Muy grave lo que está pasando en el país, donde cada vez es más evidente la descomposición que hay en el gobierno, la colusión que tienen con el crimen organizado y las guerras internas. La cuarta transformación está podrida, temerosa y evidenciada.

El poder “del pueblo para el pueblo” se olvidó rápido de todo lo prometido. Su inexperiencia y soberbia echaron a perder la salud y la educación. Todos los funcionarios acuden a los servicios de salud privados y tienen a sus hijos también en escuelas privadas, lejos de los lamentables libros de la nueva escuela mexicana.

Sus pocos valores y su hambre de poder y de dinero, los evidenció en poco tiempo como unos cínicos a quienes -a pesar de su discurso de enfocarse en los más vulnerables- son precisamente a ellos a quienes más afectan con su ambición. La falta de medicamentos, la devaluación de la calidad educativa, y el contubernio con los grupos delictivos, hacen que los discursos de seguridad sean un mal chiste.

A nivel nacional, hace tiempo que las autoridades estadounidenses tienen en la mira a varios políticos mexicanos. Tremendo el reciente escándalo de la mano derecha de Adán Augusto -quien no olvidemos, es un hombre cercano a López Obrador que pudo ser presidente-.

Hernán Bermúdez fue secretario de seguridad cuando el ahora senador fue gobernador de Tabasco, y hay una orden de aprehensión en su contra por presuntos nexos con el crimen organizado, ligado al huachicol, el delito que prometió terminar López Obrador y que no solo no terminó, sino que se extendió y se financiaron campañas con dinero del robo a Pemex, entre las que se menciona la que llevó a Marina del Pilar Avila Olmeda a la gubernatura de Baja California.

En el estado las cosas no andan mejor. En El Sauzal de descubrieron y decomisaron 8 millones de litros de hidrocarburos a finales de marzo, donde todo apunta a una red de complicidades formada por funcionarios y criminales.

Una fuente me hizo llegar hace tiempo información de primera mano sobre lo que está pasando en Tecate.

La historia empieza desde la llegada de Manuel Alejandro Castro Luna a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE) en mayo de 2023; un desconocido que llegó al cargo gracias a que recomendó Armando Samaniego y a una red de intereses políticos y económicos.

Están vaciando los organismos del agua desde que Morena gobierna Baja California, pero además están especialmente aliados con el crimen organizado desde entonces.

Recordemos que Darío Benitez, el excalde de Tecate fue director interino de la CESPTE, y según la fuente, una de las tareas de Castro Luna era establecer un acuerdo de no agresión con Darío Benítez y poderse seguir llevando los recursos sin dar ni recibir golpes.

Lo que nunca esperaron es que saldría más hábil que ellos y cambiaría todas las lealtades que lo impulsaron para establecer un acuerdo hasta el tercer piso de Gobierno del Estado. De esta manera, cuando se llevaron a cabo las pre-campañas de 2024, Castro Luna le dio la espalda a todos los que lo apoyaron y empezó a repartir dinero con tal de mantener apoyo y estabilidad al interior del cargo.

Esto generó muchos problemas al interior del gobierno estatal, ya que distintos actores comenzaron a reclamar su cabeza, pero nada funcionó, pues acató las instrucciones de la Gobernadora, principalmente la licitación de la Planta Potabilizadora “La Nopalera”, la cual se tuvo que licitar en dos ocasiones.

“Este ambicioso proyecto cuenta con el apoyo del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), una institución especializada en financiar iniciativas ambientales que promuevan la lucha contra el cambio climático y fomenten una economía sostenible. Además, NADBank brinda asesoría técnica y recursos financieros para mejorar las condiciones medioambientales en la zona fronteriza, beneficiando tanto a comunidades mexicanas como estadounidenses”, dice el boletín de Gobierno del Estado.

El propio Castro Luna comentó que recibió una llamada “de arriba” para cambiar de proveedor. No hay en las páginas del organismo ninguna información referente a la empresa ganadora de la licitación. En las noticias boletinadas y publicadas por el gobierno, tampoco se menciona el nombre de la empresa.

“Estos nuevos proveedores serán muy importantes en la historia, ya que tienen vínculos con el crimen organizado. Si se lo está cuestionando, quiero afirmar que es completamente cierto, el crimen organizado es quien desarrolla dicha obra del Bono Verde”, afirma el informante.

Para esto, cabe aclarar que el director vive en Mexicali, y todos los días va y viene junto a todo su equipo de trabajo y el personal que ellos metieron, ya sea desde Tijuana o Mexicali. Esto quiere decir que pagan combustible, casetas, viáticos con dinero del erario.

Además la fuente refiere que la Cespte y todos los organismos del agua estatales, ya no hace trabajos, si no es con dinero de por medio. Se han convertido en una mafia.

El ObserBC acaba de publicar su análisis de estados financieros de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, donde el gasto en sevicios personales ha incrementado notablemente, los servicios contratados a empresas externas ha aumentado, no se ha hecho nada respecto a las cuotas de Issstecali y se detectó compra de maquinaria a precios inflados.

https://www.brujula.news/2025/07/18/senala-obserbc-fuerte-incremento-en-servicios-personales-de-la-cespm/

Recordemos que Armando Carrazco López, director de la Cespm, a quien le han puesto narcomantas afuera del organismo por andar metido en asuntos que no debería, está vuelto loco pensando en la candidatura a la alcaldía de Mexicali, con apoyo de su amiga Marina del Pilar y de su amigo Netza Jáuregui (a quien también mencionan en las narcomantas).

Hasta cine en las colonias anda organizando, pues ya no sabe qué inventar para hacerse de una plataforma y la gente lo conozca.

Pero volvamos a Tecate. La información que nos hicieron llegar señala que la red de huachicoleo que opera en Baja California, guarda estrecha relación con el decomiso realizado en el Sauzal y las amenazas al Director de Cespm en Mexicali.

El incendio de las dos unidades de la Cespte en su propio estacionamiento el 26 de septiembre de 2024, al parecer guarda relación con las amenazas que recibieron por incumplir los acuerdos con los cárteles. Hubo otro incidente el 28 de diciembre de 2024, que involucró a dos unidades de la Cespte y uno de Sidurt, sin que hasta la fecha la Fiscalía General del Estado haya determinado los motivos de los ataques ni haya detenido a nadie.

Los señalamientos hechos llegar a esta redacción, indican que la gobernadora está impulsando cambios por paridad de género que está aprovechando para desvincularse de quienes aparecen en las investigaciones de Estados Unidos por el tema del huachicol, una red que según apuntan varios indicios a Luis Torres Torres.

Una forma de sacar dinero de la Cespte es la que ya aplicó el Ayuntamiento de Mexicali con empresas de asesoría (https://www.brujula.news/2025/01/09/costo-a-mexicali-mas-de-25-millones-los-servicios-de-asesoria-en-2024/).

El principal nombre que aparece en contratos es el de Artemisa Mejía Mojórquez, quien supuestamente brindaba asesoría a Cespte sobre la cuenta pública, pero esos servicios nunca se prestaron y la fuente asegura que es en realidad prestanombres del Director.

Mejía Bojórquez fue directora del Coplade cuando la administración de Francisco Vega. En el corto gobierno de Jaime Bonilla, en mayo del 2020, además de Kiko, fueron denunciados por delincuencia organizada, asociación delictuosa y fraude 11 de sus ex colaboradores, entre ellos esta ahora consultora. La denuncia contra los panistas -quién sabe a quién se lo deberán- quedó en el olvido y algunos como Artemisa, utilizados para exprimir el erario.

Sobre la empresa Pulse Project, aparece el nombre de Rubén Esteban Roa Dueñas como representante legal en un contrato del 20 de noviembre de 2018. Fue subsecretario de Economía desde el inicio de la administración de Marina del Pilar hasta julio del año pasado.

Ahora es director de una organización de la sociedad civil llamada CIDEN.

Luis Alonso Limón Martínez es otro de los consultores con contrato. El expriísta salió del gobierno de Tecate por pérdida de confianza, tras haberse sabido que se reunió con el entonces candidato Jaime Bonilla.

De Carlos Miguel Rea casi no hay información, solo se sabe que se dedica a asuntos legales y tiene restringidos sus perfiles de redes sociales.

Regresando al director de la Cespte, Manuel Alejandro Castro Luna, aparece en investigaciones por huachicol y principalmente como vinculado al crimen organizado, de acuerdo al informante, quien agregó que la participación del funcionario se limita a proveer de agua potable a laboratorios remotos en la sierra de Tecate (entre ellos La Rumorosa), donde se fabrican drogas sintéticas.

No solo se limitarán las investigaciones a las autoridades mexicanas, pues también se prepara una denuncia contra los directores y otras autoridades directamente en Homeland Security de Estados Unidos.

El enlace con el crimen organizado era el difunto Enrique Leon Figueroa, asesinado en el Bar Dianas el 2 de diciembre de 2023, muy cercano a Darío Benitez, pues fue su secretario particular. La propia fiscal general del estado, Maía Elena Andrade comentó que su muerte tenía que ver con pugnas de narcotraficantes.

Cuando estaba como secretario particular de Benitez les colocaron narcomantas y lo mandaron a Obras Públicas, particularmente en recolección de basura.

“La razón de esto es que la droga se transportaba en los propios camiones de basura; eran invisibles. Mientras tanto, el hermano de Darío estaba a cargo del C2 y las cámaras de vigilancia, dándoles acceso directo a las cámaras al crimen organizado. En un operativo federal fueron removidas muchas cámaras que estaban instaladas en establecimientos importantes de la zona urbana de la ciudad, pero no pertenecían al C2, pero aun así la autoridad les permitía operar”, precisan los datos que nos hacen llegar.

El tema del huachicol involucra más actores, comenta la fuente. El robo de combustible a unidades oficiales en empresas privadas es solamente una parte, como ya quedó evidenciado hace unos días en un video publicado en la página de Tecate en Llamas.

En el caso de SIRT (Servicios Integrales de Residuos de Tecate) que es la dependencia señalada, el huachicol es lo más light, ya que desde la administración de Darío Benítez la droga se transporta en los camiones recolectores de basura, hasta la fecha, denuncia el informante.

Ya desde la pasada administración se han realizado amenazas y cometido asesinatos, por ejemplo al propio Enrique Leon que era encargado del departamento de obras (ahora parte de SIRT) y Cristian Vázquez, asesor de Benitez.

Por si fuera poco, la esposa del director de SIRT, José Barba, de nombre Mariel Garfio, trabaja en Oficialía Mayor como encargada de Recursos Humanos y ha colaborado para que ciertos perfiles se ubiquen muy estratégicamente al interior de SIRT.

El cerebro detrás de la distribución de droga y huachicol sería el Oficial Mayor, Omar Blancarte, quien estuvo en el gobierno de Darío Benitez.

“De hecho, la administradora de sus negocios es ahora la administradora de Presidencia. Desde ahí se asignan presupuestos a todas las dependencias paramunicipales. El encargado de combustible del ayuntamiento, es precisamente un empleado de las empresas privadas del Oficial Mayor”, declara la fuente.

La investigación en curso contra varios funcionarios por huachicol, incluye al Oficial Mayor (Omar Blancarte), al Tesorero (Miguel Ángel Ayala) y al actual Alcalde (Román Cota), además de funcionarios estatales.

La zona del huachicol es la zona rural, principalmente Rumorosa y Ejido Jacumé. Espacios muy remotos e inhóspitos donde curiosamente hay calles en mejores condiciones que muchas de la ciudad. Por las noches se realiza el tráfico de combustible desde los propios ductos, se almacena cerca gracias a la complicidad de las autoridades de Tecate, que brindan protección, personal y equipo de transporte, dice el informante.

Blancarte Aragón antes fue director de desarrollo económico de Tecate y director de Protección al Ambiente de ese municipio, de donde salió por malos manejos, además de la delegación de la dirección de turismo del Estado del gobierno estatal.

Metió en un problemón a Román Cota por sus descaradas operaciones. Fue uno de los principales inversionistas en la campaña y está amarrado con César Moreno, el padrino de Román, apunta la fuente.

Mal le salió la jugada a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda al imponer al exmilitar Julián Leyzaola en la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, en marzo pasado. Le importó más pagar favores y compromisos políticos que la seguridad de los cachanillas.

Cuando empezaron los rumores de que se venía una imposición, muchos le pidieron a la gober que no lo hiciera pero no los escuchó. Pagar favores políticos ha traído muchos dolores de cabeza a la mandataria. Por ejemplo no separar a Carlos Torres de sus funciones públicas tras la revocación de las visas, o imponer al Terrible Morales en Bienestar Social en Tijuana.

Hasta le mandaron hacer un elevador a Leyzaola, cuando lo rechazó el ejército al pedir que lo dejaran vivir en el cuartel, estilo Montserrat, y sobre todo, cuando el propio elevador del edificio del Ayuntamiento de Mexicali tiene meses sin servir. Y recordemos los departamentos que se estaban haciendo en el hangar del helicóptero, en la propia comandancia. Pero no hay dinero que alcance, dice la alcaldesa Norma Bustamante.

El caso es que me cuentan que Leyzaola ya tenía a todos mareados con su sueño de conquistar el mundo, bueno, empezando por la alcaldía de Mexicali, además de su estilo impositivo, su falta de resultados y el examen del C3 que nunca iba a pasar por todas las recomendaciones de Derechos Humanos que tiene, y porque al parecer su hijo anda en malas compañias desde hace tiempo.

Todo esto terminó con la paciencia de quien hasta ahora había aguantado órdenes e imposiciones sin quejarse: la presidenta municipal de Mexicali, quien al parecer fue la que decidió pedirle la renuncia al exmilitar y declararle su confianza incondicional a Luis Felipe Chan.

En otro tema, personal de la Fiscalía General del Estado, expone diversas quejas de forma anónima mediante una carta dirigida diversas diputadas de oposición del Congreso local, que hicieron llegar a esta redacción.

Entre las represalias a las que se hacen acreedores cada que el personal tanto operativo como administrativo expresa incluyen horarios extenuantes sin descansos, cambios de adscripción sin atender los lineamientos legales para tal efecto, acoso constante tanto
laboral como sexual.

“Dando seguimiento al tema de la agente Carmela Barrios, se respalda por diversas
quejas el constante hostigamiento laboral y sexual por parte de la Titular de la Unidad de
nombre Hortensia la cual cuenta con 1 denuncia por acoso sexual, así como la Lic. Lupita
Álvarez la cual tiene dos denuncias por hostigamiento laboral, denuncias que no
procedieron por favoritismos”, manifiestan en la misiva.

Además expresan que el personal tanto operativo como administrativo se encuentra siendo víctima de violencia institucional, donde los únicos beneficiados son los protegidos o allegados a la titular María Elena Andrade, desde los cajones de estacionamiento.

“No se da abasto para la cantidad de personal y ciudadanos que requieren ingresar a las instalaciones tanto del Centro de Justicia como el edificio CIAC ambos en Rio Nuevo así como el de las Instalaciones de la Ciudad de Tijuana; los cajones de estacionamiento se encuentran rotulados no solo para los Titulares, Directivos y Mandos Policiales, sino también para aquellos que se les “hizo el favor” de darles un espacio, ocupando así un gran porcentaje del
estacionamiento, dejando al resto de los empleados, ciudadanos y usuarios sin el
espacio, obligándolos a instalarse en zonas no permitidas y siendo estos mismos
titulares quienes requieren a la grúa para que remolque los vehículos”, precisan los denunciantes.

Informan también que los directivos retiraron los logos de las unidades para poder darles uso personal mientras que los empleados llegan a verse obligados a utilizar su vehículo
personal para actividades laborales sin retribución alguna para el desgaste del mismo y
gasolina.

En la carta manifiestan que las compañeras Agentes Estatales sufren un constante acoso sexual por parte del titular de la Licencia Oficial Colectiva, Víctor Manuel Fernández Cruz, quien además tiene total desconocimiento del área, lo que le lleva a tomar decisiones que afectan la vigencia de la Licencia de armas.

“No entrega el armamento que se requiere a los elementos, pues los cartuchos se los queda en su poder para revenderlos negándose a entregar a los Agentes a menos que paguen por ellos, así mismo favorece a quien le ofrece cierta suma de dinero para realizar el cambio de armas por otro tipo de modelos que no corresponde a la otorgada por SEDENA, por lo que orilla a los elementos a comprar de su bolsillo los cartuchos y aditamentos necesarios para el desempeño de sus funciones o para su entrenamiento”, explicaron.

El director jurídico hostiga laboral y sexualmente al personal, de nombre Jesús Manuel López Moreno, al cual señalan de ordenar turnos de más de 10 horas con guardias en fines de semana y días festivos, “exigiendo se atienda toda clase de instrucciones tanto laborales como no laborales entre las que se incluye el atender cuestiones personales y familiares, a pesar de las jornadas extensas y sin tiempo de alimentos, cita al personal fuera de su horario laboral amenazando con jornadas mas extenuantes si no acceden a sus peticiones”.

Otras cuestiones que denuncian son afectaciones en el pago de impuestos derivados de la omisión de pagos por parte de la FGE de 2020, 2021 y 2022, donde se lavan las manos y dejan a los empleados con el problema; retrasos y búsqueda de procedimientos contra personal que está listo para pensionarse y jubilarse, para evitar hacer los pagos correspondientes; jornadas de más de 10 horas y las operativas de más de 12 horas sin pago de horas extras ni descansos lo cual es ordenado de manera verbal para que no quede evidencia de este abuso; disminución de los ingresos con la justificación que es ára el fondo de pensiones; entrega de patrullas nuevas a elementos de la AEI a quien pague la “cuota” correspondiente y que alcanza hasta los mil dólares; deficiencia de uniformes; falta de protocolos para atender el hostigamiento, la violencia institucional y el acoso; falta de paridad de género y otras cuestiones más.

Qué paradójico que es en el “gobierno de las mujeres” cuando menos se toma en cuenta a las mujeres y cuando las condiciones de trabajo están peores. Esperemos que su comparecencia ante el congreso el 13 de agosto, la “fiscala” de explicaciones y que antes tome medidas.

En otro tema, dicen que el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexía ya vació su oficina y ya no va al centro de gobierno. Veremos quién se gana la rifa del tigre.

Nos cuentan que Susana Marisol Tapia, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación, rentó un airbnd para los juegos deportivos nacionales en Puebla por 120 mil pesos, una casa de la cual se tuvieron que salir porque les reventó el drenaje, mientras que a las niñas del equipo de futbol solo les alcanzó para rentarles un hostal horrible y lleno de chinches en la zona más peligrosa más peligrosa de Puebla.

@brujula.news

Equipo femenil de BC es reubicado en albergue con chinches #brujulanews #bajacalifornia #marinadelpilar #torneoescolar #mexicali

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Este sábado la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Ensenada dentro de su gira por el noroeste del país, enfocada en fortalecer el programa IMSS Bienestar mediante inspecciones y entregas de equipo médico. El viaje incluyó visitas privadas para evaluar personalmente la implementación de este programa en la región.

En el caso de Baja California, las actividades fueron de corte privado, sin ceremonias públicas, a diferencia de sus eventos en Sinaloa y Sonora.

Sheinbaum vino a inaugurar la primera etapa del Hospital General Regional en Ensenada. Esta visita forma parte de la tercera gira presidencia en estados con presencia del convenio IMSS‑Bienestar, cuyo objetivo es resolver pendientes logísticos y operativos, así como inaugurar infraestructuras de salud.

El nuevo hospital en Ensenada cuenta con 32 especialidades médicas y equipos de alta tecnología, beneficiará a más de 318 mil derechohabientes en la región, y el anuncio más importante fue la inversión de 430 millones de pesos para fortalecer el sistema IMSS-Bienestar en Baja California.

Esa inversión urge, porque el sector salud en el estado está a punto del colapso. Aunque se supone que desde el gobierno federal quieren dar el mensaje de que se impulsa el equipamiento y supervisión técnica, lo que han hecho desde la administración pasada es desmantelar el sector.

Los hospitales en Mexicali están llenos de mensajes que exponen las carencias de los nosocomios además de adeudos con el personal. Ya escribíamos aquí hace unos días, que no hay dinero para nada, y que han empezado a suprimir aspectos no vitales, como las copiadoras. Que tienen meses sin comprar medicamentos para el cáncer infantil. Que a los proveedores no les están pagando.

Además de los graves problemas y carencias que enfrenta el IMSS Bienestar en Baja California y que seguramente le expusieron a la mandataria, a la presidenta también la recibieron con protestas públicas.

Los familiares de la jovencita a la que le quitó la vida un adolescente de 16 años, se hicieron presentes para solicitar que al acusado se le juzgue como adulto, debido a la naturaleza atroz del delito.

También estuvieron quienes se oponen a la ampliación del puerto de El Sauzal, a quienes tranquilizó diciendo que la opinión de la comunidad sería tomada en cuenta.

También estuvo manifestándose la familia de Marlen, una jovencita de 15 años que fue atropellada. El conductor responsable está libre al haber obtenido un amparo y la aseguradora Quálitas no se está haciendo cargo de los gastos médicos. Finalmente, además acudieron a ver a la presidenta maestros que rechazan la Ley del ISSSTE.

No fue una visita grata para Sheinbaum, ni fácil para la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, quien debió cumplir su obligación de informar la grave situación del sector salud. En su presentación antes de dar su mensaje oficial en el evento del hospital, se oyen algunos abucheos. ¿Qué peor que ser abucheada frente a la presidenta?

“Exigimos un mejor servicio del hospital del ISSSSTE EN ENSENADA, estamos sin quirófano, medicamento, especialistas, ni citas, urge atendernos solo es un hospital para todo el municipio, servicios dignos para los trabajadores federales” es uno de los mensajes que aun se pueden leer -porque el equipo de comunicación de la gober borra los mensajes de crítica- en la publicación en Facebook de la inauguración del Hospital General en Ensenada.

Muy bonitos los discursos de todos los invitados, pero no hay medicamentos, no hay infraestructura, no hay ni papel sanitario en los centros de salud, así que ¿a quién quieren engañar? Claro que sirve de mucho tener un hospital general en una zona que lo necesitaba, pero ¿por qué presumen una sala de hemodinamia en Mexicali que no funciona como debería porque no hay insumos?

El momento incómodo fue cuando la presidenta presentó a uno de los funcionarios que la acompañan, llamado Carlos Torres y coordinador de todos los proyectos del IMSS Bienestar, pero último ya ni lo escuchó la gente, fue el que menos aplausos recibió.

Sheinbaum por supuesto no podía perder la oportunidad de decir en su discurso que las administraciones de antes no veían por la salud de los ciudadanos -pero había medicina y funcionaban los elevadores-, y se dedicó a echarle flores al IMSS Bienestar.

Lo que no se dice es que ante la falta de acceso, recursos y personal en el sistema de salud pública (IMSS, ISSSTE, INSABI/IMSS-Bienestar), muchas personas han recurrido a consultorios anexos a las farmacias como una forma rápida y económica de recibir atención médica.

Las consultas son baratas o incluso gratuita con la compra de medicamentos; la gente tiene acceso inmediato sin cita.

El crecimiento de los consultorios en farmacias no fue parte de una estrategia nacional, sino una respuesta del mercado ante la ausencia del Estado. La COFEPRIS y la SSA han expresado preocupación por la calidad de esta atención, pero no han ofrecido alternativas funcionales. En vez de fortalecer el primer nivel de atención, seha dejado el vacío a la iniciativa privada, especialmente desde el debilitamiento del Seguro Popular y los problemas de implementación del INSABI e IMSS-Bienestar.

Ya veremos si esa millonaria inversión se ve reflejada en el equipamiento de los centros de salud del estado, el surtido de medicamentos y la mejora de la infraestructura, o habrá un nuevo argumento para justificar la deficiente atención.