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Estatal

Ser diputado impulsa crecimiento patrimonial

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Por Dianeth Pérez Arreola y Jaime Delgado

Ser diputado es un factor importante para incrementa el patrimonio inmobiliario de los diputados locales.

Además del exlegislador y actual administrador de la 25 Legislatura, Víctor Hugo Navarro, los diputados Juan Manuel Molina, de Morena, y Diego Echevarría, del PAN, adquirieron propiedades mientras gozaban de altos ingresos como servidores públicos, de acuerdo a documentos obtenidos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Propiedades de Juan Manuel Molina

El pasado 22 de febrero de 2023, el cinco veces legislador por tres partidos distintos, Juan Manuel Molina, adquirió un lote tipo comercial en el Centro Cívico, por la que pagó 40 mil dólares. El avalúo fue de 796 mil pesos. Al tipo de cambio de entonces, 19.60 pesos, equivalía a 784 mil pesos.

 Pero además la adquirió en sociedad de Jesús Antonio Lepe Flores, quien fue contratado en el Jurídico del Congreso del Estado bajo el esquema de honorarios, donde percibía 45 mil pesos mensuales.

Dicha operación de compraventa fue del orden de los 790 mil pesos y cuya propiedad será 66% del diputado morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y el porcentaje restante de Lepe Flores.

El 13 de agosto de 2021, en plena pandemia de Covid 19, Molina adquirió mediante un juicio de prescripción positiva un terreno en La Rumorosa de 2 mil 433.86 metros cuadrados, cuyo pleito jurídico empezó en el 2003.

En el año 2017 recibió como donación un predio en el desarrollo urbano Villa Mediterránea Segunda Etapa, con superficie de 216 metros cuadrados y valor de 1 millón 317 mil pesos por parte de Yadira del Carmen Villegas Velázquez.

En la Colonia Granjas Arcoíris compró un terreno de 1,512 metros cuadrados, cuya operación fue de 79,937 pesos, cuando la propiedad tiene fue valuada en más de 226 mil pesos. El diputado morenista, a precio de remate, se hizo del bien inmueble.

Desde el 18 de septiembre de 2006, Juan Manuel Molina, es propietario de 50 hectáreas en el predio agrícola de la Colonia San Pedro Mártir I y II, cuyo valor de operación fue de 100 mil pesos, precisan los documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Propiedades de Víctor Navarro

El tres veces exdiputado local, por el Verde y luego por Morena por dos veces, y actual administrador de la 25 Legislatura, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, en cosa de dos años adquirió propiedades de varios millones de pesos.

El 7 de julio de 2021, luego del triunfo de Morena en Baja California y él como legislador local, Navarro compró un predio en la Colonia Insurgentes Oeste con un valor de 832 mil pesos.

Cuatro meses después, el 11 de noviembre de 2021 adquirió un terreno en el Fraccionamiento San Pedro Residencial, con una superficie de 544.65 metros cuadrados y con un valor de 4 millones 45 mil 502 pesos.

Navarro recibió como donativo de sus padres un predio de 250 metros cuadrados, con valor de 1 millón 761 mil pesos. Esta operación fue el 25 de mayo de 2020.

El 17 de abril de 2013, el administrador del Congreso del Estado, compró un local comercial en la Plaza Cachanilla con una superficie de 235 metros cuadrados con un valor de 1 millón 550 mil pesos.

Propiedades de Diego Echevarría

El diputado del PAN, Diego Echevarría, quien por segunda ocasión ocupa una curul en el Congreso del Estado, en un mismo año recibió una donación de un terreno por parte de su madre y compró otro, en un periodo 4 meses.

El donativo es un predio de 180 metros cuadrados cuyo valor es de 177 mil 247 pesos en la Colonia Nacionalista, indica el documento del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, en junio de 2023.

Cuatro meses después, el legislador panista compró un terreno de 300 metros cuadrados en la Colonia Santa Rosalía, cuyo valor de operación fue de 1 millón 137 mil pesos.

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Pide Gilvaja prevención de accidentes en Boulevard 2000

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En sesión ordinaria la diputada Yohana Gilvaja, presentó un punto de acuerdo aprobado por unanimidad mediante el cual se exhorta a la gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda, y al secretario de Infraestructura, Arturo Espinosa Jaramillo, para que dispongan lo necesario a fin de implementar medidas de prevención e infraestructura que eviten accidentes de tráfico terrestre en el Boulevard 2000, ante condiciones peligrosas por causa de las obras que se llevan a cabo.

Asimismo, la legisladora del PT requirió al presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, realizar una inspección estructural y corregir de manera inmediata los daños presentes en el complejo vial conocido como El Chaparral, donde se han detectado anomalías que ponen en riesgo la integridad de miles de ciudadanos.

Gilvaja reclamó: “No solo se trata de construir las obras necesarias, también de proveer para su conservación y mantenimiento, en el Boulevard 2000 se han registrado accidentes que no pueden seguir siendo ignorados por las autoridades.”

la diputada inicialista, Yohana Gilvaja.

Tijuana es uno de los municipios metropolitanos más importantes del país, donde la movilidad es un factor esencial para la economía y el desarrollo; sin embargo, las obras inconclusas y la falta de mantenimiento en vialidades estratégicas han generado inconformidad social y riesgos para la ciudadanía, señaló.

“Mientras miles de tijuanenses arriesgan su integridad transitando por vialidades inseguras y obras inconclusas, la falta de respuestas está erosionando la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, indicó.

La legisladora acusó que el caso del complejo vial El Chaparral representa una omisión grave, pues las anomalías estructurales nunca fueron atendidas de manera formal por las autoridades y únicamente se reaccionó ante la presión mediática.

“El Chaparral es un ejemplo claro porque una abertura de más de 20 centímetros fue ignorada hasta que los medios lo señalaron, lo que demuestra que la seguridad vial no puede depender de notas periodísticas sino de acciones firmes y responsables”, precisó.

La diputada recalcó que este exhorto se suma a otros llamados reiterados que ha presentado en el Congreso para atender la seguridad y el mantenimiento de las vialidades en Tijuana, los cuales hasta ahora no han recibido respuesta efectiva por parte de las autoridades municipales.

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Aprueban juicio político contra Samuel García

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La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría el inicio de un juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda. La decisión se tomó este viernes con seis votos a favor (de diputados del PRI, PAN y uno de Morena). La sesión se realizó sin la presencia de dos diputados de Morena ni de una legisladora del PVEM.

La denuncia, presentada por la bancada de Morena, acusa al mandatario de triangulación de recursos públicos por casi mil millones de pesos, al parecer desviados a despachos o empresas relacionadas con su familia, lo que se encuadra en el delito de peculado.

Los siguientes pasos en el proceso, es la notificación a García, a quien le otorgarán cincó días hábiles para presentar su defensa por escrito o de manera presencial, y luego el expediente pasará al Pleno del Congreso local para continuar el procedimiento.

De avanzar, el caso podría remitirse al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, que sería el encargado de determinar posibles sanciones, incluyendo la destitución o inhabilitación.

Este es uno de los varios intentos de juicio político que se han impulsado contra García en los últimos meses, algunos relacionados con presuntas violaciones electorales y omisiones en la publicación de decretos.

Hasta el momento, el gobernador Samuel García no ha emitido una declaración oficial sobre esta nueva aprobación. El proceso se encuentra en sus primeras etapas y podría enfrentar recursos legales por parte de la defensa del mandatario.

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Citan de nuevo a Blázquez: quiere Gobernadora imponer medidas

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Tras obtener un amparo favorable que le permitió mencionar el nombre y cargo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el exdiputado y comunicador Marco Antonio Blázquez vuelve a ser citado por la justicia.

El amparo fue concedido contra un proceso legal impulsado a petición de la mandataria, el cual incluía una restricción que le impedía referirse públicamente a ella por su nombre y cargo. Con la resolución judicial, esa medida cautelar fue levantada.

Sin embargo, ahora Blázquez ha sido citado nuevamente. Mañana sábado 13 de junio de 2026, a las 8:00 de la mañana, deberá presentarse en Tijuana a una audiencia de revisión de medidas de protección.

En el documento oficial se le advierte expresamente que, en caso de incomparecencia injustificada, se podrá solicitar una orden de aprehensión en su contra.

Esta nueva citación ocurre a pesar del amparo recientemente ganado por Blázquez, lo que ha generado cuestionamientos sobre la persistencia de las acciones legales en su contra.

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