Corrupción
Declaran testigos en el caso de los 3 millones transferidos de DESOM
Este lunes se llevó a cabo la audiencia de debate juicio oral en el caso del robo de los 3 millones de pesos de Desarrollo Social Municipal en Mexicali, donde fueron citados y escuchados dos testigos de fiscalía.
Una fue Daiza “N”, trabajadora de esa dependencia en el momento de la sustracción, y Erick “N”, empleado del área de redes en el Ayuntamiento de Mexicali. Ambos fueron interrogados por fiscalía y por el abogado defensor del señalado como presunto responsable de peculado, Jesús Enrique “N”, en un caso que ya cumplió seis años.
Los hechos se remontan al viernes 15 de noviembre de 2019, cuando la hoy gobernadora tenía pocas semanas al frente del Ayuntamiento de Mexicali, y reportaron en Desarrollo Social Municipal (DESOM) -hoy Bienestar Social Municipal (BISOM)- el faltante del dinero. La hoy diputada Alejandra Ang era la directora de esa área.
Daiza recordó que en aquel tiempo empezaron a usar la banca electrónica, y que fueron a capacitación Jesús Enrique, Gustavo “N” y Enedino “N” a BBVA. En el Departamento Administrativo y Financiero de DESOM había dos tokens que compartían los tres mencionados para efectuar pagos.
El 15 de noviembre de 2019 Jesús Enrique tuvo problemas con su equipo de cómputo, por lo que se sentó en el lugar de Enendino, quien había pedido ese día libre, y desde ahí le ayudó Gustavo, dijo Daiza. Ella se enteró del robo hasta el 20 de noviembre.
A interrogantes del abogado defensor, Fernando Rosales, Daiza contestó que conoce a Jesús Enrique desde 2008, que como su superior siempre fue responsable, honesto y respetuoso, y que no le consta que se haya beneficiado él o a un tercero con el dinero faltante.
Por su parte, Erick relató que en 2019 era trabajador de confianza y que ahora tiene una base. Que le llamó su entonces superior el 20 de noviembre para que fuera a DESOM a investigar los equipos de cómputo.
Una vez en esas oficinas, Ang le comunicó que había un faltante de 3 millones de pesos y estaban ahí una empleada de BBVA y Jesús Enrique. Erick no encontró nada en las computadoras del acusado ni de Gustavo. En cambio, en la de Enendino encontró un dispositivo no autorizado que permitía conectarse de manera remota a ese equipo.
El registro de instalación señalaba las 10:57 de la mañana como la hora en que se conectó alguien a esa computadora, y las 11:42 de la mañana cuando se cerró sesión remota, declaró Erick, quien no realizó un informe por escrito de sus hallazgos ese día.
Por parte de la defensa, se le cuestionó si Ang le había instruido especialmente para que encontrara un dispositivo en alguna de las máquinas que permitiera un acceso remoto, cuestión que negó.
Después, tras mostrar un documento realizado en aquel año, se aclaró que la sesión de acceso remoto cerró hasta las 12:32 del mediodía de aquel 19 de noviembre de 2019. Erick declaró que no le consta que Jesús Enrique hizo la transferencia de los 3 millones de pesos, se benefició de esos recursos o benefició a un tercero.
Rosales preguntó si había una computadora conectada desde el extranjero en el caso, pero fue obligado a reformular la pregunta y no quedó aceptado este dato, cuando un documento que forma parte del expediente asienta que Erick informó a Ang tras el análisis de los equipos, que la conexión remota fue a través de una computadora en Estados Unidos.
“Después le pedí que me revisara si había algún software no autorizado en el equipo de Enedino… lo cual arrojó que sí, que tenía instalado un sofware para movimientos remotos”, declaró la hoy diputada en aquel momento.
Mientras que Daiza fue liberada como testigo por parte de la fiscalía y de la defensa, Erick solo fue liberado por parte de fiscalía. Se espera que Ang comparezca vía enlace remoto el jueves 4 de diciembre.
Corrupción
Se contradicen Coepris e Issstecali sobre medicamento con alerta sanitaria
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) emitió un posicionamiento sobre la nota publicada aquí respecto a la prescripción de un medicamento con alerta sanitaria.
“ISSSTECALI mantiene una coordinación permanente con las autoridades sanitarias competentes y reitera su compromiso de apegarse estrictamente a la normatividad vigente en materia de adquisición, almacenamiento y suministro de medicamentos”, señalan desde ese instituto.
De acuerdo con información de Issstecali, la cronología del caso del medicamento Osaten 1 mg, cuyo ingrediente es el ketotifeno, precisan que el 4 de junio de 2025 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria a nivel nacional por la comercialización ilegal del producto Osaten 1 mg.
Dos dias después, el ISSSTECALI reportó a la autoridad sanitaria estatal la existencia de algunas piezas del producto en inventario y procedió a su resguardo preventivo, en espera de instrucciones oficiales.
“El 19 de septiembre de 2025, personal verificador de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COEPRIS), en compañía del responsable sanitario y apoderado legal de la empresa Offenbach Mexicana, S.A DE C.V., realizaron la inspección correspondiente y procedieron al levantamiento de las medidas de seguridad aplicadas al producto, determinando que las piezas eran originales, elaboradas y distribuidas por la citada empresa, por lo que pueden ser prescritas al cumplir con los requisitos legales y sanitarios establecidos”, dice el texto.
Finalmente, la postura de Issstecali indica que el instituto determinó no volver a adquirir dicha marca comercial y subraya que actuaron en todo momento “conforme a las indicaciones emitidas por las autoridades sanitarias competentes, manteniendo comunicación permanente y atendiendo cada una de las medidas de control y verificación establecidas”.

El oficio enviado hace un año, de Issstecali a Coepris.
“La empresa fabricante del medicamento identificó la comercialización ilegal en territorio nacional del producto Osaten (Ketotifeno) sin autorización sanitaria, dado que el registro sanitario de este medicamento actualmente no es vigente y no se ha fabricado desde el 31 de mayo de 2018″, dice el documento del 6 de junio de 2025”, lo cual se contradice con la postura de ISSSTECALI otorgada hoy, donde precisa que “…procedieron al levantamiento de las medidas de seguridad aplicadas al producto, determinando que las piezas eran originales, elaboradas y distribuidas por la citada empresa, por lo que pueden ser prescritas al cumplir con los requisitos legales y sanitarios establecidos”.
Información de internet afirma que el medicamento no se fabrica desde 2018.

La queja de quien tomó el medicamento fue recibida en COEPRIS hoy.
María Cristina Valenzuela Rosas fue quien resultó afectada por la prescripción de Osaten, y este viernes fue a COEPRIS a denunciar la situación. Le dijeron que desde hace tiempo trabajan en coordinación con ISSSTECALI y que ese medicamento ya se había retirado.
Debido a que tomó dos dosis del mdicamento, una en miércoles y otra el jueves, tuvo que acudir de urgencia a ISSSTECALI el jueves por la noche, con síntomas como mareos, alta presión y entumecimiento en la cara.
Tras aplicarle Hidrocortisona para aminorar los síntomas, se negaron a dejarla en observación y a darle una incapacidad.
En la publicación de la nota de Valenzuela Rosas ayer jueves, una persona comentó que a ella también le habían dado Osaten en una clínica periférica de ISSSTECALI, y envió una foto a la primera afectada, por lo que no se trata de un caso islado y puede haber más prescripciones de ese medicamento con alerta sanitaria.

Van al menos dos derechohabientes de ISSSTECALI a quienes ha recetado Osaten.
¿Cuánto medicamento no estará bien en ISSSTECALI? cuestiona Valenzuela Rosas, quien agregó que le parece completamente absurda la respuesta del instituto.
Corrupción
Tijuana registra la mayor percepción de corrupción del país: IMCO
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó el Índice de Competitividad Urbana 2026, que evalúa la capacidad de 72 zonas metropolitanas del país para generar, atraer y retener talento e inversión. Estas ciudades concentran entre el 80 y 90 por ciento del PIB nacional y albergan al 62% de la población mexicana.
Destaca Tijuana como ejemplo de baja credibilidad institucional y registra la mayor percepción de corrupción, con 92 .56 por ciento, cuando la media nacional es 10 puntos menor.
El informe destaca un enfriamiento económico general, con un crecimiento promedio del PIB de solo 2.4 por ciento -frente a 4.1 por ciento en la edición anterior-, retrocesos en seguridad y alta percepción de corrupción, donde el promedio nacional de 82.65 por ciento.
Sin embargo, se observan avances en infraestructura y autonomía fiscal en varias urbes. Las ciudades más competitivas combinan empleo formal, entornos seguros y gobiernos locales fuertes.
Baja California cuenta con dos zonas metropolitanas principales en la categoría de más de 1 millón de habitantes: Mexicali, que se posiciona en el lugar 13 de su grupo -competitividad media-baja-, descendiendo un lugar respecto a la edición anterior. Forma parte de las ciudades que muestran un desempeño en el rango medio-bajo, junto a urbes como Juárez, León, Morelia y Toluca.
La otra ciudad en el índice es Tijuana, que ocupa el lugar 20 -el penúltimo en su categoría-, también en competitividad media-baja y con un retroceso de una posición. El IMCO destaca explícitamente a Tijuana como ejemplo de baja credibilidad institucional, con la mayor percepción de corrupción registrada, de 92.56 por ciento.
Las fortalezas identificadas para Mexicali y Tijuana, son la diversificación económica y ocupación hotelera, especialmente en Tijuana; indicadores de vivienda vertical y mortalidad infantil; y el contexto de frontera norte, que generalmente favorece integración a cadenas de manufactura y mercados laborales más formales en el norte del país.
Los retos son acotar la percepción de inseguridad y corrupción, que elevan costos operativos y dificultan la atracción de talento e inversión; y subsanar rezagos en crecimiento económico y calidad del empleo en comparación con líderes como Querétaro, Guadalajara, Hermosillo o Saltillo.
En conclusión, aunque Baja California mantiene presencia relevante en el mapa de competitividad urbana gracias a su posición fronteriza, Tijuana y Mexicali enfrentan desafíos estructurales que han provocado descensos en el ranking. Fortalecer la seguridad, combatir la corrupción y mejorar el entorno institucional serán clave para que estas ciudades aprovechen su potencial y contribuyan más al desarrollo estatal y nacional.
El reporte completo en el sitio del IMCO: imco.org.mx.
*Esta nota fue elaborada con apoyo de la IA Generativa
Corrupción
Receta Issstecali medicamento con alerta sanitaria federal
Este jueves, una persona derechohabiente fue a consulta a una clínica periférica de Issstecali, siendo recetado con tres medicamentos. Uno de ellos fue el Ketotifeno, un fármaco antihistamínico y antialérgico que se utiliza principalmente para prevenir y tratar enfermedades alérgicas como el asma bronquial, la rinitis, la dermatitis atópica y la conjuntivitis alérgica.

Obtuvo de la farmacia de Issstecali la presentación “Ostaten”, la cual tiene alerta sanitaria por parte de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) por las siguientes razones:
Registro sanitario vencido: El medicamento no cuenta con los permisos legales obligatorios para ser vendido en el país. Su registro fue cancelado desde mayo de 2018.
Cese de fabricación oficial: El laboratorio titular del producto original (Offenbach Mexicana) confirmó a la autoridad que dejó de fabricar Osaten desde 2018.
Origen desconocido: Al no existir una producción legal y oficial en la actualidad, cualquier caja de Osaten que se encuentre en el mercado es de procedencia desconocida e informal.
Falta de garantías sanitarias: Las autoridades no pueden verificar qué sustancias reales contienen estos comprimidos, bajo qué condiciones de higiene fueron elaborados ni cómo se transportaron.
Falsificación o adulteración: Al ser un producto de comercio ilegal, existe una alta probabilidad de que se trate de unidades falsificadas que ponen en peligro al paciente.
La persona afectada considera interponer una denuncia ante las autoridades federales por esta irregularidad, ya que no puede entenderse que las personas responsables en Issstecali no estén enterados de la situación legal del medicamento.
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