Baja California retrocedió en el ranking nacional del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al ubicarse en la posición 27 de las 32 entidades evaluadas en el estudio Estados #ConLupaDeGénero 2026, dos lugares por debajo de la clasificación obtenida el año pasado.

De acuerdo con el informe del IMCO, Baja California forma parte del grupo de entidades con desempeño medio-bajo en las condiciones para impulsar la participación económica de las mujeres. Entre los factores que explican este resultado destaca una de las mayores caídas a nivel nacional en el indicador de mujeres con educación media superior o superior, aspecto considerado determinante para facilitar su acceso al mercado laboral.

El estudio analiza 16 indicadores agrupados en tres ejes: entrada al mercado laboral, permanencia en el empleo y autonomía económica. Aunque 15 estados registraron avances durante 2026, ninguna entidad alcanzó un nivel de desempeño “muy alto”, lo que evidencia que persisten barreras estructurales para garantizar igualdad de oportunidades laborales para las mujeres.

El IMCO señala que uno de los principales obstáculos continúa siendo la distribución desigual de las labores de cuidado. A nivel nacional, las mujeres dedican 58 por ciento más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado y nueve de cada diez personas que abandonan el mercado laboral para atender responsabilidades de cuidado son mujeres.

El organismo también advierte que las mujeres reciben, en promedio, un salario 13 por ciento menor que los hombres y que únicamente el 38 por ciento de los niños de entre cero y cinco años tiene acceso a un centro de atención infantil, una cobertura que considera insuficiente para favorecer la incorporación y permanencia de las mujeres en el empleo.

En materia de autonomía económica, el informe destaca que el acceso de las mujeres a ingresos propios y a la propiedad de activos, como viviendas, sigue siendo limitado en gran parte del país. Las diferencias entre entidades son amplias: mientras en Veracruz el 38 por ciento de las mujeres no percibe ingresos directos, en Baja California Sur esa proporción es de 17 por ciento.

El ranking nacional es encabezado por Baja California Sur, seguida de Ciudad de México y Nuevo León, mientras que Oaxaca ocupa el último lugar por segundo año consecutivo. Además de Baja California, entre las entidades con mayores rezagos se encuentran Veracruz, Chiapas, Guerrero y Tabasco.

Ante este panorama, el IMCO recomendó a los gobiernos estatales fortalecer los sistemas de cuidados mediante políticas públicas específicas, asignar mayores presupuestos para este rubro y ampliar los permisos de paternidad, con el objetivo de distribuir de manera más equitativa las responsabilidades familiares, incrementar la participación laboral de las mujeres y contribuir al crecimiento económico.

Este jueves la jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otras siete personas.

Los imputados enfrentan cargos por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó datos de prueba suficientes para continuar el proceso penal.

Detalles de la acusación

Según la investigación, Ruffo Appel y sus coacusados habrían participado en una red que introdujo ilegalmente a México más de 18 millones de litros de gasolina y diésel -en algunas referencias se menciona hasta más de 2 mil millones de litros en el total de operaciones investigadas-, mediante 163 carrotanques ferroviarios.

La operación involucraría al menos 11 empresas, entre ellas Ingemar, de la cual Ruffo es socio y fundador. El combustible presuntamente ingresó desde refinerías en Texas con irregularidades en permisos y declaraciones aduaneras. El daño estimado a la hacienda pública supera los 166 millones de pesos.

Medidas cautelares

La jueza ratificó la prisión preventiva oficiosa para Ruffo Appel y otros cuatro imputados (Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez), quienes permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”.

Otros dos imputados, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, cumplirán prisión domiciliaria por razones de salud, y Adriana Magali Bárcenas Guillén permanecerá en el penal de Nezahualcóyotl.

Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California. La audiencia inicial se prolongó por más de 30 horas y se realizó a puerta cerrada por razones de seguridad nacional.

La vinculación a proceso es una etapa intermedia del procedimiento penal. No implica una sentencia condenatoria; Ruffo Appel y sus defensores mantienen su presunción de inocencia y han anunciado que continuarán con los recursos legales correspondientes. Su hija Verónica denunció que están obstaculizando el acceso a los documentos que ayudarían a probar la inocencia de su padre.

Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acudió a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México para solicitar apoyo y protección al gobierno estadounidense, al asegurar que tanto ella como su familia han sido víctimas de hostigamiento a raíz del proceso penal que enfrenta su padre por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.

La también ciudadana estadounidense afirmó que el exmandatario panista es un “preso político” y responsabilizó al Gobierno de México de la salud e integridad de su padre, quien permanece en prisión preventiva mientras un juez federal determina si será vinculado a proceso. Asimismo, denunció que las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo fueron congeladas y que la Fiscalía General de la República ha obstaculizado el acceso a documentación que considera necesaria para su defensa.

En videos difundidos por el movimiento político Somos México, Verónica Ruffo informó que acudió a la representación diplomática estadounidense para presentar denuncias y solicitar protección, argumentando que ha sufrido acoso por respaldar públicamente a su padre durante el proceso judicial.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado públicamente si iniciaron un procedimiento relacionado con su solicitud ni si ésta fue presentada formalmente como una petición de asilo político o como una solicitud de otro tipo de protección.

¿Qué es el asilo político?

El asilo político es una figura de protección internacional mediante la cual un Estado brinda refugio a una persona que demuestra tener un temor fundado de ser perseguida en su país de origen por motivos políticos, ideológicos, religiosos, étnicos, de nacionalidad o por pertenecer a un determinado grupo social.

Para obtenerlo, el solicitante generalmente debe acreditar que enfrenta un riesgo real de persecución, detención arbitraria, tortura o amenazas contra su vida o libertad, y que las autoridades de su país no pueden o no quieren brindarle protección. No basta con alegar una inconformidad política o enfrentar un proceso judicial; las autoridades migratorias evalúan cada caso de manera individual con base en las pruebas presentadas.

En el caso de Estados Unidos, una persona puede solicitar asilo si se encuentra en territorio estadounidense o en un puerto de entrada y demuestra que cumple con los requisitos establecidos en la legislación migratoria y en los tratados internacionales sobre protección de refugiados. La decisión corresponde exclusivamente a las autoridades migratorias y judiciales estadounidenses, quienes analizan si existen elementos suficientes para conceder esa protección.