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Corrupción

Citarán a Marina del Pilar sobre robo de 3 millones de pesos

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El abogado Fernando Rosales, hizo entrega hoy de un documento en la unidad del combate a la corrupción de la Fiscalía General del Estado, y como parte de las averiguaciones del robo de los 3 millones de pesos cuando Marina del Pilar Avila Olmeda era alcaldesa de Mexicali, será citada a declarar.

El motivo son unas declaraciones hechas por la hoy gobernadora antes de que terminara su periodo como alcaldesa, en el sentido de que Banco Azteca había pagado la transferencia de fondos “en especie”.

Rosales, quien era regidor en esa administración municipal, dijo que es una situación extraña y fuera de lugar el supuesto pago, pues como miembro del cabildo nunca tuvieron información oficial sobre el tema.

La gobernadora tiene la obligación legal y moral de comparecer, aunque dada su investidura tiene derecho a la calidad de testigo especial, lo cual puede ser mediante comparecencia a distancia.

El abogado señaló que de acuerdo con el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen 3 días para señalar el día y la hora para la comparecencia, los cuales vencen el próximo martes 9 de abril.

Corrupción

No aprueban cuenta pública de Armando Ayala del 2022; piden regidores que se revise y sancione

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La cuenta pública del Ayuntamiento de Ensenada correspondiente al 2022, cuando el ahora senador Armando Ayala era alcalde, no se aprobó ayer en la comisión de fiscalización y gasto público en el Congreso del Estado.

Entre las irregularidades que encontró la Auditoría Superior del Estado, se observaron cobros de más en la determinación del impuesto debido a la aplicación incorrecta de la tarifa, incumplimiento de cláusulas del contrato por parte del concesionario del servicio de arrastre y almacenaje de vehículos, y falta de soporte documental de los amparos recibidos por el aumento del impuesto predial.

Otras observaciones fueron el timbrado de facturas de forma extemporánea, inconsistencias en el complimiento de requisitos y plazos en derechos cobrados por el departamento de alcoholes, comercio y espectáculos públicos, irregularidades en derechos cobrados por salones sociales, y falta de documentación que sustente pagos de liquidaciones de personal.

El pago a prestadores de servicio social, y la falta de expedición y entrega de los Comprobantes Fiscales (CFDI) fueron otras de los muchos señalamientos de la cuenta pública de la administración de Armando Ayala.

El informe consta de 43 páginas y contiene 50 observaciones, de las cuales 32 son recurrentes. Dado que el entonces alcalde, ahora es senador de la república, podría pasar lo mismo que con la cuenta pública de la CESPM del 2022, entonces a cargo del ahora diputado federal Armando Fernández Samaniego, que fue rechazada en comisión, pero una vez en el pleno, sí fue aprobada.

Los regidores de oposición del Ayuntamiento de Ensenada, Ana Daniela Salgado García, Isaías Bertín Sandoval, Armando Diaz Hoeflich y Adrián García García, pidieron hoy a Sindicatura que revise y sancione la cuenta pública de Ayala.

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Corrupción

Aparece exsíndico como defensor de diputada involucrada en la desaparición de 3 millones de pesos

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El exsíndico Israel Ceseña y el director jurídico, Salvador Martín Liera Gómez, ambos parte del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, son los dos abogados nombrados por la diputada Alejandra Ang para llevar el caso del robo de los 3 millones de pesos cuando era titular de Desarrollo Social Municipal, en la administración de la hoy gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

Los nombres de los funcionarios del primer mandato de la alcaldesa Norma Bustamante, aparecen en el documento de amparo entregado por Ang el pasado 4 de noviembre.

Abogados consultados sobre este hecho, mencionaron que Ceseña, al ser el síndico procurador desde el XXIII Ayuntamiento cuando sucedió el hecho, conocía del asunto al estar dentro de sus atribuciones como funcionario público, y ya que debió existir una investigación de responsabilidades en paralelo a la carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado, pudiera tratarse de un conflicto de interés aunque ya no esté dentro de la administración pública.

Al tener información de primera mano sobre el caso durante seis años, puede beneficiar a la servidora pública y afectar al otro trabajador involucrado, al usar información que obtuvo como síndico, para defender a la ahora diputada, agregaron.

Es importante recordar que en abril de 2023, Ceseña rechazó haber intervenido en el “acuerdo reparatorio” que obligaba a un trabajador al que culparon del robo a dar 36 abonos de 83 mil pesos mensuales.

La firma del entonces síndico procurador encabeza las rúbricas donde otorga poder de representación a varias personas para llevar el asunto de la desaparición del dinero.

Sin embargo, hay un documento con la firma del entonces síndico que confirma su intervención y autorización para llevar a cabo dicho acuerdo, el cual fue muy criticado por la oposición y la sociedad civil al conocerse los detalles y de cómo presionaron al trabajador para que aceptara el trato, del cual su situación económica solo le permitió dar un primer abono.

Según Ceseña, fueron los abogados de Bienestar Social Municipal y la Secretaría del Ayuntamiento, quienes impulsaron el acuerdo que fue avalado por un juez de Control, pero él como síndico tuvo que estar informado de los detalles.

Ahora, es cuestionable que quien debió investigar imparcialmente el paradero de los tres millones ocurrido en el XXIII Ayuntamiento, sea el defensor de la funcionaria, junto con otro exservidor público de la pasada administración.

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Corrupción

Nombran a Tenorio Andújar Consejero de la Judicatura

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Francisco Javier Tenorio Andújar fue nombrado hoy Consejero de la Judicatura, pese a que los requisitos hacen cuestionable la elección del brazo derecho del diputado Juan Manuel Molina.

Tenorio Andújar fue suplente de Molina en la diputación de 2021 a 2024 y alternó con él en el Instituto Estatal Electoral como representante de Morena.

El artículo 60 de la Constitución Política de Baja California dice “No haber ocupado cargo de elección popular , ni haber ocupado cargo de dirigencia de algún partido político, ni haber sido titular de una dependencia o entidad de la administración pública federal, estatal o municipal o consejero de la judicatura durante el año previo a la fecha en que deba ser nombrado”.

Además el último cargo del hoy consejero, fue ser Director de Consultoría Legislativa en el Congreso del Estado, lo cual es un cargo en la administración pública, lo que debería haberlo dejado sin la posibilidad de su actual cargo.

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