La Comisión Local de Búsqueda de Baja California llevó a cabo jornadas de prospección en los municipios de Ensenada y Tecate ayer lunes 15 de junio, en coordinación con familias de personas desaparecidas e instituciones de los tres órdenes de gobierno.

Las actividades se desarrollaron de manera simultánea en las inmediaciones de la delegación Francisco Zarco, en Ensenada, y en una zona de arroyo en el municipio de Tecate, donde se realizaron recorridos e inspecciones en campo para dar seguimiento a distintos procesos de búsqueda.

Durante los trabajos se contó con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General del Estado, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, autoridades municipales y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, además de la participación del binomio canino K9 “Blue” y maquinaria especializada para la exploración de zonas de difícil acceso.

El diputado federal morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, atendió ayer a la comisión de jubilados y pensionados de CFE que acudió a Tijuana a buscarlo y encararlo para pedirle que diera respuesta del cumplimiento de los compromisos que hizo junto con el diputado Leonel Godoy Rangel Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, en cuanto el restablecer sus pagos íntegros y completos el pasado jueves 11 de junio, lo cual no se cumplió ya que no se corrieron los descuentos ilegales.

Aunado a que lo que se anunció por CFE y lo que se expuso por Luisa María Alcalde Lujan, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, de ajustar el monto de las pensiones a la percepción total y no a la mitad de lo que gana la presidenta de México, no fue lo acordado en las mesas de trabajo.

 Ramírez Cuéllar se comprometió a dar seguimiento a la solicitud de revisión presentada por la Alianza  Nacional de Jubilados, para la no aplicación del decreto de reforma al artículo 127 constitucional, respecto de la reducción de jubilaciones y pensiones y encontrar una solución que garantizará y protegiera plenamente sus derechos, por lo que insistió en seguir el proceso de diálogo, que dijo está avanzando.

Aunque los manifestantes no estuvieron de acuerdo con el cumplimiento de los compromisos previos con los Diputados Cuellar y Godoy, reconocen que al menos hay algún avance. El diputado federal se comprometió a dar una respuesta el próximo jueves a través de diputados locales y federales de Baja California.

El Congreso del estado aprobó el Dictamen No 27 de la Comisión de Justicia que se refiere a la Iniciativa de reforma al artículo 226 del Código Penal estatal, presentada por la Diputada María Yolanda Gaona, que establece que cuando el despojo se realice por grupo o grupos que, en conjunto, sean mayores de cinco personas, se les aplicará a los coautores la pena señalada en este artículo.

Pero la misma se disminuirá en una mitad si, en un término de setenta y dos horas contadas a partir del requerimiento formal de la autoridad investigadora, se restituye a la parte ofendida en la posesión material del inmueble despojado.

Hasta agosto de este año 2025, según datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California en cuanto a la incidencia delictiva registrada ante la Fiscalía General del Estado de enero a agosto de este año, 864 nuevas carpetas de investigación se habían iniciado por el delito de despojo.

Lo señalado es el escenario actual que se vive en el Estado, en el que el descontento de los ciudadanos es cada vez mayor y la inseguridad e incertidumbre que sienten al salir de casa y no saber si la encontrarán ocupada por invasores es cada vez mayor.

Según expuso la inicialista, la Constitución Mexicana establece en el artículo  14 la garantía del debido proceso en la que se señala que: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

El delito de despojo tipificado en el ordinal 226 del Código Penal de Baja California, tiene como fin primordial garantizar el orden social y tutelar la posesión pacífica de los bienes inmuebles.