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Corrupción

Nombra EU a Araceli Brown en investigación sobre narcotráfico

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En comunicado de prensa, hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que designó a Los Mayos, una facción del Cartel de Sinaloa, como organización terrorista tras la visita del Sub-secretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera John K. Hurley a la frontera sur entre Estados Unidos y Mexico.

En la red de personajes y empresas que fortalecieron la producción de fentanilo, mencionan a la exalcaldesa y hoy diputada federal, Araceli Brown Figueredo.

¨El cartel de Sinaloa es una organización terrorista extrajera que continua con el trafico de narcóticos, lavando sus ganacias, y corrompiendo oficiales locales,” dijo el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera John K. Hurley. ¨La acción de hoy tomada en coordinación con nuestros socios de cumplimiento de la ley, demuestra el compromiso del Tesoro a la prioridad del Presidente Trump de detener las amenazas al otro lado de nuestras fronteras

El control del cartel en la frontera

La facción de Los Mayos es responsable de la producción y trafico de fentanilo, cocaína, mariguana, heroína, y metanfetamina desde el norte de Mexico hacia los Estados Unidos. En Rosarito, Baja California, señala el comunicado. “Los Mayos está involucrado en secuestro, extorción, lavado de dinero, y corrupción del gobierno local. Debido a su proximidad con la frontera de Estados Unidos, Rosarito y las áreas circundantes forman una arteria clave para el tráfico de drogas del Cartel de Sinaloa”, agrega.

El Cartel de Sinaloa es una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) designada por los Estados Unidos que es responsable de una porción significativa de tráfico de fentanilo ilícito hacia los Estados Unidos que por último envenena a los estadounidenses. Además del trafico de drogas mortales, el Cartel de Sinaloa se ha beneficiado del trafico de migrantes alrededor de la frontera sur.

Esta acción fue coordinada con La Administración de Control de Drogas (DEA) División de Campo San Diego, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) Oficina de Campo San Diego, y la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California. La acción de hoy se realiza de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O, por sus siglas en inglés) 14059 que tiene como objetivo la proliferación de drogas ilícitas y sus medios de producción, y de conformidad a la (E.O.) 13224, en su forma enmendada, que se dirige a los terroristas y a quienes los apoyan.

La evolución del cartel de Sinaloa

El documento indica que el Cartel de Sinaloa es uno de los carteles más poderosos del Mundo en México y representa una gran amenaza para los Estados Unidos. Por décadas el Cartel de Sinaloa ha traficado cocaína, metanfetamina, y más recientemente, fentanilo hacia los Estados Unidos. El 15 de diciembre de 2021, OFAC designó al Cartel de Sinaloa de conformidad con la (E.O.) 14059. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó al Cartel de Sinaloa como una FTO y un Terrorista Global Especialmente Designado.

Desde el arresto del fundador Joaquín Guzmán Loera (“El Chapo”) y el cofundador Ismael Zambada Garcia (“El Mayo”), el Cartel de Sinaloa ha sufrido cambios fundamentales que creó dos facciones dominantes compitiendo por el poder e influencia a través de sus territorios controlados. El 09 de junio de 2025, OFAC designó a Los Chapitos, una facción del Cartel de Sinaloa, liderada por los hijos de El Chapo.

La facción de Los Mayos del cartel de Sinaloa

Compuesta por personas alineadas con El Mayo, la facción Los Mayos del Cartel de Sinaloa rival de la facción de Los Chapitos. Los Mayos mantienen una grande presencia en los estados mexicanos de Baja California, Sonora y Zacatecas. A través de diversas alianzas, Los Mayos traficaron fentanilo ilícito, metanfetamina, heroína, mariguana y cocaína, que se introducen de contrabando a los Estados Unidos. Guerras territoriales entre Los Mayos y Los Chapitos han resultado en la muerte de alrededor de mil personas en el estado mexicano de Sinaloa, continua el comunicado de las autoridades estadounidenses.

Al frente de las batallas de Los Mayos con Los Chapitos está Juan José Ponce Félix (alias Jesús Alexandro Sanchez Félix comúnmente conocido como “El Ruso”). El Ruso es el fundador y líder del principal brazo armado de Los Mayos, que controla las rutas de tráfico de drogas y personas en Baja California. En una acusación de 2015, la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California identificó a El Ruso como un líder de una flota de soldados, que participaron en actos de secuestro, toma de rehenes, tortura y asesinato en beneficio de los intereses del Cartel de Sinaloa en Culiacán, México.

Como miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa desde hace mucho tiempo, el dominio actual del Ruso en Baja California ha fortalecido las operaciones de narcotráfico de Los Mayos hacia los Estados Unidos. El departamento de Estado anuncio el 16 de septiembre de 20254 una recompensa bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP), ofreciendo encima de $5 millones por información que lleve al arresto y/o condena de El Ruso.

La facción de Los Mayos está siendo designada de conformidad con la E.O. 14059 y de conformidad con la E.O. 13224, en su forma enmendada, por ser propiedad, controlada o dirigida, o por haber actuado, o pretendido actuar para, o en representación directa, o indirecta del Cartel de Sinaloa. Adicionalmente Juan Jose Ponce Félix está siendo sancionado de conformidad con la E.O. 14059 y de conformidad con la E.O. 13224, en su forma enmendada por ser dirigido, o por haber actuado, o pretendido actuar para, o en representación directa, o indirecta del Cartel de Sinaloa.

La red de Playas de Rosarito

Los Mayos controlan grandes franjas de territorio en el norte de Baja California bajo el liderazgo del previamente designado líder del cartel, Alfonso Arzate Garcia y Rene Arzate Garcia (Rene Arzate), también conocidos como los hermanos Arzate, una de las ciudades controladas por Rene Arzate es Rosarito, una comunidad costera aproximadamente a 15 millas al sur de la frontera de Estados Unidos y México.

Dada su proximidad a la frontera de Estados Unidos, Rosarito y las áreas circundantes son parte de un corredor crítico para el contrabando de drogas del Cartel de Sinaloa hacia los Estados Unidos. Rene Arzate mantiene el mando de Rosarito a través de varios asociados incluyendo a Mario Alberto Herrera Sánchez (Mario Herrera) y Karlo Omar Herrera Sánchez (Karlo Herrera).

Los hermanos Herrera trabajan con Jesús González Lomelí (González), un magnate de negocios con sede en Rosarito y un operador financiero de alto rango del Cartel de Sinaloa para ayudar a llevar a cabo las operaciones del cártel en el área. Gonzalez posee varios bares y restaurantes en Rosarito, incluyendo Bombay Beach Club, Coco Beach Club, y Mariscos El Caimán, así como otros restaurantes, centros nocturnos y resorts en todo México. González ha usado sus negocios para lavar millones de dólares de ganancias ilícitas de narcotráfico en nombre del Cartel de Sinaloa para los hermanos Arzate, así como para otras figuras de alto nivel del cartel, incluyendo El Ruso.

El ex alcalde de Rosarito Brown (izquierda) con el operador político del Cartel de Sinaloa, Arcega (derecha).

Los hermanos Arzate también han utilizado las influencias políticas de González y otro agente político afiliado al Cártel de Sinaloa, Candelario Arcega Aguirre (Arcega), para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, específicamente a la ex alcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo (Brown). Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, por su relación, fue capaz de controlar partes del gobierno municipal y designar a sus aliados posiciones de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito.

Durante los mandatos de Brown como alcaldesa de Rosarito, Gonzalez y Arcega sirvieron como intermediarios entre Brown y los hermanos Arzate alineados a Los Mayos. Trabajando juntos Gonzalez, Arcega y Brown cobraron los pagos de extorsión para los Arzate, ayudando a gestionar las operaciones de los hermanos Arzate y garantizó la protección de las actividades criminales de los Arzate mediante el Departamento de Seguridad Pública de Rosarito.

Mario Herrera, Karlo Herrera, Gonzalez, Arcega, y Brown están siendo designados de conformidad con la E.O. 14059 y de conformidad con la E.O. 13224, en su forma enmendada, por ser dirigidos, o por haber actuado, o pretendido actuar para, o en representación directa, o indirecta del Cartel de Sinaloa.

Además de designar a las personas clave alineadas a Los Mayos en la red de las Playas de Rosarito, OFAC también señalo a 14 empresas propiedad de Gonzalez: JR Alimentos Del Mar, S. De R.L. De C.V.; Grupo JRCP, S. De R.L.; Sabor Tapatio, S. De R.L. De C.V.; Gotoco Alimentos Procesados S. De R.L. De C.V.; Grupo Hotelero JJJ, S.A. De C.V.; Complejo Turistico JJJ, S.A. De C.V.; Operadora De Espectaculos, Alimentos Y Bebidas J&R S.A. De C.V.; Alimentos Y Diversion Insurgentes, S. De R.L. De C.V.; Sunset Servicios Gastronomicos S. De R.L. De C.V.; JJ Gonver S. De R.L. De C.V.; Operadora De Alimentos Con Origenes De Mexico, S. De R.L. De C.V.; Veintiuno Mexicali, S. De R.L. De C.V.; Coco Beach Bar, S. De R.L. De C.V.; y, Cavally Antro & Bar. Estos negocios fueron designados de conformidad con la E.O. 14059 y de conformidad con la E.O. 13224, en su forma enmendada, por ser propiedad, controlada o dirigida, o por haber actuado, o pretendido actuar para, o en representación, directa o indirecta de Gonzalez.

OFAC también se dirigió a una empresa de transportes propiedad de Arcega: Transporte Urbano Y Suburbano Del V Municipio S.A. De C.V. Esta empresa está siendo designada de conformidad con la E.O. 14059 y de conformidad con la E.O. 13224, en su forma enmendada, por ser propiedad, controlada o dirigida, o por haber actuado, o pretendido actuar para, o en representación directa, o indirecta de Arcega.

“Los Rugrats” pandilla violenta de Sinaloa

El comunicado apunta que con sede en Laguna Colorada, Sinaloa, México, Carlos Alberto Páez Pereda (Páez) o “Carlitos” es el líder de una violenta pandilla conocida como Los Rugrats. Páez es un productor de fentanilo y uno de los principales narcotraficantes en Culiacán, Sinaloa. También se sabe que Páez ha cometido asesinatos e intentos de asesinato de figuras de cárteles rivales por orden de Rene Arzate.

Páez está siendo designado de conformidad con la E.O. 14059 y de conformidad con la E.O. 13224, en su forma enmendada por ser dirigido, o por haber actuado, o pretendido actuar para, o en representación directa, o indirecta del Cartel de Sinaloa.

Implicación de las sanciones

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades o intereses en las propiedades de las personas designadas que se encuentran dentro de los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben reportarse a la OFAC, dice el documento.

Además, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una persona bloqueada. A menos de que haya una licencia publicada en lo general o en lo particular por OFAC, o estén exentas, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o personas dentro de (o en tránsito por) los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.

El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones basándose en la responsabilidad objetiva. Las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o recibir cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios de dicha persona.

Además, la realización de ciertas transacciones con las personas designadas hoy podría conllevar la imposición de sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o el mantenimiento, en Estados Unidos, de una cuenta corresponsal o una cuenta de transferencia de fondos de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad pertinente.

Corrupción

Desmiente Rude defensa de proveedor y acusa ofensiva mediática

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El regidor del Partido Acción Nacional (PAN) en el Ayuntamiento de Mexicali, Rude García, cuestionó el proceso de licitación para la adquisición de uniformes destinados a los bomberos, al considerar que existen una serie de coincidencias y circunstancias que, desde su perspectiva, deben ser aclaradas por el gobierno municipal.

García rechazó tener algún vínculo con la empresa Uniformes Julián, luego de que desde un noticiero de televisión local se generara una narrativa pública que relacionaba sus cuestionamientos con los intereses de dicha compañía.

“Yo ni siquiera sabía que esta empresa había participado”, afirmó el edil, quien aseguró que la información que conoció inicialmente correspondía únicamente a dos empresas que habían llegado a la etapa final del procedimiento: Tridenta y Probetex, y desconocía quién se había quedado fuera.

Explicó que tuvo conocimiento del proceso casi por casualidad, durante una mesa de trabajo en la que se analizaban transferencias presupuestales del Ayuntamiento. De acuerdo con García, lo que inicialmente llamó su atención fue el monto de la ampliación presupuestal solicitada: 57 millones 779 mil 244 pesos, cantidad que, señaló, no correspondía a una cifra aproximada o cerrada, sino a un monto muy específico.

Posteriormente, dijo, se enteró de que en ese momento se desarrollaría una licitación relacionada con los uniformes de Bomberos y tuvo acceso únicamente a fotografías de documentos que, aseguró, le fueron prestados y no entregados oficialmente.

El regidor sostuvo que los integrantes del Cabildo no tienen acceso de manera regular al calendario de licitaciones ni son convocados oportunamente a todos los procedimientos, situación que, consideró, limita su capacidad para revisar y cuestionar las adquisiciones municipales.

Uno de los principales cuestionamientos de García surgió cuando, según relató, la empresa que finalmente obtuvo el fallo presentó un monto que coincidía exactamente con la cantidad que previamente se había contemplado ampliar en el presupuesto.

“¿Cómo me dices que ya sabes qué monto vas a ampliar cuando la licitación no se ha abierto, cuando aún hay sobres cerrados?”, cuestionó.

La propuesta de Probetex coincide en cada cifra con la ampliación del presupuesto para adquirir uniformes para los bomberos, aunque la comisión confirmó esta coincidencia, no explicó cómo pudo darse.

García también puso en duda que el Ayuntamiento haya recurrido a un proceso exclusivamente local para una adquisición que estimó en alrededor de 3.3 millones de dólares, al considerar que una operación de ese tamaño podría haber atraído a proveedores nacionales e internacionales y, eventualmente, generar mejores condiciones económicas.

El regidor señaló que su intención no era cuestionar la necesidad de equipar a los bomberos, sino revisar si los recursos públicos podían utilizarse de manera más eficiente.

En ese sentido, planteó comparar el gasto destinado a los equipos de Bomberos con otras necesidades de seguridad pública, como los chalecos antibalas de policías municipales que, afirmó, se encuentran vencidos.

Otro de los puntos señalados por García fue la diferencia entre el costo de los uniformes adquiridos en 2021 y el presupuesto contemplado actualmente. Indicó que en 2021 se habrían adquirido 275 uniformes por alrededor de 30 millones de pesos, mientras que cinco años después se proyectaría comprar 300 por aproximadamente 58 millones; casi el doble.

El regidor reconoció que actualmente se contempla tanto uniforme pesado como ligero, pero señaló que, según las cotizaciones que conoció, el uniforme ligero representaría una erogación de alrededor de seis millones de pesos, por lo que consideró que aún existiría una diferencia importante que debería ser explicada.

También mencionó diferencias de precio entre las cotizaciones de las empresas participantes. Como ejemplo, señaló que en uno de los conceptos una empresa habría presentado un precio aproximadamente cuatro millones de pesos menor que otra, por lo que cuestionó si el Ayuntamiento exploró la posibilidad de negociar mejores condiciones o incluso dividir la adquisición.

García insistió en que sus cuestionamientos surgieron de la información a la que tuvo acceso y no de una relación con alguno de los proveedores. “Yo reto al gobierno que demuestre que yo tengo alguna relación o interés con Uniformes Julián”, declaró.

Asimismo, cuestionó la premura con la que, desde su perspectiva, se llevó a cabo el procedimiento y consideró necesario ampliar los estudios de mercado antes de comprometer una cantidad de recursos de esa magnitud.

El regidor sostuvo que continuará recopilando información sobre las empresas participantes, cotizaciones y procedimientos relacionados con la adquisición para presentar posteriormente mayores elementos.

Finalmente, acusó al gobierno municipal de responder con una ofensiva mediática ante quienes cuestionan sus procedimientos y piden transparencia sobre el uso del presupuesto.

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Corrupción

Urgen a replantear Ley General de Contratación Pública para combatir corrupción

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A pocos días del inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, Transparencia Mexicana advirtió sobre los elevados riesgos de corrupción derivados de la fragmentación de las reglas de compras públicas y planteó la urgencia de aprobar una Ley General de Contratación Pública con normas comunes para los gobiernos federal y estatales.

La organización documentó la existencia de más de 120 formas distintas de contratación pública en el país. Esta dispersión normativa no solo complica la vigilancia y el control de las compras, sino que genera opacidad, facilita irregularidades y dificulta la participación de pequeñas y medianas empresas, dejando fuera a actores económicos históricamente relegados.

Durante la presentación de la propuesta, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, subrayó que “además de controlar la corrupción en la contratación pública, el país necesita verla como una oportunidad para la inclusión de nuevos actores económicos en la provisión de bienes y servicios para el gobierno”.

Tan solo a nivel federal, las adquisiciones y la obra pública superan los dos billones de pesos anuales. Este volumen de recursos públicos representa un riesgo significativo de corrupción, al tiempo que podría convertirse en una herramienta para ampliar la competencia, desarrollar cadenas productivas y reducir espacios de discrecionalidad.

Como parte de su estrategia anticorrupción, Transparencia Mexicana trabaja con una decena de organizaciones sociales de distintas regiones del país en la construcción de la primera base de datos nacional de precios comparados para los sectores salud, seguridad, educación, energía y transporte.

La herramienta permitirá identificar diferencias de precios y patrones de contratación entre el gobierno federal y las entidades federativas, con el fin de detectar y prevenir riesgos de corrupción.

La organización ciudadana anunció que en las próximas semanas presentará los detalles de su propuesta y buscará un diálogo con los poderes Ejecutivo y Legislativo para impulsar una discusión nacional orientada a fortalecer los controles y reducir la vulnerabilidad a la corrupción en las contrataciones públicas.

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Corrupción

Funcionario municipal trabajó al mismo tiempo en el Poder Judicial en 2025

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Oswaldo Ríos Durazo, quien actualmente se desempeña en la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, habría fungido también como analista del Poder Judicial del Estado de Baja California, configurando un posible doble empleo incompatible.

De acuerdo con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025 trabajó como analista del Poder Judicial con un sueldo bruto de 28 mil 568 pesos mensuales, y del 1 de abril al 30 de junio de ese mismo año con un sueldo bruto de 13 mil 247 pesos mensuales.

La respuesta oficial del Poder Judicial del Estado, contenida en el oficio 3134/26 del Departamento de Recursos Humanos (remitido mediante el oficio OM-288/2026 de la Oficialía Mayor), confirma que laboró durante cuatro meses y que, “por autorización de su Jefe Directo, Consejero de la Judicatura Lic. Francisco Javier Tenorio Andújar”, fue excluido del registro de asistencia en el sistema biométrico “en atención a la naturaleza de sus funciones y necesidades del servicio”. Por esa razón no existe el registro completo de entradas y salidas solicitado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mexicali, a través de la Oficialía Mayor, informó en respuesta a la solicitud 1120058726000280 que Oswaldo Ríos Durazo es actualmente servidor público de esa dependencia. Su fecha de alta es el 6 de marzo de 2025; no se encuentra dado de baja; está adscrito al Departamento de Vinculación, Participación Ciudadana y Quejas, con categoría de abogado y puesto de jefe de departamento y percibe un sueldo mensual de 43 mil 300 pesos.

La Sindicatura Municipal de Mexicali, órgano de control y fiscalización del Ayuntamiento, es la dependencia donde actualmente se desempeña.

La legislación mexicana en materia de responsabilidades de los servidores públicos (Ley General de Responsabilidades Administrativas y normas locales) restringe o regula el desempeño simultáneo de empleos en el sector público cuando existe conflicto de interés, incompatibilidad de horarios o afectación al desempeño de las funciones, salvo autorizaciones expresas.

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