El 2 de diciembre de 2025, José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe en Baja California y militante de Morena, fue retenido en el cruce fronterizo de Caléxico, California, donde autoridades estadounidenses le notificaron la revocación inmediata de su visa de turista. Es el caso más reciente de retiro de documentos de cruce que han sido explicados como “procedimientos administrativos”.

A través de un mensaje en redes sociales, el funcionario dijo desconocer los motivos exactos de la decisión, aunque ha sido objeto de señalamientos por presuntos nexos familiares con el Cártel del Mar, dado que un hermano suyo se casó con la hermana de un líder de esa organización.

Dagnino enfatizó su compromiso con la legalidad y transparencia, asegurando que la medida no interferirá en sus funciones institucionales ni en los proyectos locales, y ya realiza gestiones para obtener detalles formales del Departamento de Estado, sumándose así a una cadena de revocaciones que ha afectado a figuras públicas de la región fronteriza.

Antes de él, fue el turno de Araceli Brown Figueredo, diputada federal y exalcaldesa de Playas de Rosarito, pues el 19 de septiembre pasado, un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyera en una lista de sanciones por presuntamente ceder control municipal al Cártel de Sinaloa durante su gestión como alcaldesa de Playas de Rosarito, vio revocada su visa de turista al intentar ingresar al país vecino.

Fuentes estadounidenses indicaron que su último cruce exitoso fue el 14 de septiembre, y advirtieron que cualquier intento posterior resultaría en su detención bajo la Orden Ejecutiva 13224, emitida por el presidente Donald Trump en enero de 2025, que clasifica a los cárteles como organizaciones terroristas. Aunque Brown no ha emitido un comentario público directo sobre el caso, la medida se enmarca en una red de contrabando vinculada a empresarios locales y la célula de Los Mayos.

En agosto le revocaron la visa a Luis Samuel Guerrero Delgado, esposo de la alcaldesa de Mexicali y funcionario estatal. El cónyugue de Norma Alicia Bustamante Martínez, y funcionario en la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Baja California, fue retenido en la garita de Caléxico, California, donde le revocaron su visa de turista tras una revisión migratoria que incluyó interrogatorios sin explicación previa.

La alcaldesa confirmó el incidente en redes sociales, aclarando que se trató de un procedimiento administrativo que no la afectaba directamente en ese momento, aunque reportes posteriores indicaron que la medida se extendió también a ella. Guerrero, quien no ha enfrentado cargos formales, atribuyó la revocación a su rol como servidor público en una zona fronteriza sensible al tráfico de fentanilo, sumándose a la ola de cancelaciones que ha generado tensiones diplomáticas y demandas de mayor transparencia por parte de la oposición.

Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California perdió su visa el 10 de mayo de este año. El exdiputado local, exmilitante del PAN y entonces coordinador de Proyectos Estratégicos en Baja California y Tijuana bajo el gobierno de Morena, fue notificado de la revocación de su visa de no inmigrante durante un trámite en la garita de Tijuana, lo que lo llevó a renunciar inmediatamente a sus cargos honoríficos.

Torres, quien se encuentra en proceso de divorcio de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, describió la decisión como un “procedimiento administrativo” del Departamento de Estado sin acusaciones formales, aunque fuentes indican que la investigación en curso se relaciona con presuntos vínculos a la inseguridad en la región. Contactó a un especialista en derecho migratorio para apelar o solicitar un nuevo permiso, lamentando el impacto en su familia y rechazando especulaciones políticas de adversarios.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California. Poco después de la notificación a su entonces esposo, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda recibió una comunicación consular directa del Departamento de Estado de Estados Unidos revocando su visa de no inmigrante, en un gesto de “cortesía” para evitar un incidente en la frontera dada su investidura.

Ávila, quien ha negado cualquier irregularidad y respaldado públicamente a Torres, atribuyó la medida a disposiciones internas administrativas relacionadas con su posición pública, sin implicar investigaciones o señalamientos criminales, aunque el abogado David Zapp sugirió motivos políticos por posibles “ofensas” a políticas estadounidenses.

En agosto de ese año, inició trámites para recuperar el documento, que le permitiría asistir a eventos binacionales, en medio de críticas de la oposición que exigen explicaciones detalladas y han politizado el caso en el contexto de la violencia en Baja California.