El colectivo “Célula de Búsqueda e Investigación de Desaparecidos de Baja California” informó que fue localizado Juan Antonio Leal Tapia, quien permanecía desaparecido desde el 22 de noviembre de 2023.

De acuerdo con la organización, sus restos fueron encontrados el pasado 10 de julio de 2026 en el predio de Pronatura, ubicado en la colonia Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali.

Tras la confirmación de su localización, Juan Antonio fue entregado a su familia, poniendo fin a una búsqueda que se prolongó por más de dos años y medio. Durante ese tiempo, su madre, familiares y seres queridos participaron de manera constante en labores de búsqueda, enfrentando la incertidumbre y la esperanza de encontrarlo.

El colectivo expresó sus condolencias y solidaridad con la familia de Juan Antonio, y señaló que, aunque la búsqueda ha concluido, su localización en circunstancias que enlutan a su familia refleja la realidad que enfrentan miles de personas que buscan a un ser querido desaparecido en México.

Asimismo, reiteró su compromiso de continuar colaborando en las labores de búsqueda e investigación de personas desaparecidas en Baja California, con el objetivo de que más familias puedan conocer el paradero de sus seres queridos.

La denuncia penal que interpuso Héctor Osuna Jaime ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por la posible comisión de diversos delitos, es para probar si efectivamente la justicia funciona, comentó el exalcalde tijuanense.

La denuncia está firmada por Héctor Osuna Jaime, Francisco Antonio García Burgos y otros, con el asesor jurídico Juan Marcos Gutiérrez González, y es por posible revelación de secretos, delitos contra la seguridad de la nación, conspiración y delitos cometidos por servidores públicos.

Osuna Jaime señaló que la acusación se basa en conversaciones grabadas y difundidas públicamente en las que la mandataria estatal habría tenido contacto con personas que se presentaron como intermediarios vinculados a autoridades estadounidenses.

Dijo que varios ciudadanos se sumaron a la denuncia, ya que la dieron a conocer en el marco de la protesta de ayer lunes contra el repentino proceso legal contra el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, un acto visto por muchos como una cortina de humo tras la develación de los audios de Avila Olmeda.

El documento detalla que la acusación es por revelación de secretos, basado en los artículos 210 y 211 del Código Penal Federal, al presuntamente compartir o ofrecer información reservada conocida por razón de su cargo.

También por tentativa de delitos contra la seguridad de la Nación, si existieron actos ejecutivos orientados a transmitir la información; además por conspiración, basado en el artículo 141 del CPF, por el posible acuerdo con terceros para cometer delitos contra la seguridad nacional; y finalmente por delitos cometidos por servidores públicos, agravados por su calidad de gobernadora.

Osuna Jaime declaró que espera se abra una carpeta de investigación con la misma celeridad que se está actuando contra Ruffo Appel por huachicol fiscal, mientras que hay personajes ligados a Morena con fuertes señalamientos de ese y otros delitos a quienes la justicia no ha tocado.

Con el propósito de restituir de manera inmediata la posesión legítima a las víctimas del delito de despojo y evitar que el daño se prolongue durante todo el proceso penal, el diputado Diego Echevarría Ibarra, propuso una iniciativa de adición al artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Advirtió que el delito de despojo genera un impacto profundamente asimétrico y perverso, pues mientras la víctima -frecuentemente adultos mayores, migrantes o familias trabajadoras-, pierde el uso de su vivienda o terreno y enfrenta un desgaste emocional, psicológico y financiero, el agresor obtiene un incentivo sistémico para delinquir al disfrutar del inmueble despojado durante toda la investigación y el juicio.

“Hoy, el proceso penal permite que el invasor mantenga la posesión por meses o años, mientras la víctima queda en absoluta indefensión. Eso es lo que venimos a corregir”, señaló.
Actualmente el artículo referido, solo permite una restitución general de bienes y no reconoce las particularidades del despojo ni la urgencia de devolver un inmueble a su legítimo poseedor.

Esta falta de claridad ha provocado que el Ministerio Público evite ordenar la restitución durante la investigación inicial, por temor a afectar a terceros, y termine enviando a la víctima ante el Juez de Control, lo que alarga innecesariamente el proceso y deja a la persona despojada sin protección inmediata.

Al respecto el legislador comento que: “La autoridad ministerial no puede seguir evadiendo su responsabilidad; la restitución debe ser inmediata, obligatoria y sostenida durante todo el proceso penal”.

Explicó que con la reforma se eliminaría esta ambigüedad mediante una regla especial: tratándose del delito de despojo, el Ministerio Público deberá decretar de manera provisional e inmediata la restitución y conservación de la posesión del bien inmueble objeto del delito, desde las primeras diligencias de la investigación inicial y a favor de quien acredite de forma indiciaria su legítimo derecho.

La medida se mantendrá vigente durante la etapa de investigación y la totalidad del proceso penal, hasta que se dicte sentencia firme o resolución en contrario del Juez de Control.