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Corrupción

Mintió alcaldesa de Mexicali sobre pago de rentas por Cine Lux

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El Ayuntamiento de Mexicali estuvo pagado 519 mil pesos de renta por el inmueble del Cine Lux desde 2024, de acuerdo con facturas emitidas por Comercializadora Cochimí, dueña de ese edificio.

La historia de ese arrendamiento ha estado llena de mentiras y contradicciones por parte de las autoridades municipales desde el principio.

En una amplia entrevista que le hizo Mariela Tapia, de La Voz de la Frontera, a la presidenta municipal Norma Bustamante el 31 de julio de 2024, expresó: “Para la próxima administración (que inició el 1 de octubre de ese año y donde resultó reelecta) dijo que prevé instalar una oficina del Registro Civil en lo que alguna vez fue el Cine Lux, en el Centro Histórico, donde la renta costará alrededor de 50 mil pesos mensuales”.

Para ese entonces, la renta ya se estaba pagando y el importe difería por casi 470 mil pesos de lo que había estimado Bustamante.

Fue hasta junio de 2024 que se le otorgaron los contratos por adjudicación directa al proveedor Skath Benjamín García Núñez para trabajos preliminares en el inmueble, y en diciembre de ese año le dieron también los de rehabilitación y acondicionamiento, cuando se supone que debería haber quedado terminado en 2024 porque se supone que la mudanza sería en enero de 2025.

Eso quiere decir que de febrero a junio se estuvo pagando renta por un local vacío donde ni siquiera se estaba trabajando en las adecuaciones; más de 2 millones de pesos para los bolsillos de Comercializadora Cochimí.

Heriberto Reyes escribió el 17 de junio de 2025 en el portal Esquina 32 que la presidenta municipal había informado que a esa fecha se seguía condonando el pago de la renta mensual del inmueble. Sin embargo, el 13 de noviembre de 2025, Cristian Torres escribió en RadarBC que Bustamante había reconocido que se había estado pagando renta desde marzo.

Luego, la presidenta municipal declaró públicamente que la inversión para rehabilitar el Teatro Lux fue de 15 millones de pesos, y que la renta empezó a pagarse a partir de abril de 2025, ya que las rentas antes de ese mes habían sido condonadas mientras se hacían las obras de rehabilitación del edificio, lo cual, a la luz de las facturas exhibidas, demuestra que Bustamante mintió.

Las facturas muestran que Comercializadora Cochimí emitió facturas desde febrero del 2024, lo que significa que a marzo de 2026, no se han erogado 5 millones 719 mil 241 pesos por once meses, sino 12 millones 998 mil 275 pesos por 25 meses de renta.

Las inconsistencias

Existe una inconsistencia legal crítica que evidencia una mala fe o negligencia administrativa: En la declaración 2.3 el Ayuntamiento afirma que conoce las condiciones del inmueble y lo considera “apto para el uso” que conviene.

Si el Ayuntamiento declaró bajo protesta de decir la verdad que el edificio era apto, el gasto posterior de 15 millones de pesos para adecuaciones, resulta injustificable.

Este hecho violenta el principio de eficiencia y economía del gasto público establecido en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y el artículo 7 fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Además, invertir 15 millones de pesos en el inmueble ajeno bajo las condiciones de este contrato contraviene la normativa de obra pública.

El Artículo 17 de la Ley de Obra Pública señala que es obligación la regularización y adquisición de la tenencia de la tierra donde se realicen obras. Al ser un bien arrendado por un solo año, la inversión de capital de convierte en un beneficio permanente para un particular, pagado con recursos públicos.

Artículo 34: El ayuntamiento está pagando una renta mensual de 448 mil 216 pesos con 46 centavos más IVA, equivalente a 519 mil 931 pesos. Pagar la renta completa del inmueble y adicionalmente absorber el costo de una rehabilitación millonaria significa que el municipio no aseguró las mejores condiciones de precio y financiamiento, ni se consideraron opciones, ya que fue adjudicación directa.

¿Cuál fue la inversión real de la rehabilitación del Cine Lux? Si hacemos un cálculo de metro cuadrado de construcción -los 1,800 metros cuadrados rehabilitados- donde se gastaron al menos 15 millones de pesos, dan más de 8 mil pesos por metro cuadrado.

El edificio del palacio municipal está hecho para tener más pisos. Nunca se consideró construir ahí; y aunque es una opción más cara, el beneficio de la obra se hubiera quedado en el propio ayuntamiento.

La firma y fechas del contrato de arrendamiento del Cine Lux.

Empresa fantasma

La empresa Comercializado Cochimí no cuenta con activos, personal o infraestructura. Compró el inmueble en 2013, meses antes de que Francisco “Panchito” Pérez Tejada dejara su cargo de presidente municipal de Mexicali, desde donde impulsó la rehabilitación del centro histórico de la capital del estado.

Domicilio fiscal de Comercializadora Cochimí.

El domicilio fiscal de Comercializadora Cochimí es Avenida Álvaro Obregón 1257, sitio donde se encuentran las oficinas de Raúl Villareal, operador financiero de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, y esposo de Ana Gissel Colín Sánchez, quien era socia de la empresa, hasta que en 2022 le donó sus acciones a Emma Colombina Pedrero Corral, esposa del expresidente municipal priísta y cercano a la mandataria, Francisco “Panchito” Pérez Tejada.  

Este esquema encuadra en conductas que la Ley de Responsabilidades Administrativas califica como graves. De acuerdo con el Artículo 54, el desvío de recursos públicos se configura al asignar recursos para la mejora de un activo privado sin fundamento jurídico que prevea la recuperación de dicha inversión para el erario.

La cláusula decimoprimera del contrato de arrendamiento establece explícitamente que las mejoras serán por “cuenta, costa y riesgo” del Ayuntamiento, consumando el detrimento patrimonial.

El Artículo 57 señala que al firmar un contrato que impone al municipio el costo de las reparaciones que deberían ser del arrendador para que el bien sea funcional, el servidor público se vale de sus atribuciones para generar un beneficio indebido a un tercero.

El Artículo 50 indica que en el menor de los casos se tipifica una falta no grave por causar daños y perjuicios de manera negligente al patrimonio del ente público.

Responsabilidad y sanciones

La Oficialía Mayor, al representar al municipio en la firma, es la principal autoridad responsable conforme al Artículo 10 de la Ley de Obras Públicas. La sanción sería, al exceder de 200 UMAS, una inhabilitación de 10 a 20 años.

Los funcionarios involucrados están obligados, conforme al Artículo 79 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, a la reparación de la totalidad de los daños y perjuicios causados, es decir deberían reintegrar -sino los 15 millones de pesos gastados en obras de rehabilitación-, los meses de renta previos al inicio de dichas obras.

El contrato con el Teatro Lux tiene fecha del 2 de enero de 2026 y por periodo de un año. ¿Con qué concepto se erogó del Ayuntamiento ese dinero en 2025 y 2024? ¿Cómo se justifica un gasto superior al medio millón de pesos al mes sin un contrato de por medio? Sin duda el Ayuntamiento de Mexicali tiene muchas explicaciones que dar.

Corrupción

Desaparecen de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mexicali bienes por casi medio millón

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La Dirección de Comunicación Social del XXV Ayuntamiento de Mexicali reportó la desaparición de 37 bienes muebles valorados según sus cálculos en más de 165 mil pesos, presuntamente por robo o extravío ocurrido en noviembre de 2025, aunque en precios actualizados la cifra ronda el medio millón de pesos.

Según la documentación oficial, el Coordinador Administrativo Marco Antonio Vásquez Anaya presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 5 de noviembre de 2025, tras realizar una inspección física de los bienes asignados a la dependencia.

Según fuentes que prefieren guardar el anonimato, el tema de los bienes dados de baja por el ayuntamiento por “no estar localizados” se inició en octubre del año pasado por observaciones de la Auditoría Superior del Estado, y hace unos días pasó por cabildo sin que ningún regidor cuestionara la desaparición de más de 6 mil bienes municipales.

Los artículos no localizados que corresponden a Comunicación Social y cuyos resguardos no existen, incluyen equipo de cómputo, mobiliario de oficina, equipo audiovisual y un remolque.

Entre los bienes desaparecidos destacan 3 computadoras Apple incluyendo una MacBook 12″; 6 sillas secretariales y varios sillones de recepción, 2 cámaras fotográficas y 1 de video; reguladores de voltaje, grabadoras y un micrófono, además de un remolque de un eje marca Vimetal.

El valor original declarado de los bienes asciende a 165 mil 588 pesos. Sin embargo, considerando los precios actuales del mercado en Baja California (2026), el costo de reposición podría rondar el medio millón de pesos.

Las autoridades municipales iniciaron el proceso de baja patrimonial conforme al Reglamento de Bienes del Patrimonio del Municipio, incluyendo la elaboración de un acta administrativa con testigos y la notificación a la Sindicatura y Oficialía Mayor, sin embargo el procedimiento levanta suspicacias porque los protocolos indican que cada bien debió estar acompañado de un resguardo firmado por un funcionario que se responsabiliza del bien, documento que no existe para ninguno de los más de 6 mil bienes municipales.

El caso fue turnado a la Unidad Investigadora de Robos de la Fiscalía General del Estado, como robo.

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Corrupción

Desvela Latinus tranza inmobiliaria de los Torres

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Luis Alfonso Torres Torres, cuñado de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila y socio de su entonces esposo Carlos Alberto Torres Torres, adquirió en julio de 2024 un terreno colindante con la planta de Toyota en Baja California por solo 400 mil pesos, el equivalente a aproximadamente 30 pesos por metro cuadrado. Cuatro meses después, la automotriz japonesa anunció una inversión multimillonaria en la región, y el valor del predio se disparó a cerca de 13 millones de pesos.

Según documentos registrales consultados por Latinus, el terreno de 13,174 metros cuadrados se ubica en una zona industrial estratégica entre Tecate y Tijuana, con acceso directo a la carretera federal Mexicali-Tijuana. Imágenes satelitales muestran que el predio permanecía sin construcción al momento de la compra y hasta 2024.

El reportaje “Ganga Familiar” detalla que la operación se realizó en efectivo y que el precio pagado resultó irrisorio comparado con el valor de mercado en la zona, que superaba los mil pesos por metro cuadrado en esa época. La plusvalía generada representaría una ganancia superior al 3,000% en pocos meses.

Vínculos familiares y empresariales

Luis Alfonso Torres Torres es hermano de Carlos Alberto Torres Torres, quien fuera esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Ambos hermanos son socios de la gobernadora en la empresa Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., constituida en noviembre de 2020 para la comercialización de productos orgánicos y otros giros.

Los hermanos Torres Torres han sido señalados en investigaciones periodísticas por presuntos delitos como huachicol (robo de combustible), lavado de dinero y delincuencia organizada, según reportes previos.

Contexto político

El caso surge en medio de una crisis institucional en Baja California. En 2025 se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de entrada a Marina del Pilar Ávila y a su entonces esposo Carlos Alberto Torres. El anuncio de la inversión de Toyota ocurrió en noviembre de 2024, cuando la mandataria aún mantenía su relación con la familia Torres.

Hasta el momento, ni la gobernadora ni Luis Alfonso Torres Torres han emitido una respuesta pública ante las revelaciones de Latinus.

El reportaje completo, con documentos notariales, imágenes satelitales y detalles de la operación, fue difundido por el medio de investigación Latinus.

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Corrupción

Pide el PAN que gobernadora deje el cargo y critica doble moral de Morena

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La presidenta del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, exigió que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda pida licencia al cargo y deje de coordinar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Además criticó la postura de Morena, que habla de soberanía nacional y tiene una mandataria ofreciendo información de las mesas de seguridad.

Tras la filtración de un segundo audio donde la mandataria acepta que ha dado información a las autoridades estadounidenses y que estaría dispuesta a compartir la información de las mesas de seguridad con ellos, la líder del blanquiazul comentó que esto pudiera constituir un delito en México, además de los que parecen ya estar firmes en Estados Unidos.

“El Partido Acción Nacional ha hecho una serie de exigencias, expresiones; ha levantado la voz en relación a la crisis de estado que tenemos en Baja California. Una crisis gravísima que hoy se ve reflejada en audio filtrados de la gobernadora Marina del Pilar”, opinó.

Mata Lozando recordó que cuando le quitaron la visa a la gobernadora, manifestaron que la gobernadora debía dejar de participar en las mesas de seguridad, pues es preocupante que ella tenga información de esas reuniones de coordinación cuando posiblemente esté involucrada en temas de lavado de dinero y de crimen organizado.

“Hoy lo vemos reflejado en el segundo audio filtrado, lo más relevante de ese audio es que está dispuesta a colaborar con información de las mesas de seguridad a diferentes instancias, autoridades de Estados Unidos para efectos de que le quiten cargos. Además, se confirma que es un diálogo con el FBI y con diferentes autoridades de Estados Unidos… También se confirma que hay cargos establecidos (contra la gobernadora).

La líder del blanquiazul manifestó que otro dato relevante de este segundo audio, es que confirma que la mandataria estatal tiene dos cuentas bancarias en Estados Unidos, cuando hasta la presidenta de la república manifestó que la gobernadora decía no tener cuentas bancarias, agregó.

El planteamiento del PAN es que se haga cargo y sea responsable de sus actos, pidiendo licencia desde este momento. “El llamado es a la seriedad de su cargo, a que deje de decir mentiras; ha dicho mentiras una tras otra vez desde que le quitaron la visa el año pasado y hoy solo se confirma que sí hay una investigación… estamos en la antesala de cargos, de posible extradición, esto es gravísimo”, remarcó.

Finalmente, declaró que Morena habla de soberanía nacional cuando hoy vemos a una gobernadora pone sobre la mesa su posible colaboración con Estados Unidos con información pública.

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