Esta mañana, trabajadores de la salud encabezados por la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 42, Virginia Noriega, se manifestaron en el Congreso para solicitar la intervención de los diputados para encontrar una solución a la reubicación del personal del Distrito de Salud Mexicali-San Felipe, al asegurar que los trabajadores laboran en condiciones de hacinamiento, inseguridad e insalubridad.

Noriega mencionó que, durante las gestiones ante la Secretaría de Salud, recibió como respuesta que en Mexicali no existe un inmueble con las dimensiones necesarias para albergar al personal; es por ello que ahora busca el respaldo de los diputados.

Señaló que el problema corresponde al Estado y consideró que la alternativa es gestionar un terreno o un espacio con uso de suelo para construir un edificio que atienda las necesidades de los trabajadores, como ha ocurrido en otras dependencias.

Detalló que las actuales instalaciones ubicadas en la colonia Exejido Coahuila originalmente funcionaban como tienda de venta de losetas para luego ser habilitadas como oficinas que albergarían alrededor de 100 personas; sin embargo, actualmente laboran más de 400 trabajadores.

Entre las principales afectaciones, mencionó el hacinamiento, la falta de estacionamiento y los riesgos en materia de protección civil, al señalar que el edificio ha registrado al menos tres conatos de incendio.

La líder sindical aseguró que la situación ya llegó a un punto crítico y advirtió que la petición al Congreso representa el último recurso, luego de que las autoridades de Salud informaran que no encontraron un inmueble adecuado para la reubicación del personal en nuevas instalaciones.

El secretario general del Sindicato Mexicano de Salud (SIMESA), Edgar Cruzaley, denunció que el gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda viola reiteradamente los derechos laborales adquiridos de los trabajadores sindicalizados del sistema de salud en la entidad, al negar sistemática y reiteradamente prestaciones contenidas en las Condiciones Generales de Trabajo que por disposición judicial deben ser extensivas para todos los trabajadores sin importar su condición o afiliación sindical y sin importar que se encuentren afiliados o no a alguna organización sindical.

Reiteró que la reforma laboral dispone que las prestaciones no pueden ni deben condicionarse a los sindicatos minoritarios, “pues el espíritu de la misma fue garantizar una verdadera democracia sindical y libertad de asociación, derechos que el gobierno de Baja California que encabeza Marina del Pilar se ha negado a hacerlo, siendo único estado que transgrede los derechos adquiridos de los empleados de la salud”.

Hoy se pagaban los uniformes al personal de salud, no trabajadores transferidos, pero solo les llegó el depósito a los trabajadores del sindicato que dirige Virginia Noriega, el SNTSA, al parecer por instrucciones de la Secretaría General de Gobierno, comentó.

Integrantes de SIMESA hacen un llamado a la gobernadora, al secretario general de Gobierno, Juan José Pon, y al secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas para que entreguen esa prestación sin distingos, a la brevedad.

A inicios del mes en curso, tuvo lugar una cirugía de corazón abierto en el Hospital 30 del IMSS en Mexicali. Lo que pudiera parecer como un logro de la institución, sobre todo en estos tiempos de carencias, es en realidad un acto que evidencia favoritismos, irregularidades, conflicto de interés y mal uso de los recursos públicos.

Para empezar, ese hospital no está en condiciones de ofrecer esa cirugía. Es más, nunca se han hecho ese tipo de operaciones ahí.

Luego, quien la realizó, el doctor Ballesteros, no forma parte del personal de dicho centro; es un trabajador eventual. Además, introdujeron equipo ajeno a la clínica, equipo muy caro y especializado, esencial para ese tipo de cirugías, que pueden costar más de un millón de pesos. Para cerrar con broche de oro, la anestesista es nada menos que la hija del secretario general del Sindicato de Trabajadores del IMSS, quien al parecer trabaja no en la clínica, sino con el doctor Ballesteros.

El paciente es un hombre con problemas cardiacos originario de Coahuila, que nunca se había atendido en la Clínica 30, pero es padre de una trabajadora de ahí. Acude por primera vez a consulta, se le atiende, se le ingresa y el cardiólogo pide un cateterismo, el cual le realizan a las 36 horas. Al no solucionar este procedimiento el problema de salud que tenía, le dicen que es candidato para una operación de corazón abierto, una cirugía de revascularización.

El 1 de junio piden reservar el quirófano y dos turnos de personal disponible.

Para realizar una cirugía de corazón abierto se necesita un quirófano especializado, un equipo médico multidisciplinario altamente capacitado y una serie de equipos e instrumental específicos, como una máquina de circulación extracorpórea, un ventilador mecánico, monitores especializados, etcétera.

El equipo técnico y humano especializado es del doctor Ballesteros, que trabaja en el sector de la medicina privada. De la operación no hay registros en documentos, todo fueron acuerdos verbales. El costo lo pagó la trabajadora del IMSS, pero se usaron espacios, algunos materiales y personal de la Clínica 30.

Para obtener esa cirugía en el IMSS tiene que haber tres filtros; no se hacen esas operaciones en Mexicali, así que se envían los pacientes a Guadalajara. Si allá no pueden realizarla, los pacientes se envían a Ciudad de México. Si por alguna razón no la pueden realizar allá, se regresa a Mexicali y se arregla por subrogación.

Esto fue conocido y aprobado por la doctora María Guadalupe Pacheco León, directora del Hospital General Regional No. 30 del IMSS, quien ocupa ese cargo desde octubre de 2025.

Una denuncia anónima señala la directora antes tuvo ese cargo en el Hospital de Gineco-Pediatría No. 31 de esta ciudad, reportándose quejas durante su gestión por un estilo de dirección autoritario y prepotente, generando un ambiente laboral hostil. Se reportaron inconformidades derivadas de la asignación de contratos de tiempo extra a personal con categoría de auxiliar de oficina para desempeñar funciones propias del cuerpo directivo o de asistencia personal, así como intentos de modificar procesos asistenciales sin contar con conocimiento técnico suficiente en la atención pediátrica y gineco-obstétrica.

La denuncia explica que desde su llegada al HGR No. 30 se ha caracterizado por mantener una conducta directiva impositiva, confrontativa y en ocasiones intimidatoria hacia el cuerpo directivo, el subdirector médico, jefatura de enfermería, coordinadores médicos de turnos vespertino y nocturno, coordinadores clínicos y jefaturas de servicio excepto la coordinación de cirugía general, generando así un ambiente laboral adverso que inhibe la libre discusión técnica en el hospital.

El texto apunta que Pacheco León manifestó desde el inicio de su gestión el interés de destituir a la jefa de Enfermería, a la jefa de Personal y a la Médica Epidemióloga de turno matutino, lo que se interpreta como un intento de reconfiguración estructural para concentrar el control operativo y presupuestal.

“Se han observado irregularidades en la asignación de funciones, incluyendo la limitación de atribuciones al Coordinador del turno vespertino y la inclusión en el cuerpo directivo de un médico urgenciólogo -sin contratación definitiva en la unidad-, para desempeñar funciones propias de dicha coordinación, lo que vulnera derechos laborales y la normatividad institucional en materia de nombramientos”, precisa el texto.

En cuanto al uso de recursos humanos y financieros, el proceso quirúrgico —actualmente centralizado bajo control de la Dirección— no se apega estrictamente a los lineamientos institucionales. Se reporta contratación considerable de personal afín a la directora, sin que exista evidencia clara de correspondencia con necesidades reales de los servicios. De igual forma, con la finalidad aparente de cumplir metas de productividad, se estarían registrando en plataformas institucionales múltiples procedimientos como los quirúrgicos, aun cuando no requieren sala de operaciones ni cumplen criterios técnicos para ser clasificados como tales, lo que podría constituir distorsión de indicadores, uso indebido de recursos y simulación de productividad institucional, dice la denuncia anónima.

“Las consecuencias operativas han impactado directamente a la derechohabiencia, particularmente en los servicios de Urología (con pacientes que superan dos meses de hospitalización sin resolución quirúrgica), Traumatología y Ortopedia, Neurocirugía, así como en pacientes de Nefrología y Medicina Interna con patologías de resolución quirúrgica diferida. Estos retrasos han derivado en complicaciones graves e incluso fallecimientos, situación que amerita revisión inmediata de indicadores de mortalidad, morbilidad y estancia hospitalaria prolongada”, apunta el texto.

Solicitan una investigación administrativa integral a través de una auditoría técnica y presupuestal del proceso quirúrgico, una revisión de congruencia entre procedimientos registrados y uso real de quirófanos, una revisión de contrataciones recientes y nombramientos directivos y un análisis de indicadores de mortalidad, complicaciones y estancia hospitalaria. Hasta aquí la denuncia anónima.

Pero las quejas no paran ahí. Hay cirujanos en ese hospital que denuncian que hay una fila de procedimientos pendientes por mala planeación, y se hacen gastos dobles porque los estudios preoperatorios pierden vigencia y hay que volverlos a hacer.

“Se llenan formatos, pero no se les da atención de calidad a los pacientes”, expresan los médicos. Los insumos para las operaciones no están completos o no son los apropiados; no hay apego a las normas ni a los protocolos institucionales; se gasta en estudios para pacientes que finalmente no operan, agregan.

El presupuesto dura de marzo a agosto; aquí entran proveedores federales. Luego, cuando se acaba el dinero, se abren presupuestos extraordinarios y ahí ya se adquieren insumos con proveedores locales. Los médicos declaran que han abierto paquetes de instrumental o material quirúrgico que viene manchado de sangre, lo que significa que se vende como nuevo y ni siquiera se desinfecta. Los proveedores locales no entran a licitaciones, son adjudicaciones directas, y para poder ser considerado, se habla del pago de un millón de pesos. Por eso no hay quejas formales por esos “incidentes”.

Además, cuentan que hay una instrucción federal de aumentar el número de procedimientos quirúrgicos para cumplir una meta marcada por las autoridades de salud. Lo que están haciendo es que hacen curaciones en los quirófanos para registrarlas como procedimientos y cumplir así con la cuota que pide la federación; lavado de úlceras, uñas enterradas, curaciones diversas.

Ahí se las dejamos a Desireé Sagarnaga, que no sabemos qué pudo haber dicho en su informe como delegada del IMSS, al que no invitó a la prensa; al doctor Romero, coordinador del IMSS Bienestar en el estado; y al secretario de Salud estatal, Adrián Medina Amarillas.