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Aprueba congreso convocatoria para juzgadores

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Con 20 votos a favor y 4 en contra se aprobó este viernes la iniciativa relativa a la convocatoria para elegir jueces y magistrados por voto popular en elección extraordinaria.

Entre los discursos de oposición, el panista Diego Echevarria señaló que el Poder Judicial es un poder publico que ya no va a ser autónomo.

Dijo que 400 millones costó la eleccion ordinaria de 2024, y se espera un gasto de 300 millones para la extraordinaria, que pueden ser utilizados en seguridad y salud, temas que sí son importantes para los ciudadanos.

Hay además otras prioridades como pavimentacion e infraestructura escolar, “lo urgente en Baja California no es esto, no a la colocacion de empleos en el Poder Judicial”, agregó.

Juan Manuel Molina precisó que hay dos ajustes en la información recibida relativos al numero de espacios en materia de elección pues son 148 jueces y no 147, y el total de juzgadores a elegir en Mexicali son 53.

El proceso electoral ya inició, secuestrado el poder estuvo en otros momentos, ahora se regresa al pueblo, opinó el morenista.

Mayola Gaona, expresó su rechazo categórico a la iniciativa pues pone en riesgo la función de la justicia como pilar en Baja California.

La parcialidad del modelo propuesto amenaza la independencia y legitimidad de la impartición de justicia, comentó.

Hizo hincapié en la necesidad de un comité verdaderamente independiente, que cuente con perfiles técnicos, ciudadanos y academicos. Mogollón.

La emecista Daylín García, indicó en su intervención que no se está cumpliendo con una estrategia clara ni diferente, y no hay recursos para que la justicia funcione adecuadamente.

Sigue siendo una falacia, es una mentira que digan que la gente elegirá cuando desde Morena promueven un tribunal de disciplina que si no juzgan conforme a sus intereses los van a quitar, externó.

El tema del financiamiento de campañas no esta claro, no viene en la convocatoria; esta convocatoria deja muchas cosas al aire, declaró.

Vamos a cumplir una serie de caprichos cuando hay necesidades más apremiantes, aseguró García quien además reclamó que hubieran entregado el documento ayer.

La diputada del PT, Johana Gilvaja recordó que hizo una denuncia publica y el juez de control defendió al imputado, el cual ni se presentó a la audiencia.

“No podemos seguir con este sistema, con este tipo de jueces. Creo que necesitamos un cambio… no se que tan favorecedor puede ser pero no podemos seguir así”, dijo.

Molina volvió a intervenir para aclarar el reclamo de García sobre la entrega del documento, pero la emecista insistió y dio prueba sobre la falta de respuesta a sus peticiones de información adicional sobre la iniciativa.sobre el envio del documento.

La panista Alejandrina Corral expuso que Francisco Javier Tenorio, hoy representante del Poder Judicial, fue antes diputado suplente de Morena, “y dicen que no va a haber intromisión politica. Morena quiere tener control absoluto del Poder Judicial”, subrayó.

Los diputados Fidel Mogollón, Michelle Tejeda y Evelyn Sánchez hablaron en favor de la iniciativa y de la importancia de que sea el publo quien elija a sus juzgadores.

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Pide Gilvaja prevención de accidentes en Boulevard 2000

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En sesión ordinaria la diputada Yohana Gilvaja, presentó un punto de acuerdo aprobado por unanimidad mediante el cual se exhorta a la gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda, y al secretario de Infraestructura, Arturo Espinosa Jaramillo, para que dispongan lo necesario a fin de implementar medidas de prevención e infraestructura que eviten accidentes de tráfico terrestre en el Boulevard 2000, ante condiciones peligrosas por causa de las obras que se llevan a cabo.

Asimismo, la legisladora del PT requirió al presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, realizar una inspección estructural y corregir de manera inmediata los daños presentes en el complejo vial conocido como El Chaparral, donde se han detectado anomalías que ponen en riesgo la integridad de miles de ciudadanos.

Gilvaja reclamó: “No solo se trata de construir las obras necesarias, también de proveer para su conservación y mantenimiento, en el Boulevard 2000 se han registrado accidentes que no pueden seguir siendo ignorados por las autoridades.”

la diputada inicialista, Yohana Gilvaja.

Tijuana es uno de los municipios metropolitanos más importantes del país, donde la movilidad es un factor esencial para la economía y el desarrollo; sin embargo, las obras inconclusas y la falta de mantenimiento en vialidades estratégicas han generado inconformidad social y riesgos para la ciudadanía, señaló.

“Mientras miles de tijuanenses arriesgan su integridad transitando por vialidades inseguras y obras inconclusas, la falta de respuestas está erosionando la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, indicó.

La legisladora acusó que el caso del complejo vial El Chaparral representa una omisión grave, pues las anomalías estructurales nunca fueron atendidas de manera formal por las autoridades y únicamente se reaccionó ante la presión mediática.

“El Chaparral es un ejemplo claro porque una abertura de más de 20 centímetros fue ignorada hasta que los medios lo señalaron, lo que demuestra que la seguridad vial no puede depender de notas periodísticas sino de acciones firmes y responsables”, precisó.

La diputada recalcó que este exhorto se suma a otros llamados reiterados que ha presentado en el Congreso para atender la seguridad y el mantenimiento de las vialidades en Tijuana, los cuales hasta ahora no han recibido respuesta efectiva por parte de las autoridades municipales.

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Aprueban juicio político contra Samuel García

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La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría el inicio de un juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda. La decisión se tomó este viernes con seis votos a favor (de diputados del PRI, PAN y uno de Morena). La sesión se realizó sin la presencia de dos diputados de Morena ni de una legisladora del PVEM.

La denuncia, presentada por la bancada de Morena, acusa al mandatario de triangulación de recursos públicos por casi mil millones de pesos, al parecer desviados a despachos o empresas relacionadas con su familia, lo que se encuadra en el delito de peculado.

Los siguientes pasos en el proceso, es la notificación a García, a quien le otorgarán cincó días hábiles para presentar su defensa por escrito o de manera presencial, y luego el expediente pasará al Pleno del Congreso local para continuar el procedimiento.

De avanzar, el caso podría remitirse al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, que sería el encargado de determinar posibles sanciones, incluyendo la destitución o inhabilitación.

Este es uno de los varios intentos de juicio político que se han impulsado contra García en los últimos meses, algunos relacionados con presuntas violaciones electorales y omisiones en la publicación de decretos.

Hasta el momento, el gobernador Samuel García no ha emitido una declaración oficial sobre esta nueva aprobación. El proceso se encuentra en sus primeras etapas y podría enfrentar recursos legales por parte de la defensa del mandatario.

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Citan de nuevo a Blázquez: quiere Gobernadora imponer medidas

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Tras obtener un amparo favorable que le permitió mencionar el nombre y cargo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el exdiputado y comunicador Marco Antonio Blázquez vuelve a ser citado por la justicia.

El amparo fue concedido contra un proceso legal impulsado a petición de la mandataria, el cual incluía una restricción que le impedía referirse públicamente a ella por su nombre y cargo. Con la resolución judicial, esa medida cautelar fue levantada.

Sin embargo, ahora Blázquez ha sido citado nuevamente. Mañana sábado 13 de junio de 2026, a las 8:00 de la mañana, deberá presentarse en Tijuana a una audiencia de revisión de medidas de protección.

En el documento oficial se le advierte expresamente que, en caso de incomparecencia injustificada, se podrá solicitar una orden de aprehensión en su contra.

Esta nueva citación ocurre a pesar del amparo recientemente ganado por Blázquez, lo que ha generado cuestionamientos sobre la persistencia de las acciones legales en su contra.

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