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Estatal

Denuncia regidora a Dagnino por violencia política

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La regidora Rosa Amelia Cortez Gómez, del I Ayuntamiento de San Felipe, presentó una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) por presuntos actos de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) cometidos por el presidente municipal José Luis Dagnino López, la secretaria de Gobierno Municipal Bianca Yolanda Romero López y el regidor Jaime Armando Márquez Pérez.

La denuncia, radicada con el expediente IEEBC/UTCE/PES/17/2026, se basa en tres bloques de hechos ocurridos durante sesiones extraordinarias de Cabildo (34ª, 35ª y 46ª) entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.

Cortez Gómez acusa al alcalde de corregirla públicamente de forma burlesca (“no es despensa, es dispensa”), someterla a interrogatorios descalificatorios sobre sus conocimientos, utilizar trato diminutivo (“regidora Rosita”), prejuzgar su solicitud de licencia y, en un caso, impedirle ejercer su derecho al voto.

Según la denunciante, estos actos se dirigieron exclusivamente a ella —la única regidora mujer en el contexto destacado— y responden a estereotipos de género, reproduciendo patrones como el “mansplaining” y la infantilización.

La Comisión de Quejas y Denuncias del IEEBC sesionará este 28 de mayo de 2026 para resolver la solicitud de medidas cautelares.

El proyecto de acuerdo, al que tuvo acceso este medio, propone conceder oficiosamente la medida respecto a ordenar a la Presidencia Municipal y a la Secretaría Fedataria abstenerse de limitar o negar el ejercicio del voto de la regidora mientras se sustancia el procedimiento y negar las peticiones respecto a las quejas sobre correcciones en público y trato en diminutivo.

La Comisión basa su posición principalmente en que, desde una perspectiva preliminar, no se advierte violencia política de género ni afectación grave a los derechos político-electorales de la denunciante, calificando las expresiones como parte del debate político natural.

Un análisis técnico detallado del proyecto —circulado en círculos políticos y jurídicos— señala graves vicios en el documento, como la omisión del análisis individual de dos denunciados (Bianca Yolanda Romero López y Jaime Armando Márquez Pérez).

También en errores en la aplicación del test de la jurisprudencia J. 21/2018 de la Sala Superior del TEPJF, sobre confusión entre elementos de tipo de violencia y elementos de género.

Otro punto es la contradicción interna al conceder oficiosamente la protección al voto, la propia Comisión reconoce riesgo de reiteración de la conducta e inconsistencias con el Acuerdo de Análisis de Riesgo emitido por el mismo Instituto apenas tres días antes, entre otros.

El análisis considera que estos defectos hacen al proyecto “técnicamente deficiente y materialmente combatible” tanto en la sesión como, eventualmente, vía juicio para la protección de los derechos político-electorales.

Este no es el primer caso de este tipo en San Felipe. Existe un expediente conexo (PES/19/2025) contra el mismo presidente municipal por hechos similares, y el IEEBC ya había emitido un análisis de riesgo el 25 de mayo de 2026.

La resolución que adopte mañana la Comisión de Quejas y Denuncias será clave, pues podría marcar precedente sobre cómo las autoridades electorales locales manejan las denuncias por violencia política de género en Baja California.

Corrupción

Desvela Latinus tranza inmobiliaria de los Torres

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Luis Alfonso Torres Torres, cuñado de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila y socio de su entonces esposo Carlos Alberto Torres Torres, adquirió en julio de 2024 un terreno colindante con la planta de Toyota en Baja California por solo 400 mil pesos, el equivalente a aproximadamente 30 pesos por metro cuadrado. Cuatro meses después, la automotriz japonesa anunció una inversión multimillonaria en la región, y el valor del predio se disparó a cerca de 13 millones de pesos.

Según documentos registrales consultados por Latinus, el terreno de 13,174 metros cuadrados se ubica en una zona industrial estratégica entre Tecate y Tijuana, con acceso directo a la carretera federal Mexicali-Tijuana. Imágenes satelitales muestran que el predio permanecía sin construcción al momento de la compra y hasta 2024.

El reportaje “Ganga Familiar” detalla que la operación se realizó en efectivo y que el precio pagado resultó irrisorio comparado con el valor de mercado en la zona, que superaba los mil pesos por metro cuadrado en esa época. La plusvalía generada representaría una ganancia superior al 3,000% en pocos meses.

Vínculos familiares y empresariales

Luis Alfonso Torres Torres es hermano de Carlos Alberto Torres Torres, quien fuera esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Ambos hermanos son socios de la gobernadora en la empresa Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., constituida en noviembre de 2020 para la comercialización de productos orgánicos y otros giros.

Los hermanos Torres Torres han sido señalados en investigaciones periodísticas por presuntos delitos como huachicol (robo de combustible), lavado de dinero y delincuencia organizada, según reportes previos.

Contexto político

El caso surge en medio de una crisis institucional en Baja California. En 2025 se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de entrada a Marina del Pilar Ávila y a su entonces esposo Carlos Alberto Torres. El anuncio de la inversión de Toyota ocurrió en noviembre de 2024, cuando la mandataria aún mantenía su relación con la familia Torres.

Hasta el momento, ni la gobernadora ni Luis Alfonso Torres Torres han emitido una respuesta pública ante las revelaciones de Latinus.

El reportaje completo, con documentos notariales, imágenes satelitales y detalles de la operación, fue difundido por el medio de investigación Latinus.

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Estatal

CBP decomisa 94 libras de metanfetamina en San Ysidro

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Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) aseguraron cerca de 94 libras de metanfetamina ocultas en un vehículo que intentaba ingresar por el puerto de entrada de San Ysidro.

El aseguramiento ocurrió el 5 de julio, cuando un ciudadano estadounidense de 20 años, que conducía un Nissan Versa modelo 2014, fue enviado a una inspección secundaria tras detectarse anomalías en las puertas del automóvil.

Con apoyo de un equipo canino, un sistema de imágenes no intrusivo y una revisión física, los agentes localizaron 71 paquetes de metanfetamina ocultos en las puertas y paneles laterales traseros del vehículo. La droga tenía un peso aproximado de 93.9 libras y un valor estimado de 150 mil 240 dólares.

La CBP informó que también fueron asegurados el vehículo, un localizador GPS y dos teléfonos celulares. El conductor fue detenido y enfrenta cargos federales relacionados con la importación de narcóticos.

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Estatal

Ruiz Uribe descarta relación entre caso Ruffo y audios de Marina del Pilar

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El exdelegado federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, rechazó este viernes que exista una relación entre la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel y la reciente filtración de audios de la gobernadora Marina del Pilar Avila.

Mencionó que la investigación en contra de Ruffo  era un tema que venía en curso desde hace mucho tiempo y sostuvo que no se trata de un asunto reciente.

Ruiz Uribe expresó su respaldo personal al exmandatario estatal, de quien dijo tener una buena opinión, además de recordar su papel en la construcción de la democracia en Baja California; sin embargo, dijo que no “metería las manos al fuego” por él.

Señaló que, luego de dejar la gubernatura, nunca observó que Ruffo llevara una vida de lujos, por lo que espera que salga pronto de los señalamientos que enfrenta.

Comentó que, con la información que conoce, considera que Ruffo pudo haber sido involucrado por integrantes de la familia Thomson, aunque aclaró que esa apreciación es solo su opinión y que será la Fiscalía la que determine los hechos.

Para finalizar, Ruiz Uribe envió un mensaje al exgobernador de que este tipo de situaciones pueden ser consecuencia de las personas con las que uno se relaciona, y hace una referencia indirecta al actual gobierno estatal.

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