agente de migración a cargo que se encontraba en la oficina administrativa. La llave fue vista ahí por última vez en el escritorio de la funcionaria hasta que el humo bloquea las cámaras.

Mientras que la llave de la celda de los hombres fue vista por última vez apenas un minuto antes de que se desatara el incendio, cuando un guardia de seguridad se la entrega a su otro compañero y este la guarda en el bolsillo.

“La puerta ellos la manejaban, ellos abrían y cerraban. Yo creo que Migración sí usa las llaves para abrir y cerrar”, dice Stefan, quien reclama porque los mantenían encerrados cuando no estaban privados de la libertad y no son delincuentes.

Por ello, se pregunta por qué cuando comenzó el incendio y pedían auxilio ni siquiera intentaron abrir la puerta y los dejaron encerrados.

“Cuando todo comenzó yo me acerqué a la puerta y le dije: ‘¡ayúdenos hermanos, por favor, no nos dejen acá!’ Y nos dijeron: ‘suerte, güey’, y se fueron”, agrega Stefan Arango al recordar, en entrevista, su diálogo con uno de los guardias de seguridad.

Por el contrario, el supervisor de la empresa de seguridad aseguró que hicieron todo lo posible para poder salvaguardar la vida de las personas. En su testimonio ante las autoridades narró que así se lo hizo saber a Salvador G. G., jefe de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua, cuando este lo cuestionó por qué no rompieron la cerradura. Las imágenes de las cámaras evidencian que no intentaron abrir la celda de los hombres.

De acuerdo con la declaración de Salvador G. G., las puertas de las áreas de resguardo de los extranjeros debían estar cerradas con candado por protocolo de seguridad y las llaves “las tienen o deben saber en donde se encuentran los responsables de turno del INM” , se revela en la carpeta de investigación.

Los documentos oficiales revisados exhiben que ese día estaban como agentes responsables del turno Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G.

Sin embargo, Rodolfo declaró ante el juez que esa noche salió de la estación migratoria aproximadamente a las 20:30 horas para trasladar a un albergue a dos menores de edad originarios de El Salvador.

Cuando el humo había invadido todo el edificio y las mujeres y el personal habían sido evacuados, la llave de la puerta exterior fue recuperada de un escritorio por un guardia de seguridad, y pasó por varias manos sin que nadie fuera capaz de abrirla.

Accesos bloqueados

Los primeros bomberos llegaron a las 21:42 horas. Catorce minutos después de que el incendio es visible en las imágenes. Se toparon con un edificio lleno de humo tóxico y sin ventilación, por lo que les tomó otros 13 minutos entrar hasta la celda.

Al tratar de ingresar al edificio, los elementos de bomberos se percatan que había una doble puerta, una de madera y otra metálica.

Además, en el área del dormitorio de hombres había dos puertas de rejas metálicas, una de ellas se encontraba soldada y la otra cerrada y asegurada con candado, se indica en el informe de las actividades realizadas por el personal operativo de bomberos.

“Accesamos al inmueble y comenzamos a rastrear porque debido a la densidad del humo no se tiene visibilidad, y aún con la ayuda de la lámpara, la distancia para ver es muy corta, por lo que vamos agachados y con manos y pies vamos identificando objetos o lo que encontramos a nuestro paso y fue así que encontramos una reja” , de acuerdo con la declaración del bombero B.O. citada en la audiencia del 17 de abril en la causa penal 235/2023.

Uno de los primeros bomberos en ingresar a la estancia rescató el cuerpo de una de las víctimas a las 22:04 horas. Fue la primera, luego fueron sacando a otras más y las acomodaron en el piso del estacionamiento.

Debido a lo denso del humo y el calor acumulado en la celda de hombres, los bomberos abrieron un agujero en un muro del edificio que está al lado contrario de la puerta principal de la estación migratoria. Al estar en el interior, los bomberos se toparon con una reja metálica cerrada con candado y tumbaron el cerrojo.

Cuando ya habían realizado esa maniobra, un oficial de Migración le entregó a uno de los bomberos una llave.

“En ese momento, al estar abriendo el candado de la puerta, llega mi compañero M.O., y dijo que un guardia se las había entregado, a lo cual, para ese tiempo, ya habíamos abierto la reja forzando la aldaba” , declaró el bombero R.D.F.H. Su explicación fue citada en una audiencia pública realizada el 17 de abril de 2023.

“Ingresamos cuatro personas haciendo búsqueda y rescate. Topamos con una puerta, pero se encontraba con candado y salí por herramienta especial para abrir candados, al momento de regresar una persona con vestimenta de camisa blanca y pantalón caqui sin recordar rostro o alguna seña particular de la persona me entregó unas llaves. De inmediato regresé al lugar, pero mis compañeros ya habían roto el candado” , dijo el bombero M.E.O.C. Ese dato fue citado en la misma diligencia.

Cuando los rescatistas llegaron al lugar, la mayoría de las víctimas ya estaban acomodadas sobre el asfalto del estacionamiento del INM, ahí hicieron una evaluación rápida de las personas que presentaban signos vitales para empezar a trasladarlas a los hospitales.

Veintinueve migrantes fueron llevados a diferentes hospitales, dos de ellos murieron cuando recibían la asistencia. Otros 38 fueron sacados sin signos vitales y colocados dentro de bolsas térmicas sobre el aparcamiento.

“Fue una escena impresionante, al final de cuentas son muchas unidades, muchas personas trabajando en el lugar y sobre todo lo más impactante, que veías que sacaban una persona y otra persona y otra persona… parecía una película que no podía terminar” , dice Adrián Fernando Meléndez de la Torre, coordinador del área de Socorro de la Cruz Roja Mexicana de Ciudad Juárez, en entrevista.

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Una estancia en malas condiciones

Localizado a unos metros de Estados Unidos, el edificio que alberga las instalaciones de la estación migratoria del INM operaba desde hace 28 años en condiciones de riesgo que ya habían sido documentadas y denunciadas.

Datos proporcionados por el Instituto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indican que la Estancia Provisional “B” del INM empezó funciones en 1995, en el edificio que se localiza a un lado del puente internacional Reforma, conocido como Lerdo.

De acuerdo con datos oficiales, hasta el 2019 se reportaba una capacidad de alojamiento de 60 personas en la estancia. Sin embargo, para el 8 de julio de 2022, en un oficio del INM, se informó que la capacidad era mayor, de 80 hombres y 25 mujeres, en total 105 personas, aunque el total varía en otro informe que señala una capacidad de 110 personas y los datos contrastan aún más con la realidad.

“La autoridad entrevistada (del INM) refirió que contaba con una capacidad para alojar a 110 personas, con 85 lugares para hombres y 25 para mujeres; sin embargo, se pudo apreciar que la Estación contaba únicamente con 6 literas en el dormitorio de mujeres, mientras que en el dormitorio de hombres debían dormir en colchonetas colocadas sobre el suelo, puesto que carecían de literas o planchas”, documenta la CNDH.

En el informe publicado en abril de 2023, después de realizar visitas a las estancias y estaciones migratorias del norte de México entre enero y febrero de ese año que ocurrió el incendio en la de Ciudad Juárez, dice: “Al momento de la visita se constató que se encontraban 17 mujeres detenidas y que algunas de ellas tenían que compartir la misma cama”.

El Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración elaborado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) en 2013, investigación coordinada por Sonja Wolf, registra que el edificio de la estación tiene un tamaño de 1 mil 405.31 metros cuadrados, que se encuentra en el mismo predio de la subdelegación federal.

Desde entonces y hasta el 2023, como se advirtió en el mismo informe, los dormitorios eran celdas estilo carcelario en su forma y reglas de operación, al estar cerrados bajo llave y con rejas, lo que representaba una amenaza para los migrantes.

“Había una puerta de emergencia de este lado, pero estaba cerrada con un candado. No había una manera de poderla abrir. Y si había ventanas estaban hasta arriba” , recuerda Brayan F.Q..

Otro, Brayan Orlando R.F., originario de Honduras, describe que las ventanas eran como de unos 40 centímetros de largo por lo mismo de ancho, pero estaban selladas y no había ventilación.

Por ello es que el edificio se convirtió en una trampa mortal para los migrantes que estaban detenidos la noche del 27 de marzo y no solo no pudieron escapar, sino que carecían de ventilación cuando ardieron las colchonetas.

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Extintores obstruidos, ninguno en la celda del incendio

Al momento del incendio, cinco extintores estaban en el edificio migratorio pero ninguno de ellos estaba en el área de la celda destinada para hombres. Además, tres de los extintores estaban en áreas distintas a las señalizadas con letreros, obstruidos por archiveros, expedientes y mochilas, de acuerdo con documentos oficiales.

El aparato más cercano al punto donde inició el fuego debía estar a unos 10 metros de distancia, en un pasillo de un área administrativa. Sin embargo, en ese lugar solo se encontró un gancho y el dibujo de un extintor.

A unos dos minutos de que se visibilizan las llamas en el video, se ve a un agente del INM que busca un extintor. En el video revisado se observa que en su trayecto por el área administrativa del Instituto el agente pasa por uno de los artefactos, pero al parecer no lo vio porque siguió su camino.

Otra señalética de extintor estaba en las oficinas ubicadas frente al área de vigilancia de la celda de los hombres, pero el lugar también estaba vacío. Un letrero más se localizó en una oficina cercana al área de internamiento para mujeres, sí contaba con el aparato. Presuntamente no se usó.

El agente recorrió 60 metros en ir y venir, a través de los pasillos, hasta el módulo de registro para traer un extinguidor. Tardó 50 segundos.

Tras ver las llamas “… yo intenté abrir la puerta de madera (de la celda de hombres que da al exterior). Pero no tenía conocimiento de cómo se abría o cuáles son los candados con los que cuenta. Al no poder abrir la puerta, me dirigí a buscar extintores. Encontrando uno en el área Garita Reforma, le quité el sello de seguridad y me dirigí hacia el área a tratar de sofocar el fuego, no teniendo éxito ya que se terminó el extintor” , declaró el agente ante el Ministerio Público de la Federación. Su narración fue citada en las audiencias públicas que se realizaron el 4 y 17 de abril del 2023 como parte de las causas penales 216/2023 y 235/2023.

A las 21:31 horas se observa en el video al mismo agente del INM caminando hacia el fuego con un extintor en la mano; 41 segundos después se coloca frente al área que estaba quemándose, frente a los barrotes donde algunos de los extranjeros habían colocado colchonetas para impedir la visibilidad, y 20 segundos más tarde sale de esa área con el extintor en la mano. Regresó al área administrativa y colocó el extintor debajo de una silla, se observa.

Sobrevivientes coinciden en señalar que en la celda varonil no había extintores.

En el video captado por las cámaras se observa que a las 21:29 entraron los funcionarios y guardias, observaron el fuego y antes de que transcurrieran dos minutos salieron del área; únicamente un agente migratorio regresó con un extintor pero este fue insuficiente.

“Lo que logré ver es que solo estuvieron ahí, si no mal recuerdo, unos 30 segundos o un minuto y no logré ver qué hicieran por abrir la reja”, dijo Brayan Orlando R.F., un sobreviviente de 27 años.

Él sufrió quemaduras en sus vías respiratorias y en el 20 por ciento de su cuerpo, por lo que fue mantenido dos meses intubado en un hospital. El incidente le dejó además como secuela una lesión del plexo braquial –es decir, en la red de nervios que va desde el hombro a la extremidad de la mano– que le impiden la movilidad de su brazo derecho.

Es difícil establecer el rumbo y el uso de los extintores en el área contigua al punto donde se registró el incendio, debido a que el humo oscureció la visión de las cámaras.

Sin embargo, se pudo establecer que había cinco extintores en el edificio del INM y que otros 4 fueron llevados por elementos de la Guardia Nacional destacamentados en el puente internacional Reforma, contiguo al edificio del INM, así como por personas civiles, de acuerdo con documentos oficiales.

Un dictamen en materia de seguridad industrial, dado a conocer en audiencias judiciales públicas, documenta que en la estación migratoria había cuatro extintores. Tres de ellos estaban bloqueados (dos de estos estaban en condiciones de uso y otro inservible); el cuarto extintor presentó indicios de haber sido usado.

La cantidad contrasta con el número de los artefactos visibles en el video analizado para esta investigación.

En su declaración ante el Ministerio Público, difundida en audiencia judicial, Omar I. P. M., jefe de los guardias de seguridad de CAMSA, dijo que al percatarse del incendio corrió a buscar un extintor, pero “no encontró ninguno hasta el área de recepción”.

Siete detectores de humo, ninguno funcionó

Aunque el área de los hombres no tenía extintores, sí contaba con un detector de humo, con el que sumaban siete los artefactos de este tipo instalados en todo el edificio del Instituto, pero la noche del incendio todos estaban fuera de funcionamiento. Seis no tenían baterías y el otro estaba fuera de servicio por causas desconocidas.

De acuerdo con informes y documentos de peritaje obtenidos durante esta investigación, en el área de cocina del INM había un detector de humo, pero sin las pilas.

Otro detector de humos estaba en los baños para hombres y uno más en el baño para mujeres, ambos también sin pila; en una bodega se halló otro detector con batería, pero al hacerse una prueba no funcionó, aunque sí tenía pilas, se asienta en los documentos.

En el “área de mochilas y pertenencias exclusivamente de menores”, en las oficinas administrativas y en un consultorio médico estaban otros detectores de humo, también sin batería.

Un calabozo como alojamiento

El día que ocurrió la tragedia, sobrevivientes entrevistados dicen que durante la mañana todo transcurrió de manera “normal” en el dormitorio de los hombres, lugar que describen como “una cárcel”, “pésimo”, “sucio”, con baños sin privacidad y con muy poco flujo de agua en las regaderas.

Narran que estaban “en paz” , aunque desde temprano tenían sed y no les daban agua. Aseguran que en el lugar había entre 50 y 70 personas, cantidad que se disparó al doble poco después del mediodía, cuando ingresó un grupo con otros 50 o más hombres.

“La cosa como que ya se fue complicando un poco, porque llega un cierto grupo de migrantes sudamericanos, al cual los de Migración y los guardias que estaban ahí no podían cómo controlarlos, hacían su desorden y todo”, dice Brayan F.Q..

Uno de los guardias de seguridad declaró ante las autoridades que el grupo de migrantes venía procedente de un operativo que realizó el propio INM y que al llegar a la estación los traían cinchados de manos, con un cinto plástico que usaron como esposas, que les quitaron al ingresar.

El guardia agregó que durante el ingreso de los migrantes se dio cuenta que uno traía algo en la mano y se negó a mostrar el objeto, por lo que forcejearon hasta que se lo quitó y era un encendedor. Este incidente lo reportó al jefe en turno en Migración y a su supervisor.

Esa tarde la comida no alcanzó y había molestia entre los migrantes. Los sobrevivientes agregan que ante la tensión que había en el lugar, los agentes del Instituto decidieron “despachar” rápido al grupo que hacía relajo y alegaban porque querían salir, por lo que unas tres o cuatro horas después se los llevaron en camiones.

“Nosotros sentimos tranquilidad en ese momento”, añade Brayan F.Q.. Sin embargo, otros sobrevivientes entrevistados mencionan que por la tarde-noche llegó otro grupo de migrantes, como una docena de hombres, entre quienes había principalmente venezolanos.

“Desde ahí empezó ya el infierno que se empezó a vivir, que vivimos muchos. Llegaron discutiendo con el personal de migración y personal de la Guardia Nacional porque ellos los traían” , dice Brayan Orlando R.F..

Cuentan que lejos de tranquilizarlos y poner orden, el personal de migración -sin especificar si los agentes o los guardias- los instigaban y los provocaban.

“Como que los incitaba más a la violencia diciéndoles que qué hacen en este país, ‘si no les gusta, váyanse a su país’, ‘aquí no tienen porqué venir a chingar’, es la palabra que decía”, menciona Brayan F.Q.

La situación se puso más intensa y asegura que uno de los migrantes gritó que si no los querían y si no los iban a dejar ir, iba a incendiar el lugar. “Y viene el guardia de migración, les dice que desde hace rato lo hubieran hecho, que mucho se habían tardado” , afirma.

Entonces, agrega, todo fue cuestión de segundos.

¿Y la justicia?

Ha pasado casi un año desde el incendio en la estancia migratoria del INM sin que el caso llegue a juicio.

El Gobierno de México, además, mantiene a Francisco Garduño Yáñez como comisionado del INM -cargo de más alto rango en el Instituto- aun cuando está vinculado a proceso acusado por su presunta responsabilidad en la serie de omisiones que provocaron el incendio. Él enfrenta el proceso judicial en libertad y sigue al frente de la contención de migrantes extranjeros en territorio mexicano.

El comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, al salir de los juzgados federales donde fue imputado por la tragedia migrante en Ciudad Juárez, 25 de abril de 2023.

Con él suman ocho los funcionarios del INM acusados por la FGR por la muerte de los migrantes, pero solo seis enfrentan el proceso en prisión. Otras tres personas, dos migrantes originarios de Venezuela y un guardia de seguridad privada, también se encuentran en la cárcel por esta tragedia.

El contralmirante Salvador G.G, quien era el encargado de la Oficina de Representación del Instituto en el estado de Chihuahua, está en prisión por la posible comisión de los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones.

Daniel G.Y., representante local Noroeste del INM (subdirector); así como los agentes federales de migración, Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G., encargados de la estación en el horario del incendio, están en prisión acusados por los delitos de homicidio y lesiones en la modalidad de comisión por omisión, es decir, por presuntamente no cumplir como garantes o responsables de la seguridad de quienes se encontraban en la estación migratoria el pasado 27 de marzo. También por no ayudar a las víctimas que estaban encerradas bajo llave.

Eduardo A.M. jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, y Juan Carlos M.C., coordinador de Grupo de Protección a Migrantes Beta del INM en Ciudad Juárez y quien presuntamente era parte de la Unidad Interna de Protección Civil de la estación, están presos acusados de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público.

Edificio del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez, donde se han celebrado las audiencias judiciales contra los 11 acusados de la tragedia migrante ocurrida en la estancia migratoria del INM el 27 de marzo de 2023.

Otro de los funcionarios, Antonio Molina Díaz también logró enfrentar el proceso en libertad acusado de ejercicio indebido de servicio público, pero presuntamente está evadido desde mayo del 2023, cuando se le vinculó en el desvío de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, ordenado por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

El guardia de seguridad Alan Omar P.V. es acusado por los delitos de homicidio y lesiones en la modalidad de comisión por omisión.

Jeison D. C.R., uno de los migrantes acusados de esta tragedia, está vinculado al proceso judicial por homicidio y lesiones en comisión por acción, porque presuntamente fue una de las dos personas que inició el fuego en el área de detención varonil. El otro migrante, Carlos Eduardo C.R., fue acusado de homicidio, lesiones y daños. Ambos están detenidos.

Hasta ahora sigue sin estar claro por qué no se abrió la celda de los hombres, quién decidió dejarlos atrapados y porqué se toleraron las omisiones e irregularidades que derivaron en este mortal incendio.

“No hay justicia… La justicia aquí en este país es muy… No hay justicia, la verdad. Cuando es sobre, sobre el Estado, o instituciones sobre el Estado, no hay justicia”.

Así se expresa Brayan Orlando R.F. en una entrevista que dio en Ciudad Juárez a seis meses de la tragedia.

El hombre de 27 años considera que en este caso hay muchas cosas en juego, principalmente personas con poder y mucho dinero, lo que contrasta con la condición de los sobrevivientes y familiares de las víctimas que buscan justicia sin recursos económicos ni apoyos.

Actualmente Brayan es uno de los 22 hombres sobrevivientes del letal incendio que cruzó a Estados Unidos desde Ciudad Juárez, lo logró en septiembre pasado bajo un permiso humanitario temporal. También han entrado a territorio estadounidense siete mujeres que presentan estrés postraumático por el incidente que vivieron en la estación del INM.

Algunos de ellos cruzaron la frontera con sus familiares y aunque las autoridades estadounidenses los dejaron en libertad condicional, aún enfrentan un proceso migratorio que los mantiene en riesgo de deportación a sus países.

“Me gustaría que hubiera justicia, pero creo que va a ser muy difícil que se pueda lograr la justicia” , dice Brayan Orlando R.F., quien aún enfrenta un futuro incierto en Estados Unidos.¿Y los protocolos del INM para emergencias?

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Reportaje

Jaime Bonilla incrementó patrimonio en EU y México mientras fue gobernador en BC

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El político, ahora dirigente del PT, además de una lujosa propiedad en el extranjero, adquirió concesiones de radio y televisión a nivel nacional, mientras la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) rechazó a finales del 2022 y principios del 2023 las cuentas públicas de sus dos años como mandatario estatal.

Por Eduardo Jaramillo Castro

Jaime Bonilla Valdez, ex gobernador de Baja California, fue señalado por la Auditoría Superior del Estado (ASEBC) de 139 irregularidades en el uso de los recursos públicos entre 2019 al 2021, al mismo tiempo en que acrecentó su patrimonio en Estados Unidos y México. 

El político, quien continúa con aspiraciones a un cargo de elección, fue Senador y después mandatario estatal por un lapso de dos años, representando al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el que militó por siete años y debido a conflictos internos, ahora es dirigente del Partido del Trabajo (PT). 

En febrero del 2021 puso a su nombre una propiedad ubicada en el complejo habitacional Meridian Condominiums, con el número 700 de la avenida Front St Unit,  en San Diego, con un costó 900 mil dólares o alrededor de 15 millones 300 mil pesos, cuando aún era gobernador del estado fronterizo.

El departamento está ubicado en la que es considerada la ciudad más cara para vivir en Estados Unidos, de acuerdo con la compañía US News and World Report.

Según la plataforma BeenVerified.com, el departamento está valuado en más de un millón 100 mil dólares, localizado en una zona privilegiada junto con otros edificios lujosos y a menos de dos kilómetros de distancia de la bahía de la ciudad californiana.

Tres semanas después, el 22 de febrero fue puesta a nombre de Rita Fimbres Bonilla, esposa del funcionario, de acuerdo a la concesión de escritura 2021-0136465, del registro público del condado de San Diego.

Respecto a la compra de está propiedad, el ex gobernador respondió que es de su esposa e hijas, que fue adquirida con recursos de ellas, en pagos de “facilidades” y todavía la siguen pagando. 

“Mi esposa no calificaba para la compra, y yo la avale, por eso se hizo así, pero casi fue al mes, mientras ella conseguía un crédito puente, pero como te mencioné, todavía debe parte”, explicó a través de mensajes por WhatsApp.

En el momento de la compra de este lujoso departamento, Bonilla Valdez percibía un salario mensual de 66 mil pesos por su cargo como gobernador, dinero que aseguró era  donado a diferentes asociaciones civiles, de acuerdo a notas informativas en diversos portales de medios de comunicación.

“Si doné mi salario que percibí del gobierno del estado por razones personales, ya que mis empresas me dan para vivir bien”, respondió el actual senador a una serie de preguntas relacionadas con estas propiedades.

Mapa de las ubicaciones de las dos viviendas adquiridas por el exgobernador Jaime Bonilla Valdez/Cortesía

Las omisiones en la declaración patrimonial y de interés público

La última declaración patrimonial del ex gobernador fue realizada en 2019, cuando ejerció el puesto de delegado de Bienestar Social en Baja California.

En el documento, Bonilla Valdéz omitió informar una propiedad en Estados Unidos que tenía antes de ocupar el cargo como gobernador, ubicada en 1145 Mansiones Lane, Chula Vista, California, con código postal 91910, valuada en 2 millones 800 mil dólares o 47.6 millones de pesos, de acuerdo a plataforma BeenVerified.com.

La vivienda ubicada en una zona residencial exclusiva de la ciudad de Chula Vista, está a nombre de Jaime y Rita Bonilla, quienes se la compraron a David y Astrid Keipler el 19 de febrero de 2010, de acuerdo al registro público del Condado San Diego. 

Bonilla Valdez dijo que el inmueble lo construyeron desde 1992 y desde hace varios años es propiedad de su esposa. 

El ahora senador tampoco declaró varias propiedades en México, como un predio en la manzana 10 de la colonia Del Prado, delegación La Mesa; un lote de terreno en el fraccionamiento Costa Hermosa y un terreno de 900 metros cuadrados, ubicado en la colonia Chapultepec, quinta sección. 

Además de omitir una casa localizada en la colonia Libertad y otra más en el fraccionamiento Jardines de Playas de Tijuana. 

Las seis propiedades ubicadas en Tijuana, fueron adquiridas entre 1976 y 1986, de acuerdo con el Registro Público del Comercio y de la Propiedad de Baja California.

Bonilla Valdez respondió que a sus 73 años ha comprado y vendido, que no tiene más propiedades, y argumentó que quizá el problema sea que los nuevos dueños no han registrado las propiedades a su nombre.

“Todos esos terrenos se adquirieron y se vendieron en los 80’s y 90’s,  incluyendo la casa de la Chapultepec, ninguna de esas propiedades son mías. Si observas son transacciones muy antiguas, como te dije, he tenido propiedades y empresas durante toda mi vida”, contestó.

Las declaraciones patrimoniales de interés público deben ser presentadas por los servidores públicos al inició, como al final de su periodo, pero las de Jaime Bonilla no están en la página de Declaranet, ni son públicas en el Portal Nacional de Transparencia (PNT).

En mayo de 2023 el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Baja California (ItaipBC), ordenó a la Secretaría de Honestidad y la Función Pública (SHyFP) del estado, como sujeto obligado, exhibir la versión pública de la declaración patrimonial y de intereses de Jaime Bonilla Valdez.

Hasta el momento, el Estado no ha atendido este fallo, el cual fue requerido tras un recurso de revisión interpuesto por un usuario, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Para no entregar la información solicitada, la SHyFP expuso como argumento que los ordenamientos legales no contemplaban la manera de hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.

La resolución RR/259/2022 del ItaipBC estableció un plazo de cinco días hábiles para que se notificara su cumplimiento, de lo contrario se procedería conforme a los artículos 155 y 157 de la Ley de Transparencia.

El lujoso Edificio Meridian Condominiums, ubicado en el 700 de la avenida Front St Unit de San Diego, donde Jaime Bonilla Valdez adquirió un departamento en el piso 7, valuado en poco más de un millón de dólares. Crédito: Eduardo Jaramillo

Las irregularidades en la administración de Jaime Bonilla

La Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) rechazó a finales del 2022 y principios del 2023, las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020 y 2021 del Poder Ejecutivo, periodo en el que Jaime Bonilla Valdés fungió como gobernador.

La ASEBC solo auditó el 57%  del presupuesto del ejercicio fiscal del 2021 y solo en este recurso, detectó 76 irregularidades.

Una de éstas fue la alteración del presupuesto pactado para la ejecución de obras que habían sido previamente acordadas a un costo; así como la compra y entrega de insumos de apoyo social, de la cual no fue localizada su documentación; tampoco demostraron la entrega de vales de gas a supuestos beneficiarios.

En el caso de los apoyos sociales, en los cuales fueron invertidos 18 millones 696 mil pesos, el Poder Ejecutivo no entregó la evidencia documental que corroborara la supuesta entrega de 15 mil cobertores matrimoniales y 4 mil 200 colchonetas a personas en situación de vulnerabilidad.

Además de 544 computadoras personales tipo chromebook; así como el servicio de suministro de insumos alimenticios para la distribución y preparación de alimentos del programa “Desayunadores Comunitarios”.

La Secretaría de Integración y Bienestar Social implementó el programa “Otorgar Vale de Gas a familias en situación de vulnerabilidad para mejorar su economía”. La ASEBC realizó 100 llamadas telefónicas con el fin de conocer el impacto social en la población del programa, de las cuales el 86% no confirmó recibir el apoyo y solo el 14% sí lo recibió. 

Otro de las observaciones fue la “Construcción del puente vehicular Magisterial, en la carretera escénica Tijuana -Ensenada”, en la que se había contemplado invertir 32 millones 235 mil pesos, según el contrato número C-FINANCIAMIENTO-21-TIJ-29.

Sin embargo, el costo incrementó un 44.48% porque no estaba incluida una base de pilotes necesarios para la construcción de la obra y con la modificación del presupuesto presentado en el concurso de la licitación pública, no fue considerada la mejor opción en el precio, según el reporte de la cuenta pública 2021. 

Jaime Bonilla Valdez, acompañado de su esposa Rita Fimbres, en el año 2019. 
Crédito: Eduardo Jaramillo

Las empresas dueñas legalmente de la cadena de radio y televisión de Bonilla

La empresa de comunicación, conocida comercialmente como Primer Sistema de Noticias (PSN),  dirigida por el ex gobernador, opera bajo el nombre de Media Sports de México S.A. de C.V y Sistema Televisivo de Baja California S.A. de C.V.

Bonilla Valdez no figura en ninguna de las razones sociales como accionista, ni ocupa un cargo administrativo, de acuerdo al Registro Público y de Comercio Federal (SIGER).

Mientras que el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, una persona allegada al ex gobernador, quien lo apoyó en el ascenso de su carrera política y trabajó en PSN, es el socio mayoritario de Sistema Televisivo de Baja California S.A. de C.V., el cual adquirió a la edad de apenas 19 años. 

También está como socio Jesús Rubén Pérez Higuera, mientras que Héctor Guillermo de Isla Puga funge como administrador y aparece relacionado en varias empresas de la familia Bonilla-Fimbres. 

En Media Sports de México S.A. de C.V, los socios mayoritarios son Rita Fimbres Cheno, esposa de Bonilla Valdéz y Leopoldo Valencia Morán.

Como gobernador, adquirió la concesión de radio y una más como Senador en el 2023, a través de Media Sports de México S.A. de C.V. y una televisora en el 2022.

Grupo Radiodigital Siglo XXI S.A. de C.V cedió a Media Sports de México S.A. de C.V la frecuencia de 1270 KHZ de la estación XEAZ AM, el 7 de julio de 2021, según el Registro público de telecomunicaciones. 

El 29 de julio del 2022, como Senador, compró la cesión de derechos de canal 45 por parte de Mario Enrique Mayans Concha, de acuerdo con la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Edificio del condado de San Diego, California, donde se encuentra el registro público de propiedad. Crédito: Eduardo Jaramillo

Las aspiraciones políticas de Jaime Bonilla

Jaime Bonilla Valdez arrancó su campaña política para reelegirse como senador por el Partido del Trabajo, el pasado primero de marzo.

Esto, aún cuando él, junto con seis funcionarios de su gabinete enfrentan una demanda por los presuntos delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, falsedad y peculado, relacionado con la construcción de la planta fotovoltaica.

Ante esto, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda ha manifestado que solicitará al Congreso de la Unión el desafuero del senador para que comparezca ante las autoridades por este caso y otras irregularidades.

“Sí es procedente la solicitud de desafuero para ser juzgado penalmente por los delitos relacionados con la planta fotovoltaica, de hecho esta es una ruta que estamos analizando con la Fiscalía General del Estado (FGE)”, comentó Juan José Pons Mendez, consejero jurídico del estado.

La planta fotovoltaica suministraría de energía al acueducto Río Colorado, el mayor consumidor de electricidad en el estado, sin embargo nunca tuvo los permisos federales para su construcción, que estaría a cargo de la empresa Next Energy. 

Bonilla Valdez también podría ser llamado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por el asesianto de la periodista Lourdes Maldonado ocurrido el 23 de enero del 2022, cuando ya había dejado el cargo como gobernador, pero sostenía un pleito legal con la comunicadora, quien demandaba una indemnización por trabajar y ser despedida tras varios años en la empresa PSN, de la cual es director y propietario.

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Reportaje

Espejos sin reflejo: los desaparecidos en Tecate

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La presente investigación es uno de los trabajos finales de la materia Reportaje periodístico de la Facultad de Artes UABC, realizado por el alumno André Galvez de la Rivera.

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