El Colegio de Inspectores y Jefes de Enseñanza del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) de Baja California realizó un posicionamiento sobre la revisión de los protocolos de protección integral donde señalan que se esta carece de transparencia y de acompañamiento técnico adecuado.

El documento, firmado en Tecate Baja California el 16 de julio pasado, afirma que no pueden respaldar procesos que aparentan participación sin permitir una incidencia real del magisterio.

Además, demandan una ruta institucional clara, con mesas de trabajo presenciales, asesoría jurídica permanente y lineamientos compartidos desde la legalidad y la corresponsabilidad.

También exigen que los protocolos incluyan responsabilidades claras para la autoridad educativa, que debe garantizar condiciones básicas de operación antes de exigir el cumplimiento irrestricto de lineamientos de las escuelas.

Finalmente, reiteran que ningún protocolo será legítimo ni funcional si omite la corresponsabilidad institucional y si no garantiza que quienes actúa de buena fe, estén protegidos y acompañados.

En el posicionamiento explican que el primer momento de análisis, realizado por dos días por directivos y supervisores resultó extenuante y limitado de tiempo, dificultando una lectura seria y reflexiva del documento.

Se quejan de que el único canal para registrar observaciones es un formulario digital que resulta inadecuado, además de tener otras fallas que solo generan incertidumbre.

“Advertimos un enfoque punitivo hacia directivos y docentes. El protocolo deposita en ellos la mayoría de las responsabilidades operativas sin brindar los recursos ni el respaldo legal necesario para ejercerlas. Esta lógica de sanción sin garantías debilita la confianza institucional y pone en riesgo tanto a los trabajadores como a los procesos educativos”, precisa el documento.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió la Recomendación 4/2025, dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana por un caso de tortura sexual a una persona de sexo masculino.

El ombudsperson, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, subrayó que en este caso, se evidencian acciones de la autoridad a partir de las cuales se determinó la existencia de elementos suficientes por tortura sexual y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de dos agentes de la Policía Municipal.

La tortura sexual es una práctica que se ha extendido y normalizado y forma parte de un régimen de instrumentalización para hacer frente a contextos sociales y servir como mecanismo de control, señala el organismo.

La víctima fue objeto de detención por parte de elementos de la Policía Municipal. No obstante que existen diferencias en los testimonios de ambas partes, la CEDHBC sí acreditó lesiones por actos de tortura posteriores a la detención.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, el 11 de febrero de 2016, al concluir su jornada laboral en una estación de gasolina, ubicada sobre el bulevar Díaz Ordaz, en La Mesa, abordó un taxi para trasladarse a su domicilio. Durante el trayecto, hizo una parada en la colonia Postal, donde descendió frente a una tienda de abarrotes.

Al querer ingresar a dicho establecimiento, alrededor de las 21:00 horas, fue amenazado por un individuo armado que lo despojó de sus pertenencias y lo obligó a cargar una máquina tragamonedas de la tienda a una camioneta estacionada frente a la tienda.

Al darse cuenta que las personas que robaban el establecimiento se distrajeron, aprovechó para escapar. En el trayecto vio a una unidad de la Policía Municipal e hizo señas para solicitar auxilio. No obstante, uno de los agentes descendió del vehículo, lo inmovilizó y golpeó el rostro.

Otro policía también se aproximó y lo golpeaba a la vez que lo acusó de robar la tienda de abarrotes. Los agentes lo esposaron y lo subieron boca abajo en la unidad patrulla. Uno de los policías comenzó a golpearlo con la rodilla en el cuello, le sujetó los testículos, apretándolos fuertemente. Posteriormente le pateó el área genital bajo amenaza de que si no guardaba silencio y se responsabilizaba de haber cometido el delito, seguiría haciéndolo.

Como resultado de lo anterior, fue detenido por su presunta participación en la comisión de los delitos de robo con violencia y portación de arma de fuego sin licencia. No obstante, primero fue trasladado a la Delegación Mesa de Otay y posteriormente fue puesto a disposición de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a las 00:05 horas del 12 de febrero.

El día 13 del mismo mes, la víctima ingreso al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tijuana y, el día 17, su abogado presentó una Queja ante la CEDHBC. El 20 de febrero, el Poder Judicial de la Federación emitió un auto de libertad a su favor debido a la falta de elementos para procesarlo, con las reservas de ley, en relación con el delito de portación de arma de fuego sin licencia y el 21 de junio de 2017 se le otorgó el beneficio de suspensión condicional de la pena por el delito de robo con violencia.

Por los motivos expuestos, se radicó un expediente y se llevaron a cabo diversas diligencias de investigación que permitieron la obtención de elementos de prueba, cuya valoración lógico-jurídica permitió la acreditación de la vulneración del derecho a la integridad personal por tortura sexual y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Por lo anterior, la CEDHBC solicita a la SSPCM repare de manera integral los daños ocasionados a la víctima, incluyendo atención psicológica y/o psiquiátrica que requiera, gratuita y por el tiempo que sea necesario hasta su rehabilitación psíquica y emocional.

De igual manera, que se incorpore la Recomendación a los expedientes laborales de los policías responsables. También que se publique este pronunciamiento en la página institucional y redes del Ayuntamiento de Tijuana; que se incorpore, al programa de capacitación anual de la SSPCM, el tema del impacto de la tortura sexual. Asimismo, que se realice un análisis del perfil psicológico de ambos agentes con la finalidad de identificar sus necesidades específicas en términos de salud mental a partir del cual se les brinde capacitación diferenciada y especializada obligatoria.

Cabe subrayar que la Recomendación tienen el carácter de pública y se solicita la respuesta sobre su aceptación dentro del término de diez días hábiles siguientes a su notificación. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades, la CEDHBC quedará en libertad de hacer pública esa circunstancia y la Legislatura Local podrá llamar a las autoridades o personas servidoras públicas responsables para que comparezcan a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

El gasto de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) en 2024 por más de 185 millones de pesos por servicios que antes realizaban empleados de ese organismo no se ve reflejado en la disminución de gasto en servicios personales, de acuerdo con el análisis realizado por el organismo ciudadano de transparencia, ObserBC.

Entre los servicios contratados por fuera están la toma de lecturas y de cuentas, el suministro y la instalación de medidores, instalación de reductores, servicios de recolección bancaria, servicios de seguridad, de limpieza, y de implementación de soluciones para la administración de turnos, entre otros.

También señalan la contratación de Temoc Ávila Hérnandez como asesor de la CESPM por 562 mil pesos, sin que se pueda comprobar si las tareas encomendadas se llevaron a cabo y qué resultados medibles se lograron.

El análisis también incluye la cotización de equipos hidroneumáticos de presión marca Aquatech, por los que la Cespm pagó casi 133 millones de pesos, cuando se pueden adquirir cada uno por precios que oscilan entre los 300 mil y los 500 mil dólares.

Finalmente, el ObserBC urge a la paraestatal a resolver el tema de las aportaciones y cuotas que se adeudan a Issstecali, así como los 1 mil 978 juicios que actualmente se están litigando.