Corrupción
Mintió alcaldesa de Mexicali sobre pago de rentas por Cine Lux
El Ayuntamiento de Mexicali estuvo pagado 519 mil pesos de renta por el inmueble del Cine Lux desde 2024, de acuerdo con facturas emitidas por Comercializadora Cochimí, dueña de ese edificio.
La historia de ese arrendamiento ha estado llena de mentiras y contradicciones por parte de las autoridades municipales desde el principio.
En una amplia entrevista que le hizo Mariela Tapia, de La Voz de la Frontera, a la presidenta municipal Norma Bustamante el 31 de julio de 2024, expresó: “Para la próxima administración (que inició el 1 de octubre de ese año y donde resultó reelecta) dijo que prevé instalar una oficina del Registro Civil en lo que alguna vez fue el Cine Lux, en el Centro Histórico, donde la renta costará alrededor de 50 mil pesos mensuales”.

Para ese entonces, la renta ya se estaba pagando y el importe difería por casi 470 mil pesos de lo que había estimado Bustamante.
Fue hasta junio de 2024 que se le otorgaron los contratos por adjudicación directa al proveedor Skath Benjamín García Núñez para trabajos preliminares en el inmueble, y en diciembre de ese año le dieron también los de rehabilitación y acondicionamiento, cuando se supone que debería haber quedado terminado en 2024 porque se supone que la mudanza sería en enero de 2025.
Eso quiere decir que de febrero a junio se estuvo pagando renta por un local vacío donde ni siquiera se estaba trabajando en las adecuaciones; más de 2 millones de pesos para los bolsillos de Comercializadora Cochimí.
Heriberto Reyes escribió el 17 de junio de 2025 en el portal Esquina 32 que la presidenta municipal había informado que a esa fecha se seguía condonando el pago de la renta mensual del inmueble. Sin embargo, el 13 de noviembre de 2025, Cristian Torres escribió en RadarBC que Bustamante había reconocido que se había estado pagando renta desde marzo.

Luego, la presidenta municipal declaró públicamente que la inversión para rehabilitar el Teatro Lux fue de 15 millones de pesos, y que la renta empezó a pagarse a partir de abril de 2025, ya que las rentas antes de ese mes habían sido condonadas mientras se hacían las obras de rehabilitación del edificio, lo cual, a la luz de las facturas exhibidas, demuestra que Bustamante mintió.
Las facturas muestran que Comercializadora Cochimí emitió facturas desde febrero del 2024, lo que significa que a marzo de 2026, no se han erogado 5 millones 719 mil 241 pesos por once meses, sino 12 millones 998 mil 275 pesos por 25 meses de renta.


Las inconsistencias
Existe una inconsistencia legal crítica que evidencia una mala fe o negligencia administrativa: En la declaración 2.3 el Ayuntamiento afirma que conoce las condiciones del inmueble y lo considera “apto para el uso” que conviene.
Si el Ayuntamiento declaró bajo protesta de decir la verdad que el edificio era apto, el gasto posterior de 15 millones de pesos para adecuaciones, resulta injustificable.
Este hecho violenta el principio de eficiencia y economía del gasto público establecido en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y el artículo 7 fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Además, invertir 15 millones de pesos en el inmueble ajeno bajo las condiciones de este contrato contraviene la normativa de obra pública.
El Artículo 17 de la Ley de Obra Pública señala que es obligación la regularización y adquisición de la tenencia de la tierra donde se realicen obras. Al ser un bien arrendado por un solo año, la inversión de capital de convierte en un beneficio permanente para un particular, pagado con recursos públicos.
Artículo 34: El ayuntamiento está pagando una renta mensual de 448 mil 216 pesos con 46 centavos más IVA, equivalente a 519 mil 931 pesos. Pagar la renta completa del inmueble y adicionalmente absorber el costo de una rehabilitación millonaria significa que el municipio no aseguró las mejores condiciones de precio y financiamiento, ni se consideraron opciones, ya que fue adjudicación directa.
¿Cuál fue la inversión real de la rehabilitación del Cine Lux? Si hacemos un cálculo de metro cuadrado de construcción -los 1,800 metros cuadrados rehabilitados- donde se gastaron al menos 15 millones de pesos, dan más de 8 mil pesos por metro cuadrado.
El edificio del palacio municipal está hecho para tener más pisos. Nunca se consideró construir ahí; y aunque es una opción más cara, el beneficio de la obra se hubiera quedado en el propio ayuntamiento.

Empresa fantasma
La empresa Comercializado Cochimí no cuenta con activos, personal o infraestructura. Compró el inmueble en 2013, meses antes de que Francisco “Panchito” Pérez Tejada dejara su cargo de presidente municipal de Mexicali, desde donde impulsó la rehabilitación del centro histórico de la capital del estado.

El domicilio fiscal de Comercializadora Cochimí es Avenida Álvaro Obregón 1257, sitio donde se encuentran las oficinas de Raúl Villareal, operador financiero de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, y esposo de Ana Gissel Colín Sánchez, quien era socia de la empresa, hasta que en 2022 le donó sus acciones a Emma Colombina Pedrero Corral, esposa del expresidente municipal priísta y cercano a la mandataria, Francisco “Panchito” Pérez Tejada.
Este esquema encuadra en conductas que la Ley de Responsabilidades Administrativas califica como graves. De acuerdo con el Artículo 54, el desvío de recursos públicos se configura al asignar recursos para la mejora de un activo privado sin fundamento jurídico que prevea la recuperación de dicha inversión para el erario.
La cláusula decimoprimera del contrato de arrendamiento establece explícitamente que las mejoras serán por “cuenta, costa y riesgo” del Ayuntamiento, consumando el detrimento patrimonial.

El Artículo 57 señala que al firmar un contrato que impone al municipio el costo de las reparaciones que deberían ser del arrendador para que el bien sea funcional, el servidor público se vale de sus atribuciones para generar un beneficio indebido a un tercero.
El Artículo 50 indica que en el menor de los casos se tipifica una falta no grave por causar daños y perjuicios de manera negligente al patrimonio del ente público.
Responsabilidad y sanciones
La Oficialía Mayor, al representar al municipio en la firma, es la principal autoridad responsable conforme al Artículo 10 de la Ley de Obras Públicas. La sanción sería, al exceder de 200 UMAS, una inhabilitación de 10 a 20 años.
Los funcionarios involucrados están obligados, conforme al Artículo 79 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, a la reparación de la totalidad de los daños y perjuicios causados, es decir deberían reintegrar -sino los 15 millones de pesos gastados en obras de rehabilitación-, los meses de renta previos al inicio de dichas obras.
El contrato con el Teatro Lux tiene fecha del 2 de enero de 2026 y por periodo de un año. ¿Con qué concepto se erogó del Ayuntamiento ese dinero en 2025 y 2024? ¿Cómo se justifica un gasto superior al medio millón de pesos al mes sin un contrato de por medio? Sin duda el Ayuntamiento de Mexicali tiene muchas explicaciones que dar.
Corrupción
Se contradicen Coepris e Issstecali sobre medicamento con alerta sanitaria
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) emitió un posicionamiento sobre la nota publicada aquí respecto a la prescripción de un medicamento con alerta sanitaria.
“ISSSTECALI mantiene una coordinación permanente con las autoridades sanitarias competentes y reitera su compromiso de apegarse estrictamente a la normatividad vigente en materia de adquisición, almacenamiento y suministro de medicamentos”, señalan desde ese instituto.
De acuerdo con información de Issstecali, la cronología del caso del medicamento Osaten 1 mg, cuyo ingrediente es el ketotifeno, precisan que el 4 de junio de 2025 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria a nivel nacional por la comercialización ilegal del producto Osaten 1 mg.
Dos dias después, el ISSSTECALI reportó a la autoridad sanitaria estatal la existencia de algunas piezas del producto en inventario y procedió a su resguardo preventivo, en espera de instrucciones oficiales.
“El 19 de septiembre de 2025, personal verificador de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COEPRIS), en compañía del responsable sanitario y apoderado legal de la empresa Offenbach Mexicana, S.A DE C.V., realizaron la inspección correspondiente y procedieron al levantamiento de las medidas de seguridad aplicadas al producto, determinando que las piezas eran originales, elaboradas y distribuidas por la citada empresa, por lo que pueden ser prescritas al cumplir con los requisitos legales y sanitarios establecidos”, dice el texto.
Finalmente, la postura de Issstecali indica que el instituto determinó no volver a adquirir dicha marca comercial y subraya que actuaron en todo momento “conforme a las indicaciones emitidas por las autoridades sanitarias competentes, manteniendo comunicación permanente y atendiendo cada una de las medidas de control y verificación establecidas”.

El oficio enviado hace un año, de Issstecali a Coepris.
“La empresa fabricante del medicamento identificó la comercialización ilegal en territorio nacional del producto Osaten (Ketotifeno) sin autorización sanitaria, dado que el registro sanitario de este medicamento actualmente no es vigente y no se ha fabricado desde el 31 de mayo de 2018″, dice el documento del 6 de junio de 2025”, lo cual se contradice con la postura de ISSSTECALI otorgada hoy, donde precisa que “…procedieron al levantamiento de las medidas de seguridad aplicadas al producto, determinando que las piezas eran originales, elaboradas y distribuidas por la citada empresa, por lo que pueden ser prescritas al cumplir con los requisitos legales y sanitarios establecidos”.
Información de internet afirma que el medicamento no se fabrica desde 2018.

La queja de quien tomó el medicamento fue recibida en COEPRIS hoy.
María Cristina Valenzuela Rosas fue quien resultó afectada por la prescripción de Osaten, y este viernes fue a COEPRIS a denunciar la situación. Le dijeron que desde hace tiempo trabajan en coordinación con ISSSTECALI y que ese medicamento ya se había retirado.
Debido a que tomó dos dosis del mdicamento, una en miércoles y otra el jueves, tuvo que acudir de urgencia a ISSSTECALI el jueves por la noche, con síntomas como mareos, alta presión y entumecimiento en la cara.
Tras aplicarle Hidrocortisona para aminorar los síntomas, se negaron a dejarla en observación y a darle una incapacidad.
En la publicación de la nota de Valenzuela Rosas ayer jueves, una persona comentó que a ella también le habían dado Osaten en una clínica periférica de ISSSTECALI, y envió una foto a la primera afectada, por lo que no se trata de un caso islado y puede haber más prescripciones de ese medicamento con alerta sanitaria.

Van al menos dos derechohabientes de ISSSTECALI a quienes ha recetado Osaten.
¿Cuánto medicamento no estará bien en ISSSTECALI? cuestiona Valenzuela Rosas, quien agregó que le parece completamente absurda la respuesta del instituto.
Corrupción
Tijuana registra la mayor percepción de corrupción del país: IMCO
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó el Índice de Competitividad Urbana 2026, que evalúa la capacidad de 72 zonas metropolitanas del país para generar, atraer y retener talento e inversión. Estas ciudades concentran entre el 80 y 90 por ciento del PIB nacional y albergan al 62% de la población mexicana.
Destaca Tijuana como ejemplo de baja credibilidad institucional y registra la mayor percepción de corrupción, con 92 .56 por ciento, cuando la media nacional es 10 puntos menor.
El informe destaca un enfriamiento económico general, con un crecimiento promedio del PIB de solo 2.4 por ciento -frente a 4.1 por ciento en la edición anterior-, retrocesos en seguridad y alta percepción de corrupción, donde el promedio nacional de 82.65 por ciento.
Sin embargo, se observan avances en infraestructura y autonomía fiscal en varias urbes. Las ciudades más competitivas combinan empleo formal, entornos seguros y gobiernos locales fuertes.
Baja California cuenta con dos zonas metropolitanas principales en la categoría de más de 1 millón de habitantes: Mexicali, que se posiciona en el lugar 13 de su grupo -competitividad media-baja-, descendiendo un lugar respecto a la edición anterior. Forma parte de las ciudades que muestran un desempeño en el rango medio-bajo, junto a urbes como Juárez, León, Morelia y Toluca.
La otra ciudad en el índice es Tijuana, que ocupa el lugar 20 -el penúltimo en su categoría-, también en competitividad media-baja y con un retroceso de una posición. El IMCO destaca explícitamente a Tijuana como ejemplo de baja credibilidad institucional, con la mayor percepción de corrupción registrada, de 92.56 por ciento.
Las fortalezas identificadas para Mexicali y Tijuana, son la diversificación económica y ocupación hotelera, especialmente en Tijuana; indicadores de vivienda vertical y mortalidad infantil; y el contexto de frontera norte, que generalmente favorece integración a cadenas de manufactura y mercados laborales más formales en el norte del país.
Los retos son acotar la percepción de inseguridad y corrupción, que elevan costos operativos y dificultan la atracción de talento e inversión; y subsanar rezagos en crecimiento económico y calidad del empleo en comparación con líderes como Querétaro, Guadalajara, Hermosillo o Saltillo.
En conclusión, aunque Baja California mantiene presencia relevante en el mapa de competitividad urbana gracias a su posición fronteriza, Tijuana y Mexicali enfrentan desafíos estructurales que han provocado descensos en el ranking. Fortalecer la seguridad, combatir la corrupción y mejorar el entorno institucional serán clave para que estas ciudades aprovechen su potencial y contribuyan más al desarrollo estatal y nacional.
El reporte completo en el sitio del IMCO: imco.org.mx.
*Esta nota fue elaborada con apoyo de la IA Generativa
Corrupción
Receta Issstecali medicamento con alerta sanitaria federal
Este jueves, una persona derechohabiente fue a consulta a una clínica periférica de Issstecali, siendo recetado con tres medicamentos. Uno de ellos fue el Ketotifeno, un fármaco antihistamínico y antialérgico que se utiliza principalmente para prevenir y tratar enfermedades alérgicas como el asma bronquial, la rinitis, la dermatitis atópica y la conjuntivitis alérgica.

Obtuvo de la farmacia de Issstecali la presentación “Ostaten”, la cual tiene alerta sanitaria por parte de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) por las siguientes razones:
Registro sanitario vencido: El medicamento no cuenta con los permisos legales obligatorios para ser vendido en el país. Su registro fue cancelado desde mayo de 2018.
Cese de fabricación oficial: El laboratorio titular del producto original (Offenbach Mexicana) confirmó a la autoridad que dejó de fabricar Osaten desde 2018.
Origen desconocido: Al no existir una producción legal y oficial en la actualidad, cualquier caja de Osaten que se encuentre en el mercado es de procedencia desconocida e informal.
Falta de garantías sanitarias: Las autoridades no pueden verificar qué sustancias reales contienen estos comprimidos, bajo qué condiciones de higiene fueron elaborados ni cómo se transportaron.
Falsificación o adulteración: Al ser un producto de comercio ilegal, existe una alta probabilidad de que se trate de unidades falsificadas que ponen en peligro al paciente.
La persona afectada considera interponer una denuncia ante las autoridades federales por esta irregularidad, ya que no puede entenderse que las personas responsables en Issstecali no estén enterados de la situación legal del medicamento.
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